{"id":99788,"date":"2026-06-25T19:23:37","date_gmt":"2026-06-25T19:23:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2813-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:23:37","modified_gmt":"2026-06-25T19:23:37","slug":"stc2813-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2813-2017\/","title":{"rendered":"STC2813-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2813-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b015001-22-13-000-2016-00750-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral, debido proceso, m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia que considera vulnerados por la entidad accionada, con ocasi\u00f3n  al tr\u00e1mite  de retiro de servicios adelantado en su contra y dispuesto mediante resoluci\u00f3n No. 2732 de fecha 15 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende, en consecuencia, se ordene \u00abcomo MEDIDA PROVISIONAL, la SUSPENSI\u00d3N DEL ACTO ADMINISTRATIVO, Resoluci\u00f3n No. 2732 del 15 de Diciembre de 2016, emitida por la DIRECCI\u00d3N GENERAL DEL SENA, por medio del cual se me retira del servicio  del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Ordenar de inmediato mi REINTEGRO, sin soluci\u00f3n de continuidad al cargo de Director Regional SENA Boyac\u00e1, grado 7.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Una vez tutelados mis derechos se disponga por Usted Se\u00f1or Magistrados ordenar la compulsa de copias a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se investiguen posibles irregularidades cometidas en este retiro del servicio\u00bb  [Folios 1-2, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Manifiesta el accionante que mediante Resoluci\u00f3n No. 00896 del 9 de mayo de 2012 se le design\u00f3 Director Regional del SENA en Boyac\u00e1 por haber ocupado el primer lugar en el concurso de m\u00e9ritos organizado por la Universidad Nacional de Colombia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Que por resoluci\u00f3n No. 1261 del 20 de junio de 2014 se le declar\u00f3 insubsistente, sin embargo el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyac\u00e1, orden\u00f3 en fallo de tutela su reintegro, concediendo el amparo como mecanismo transitorio e imponiendo la obligaci\u00f3n de acudir a la justicia contenciosa administrativa mediante la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Que el Servicio Nacional de Aprendizaje \u2013 SENA se neg\u00f3 a cumplir la orden de tutela al no realizar su reintegro sino oblig\u00e1ndolo a posesionarse nuevamente, el cual se materializ\u00f3 el 8 de septiembre de 2014, haci\u00e9ndole perder diez a\u00f1os de antig\u00fcedad y sin cancelarle salarios dejados de percibir hasta ese momento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Expresa que por acto administrativo No. 01934 de 9 de septiembre de ese a\u00f1o, le fueron retiradas las funciones de ordenaci\u00f3n de gastos de la Regional de Boyac\u00e1 y se delegaron dichas funciones a otro funcionaria de esa entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Que promovi\u00f3 proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el 16 de enero de 2015, asunto que se encuentra en curso y donde se fij\u00f3 fecha para llevar a cabo audiencia inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.  Que posteriormente la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica dentro del proceso de responsabilidad fiscal 2014-05065.1533 de 2014 adelantado en su contra y otros,  emiti\u00f3 fallo de \u00abresponsabilidad fiscal solidaria No. 08 del 24 de mayo de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. En desacuerdo con la decisi\u00f3n el tutelante present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, el cual fue resuelto por la Gerencia Departamental Colegiada de Boyac\u00e1, mediante auto No. 328 del 28 de julio de 2016, en donde se decidi\u00f3 no reponer la decisi\u00f3n recurrida.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

8. Adicionalmente se surti\u00f3 el grado de consulta de acuerdo a lo establecido en la Ley 610 de 2000, art\u00edculo 18, instancia en donde la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica \u2013 Direcci\u00f3n de Juicios Fiscales y Jurisdicci\u00f3n Coactiva, mediante decisi\u00f3n No. 01070 del 23 de septiembre de 2016 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

9.  Se\u00f1ala el actor que dicha decisi\u00f3n fue demandada ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa con solicitud de medidas cautelares, el cual se encuentra en curso, circunstancia que fue informada el 21 de octubre siguiente a la Gerente Departamental de la Colegiatura de ese departamento de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, al Secretario General y al Director Jur\u00eddico \u00abcon el prop\u00f3sito que se aplicara la prejudicialidad\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

10. Que no obstante se hizo caso omiso y el Director del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 2732 de 15 de diciembre de 2016 que lo retir\u00f3 del cargo ante la existencia de una inhabilidad sobreviniente y con base en el fallo de responsabilidad fiscal No. 08 de 2016. [Folios 37-39, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

11. En criterio del peticionario del amparo, la decisi\u00f3n emitida por la entidad accionada de retirarlo del servicio  vulnera sus derechos por cuanto no se esper\u00f3 al fallo de la justicia contenciosa, contrariando as\u00ed el principio de presunci\u00f3n de inocencia, lo que a su juicio es persecuci\u00f3n y acoso laboral para lograr su salida de la entidad, desconoci\u00e9ndose que tiene tres hijos estudiantes y su esposa con quebrantos de salud, los cuales dependen todos del sustento derivado de ese trabajo. [Folios 1-18, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. El 19 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la entidad accionada y se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e intervinientes, para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 86 y 91 c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales del Servicio Nacional de Aprendizaje \u2013 SENA se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que una vez que se tuvo conocimiento de la existencia de la inhabilidad en la que se encontraba inmerso el accionante se emiti\u00f3 la resoluci\u00f3n No. 2732 del 15 de diciembre de 2016 que lo retir\u00f3 del cargo de Director Regional \u2013 Boyac\u00e1, por cuanto el no hacerlo acarrear\u00eda responsabilidades para la entidad  y as\u00ed se presentara la existencia de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, tal situaci\u00f3n es irrelevante, toda vez que \u00abla firmeza del fallo con responsabilidad fiscal No. 08 del 24 de mayo de 2016 no queda en entre dicho por ninguna de estas acciones, al menos que as\u00ed lo determine un juez administrativo, de tutela o penal, lo cual no ha sucedido (\u2026)Hoy el fallo continua en firme y su cumplimiento es una obligaci\u00f3n y exigencia de la normatividad vigente\u00bb   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que no es cierta la afirmaci\u00f3n del actor en el sentido  que la administraci\u00f3n del SENA ha buscado por distintos medios sacarlo de la entidad, toda vez que \u00fanicamente ha dado curso a la legislaci\u00f3n aplicable debido a la ocurrencia de una inhabilidad sobreviniente, por lo que el presente amparo se hace improcedente. [Folios 105-121, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Gerente Departamental de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, solicit\u00f3 no acoger las pretensiones del actor y  manifest\u00f3 que contra el tutelante se inici\u00f3 proceso de responsabilidad fiscal verbal y se emiti\u00f3 fallo No. 08 del 24 de mayo de 2016, en el que se declar\u00f3 la responsabilidad fiscal del accionante y otros, decisi\u00f3n contra la que interpuso recurso de reposici\u00f3n, el cual una vez resuelto y notificado mantuvo el sentido de la decisi\u00f3n y posteriormente en grado de consulta se confirm\u00f3 lo resuelto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que es cierto que el actor present\u00f3 escrito posteriormente en el mes de octubre de 2016 en el que inform\u00f3 que radic\u00f3 demanda en contra del fallo \u00abdesconociendo por parte de este organismo enteramente el contenido de la demanda y sin hasta la fecha haberse recibido ninguna formalidad de notificaci\u00f3n a este ente de control y\/o en este Despacho de la mencionada demanda.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo se\u00f1al\u00f3 que las afirmaciones del accionante respecto a las actuaciones de ese \u00f3rgano de control son en esencia aseveraciones subjetivas del quejoso, carente de cualquier sustento jur\u00eddico y factico y, menos aporta prueba que demuestre al menos sumariamente lo afirmado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno, el Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1, manifest\u00f3 que el 28 de octubre de 2016, el tutelante interpuso acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica \u2013 Gerencia Departamental de Boyac\u00e1  a efectos de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el fallo con responsabilidad fiscal No. 08 de 24 de mayo de 2016 que le impuso condena.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refiere que el 13 de enero de 2017, se resolvi\u00f3 declarar la falta de competencia por factor cuant\u00eda para conocer del asunto y en consecuencia  se orden\u00f3 remitir el expediente al Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Tunja y si bien el actor solicit\u00f3 como medida cautelar la \u00absuspensi\u00f3n provisional de los efectos del Auto Administrativo- Fallo con Responsabilidad Fiscal No. 08 del 24 de mayo de 2016, al tenor de los art\u00edculos 20, 230 numeral 3, 231,232 y 234 del CPACA\u00bb es evidente que en raz\u00f3n a que no se admiti\u00f3 la demanda, sino que por el contrario, se declar\u00f3 la falta de competencia, no era posible entrar a estudiar de fondo la medida cautelar solicitada.          <\/span><\/p>\n

Finalmente inform\u00f3 que el 18 de enero siguiente el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n, \u00abencontr\u00e1ndose a la fecha el proceso en Secretar\u00eda para surtir el tr\u00e1mite correspondiente al traslado del recurso interpuesto, de conformidad con el art\u00edculo 319 del CGP, por remisi\u00f3n normativa del art\u00edculo 242 del CPACA\u00bb [Folios 115-116, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En fallo del 25 de enero de 2017, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional tras considerar que la resoluci\u00f3n de retiro  No.  2732 de 15 de diciembre de 2016, censurada por el accionante est\u00e1 apoyada en una decisi\u00f3n administrativa generada por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, pues al ser declarado culpable de responsabilidad fiscal, en firme dicho fallo genera una inhabilidad sobreviniente y la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por el quejoso para que se declare nula la sanci\u00f3n se encuentra en curso ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativo y ser\u00e1 all\u00ed donde se determine la legalidad y la validez de dicha determinaci\u00f3n. [Folios 123-128, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Inconforme, el accionante la impugn\u00f3, reiterando lo expuesto en el escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que el fallo no tuvo en cuenta las pruebas allegadas para demostrar la vulneraci\u00f3n de los derechos supralegales invocados,  lo que demuestran un \u00ablatente y absurdo acoso laboral\u00bb dada la arbitrariedad de sus decisiones. [Folios 134-137, c.1]  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando a trav\u00e9s del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica se cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario para que los particulares reclamaran la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, se parti\u00f3 del supuesto de que el titular del derecho no dispusiera de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb. A menos que la acci\u00f3n se utilizara como \u00abmecanismo transitorio\u00bb para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Debe recordarse entonces que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de subsidiariedad; pues s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho fundamental conculcado. As\u00ed, no se puede considerar la tutela como un mecanismo alternativo o adicional a favor del particular, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de otros derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En concordancia con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regul\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, fij\u00f3 las causales de improcedencia, entre las que se resalta la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En el caso que se somete a consideraci\u00f3n de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que el actor puede acudir a otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcaci\u00f3n invoc\u00f3.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

En efecto, el peticionario del amparo puede acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, y discutir mediante la acci\u00f3n de nulidad, la legalidad de  la Resoluci\u00f3n No. 2732 de fecha 15 de diciembre de 2016, mediante la cual el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje \u2013 SENA en aplicaci\u00f3n de la Ley 190 de 1995, art\u00edculo 6\u00ba, resolvi\u00f3 retirar al actor del cargo de Director Regional \u2013 Boyac\u00e1 ante la existencia de una inhabilidad sobreviniente, con base en el fallo de responsabilidad fiscal No. 08 del 24 de mayo de 2016 emitido por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica – Gerencia Departamental Colegiada de ese departamento,  en el proceso radicado No. 2014-05065-1533,  que lo sancion\u00f3 por la suma de $18.462.500 debido a las irregularidades cometidas en la compra de unos elementos en los que result\u00f3 afectada en su erario esa entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed, entonces que, si la discusi\u00f3n planteada por el accionante gira en torno de la desvinculaci\u00f3n del cargo que ocupaba, no hay duda que la misma debe dilucidarse ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa a trav\u00e9s de las acciones judiciales pertinentes, escenario en el que, incluso, es posible solicitar su suspensi\u00f3n provisional, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo Administrativo y de lo C\u00f3digo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es en tal asunto creado por el legislador, en donde el peticionario del amparo puede debatir la supuesta \u00abarbitrariedad\u00bb que, en su sentir, incurri\u00f3 la entidad accionada al retirarlo del cargo, el cual ven\u00eda desempe\u00f1ando como Director Regional Boyac\u00e1, sin tener en cuenta que contra la decisi\u00f3n de responsabilidad fiscal No. 08 del 24 de mayo de 2016  mediante la cual result\u00f3 sancionado, hab\u00eda iniciado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Boyac\u00e1 y donde solicit\u00f3 como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de los efectos del referido acto administrativo, el cual se encuentra en curso.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el punto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: \u00ab[e]s, entonces, en el escenario de la respectiva acci\u00f3n contencioso administrativa que la actora puede invocar las razones aqu\u00ed planteadas, con miras a que el juez natural de la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica tome la decisi\u00f3n que en derecho corresponde, am\u00e9n de que en esta instancia tambi\u00e9n pueda solicitarse la suspensi\u00f3n provisional, medida cautelar prevista en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo contra los actos administrativos de contenido general o particular, siempre que se cumplan ciertos requisitos (arts. 152 y ss.) y que de hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Resulta, entonces, ostensible, que si el tutelante no ha hecho uso de todos los mecanismos defensivos que le brinda el ordenamiento jur\u00eddico, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez natural, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n establecida para tal fin.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Por otra parte, y aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ante una violaci\u00f3n patente de los derechos fundamentales invocados, en el presente asunto, no se colige la existencia de dicho presupuesto, puesto que la raz\u00f3n del retiro del accionante del cargo que desempe\u00f1aba, no est\u00e1 fundada en una actuaci\u00f3n que se evidencie a simple vista, como caprichosa o arbitraria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como se observa a partir de la respuesta otorgada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la decisi\u00f3n de desvinculaci\u00f3n del actor obedeci\u00f3 a la sanci\u00f3n impuesta por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica el 24 de mayo de 2016 en la que se le declar\u00f3 responsable fiscalmente, situaci\u00f3n que genera una inhabilidad sobreviniente y en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 190 de 1995 que se\u00f1ala: \u00abEn caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesi\u00f3n alguna inhabilidad o incompatibilidad, al servicio p\u00fablico deber\u00e1 advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio. S\u00ed dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor p\u00fablico no ha puesto fin a la situaci\u00f3n que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, proceder\u00e1 su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar\u00bb, y por tanto su deber era ordenar el retiro del servicio al tutelante, como en efecto aconteci\u00f3 pues \u00abel no hacerlo, por el contrario, acarrear\u00eda responsabilidades para quienes omitieran esta acci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual forma se\u00f1al\u00f3 que la firmeza del fallo que  declar\u00f3 responsable al accionante no se encuentra en duda, al menos que as\u00ed lo determine un juez administrativo, lo cual no ha sucedido y por tanto el cumplimiento de  la decisi\u00f3n es una obligaci\u00f3n y exigencia de la normatividad vigente. Determinaci\u00f3n que de resultar errada o contraria a derecho, s\u00f3lo podr\u00eda ser censurada por el juez natural, esto es, por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto es de indicar, de acuerdo a lo obrante en diligencias que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por el actor contra la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica \u2013 Gerencia Departamental de Boyac\u00e1 a efectos de obtener la nulidad del acto administrativo No. 08 de 24 de mayo de 2016 y donde tambi\u00e9n solicit\u00f3 como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de los efectos de tal decisi\u00f3n, mediante auto fechado 13 de enero de 2017 el Tribunal Administrativo de ese departamento declar\u00f3 su falta de competencia por factor cuant\u00eda para conocer de la misma y dispuso su remisi\u00f3n a los Juzgados Administrativos de Tunja, determinaci\u00f3n contra la que el quejoso interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, los cuales se encuentran pendientes por resolver, luego, tambi\u00e9n se advierte conforme lo anot\u00f3 el A Quo que el actor al haber demandado el acto administrativo que lo sancion\u00f3, ser\u00e1 en v\u00eda de lo contencioso administrativo donde se determinar\u00e1 la legalidad de tal decisi\u00f3n y la procedencia de las medidas cautelares deprecadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. De lo anterior se colige que la protecci\u00f3n deb\u00eda negarse y por ello se confirmar\u00e1 el fallo objeto de cuestionamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01, reiterada sentencia de 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y sentencia de 14 de octubre de 2011, exp. 54001-22-13-000-2011-00201-01.      <\/span><\/p>\n

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            ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ   Magistrado ponente      STC2813-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b015001-22-13-000-2016-00750-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).            I. ANTECEDENTES      A. La pretensi\u00f3n   […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99788","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99788","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99788"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99788\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99788"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99788"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99788"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}