{"id":99793,"date":"2026-06-25T19:24:03","date_gmt":"2026-06-25T19:24:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2844-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:24:03","modified_gmt":"2026-06-25T19:24:03","slug":"stc2844-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2844-2017\/","title":{"rendered":"STC2844-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2844-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00660-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 11 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jorge Enrique Torres Barraza contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso ejecutivo mixto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, dentro del proceso coercitivo mixto en el que obra como cesionario del cr\u00e9dito, instaurado contra Patricia del Socorro Insignares Sueke y Gloria Esther Rosales Lobo, al \u00ababstenerse\u00bb de resolver de forma injustificada, acerca del aval\u00fao que de los bienes inmuebles objeto de la garant\u00eda real present\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia requiere de manera concreta, que se ordene al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, \u00abproceda a determinar el aval\u00fao de los bienes inmuebles identificados con las matr\u00edculas inmobiliarias No. 040-139522 y 040-139507 embargados y secuestrados dentro del PROCESO EJECUTIVO\u00bb objeto de la presente queja (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que mediante memorial adiado 8 de julio de 2016, alleg\u00f3 a la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores, los aval\u00faos catastrales de los inmuebles materia de garant\u00eda real y que fueron cautelados dentro del litigio, con el prop\u00f3sito que fueran tenidos en cuenta para la diligencia de remate; no obstante, mediante auto del 14 de septiembre siguiente, la autoridad judicial convocada decidi\u00f3 \u00ababstenerse\u00bb de resolver sobre tales justiprecios, hasta tanto no fueran actualizados, bajo el argumento que los documentos aportados \u00abno se compadec[\u00edan] con la situaci\u00f3n real en que se encuentran los predios, en atenci\u00f3n a la ubicaci\u00f3n de los mismos y a la descripci\u00f3n que hace el Inspector de Polic\u00eda en el acta contentiva de la diligencia de secuestro; y que en atenci\u00f3n a esto, se hac[\u00eda] necesario designar un perito que de manera id\u00f3nea determin[ara] el aval\u00fao (\u2026) toda vez que, de aplicar la regla general contenida en el art\u00edculo 444 del C.G.P. para [su] determinaci\u00f3n (\u2026), se lesionar\u00edan los derechos del deudor\u00bb; decisi\u00f3n que atac\u00f3 sin \u00e9xito a trav\u00e9s de reposici\u00f3n, pues se mantuvo inc\u00f3lume, pese a los argumentos que expuso acerca de las reglas contenidas en la norma antes trascrita, y al silencio que guard\u00f3 la parte ejecutada una vez se corri\u00f3 el respectivo traslado de los aval\u00faos referenciados, lo que, asegura, se traduce en la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas ius fundamentales alegada (fls. 1 a 7, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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       La Juez Primera de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, adujo en lo esencial, que la determinaci\u00f3n de la que se duele el gestor del amparo encuentra su fundamento en lo esgrimido por la Corte Constitucional en sentencia T-531 de 2010, por lo que \u00abla providencia que ha motivado la presente acci\u00f3n de amparo constitucional, no resulta arbitraria, sino que procura la materializaci\u00f3n de principios constitucionales y legales como el de la igualdad y equilibrio de las partes\u00bb, por lo que inst\u00f3 la denegaci\u00f3n de la salvaguarda pretendida (fls. 25 a 27, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia concedi\u00f3 el amparo inquirido, al evidenciar que \u00abde lo verificado en la inspecci\u00f3n que se hiciera al expediente, en especial de la lectura de la providencia con la que se muestra inconforme el actor, se puede extraer que el motivo por el que el cuestionado se abstuvo de determinar el aval\u00fao de los inmueble hipotecados, y orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n del mismo, obedece a que dentro del tr\u00e1mite del aval\u00fao de los bienes que habr\u00e1 de someterse a la almoneda, el juez no es un convidado de piedra, sino que por el deber constitucional que sobre \u00e9l recae, tiene la funci\u00f3n de disponer de los medios necesarios para que en la medida de lo posible fije el precio real de los predios que han de ser objeto de puja; as\u00ed las cosas, seg\u00fan la diligencia de secuestro, se advierte la existencia de elementos que permiten indicar que el aval\u00fao remitido por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, no da cuenta de la situaci\u00f3n real del inmueble, por lo que se aplic\u00f3 el precedente constitucional T-531 de 2010.  <\/span><\/p>\n

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       Y es que a juicio de esta Corporaci\u00f3n, el aval\u00fao practicado en modo alguno puede verse ajustado, si se tiene en cuenta que el aval\u00fao de bienes se encuentra regulado en el art\u00edculo 444 del C.P.G., cuya normatividad es una garant\u00eda constitucional del derecho al Debido Proceso, el que sin duda debe ser respetado, dado que dispone expresamente la forma de contradicci\u00f3n del mismo, adem\u00e1s de que en este caso no se est\u00e1 ante ninguno de los dos eventos que consagra el art\u00edculo 457 ib\u00eddem para los que s\u00ed est\u00e1 previsto un reaval\u00fao del bien a rematar, lo que significa que desconocer dicho ordenamiento, constituye una violaci\u00f3n a ese derecho.  <\/span><\/p>\n

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       Tampoco se estima acertado aplicar la sentencia T-531 de 2010, como lo hiciere el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, para fundamentar la decisi\u00f3n de actualizar un aval\u00fao que ninguna de las partes cuestion\u00f3, pues luego de la lectura del citado precedente judicial, encuentra esta Colegiatura que no procede su aplicaci\u00f3n en este caso, dado que no se est\u00e1 frente a un asunto con identidad o similitud, respecto del devenir procesal dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional, toda vez que la raz\u00f3n para que se concediera aquella tutela y se impartiera la referida orden, apunt\u00f3 a que la parte actora reclam\u00f3 que se aplicara la Constituci\u00f3n, junto con las disposiciones sustantivas y adjetivas propias del juicio, mientras que, en este caso, nada de eso se puso de presente ni mucho menos se solicit\u00f3, adem\u00e1s que en aquel asunto ya se hab\u00eda aprobado el remate del inmueble, y aqu\u00ed esto no ha ocurrido.  <\/span><\/p>\n

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       Ahora bien, no puede perderse de vista, que la parte ejecutada, no obstante haberse notificado personalmente del proceso ejecutivo que se sigue en su contra, y una de ellas, estar representada por una profesional del derecho, de quien se presume ha de saber las reglas del proceso, haya guardado silencio frente al aval\u00fao catastral aportado por el demandante, lo que denota una total aceptaci\u00f3n al respecto.  <\/span><\/p>\n

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       Este orden de ideas, permite plantear la presencia de un defecto procedimental absoluto, en raz\u00f3n de que el cuestionado al no atender los par\u00e1metros establecidos en los art\u00edculos 444 y 457 del C.G.P., actu\u00f3 por fuera del procedimiento establecido. As\u00ed, dable resulta plantear que el derecho al debido proceso que asiste al actor, en efecto est\u00e1 siendo vulnerado por el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, por ordenar la actualizaci\u00f3n de un aval\u00fao sin que la situaci\u00f3n se encuentre en los eventos que contempla el C\u00f3digo General del Proceso; todo lo cual conduce a ver la necesidad de brindar el amparo constitucional incoado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       As\u00ed las cosas, dej\u00f3 sin valor ni efecto todo lo actuado en el proceso ejecutivo objeto de la s\u00faplica excepcional a partir del auto proferido el 14 de septiembre de 2016, y orden\u00f3 a la Juez Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla, puntualmente, \u00abque en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificaci\u00f3n de [esa] decisi\u00f3n, contin\u00fae con la etapa procesal correspondiente, la cual es fijar fecha para remate previamente solicitado por el cesionario mediante escrito del 15 de septiembre de 2016\u00bb (fls. 54 a 60, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La propuso Gloria Esther Rosales Lobo, quien fue vinculada al presente tr\u00e1mite en calidad de demandada dentro del proceso g\u00e9nesis de la protecci\u00f3n reclamada, quien tras esgrimir como motivo de su inconformidad situaciones relacionadas con su estado actual de salud y la presunta falsedad del pagar\u00e9 y de la escritura contentiva de la garant\u00eda real base del proceso coercitivo, hechos que seg\u00fan sus dichos, denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y  puso tambi\u00e9n de presente ante la autoridad de la ejecuci\u00f3n, precis\u00f3 que \u00e9stos fueron desatendidos por aqu\u00e9lla, sin referirse puntualmente al quid del asunto base de la presente queja (fls. 180 a 182, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        Circunscrita la Corte a los motivos fundantes de la censura propuesta por la se\u00f1ora Rosales Lobo, quien se reitera, obra como ejecutada dentro del proceso coercitivo mixto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, debe manifestarse de entrada, que no pueden ser atendidos para la revocaci\u00f3n pretendida, y mucho menos constituirse en cimiento para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que ahora reclama, primero, porque a ciencia cierta ning\u00fan reproche puntual enfil\u00f3 en torno a la tem\u00e1tica analizada por el a quo constitucional para la concesi\u00f3n de la salvaguarda instada por el se\u00f1or Torres Barraza, esta es, el tr\u00e1mite surtido con ocasi\u00f3n del justiprecio de los inmuebles base de la garant\u00eda real que se ejecuta; y de otro lado, porque el ataque del fallo de primer grado a trav\u00e9s de la impugnaci\u00f3n, no es una herramienta \u00fatil para con base en hechos que no guardan ninguna relaci\u00f3n con los puntos en que se funda la acci\u00f3n excepcional, instar alg\u00fan tipo de auxilio de ese mismo linaje.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, tal y como lo concluy\u00f3 el Juez de tutela de instancia, ciertamente debe concederse la salvaguarda  reclamada, en tanto que no existe motivo alguno que habilitara a la autoridad jurisdiccional criticada de abstenerse, como lo hizo, de tener en cuenta los aval\u00faos de los predios objeto de la garant\u00eda real reclamada a trav\u00e9s de la ejecuci\u00f3n plurimencionada, m\u00e1xime, cuando el precedente jurisprudencial que cit\u00f3 como sustento de su decisi\u00f3n no se acompasa con el marco f\u00e1ctico y procedimental aplicable al sub examine, pues en el caso examinado por el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, evidente fue que la parte ejecutada, desde el momento mismo de la aportaci\u00f3n del justiprecio que se estim\u00f3 como desajustado a la realidad de los predios calificados, se quej\u00f3 de la falta de idoneidad del certificado catastral para tales fines, caso bien distinto al aqu\u00ed analizado, en el que, contrario sensu, ning\u00fan tipo de r\u00e9plica exterioriz\u00f3 el extremo ejecutado al momento del traslado de aqu\u00e9l, y m\u00e1s a\u00fan cuando teniendo la oportunidad de aportar tal c\u00e1lculo directamente, permaneci\u00f3 inane, desperdiciando tal posibilidad.   <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed las cosas, y en aplicaci\u00f3n de lo normado en la regla 4\u00aa del precepto 444 del C\u00f3digo General del Proceso, que a la letra reza \u00abTrat\u00e1ndose de bienes inmuebles el valor ser\u00e1 el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es id\u00f3neo para establecer su precio real. En este evento, con el aval\u00fao catastral deber\u00e1 presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1.\u00bb, debi\u00f3 entonces la Juez encartada, vencido en silencio el traslado del aval\u00fao, tener en cuenta para efectos del remate tales c\u00e1lculos catastrales, y proceder como se solicit\u00f3, al se\u00f1alamiento de la fecha para tal diligencia, de conformidad con lo normado en el inciso 1\u00b0 del canon 448 ejusdem, pues proceder como lo hizo, esto es, designar un perito para que rindiera dictamen acerca del valor de los bienes cautelados, no se ajusta a los par\u00e1metros legales aplicables al asunto.   <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC2844-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00660-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99793","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99793","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99793"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99793\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99793"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99793"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99793"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}