{"id":99800,"date":"2026-06-25T19:24:58","date_gmt":"2026-06-25T19:24:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2857-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:24:58","modified_gmt":"2026-06-25T19:24:58","slug":"stc2857-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2857-2017\/","title":{"rendered":"STC2857-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2857-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00426-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Jorge Edgar y Aida Stella Rey D\u00edaz contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso coercitivo objeto del presente tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcados por la autoridad judicial convocada, al confirmar la decisi\u00f3n de primer grado de rechazar de plano el incidente de nulidad propuesto dentro del proceso ejecutivo singular seguido en su contra por la Fiduciaria Cafetera S.A.    <\/span><\/p>\n

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Por contera solicitan, concretamente, que se ordene al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, \u00abtomar las medidas correctivas sobre las irregularidades de lo actuado y resolver lo que en derecho corresponda (\u2026) revocando los mandamientos de pago librados sin el correspondiente t\u00edtulo ejecutivo, ya sea decretando la nulidad constitucional contenida en el art\u00edculo 29 de la [Carta] Pol\u00edtica (\u2026) ora por la ilegalidad de las providencias dictadas que no atan al Juez como lo tiene sentado la jurisprudencia, como quiera que trat\u00e1ndose de un proceso ejecutivo a la fecha no se encuentra terminado ni solucionado\u00bb (fl. 7).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aducen en s\u00edntesis, que dentro de la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores, la cual inici\u00f3 hace m\u00e1s de 14 a\u00f1os, formularon incidente de nulidad con el fin de poner de presente al juez del conocimiento las inconsistencias de que adolece el tr\u00e1mite, relativas a la \u00abinexistencia del t\u00edtulo ejecutivo al tenor del art\u00edculo 497 del C. de P.C. en concordancia con los art\u00edculos 488, 115, 254 y 395 del mismo estatuto\u00bb, as\u00ed como la \u00abinexistencia de la parte demandante, sociedad Fiduciaria Cafetera S.A., como quiera que como tal fue cancelada su matr\u00edcula en la C\u00e1mara de Comercio, no se encuentra dentro de las Sociedades vigiladas por la Superintendencia Financiera y hasta la fecha a la parte demandada no se ha notificado en legal forma cesi\u00f3n alguna del nuevo acreedor, presupuesto necesario para dictar sentencia, o para pagar si es del caso\u00bb; y, finalmente, a que \u00abla parte demandante no es tenedora leg\u00edtima del documento aportado como t\u00edtulo ejecutivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Expresan que pese a lo anterior, el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de esta Capital, \u00absin consideraci\u00f3n alguna\u00bb, rechaz\u00f3 de plano su petici\u00f3n incidental mediante prove\u00eddo del 19 de julio de 2016, disposici\u00f3n que fue confirmada por la Colegiatura convocada en sede de apelaci\u00f3n, por auto del 6 de octubre siguiente, lo que se traduce, dicen, en la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas ius fundamentales invocadas, pues en ninguna de las instancias se analizaron realmente los motivos de la nulidad alegada (fls. 1 a 8).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del 22 de febrero hoga\u00f1o esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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a)   La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda instada, luego de manifestar que \u00ab[e]n cuanto a la decisi\u00f3n proferida el 6 de octubre de 2016, por medio de la cual se confirm\u00f3 la providencia proferida el 19 de julio de la misma anualidad por el Juzgado 4\u00b0 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 que rechaz\u00f3 de plano la solicitud de nulidad que formularon los accionantes, este Tribunal se atiene a las argumentaciones esgrimidas en el prove\u00eddo en menci\u00f3n, toda vez que la ausencia de idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo reclamada por los accionantes adem\u00e1s que no configura ninguna de las causales de nulidad previstas en la legislaci\u00f3n procesal civil, tampoco abre paso a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica y, en todo caso, debi\u00f3 ser alegada mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, tal como lo dispon\u00eda el entonces vigente art\u00edculo 497 del C.P.C.\u00bb (fls. 68).  <\/span><\/p>\n

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b)   Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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1. En el presente asunto, los accionantes cuestionan, concretamente, la providencia de 6 de octubre de 20161, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1, en sede de alzada, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado calendada 19 de julio de ese mismo a\u00f1o, por medio de la cual el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad propuesto por los ejecutados \u2013aqu\u00ed promotores-, en el marco del litigio coercitivo ya mencionado, pues en criterio de \u00e9stos, la mentada Colegiatura ning\u00fan estudio efectu\u00f3 a los motivos en que se sustent\u00f3 la invalidez reclamada con el fin de restarle efectos jur\u00eddicos a la orden de apremio y a la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n.    <\/span><\/p>\n

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3.        Puestas as\u00ed las cosas, y luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por la autoridad jurisdiccional en contra de la que se enfil\u00f3 el reclamo tutelar, no se advierte la existencia de causal de procedibilidad que haga necesaria la intervenci\u00f3n del juez constitucional, puesto que acerca del an\u00e1lisis que efectu\u00f3 el ad quem frente a la decisi\u00f3n de primer grado atacada, y los argumentos expuestos por el extremo censor, no se advierte que la interpretaci\u00f3n realizada por tal autoridad pueda calificarse como absurda o caprichosa, y por el contrario, es el resultado de la valoraci\u00f3n que de las pruebas militantes en el expediente obraban sobre ese respecto.  <\/span><\/p>\n

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3.1.          El primero de ellos, en que pese a que los ejecutados instituyeron la nulidad invocada en las causales enlistadas en el precepto 140 del estatuto Procesal Civil, a ciencia cierta, ninguno de los fundamentos en que se ciment\u00f3 la petici\u00f3n de ilegalidad del proceso, se enmarca en aqu\u00e9llas, citando al respecto precedentes de esa Colegiatura acerca de la taxatividad de las causas que vician el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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       3.2.          A paso seguido, expuso que \u00abla eventual ausencia de idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo, en manera alguna da lugar a la configuraci\u00f3n de ninguna de las causales de nulidad previstas en el C. de P.C., ni en el C.G. de P., ni tampoco abre paso a la aplicaci\u00f3n del motivo de invalidaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, pues esta norma constitucional hace referencia \u00fanicamente a la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso, esto es \u201csin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producci\u00f3n de la prueba, especialmente en lo que ata\u00f1e con el derecho de contradicci\u00f3n por la parte a la cual se opone \u00e9sta\u201d (sent. C-491 de 1995; se resalta), aspecto ajeno al asunto materia de estudio\u00bb, tem\u00e1tica en realidad, m\u00e1s que decantada por la jurisprudencia constitucional.  <\/span><\/p>\n

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3.3.   Y ya en la etapa conclusiva, precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno solo es[e] Tribunal en pret\u00e9rita oportunidad, en es[e] asunto, consider\u00f3 que \u201cla decisi\u00f3n arbitral ostent9a fuerza ejecutiva, amen que contiene una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible\u201d, sino que tambi\u00e9n, al tratarse el t\u00edtulo ejecutivo de un laudo de condena las protestas de los demandados que versen sobre sus requisitos formales debieron alegarse mediante recurso de reposici\u00f3n con el mandamiento de pago, tal como lo dispone el entonces vigente art\u00edculo 497 del C. de. P.C., y si alg\u00fan reparo de fondo exist\u00eda, debi\u00f3 cuestionarse de la forma dispuesta en el art\u00edculo 509 \u00eddem, perno mediante incidente\u00bb (fl. 70).  <\/span><\/p>\n

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4.    Por lo anterior, quedan sin piso los alegatos de los inconformes, relativos a que no se tuvieron en cuenta los argumentos que expuso como cimiento del recurso de apelaci\u00f3n, pues en efecto, el estudio se centr\u00f3 en cada uno de los hechos invocados como causa para la solicitud de nulidad, estableci\u00e9ndose, que tales alegatos lejos estaban de enmarcarse en alguna de las causales taxativamente enlistadas en la norma procesal civil aplicable, sin que a una conclusi\u00f3n diferente hubiera podido arribar el Tribunal enjuiciado, como lo fue la confirmaci\u00f3n del rechazo de plano del incidente.  <\/span><\/p>\n

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       5.        De este modo, la soluci\u00f3n brindada por el juzgador de segunda instancia accionado no ofrece reparo en el marco de esta acci\u00f3n excepcional, pues con suficiente motivaci\u00f3n concluy\u00f3, que deb\u00eda mantenerse la decisi\u00f3n confutada, hermen\u00e9utica que debe ser respetada por ser propia de la autonom\u00eda e independencia del juzgador, en la cual, a prop\u00f3sito, iterase, no se evidencia arbitrariedad, capricho o subjetivismo.  <\/span><\/p>\n

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6.        En la materia, reiteradamente se ha pregonado que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (citado entre otras, en CSJ STC011-2017).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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7.        En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 el amparo invocado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional rogada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Fls.69 y 70.      <\/span><\/p>\n

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