{"id":99801,"date":"2026-06-25T19:25:08","date_gmt":"2026-06-25T19:25:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2889-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:25:08","modified_gmt":"2026-06-25T19:25:08","slug":"stc2889-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2889-2017\/","title":{"rendered":"STC2889-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO   <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2889-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00020-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Daniel Orlando Betancur Hern\u00e1ndez en contra del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.- El quejoso deprec\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad y el trabajo presuntamente vulnerado por la autoridad recriminada.  <\/span><\/p>\n

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2.- Arguy\u00f3, como sustento de sus reclamos, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.- Que \u00ab[p]ara el a\u00f1o 2011, comenc\u00e9 mis estudios en la carrera [de] derecho, en la UNIVERSIDAD MANUELA BELTR\u00c1N SECCIONAL BUCARAMANGA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.- Que \u00ab[p]ara el mes de diciembre de 2015 termine materias, quedando pendiente los preparatorios y la pr\u00e1ctica de judicatura\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- Que en el mes de marzo de 2016 \u00ab\u2026inici[\u00f3] [su] pr\u00e1ctica de judicatura en el Tribunal Administrativo Oral de Santander, en el despacho del Dr. Rafael Guti\u00e9rrez Solano, ostentando el cargo como auxiliar jur\u00eddico ad-honorem hasta el 19 de diciembre de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.- Que \u00ab[e]n vista de que la vacancia judicial no es contabilizada a favor de los judicantes, renunci\u00f3 al cargo como auxiliar jur\u00eddico ad-honorem en el Tribunal Administrativo Oral de Santander, para posesionar[se] el 20 de diciembre de 2016, fecha en la cual inici[\u00f3] labores en el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Bucaramanga como auxiliar jur\u00eddico ad-honorem. Con el fin de continuar y culminar [su] pr\u00e1ctica de judicatura la cual finaliz\u00f3 el 28 de diciembre de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.- Que \u00ab[e]l 10 de enero de 2017, la funcionaria del Consejo Superior de la Judicatura Seccional Bucaramanga, [le] inform[\u00f3] que el reconocimiento de la pr\u00e1ctica de judicatura se demora entre mes y medio o dos meses\u00bb..  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.- Que \u00ab[e]l reconocimiento de la pr\u00e1ctica de la judicatura se ha venido realizando de manera arbitraria, en el sentido a que determinados judicantes se les ha reconocido su pr\u00e1ctica en un tiempo no mayor a quince d\u00edas incluso no mayor a diez d\u00edas. Situaci\u00f3n claramente desigual que se ha venido presentado en este tipo de tr\u00e1mites\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.- Que \u00ab[a]ctualmente se encuentra en estado de ejecuci\u00f3n el cr\u00e9dito que adquir[i\u00f3] en el a\u00f1o 2012 con el icetex en donde deb[e] pagar doscientos setenta y cinco mil pesos mensuales ($ 275.000.oo) M\/CTE, por lo tanto [le] es necesario que la m\u00e1xima corporaci\u00f3n administrativa judicial [le] reconozca la pr\u00e1ctica de la judicatura, debido a que sin este reconocimiento no [se] pued[e] graduar afectando [su] vida en todas sus dimensiones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.- Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al \u00ab\u2026Consejo Superior de la Judicatura reconocer la pr\u00e1ctica de la judicatura al suscrito en igualdad y en el mismo t\u00e9rmino que se le ha reconocido a otros judicantes\u00bb y, que manden al \u00ab\u2026Consejo Superior de la Judicatura que le otorgue facultades a las seccionales para que reconozcan pr\u00e1cticas de judicatura, a fin que se proteja el derecho a la igualdad a toda la comunidad judicante\u00bb (Folios 1 a 5 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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4.- Mediante auto de 13 de enero de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional. Y el 26 del mismo mes y a\u00f1o neg\u00f3 el amparo rogado, el que fue impugnado por el gestor (Fls 73 a 80 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab\u2026hace menos de 8 d\u00edas el se\u00f1or BETANCOURT radic\u00f3 ante esta seccional la documentaci\u00f3n respectiva, la cual fue remitida al registro nacional de abogados junto con la correspondencia semanal el d\u00eda 17 de enero de 2017 mediante el oficio arriba indicado, por lo que  es probable que ni siquiera el correo haya sido a\u00fan recibido en Bogot\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3 que \u00ab[n]o puede pretender el se\u00f1or BETANCOURT hacer uso indebido de un mecanismo tan importante como la acci\u00f3n de tutela para que sin ning\u00fan fundamento real que justifique una aparente demora en el tr\u00e1mite solicitado, pretenda desconocer siquiera m\u00ednimamente los t\u00e9rminos legales para la presentaci\u00f3n de peticiones, los cuales para este caso, ni siquiera han operado y quiera de manera caprichosa que de manera inmediata se le otorgue la resoluci\u00f3n solicitada\u00bb (Folios 17 a 18 Vlto Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Administrativo de Santander, a trav\u00e9s de uno de sus magistrados, inform\u00f3 que \u00abDaniel Orlando Betancourt Hern\u00e1ndez, desempe\u00f1\u00f3 el cargo de AUXILIAR AD-HONOREM nombrado mediante resoluci\u00f3n No. 52 de 2016\u2026\u00bb; luego, el promotor renunci\u00f3 a su cargo de auxiliar judicial ad-honorem, si\u00e9ndole aceptado su abdicaci\u00f3n, a la par sostuvo que \u00ab\u2026esta Corporaci\u00f3n no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante y las pretensiones por \u00e9l perseguidas no van encaminadas a que se declare que esta corporaci\u00f3n ha incurrido en ello\u00bb (Folio 28 Vlto ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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La Directora de la Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, sostuvo que \u00ab[e]l Consejo Seccional de la Judicatura de Santander mediante comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica y v\u00eda correo electr\u00f3nico, inform\u00f3 a esta Unidad que el se\u00f1or BETANCURT HERN\u00c1NDEZ radic\u00f3 en f\u00edsico la solicitud de reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica y sus anexos en esa Seccional el d\u00eda 11 de enero de 2017, solicitud que fue remitida a la Unidad de Registro mediante el Oficio CSJSAO 17-67 del 16 de enero de 2017, enviado a trav\u00e9s de la empresa de correos 472 el d\u00eda 17 de enero de 2017. No obstante lo anterior, una vez sea radicada la documentaci\u00f3n con respecto a la solicitud de reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del accionante en esta Unidad, se proceder\u00e1 a realizar el estudio de la solicitud y a proferir respuesta al tr\u00e1mite de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, anot\u00f3 que \u00ab\u2026el tr\u00e1mite de la solicitud de acreditaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica debe surtirse en el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015, contado a partir de la fecha de llegada de los documentos a esta Unidad, en el a\u00f1o 2016 esta entidad se encontraba en un per\u00edodo de transici\u00f3n y ajuste de los tr\u00e1mites solicitados, en el presente caso la acreditaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica para optar al t\u00edtulo de abogado, tr\u00e1mite efectuado en un t\u00e9rmino aproximado de un mes y medio desde la fecha de recibo en esta Unidad hasta la comunicaci\u00f3n o notificaci\u00f3n de la respectiva resoluci\u00f3n ya sea que se acreditara o negara el reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, situaci\u00f3n que para el presente a\u00f1o ya ha sido normalizada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, neg\u00f3 el amparo por cuanto sostuvo, que \u00ab[n]o es procedente la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n a que no hay violaci\u00f3n de derechos fundamentales del accionante, pues a la fecha de la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no hab\u00eda comenzado a correr el t\u00e9rmino que tiene la entidad accionada para emitir el acto administrativo motivado que defina el reconocimiento de la pr\u00e1ctica judicatura del accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, precis\u00f3 que \u00ab\u2026no es procedente la acci\u00f3n de tutela para ordenarle al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA otorgar facultades a las Seccionales para el reconocimiento de las pr\u00e1cticas de judicatura por la elemental raz\u00f3n de que su objeto es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales en concreto y no resolver controversias sobre la legalidad de los actos generales\u00bb (Fls. 73 a 80 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el gestor aduciendo que se encuentra demostrado \u00ab\u2026la grave desigualdad con la que ha venido operando el Consejo Superior de la Judicatura, corporaci\u00f3n encargada de reconocer la pr\u00e1ctica de la judicatura a nivel nacional. Es inmensurable que el Tribunal Superior Sala Civil enhest\u00e9 los argumentos emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura en donde acepto que ha venido reconociendo de manera desigual la pr\u00e1ctica de la judicatura bajo el techo de situaciones especiales a los cuales no da explicaci\u00f3n, como es el caso de Andrea Carolina Arias su pr\u00e1ctica fue reconocida en 23 de noviembre de 2016 y la recepci\u00f3n de los documentos fue el 15 de noviembre de 2016, quiero saber cu\u00e1l es su caso especial y porque no se me aplica su igual situaci\u00f3n a la del suscrito accionante\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, enfatiz\u00f3 que \u00ab[e]s claro que mi posici\u00f3n frente a la exigencia en el reconocimiento en la pr\u00e1ctica de mi judicatura no es como lo sostiene la entidad \u201ces una actitud completamente caprichosa por cuanto el tiempo establecido para dar respuesta a\u00fan no ha pasado por lo tanto se solicita que se declare improcedente la presente acci\u00f3n de tutela\u201d [el] juicio de la entidad desconoce totalmente todas las normas del ordenamiento jur\u00eddico, as\u00ed mismo tampoco se tuvo en cuenta el estado actual del accionante en lo mencionado en los hechos de la tutela. Esto es la flagrante deuda que poseo frente a la entidad icetex, situaci\u00f3n que ni siquiera el Tribunal valor\u00f3 en debida forma, por lo tanto si existen requisitos para los casos especiales como las pautas anteriores \u00bfPor qu\u00e9 el suscrito no es mecedor de ese beneficio?\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, finalmente sostiene que \u00ab\u2026[solicit\u00f3] que por favor [se] evalu\u00e9 la informaci\u00f3n probatoria aportada por el Consejo Superior de la Judicatura en donde se ven con claridad la disparidad en el reconocimiento de la pr\u00e1ctica de la judicatura [\u2026], tambi\u00e9n ruego se\u00f1or magistrado que se solicit\u00e9 al Instituto del Cr\u00e9dito Icetex el estado actual de mi cr\u00e9dito y el valor adeudado\u2026\u00bb (Folios 84 a 93 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.- El resguardo constitucional solicitado resulta improcedente por cuanto que, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, ya sean generales, impersonales y abstractos ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, donde puede allegar los elementos demostrativos que aqu\u00ed aporta y explicar sus argumentos, sin que este camino pueda convertirse en senda paralela a la normativamente reglada.  <\/span><\/p>\n

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       \u00ab[L]a acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.  <\/span><\/p>\n

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       An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes (arts. 238 C. P. y 152 C.C.A.)\u00bb (CSJ STC, 5 oct. 2010, rad. 00087-01; citada, entre otras, en CSJ STC, 20 sep. 2013, rad. 00371-01).  <\/span><\/p>\n

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2.- Observada la inconformidad planteada, surge que el gestor estima que el Consejo Superior de la Judicatura, le ha vulnerado sus prerrogativas fundamentales, debido a la tardanza de la entidad cuestionada en reconocerle sus pr\u00e1cticas jur\u00eddicas \u00abjudicatura\u00bb, tambi\u00e9n se duele que los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tengan la competencia para emitir tales conceptos y, que le han vulnerado su derecho a la igualdad, porque estima que otros \u00abjudicantes\u00bb obtuvieron respuesta en forma r\u00e1pida, en cambio en su caso se ha demorado la entidad recriminada en proferir una respuesta de fondo a la solicitud del promotor, con lo cual, considera que est\u00e1 sufriendo una discriminaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.- De acuerdo a lo anterior, al juez constitucional le est\u00e1 vedado arrogarse facultades que no le competen, como aqu\u00ed acontece, pues es indiscutible que el petente, a fin que decaigan, enfila su inconformidad frente a la competencia fijada por intermedio del acto administrativo PSAA 12-9338 de marzo 27 de 2012, en donde la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura deleg\u00f3 en la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura la facultad de reconocer la pr\u00e1ctica jur\u00eddica y, desea que esa competencia sea traspasada en los Consejo Seccionales de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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Por supuesto, dicho objetivo, mal lo puede alcanzar el gestor por medio de este instrumento excepcional, que no es el camino id\u00f3neo para tal efecto y por ende ha de colegirse que la protecci\u00f3n deviene improcedente por el incumplimiento del presupuesto de subsidiaridad, pues, lo pretendido por aquel es, que se var\u00eden las reglas de competencias para conocer de las solicitudes de reconocimiento de las pr\u00e1cticas jur\u00eddicas y se radique su conocimiento en los Consejo Seccionales de la Judicatura, siendo \u00e9stas fijadas a trav\u00e9s de un acto en que se manifest\u00f3 la voluntad de la administraci\u00f3n, la que se presume legal, asunto del cual no puede ocuparse el juez de tutela, por lo que las inconformidades que surjan, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de \u00abnulidad simple\u00bb ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, que es el escenario natural donde \u00abes posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 Abr. 2012, Rad. 00257-01).  <\/span><\/p>\n

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4.- En estas condiciones, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se torna nugatorio el amparo demandado, ya que si la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esas prerrogativas, como para el particular evento son las respectivas acciones contencioso administrativas, ha de recurrirse a ellas y no a la tutela, la que no ha sido consagrada para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce.  <\/span><\/p>\n

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5.- De otra parte, cabe se\u00f1alar que el querellante en forma prematura acudi\u00f3 a este mecanismo de amparo, debido a que el d\u00eda 20 de enero de los cursantes fue que arrib\u00f3 la documentaci\u00f3n remitida por el accionante a trav\u00e9s del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander a la dependencia cuestionada, de tal suerte que en armon\u00eda a lo dispuesto en el art\u00edculo 15 del Acuerdo PSAA 10-7543 de 2010, no es dable achacarle tardanza a la autoridad recriminada en prohijar la respuesta a la solicitud deprecada por el gestor, en la medida que cuenta con el t\u00e9rmino de diez d\u00edas h\u00e1biles contados a partir del arribo de la citada documentaci\u00f3n para emitir el acto administrativo de reconocimiento de la pr\u00e1ctica judicial (judicatura) y, comoquiera que ese t\u00e9rmino a\u00fan no se ha consumado, ello impide que se acuda al resguardo constitucional porque a\u00fan no se ha verificado conculcaci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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5.1.- En adici\u00f3n a lo anterior, es evidente del an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n remitida por el quejoso que \u00e9ste no cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos por la Unidad de Registro de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura, a fin que se le reconociera su pr\u00e1ctica jur\u00eddica que como lo anota \u2013bajo la gravedad del juramento- la Directora de la Unidad de Registro de Abogados, que \u00ab\u2026una vez realizado el estudio de la [solicitud] y sus anexos se evidenci\u00f3 que la certificaci\u00f3n de terminaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del plan de estudios de la UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN U.M.B SECCIONAL BUCARAMANGA no indica la fecha exacta de terminaci\u00f3n de materias, as\u00ed como tampoco aport\u00f3 original o copia aut\u00e9ntica de la Resoluci\u00f3n No. 013 de 20 de diciembre de 2016 mediante la cual fue nombrado en el cargo de auxiliar judicial ad-honorem [\u2026], raz\u00f3n por la cual esta Unidad le solicit\u00f3 al se\u00f1or BETANCURT HERN\u00c1NDEZ aportar dicha documentaci\u00f3n a trav\u00e9s del Requerimiento No. 456 del 6 de febrero de 2017 del cual a la fecha a\u00fan no ha dado la correspondiente contestaci\u00f3n\u00bb  (Folio 4 Vlto Cdno Corte). La cual fue enviado por v\u00eda de correo electr\u00f3nico y en f\u00edsico al domicilio del auspiciador.  <\/span><\/p>\n

5.2.- As\u00ed las cosas, esas circunstancias demuestran la inexistencia de un da\u00f1o tal que amerite la inaplazable intervenci\u00f3n del funcionario constitucional y por ello la custodia no es procedente, ni siquiera como mecanismo transitorio, am\u00e9n que no se demostr\u00f3 que la actuaci\u00f3n de la autoridad p\u00fablica sea abiertamente contraria a la constituci\u00f3n o a la ley y por ende, lesiona los derechos fundamentales del actor, am\u00e9n que se percibe unos desatinos atribuibles al promotor en la recolecci\u00f3n de la informaci\u00f3n solicitada para el efectos de la validaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica judicial.  <\/span><\/p>\n

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6.- En lo tocante con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, el interesado no acredit\u00f3 que a los otros \u00abjudicantes\u00bb, en id\u00e9nticas condiciones, la autoridad recriminada les hubiese concedido el beneficio que reclama, por lo que la simple enunciaci\u00f3n no es suficiente.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] Finalmente, en cuanto al derecho a la igualdad, no se cuenta con sustentos ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, debido a que el actor no demostr\u00f3 un tratamiento distinto o preferente al que a \u00e9l se le prodig\u00f3 en alg\u00fan caso similar al suyo, requisito indispensable para efectuar el parang\u00f3n correspondiente\u00bb. (CSJ STC, 14 May. 2012, rad. No. 00082-01, reiterado, entre otras, en  CSJ STC, 9 May. 2014, rad. No. 00159-01). CSJ STC, 30 sep. 2015, rad, 2015-00514-01.  <\/span><\/p>\n

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7.- Por lo dem\u00e1s, y en lo que se refiere al \u00abnuevo hecho\u00bb contenido en el escrito de impugnaci\u00f3n consistente en el reproche enfilado con el Icetex, ente respecto del cual solicita \u00ab\u2026el estado actual de [su] cr\u00e9dito y el valor adeudado\u00bb, no fue objeto de petici\u00f3n en el resguardo supralegal deprecado, siendo una circunstancia solo aducida con posterioridad al fallo, configur\u00e1ndose un evento no aducido en la acci\u00f3n de tutela formulada, lo que no es susceptible de ser estudiado en esta instancia porque la salvaguardia constitucional como proceso judicial de defensa de los derechos superiores no obstante caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso, entre las que se destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas que por imperativo legal est\u00e1n consagradas como derecho fundamental en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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8.- De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 el fallo materia de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMAR la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO    Magistrada ponente                                        STC2889-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00020-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99801","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99801\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}