{"id":99802,"date":"2026-06-25T19:25:12","date_gmt":"2026-06-25T19:25:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2895-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:25:12","modified_gmt":"2026-06-25T19:25:12","slug":"stc2895-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2895-2017\/","title":{"rendered":"STC2895-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO   <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2895-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00004-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 19 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Javier Romero Andrade en contra de los Juzgados Veintisiete Civil Municipal de Descongesti\u00f3n (hoy Dieciocho Civil Municipal de Descongesti\u00f3n) y el Treinta y Nueve Civil del Circuito, ambos de esta Urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.- El quejoso deprec\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa presuntamente vulnerados por la autoridades recriminadas.  <\/span><\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de sus reclamos, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.- Que la Asociaci\u00f3n Caseta Popular Parque Espa\u00f1a, present\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado contra el promotor del resguardo, a fin que \u00ab\u2026se declare terminado el contrato de arrendamiento del local comercial ANCLA No. 2, celebrado el d\u00eda primero (1) de enero de dos mil diez (2010) ente la ASOCIACI\u00d3N CASETA POPULAR PARQUE ESPA\u00d1A como arrendadora y JAVIER ROMERO ANDRADE como arrendatario sobre el inmueble ubicado en la Carrera 19 No. 10-25 y\/o Calle 11 No. 19-51 Local Ancla NO. 2 del Centro Comercial Plaza Espa\u00f1a\u2026\u00bb, aduciendo el demandante las causales de mora y retardo en el pago de las rentas y no cancelar el reajuste del canon de arrendamiento de enero de 2013.  <\/span><\/p>\n

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2.2.- Que el fundamento de las pretensiones de la demanda restitutoria es la mora en el pago de las rentas correspondientes a los c\u00e1nones del a\u00f1o 2010 \u00ab\u2026pretensi\u00f3n que no concuerda con el hecho 4 de la demanda ni el an\u00e1lisis legal realizado por el Juez de conocimiento pues el an\u00e1lisis legal realizado por \u00e9ste debe ser concordante entre la pretensi\u00f3n principal o primera y los hechos, en este caso el hecho cuarto de la presente acci\u00f3n de restituci\u00f3n\u2026\u00bb, a la par sostiene que el Juez municipal encartado, en su sentencia \u00ab\u2026realiza un an\u00e1lisis que no era materia de debate legal, por lo tanto estaba vedado pronunciarse sobre un hecho que no [es] materia del proceso como era los pagos de canon de arrendamiento de enero, febrero y marzo del a\u00f1o 2013, pues dichos c\u00e1nones como expresado no eran debate legal, ni se constituyeron en hechos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n presentada\u00bb, debido a que en el libelo s\u00f3lo se aludieron a las cuotas del a\u00f1o 2010, am\u00e9n que no hab\u00eda la obligaci\u00f3n de sufragar ning\u00fan reajuste por la calenda 2013.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- Que el operador judicial del Circuito querellado, con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n invocada por el actor contra la determinaci\u00f3n del a quo \u00ab\u2026en su providencia de 10 de mayo de 2016, confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia\u2026\u00bb; sin embargo, el ad quem \u00ab\u2026falla en sus apreciaciones legales y probatorias pues como reiteradamente [lo expresa] el actor arrendador, fundamenta los hechos de su acci\u00f3n sobre una mora del a\u00f1o 2010, y no sobre moras del a\u00f1o 2013\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.- Que \u00ab[e]l actor arrendador del local Ancla No. 2 en los hechos de su acci\u00f3n no relaciona que c\u00e1nones de arrendamiento y su valor adeud\u00f3 desde el 2013. Hecho procesal que es obligatorio para esta clase de procesos. Por lo tanto le estaba vetado al Juez de primera y segunda instancia pronunciarse sobre hechos que no son de debate probatorio pues el Juez de primera y segunda instancia en sus sentencias objeto de tutela nada expresan sobre la legalidad de los reajustes y se esta obligaci\u00f3n hab\u00eda nacido a la vida jur\u00eddica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.- Que \u00ab\u2026la norma procesal establece que se deben indicar los c\u00e1nones adeudados [siendo] [claro] [que] el actor no ilustra que c\u00e1nones del a\u00f1o 2013 adeudo y su valor solo expresa en los hechos 6, 7, 8 y 10 [\u2026] (unos requerimientos), (el no pago de un incremento anual al cual no estaba obligado), (un reconocimiento de una oferta), y (una mora de cancelar reajustes desde el 1 de enero de 2013), como se observa en la demanda del actor [\u2026], recalc\u00f3 [no] [estaba] [obligado a pagar] [ning\u00fan] reajuste [\u2026] pues el actor no acept\u00f3 mi propuesta como lo he ilustrado\u00bb..  <\/span><\/p>\n

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2.6.- Que \u00ab\u2026lo expresado por el Juez de segunda instancia es carente de sustento legal pues como lo exprese anteriormente la pretensi\u00f3n primera o principal para dar por terminado el contrato de arrendamiento no es congruente con el hecho 4 de la demanda que expresa [\u2026] una mora del a\u00f1o 2010, la pretensi\u00f3n anteriormente referida expresa una mora [\u2026] a partir del a\u00f1o 2013\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7.- Que \u00ab\u2026el Juez de segunda instancia nada expresa sobre la inmediatez de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, sobre un hecho de tres a\u00f1os atr\u00e1s. As\u00ed mismo sobre la seguridad de los contratos, en el sentido que si el actor estaba habilitado a presentar una acci\u00f3n por mora tres a\u00f1os despu\u00e9s sobre c\u00e1nones del a\u00f1o 2010\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene al despacho encartado que \u00ab\u2026se revoquen las sentencias proferidas por las autoridades judiciales recriminadas\u00bb (Folios 1 a 3 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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4.- Mediante auto de 11 de enero de 2017, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional. Y el 19 del mismo mes y a\u00f1o neg\u00f3 el amparo rogado, el que fue impugnado por el gestor (Fls 103 a 111 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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El despacho Municipal censurado, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab\u2026en este caso se present\u00f3 ausencia de inmediatez, en virtud a que la s\u00faplica constitucional tiene por objeto atacar la sentencia proferida en primera instancia de fecha 26 de febrero de 2015 y su confirmaci\u00f3n en segunda instancia de fecha 10 de mayo de 2016, y si se tiene que la jurisprudencia ha sostenido que \u201cen el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de la inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d, es paladino que el tutelante no formul\u00f3 la s\u00faplica dentro del t\u00e9rmino all\u00ed establecido, pues solo hasta el d\u00eda 19 de diciembre de 2016, precedi\u00f3 a radicarla, motivo suficiente para que la acci\u00f3n invocada no este llamada a prosperar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Refiri\u00f3 que \u00ab\u2026es del caso precisar que revisado el plenario se evidencia que la sentencia de fecha 26 de febrero de 2015 [\u2026] proferida en el expediente por el extinto Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Descongesti\u00f3n, se sujet\u00f3 a las normas legales dispuestas para ese caso, pues all\u00ed se encontr\u00f3 probado el incumplimiento de la cl\u00e1usula sexta del contrato anexo, referente al plazo dentro del cual se deb\u00edan consignar los c\u00e1nones de arrendamiento y se evidenci\u00f3 que los pagos por consignaci\u00f3n efectuados por el demandado no se realizaron bajo las previsiones del art\u00edculo 10 de la Ley 820 de 2003, motivo por el cual se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, orden\u00e1ndose la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y la restituci\u00f3n del bien inmueble arrendado\u00bb; y, rematando sus descargos con la precisi\u00f3n que \u00ab\u2026los razonamientos jur\u00eddicos que sirvieron de fundamento a la sentencia censurada por v\u00eda constitucional son plausibles, l\u00f3gicos y ajustados al ordenamiento jur\u00eddico que rige la materia\u2026\u00bb (Folios 86 a 88 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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El operador judicial del Circuito querellado, manifest\u00f3 que \u00ab[e]n relaci\u00f3n a la providencia y actuaci\u00f3n censurada por el accionante frente a este Despacho, me atengo a los argumentos expuestos en ella, los cuales podr\u00e1n ser revisados por el Tribunal, una vez el Juzgado que tenga el expediente en su poder remita las copias pertinentes del expediente\u00bb (Folio 101 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 el amparo por cuanto sostuvo, que \u00ab\u2026la revisi\u00f3n de las copias del expediente y de la informaci\u00f3n rendida por el Juzgado accionado que se entiende bajo la gravedad del juramento (art. 19 Decreto 2591 de 1991), se infiere que desde la fecha en que tuvo lugar la vulneraci\u00f3n denunciada a la data en que se formul\u00f3 el derecho de amparo, transcurrieron m\u00e1s de siete (7) meses sin que se haya promovido acci\u00f3n alguna, desconoci\u00e9ndose con ese proceder omisivo el principio de la inmediatez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que \u00ab[e]n efecto, la sentencia de segunda instancia se dict\u00f3 el diez (10) de mayo de dos mil diecis\u00e9is (2016), y el interesado acude a solicitar la protecci\u00f3n constitucional, s\u00f3lo hasta el diecinueve (19) de diciembre del a\u00f1o pasado, -siete meses despu\u00e9s- circunstancia demostrativa de que la tutela ya no tendr\u00eda la eficacia que le es inherente como medio de aplicaci\u00f3n urgente, por no haberse presentado en un plazo razonable, como ha dicho la Corte Constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, por \u00faltimo, agreg\u00f3 que \u00ab[n]aturalmente la aceptaci\u00f3n de un t\u00e9rmino superior a seis (6) meses requiere una justificaci\u00f3n, pues previo a conceder el amparo es necesario analizar \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u201d\u00bb, remarc\u00f3 que \u00ab[p]ara este asunto, no aparece justificaci\u00f3n objetiva que pueda ilustrar sobre la tardanza en acudir a la justicia constitucional\u00bb (Fls. 111 a 127 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el gestor aduciendo que \u00ab\u2026a la fecha de haberse presentado la tutela por v\u00edas de hecho contra las sentencias de primera y segunda instancia no se hab\u00eda producido la restituci\u00f3n del local arrendado, por lo que dicho hecho me faculta a presentar la presente acci\u00f3n de tutela pues la finalidad de las sentencias atacadas por acci\u00f3n de tutela, que es la restituci\u00f3n del inmueble arrendado, no se ha producido, as\u00ed mismo sigo pagando el canon de arrendamiento tal y como m\u00e1s adelante lo expreso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, enfatiz\u00f3 que \u00ab\u2026el presente caso de acci\u00f3n de tutela, la presentaci\u00f3n de la misma posee unas particularidades la cual es que hasta la fecha no se ha producido la restituci\u00f3n o entrega del local arrendado, por lo tanto los efectos de las sentencias impugnadas por acci\u00f3n de tutela no se han producido por lo que en mi sentir como arrendatario estoy dentro del t\u00e9rmino de dos a\u00f1os, por no haberse producido la restituci\u00f3n del local objeto de las sentencias de la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, finalmente sostiene que \u00ab\u2026no me pueden cercenar mi derecho conforme al estado social de derecho, con el objeto que se revise si los jueces de primera y segunda instancia obraron en derecho en sus actuaciones, ya el principio de inmediatez operar\u00eda para el presente asunto si ya se hubiese restituido el local arrendado, hecho [que] recalco que hasta la fecha de la presente impugnaci\u00f3n no ha sucedido, por lo que estoy dentro del t\u00e9rmino de dos a\u00f1os para haber ejercido mi derecho constitucional\u2026\u00bb (Folios 124 a 125 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales:   \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. – Observada la inconformidad planteada, surge que el gestor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila sus reproches contra las sentencias de 26 de febrero de 2015 que declar\u00f3 \u00abterminado el contrato de arrendamiento del local comercial, suscrito entre Asociaci\u00f3n Caseta Popular Parque Espa\u00f1a, como arrendador y Javier Romero Andrade, como arrendatario\u2026\u00bb y, la de 10 de mayo pasado, confirmatoria de la determinaci\u00f3n del a quo, por incurrir supuestamente en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos \u00abf\u00e1ctico y procedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.- Del examen de las pruebas arrimadas, se encuentra en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a).- Contrato de arrendamiento de local comercial, celebrado entre la Asociaci\u00f3n Caseta Popular Parque Espa\u00f1a (arrendador) y el auspiciador del amparo (arrendatario) (Folios 1 a 11 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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b).- Memoriales de 24 de septiembre y 29 de noviembre, a trav\u00e9s de los cuales el arrendador le anuncia al gestor la \u00abterminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento de fecha 1\u00b0 de enero de 2010, celebrado [entre ellos]\u00bb y, le piden que el \u00ab\u2026dos (2) de enero de dos mil trece (2013) a las diez (10:00) am\u2026\u00bb, realice la entrega del inmueble arrendado (Folios 12 a 15 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c).- Escrito elaborado por el promotor en que expone al arrendador su negativa de entregar el fundo de marras y, le propone una f\u00f3rmula de arreglo  (Fls 16 a 19 Vlto ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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e).- Auto de 29 de enero de 2014, que admiti\u00f3 el libelo genitor (Folio 24 \u00edb.).  <\/span><\/p>\n

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f).- Contestaci\u00f3n de la demanda de restituci\u00f3n, en donde el quejoso invoca las excepciones de \u00abcobro de lo no debido por c\u00e1nones de arrendamiento, no admisi\u00f3n de la deuda, carencia de causa, abuso del derecho, falacia y mendacidad en los hechos en que se fundamenta la demanda y que hace que invada la \u00f3rbita del derecho penal y la gen\u00e9rica\u00bb (Folios 25 a 39 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

g).- Sentencia de 26 de febrero de 2015, en la que el despacho municipal cuestionado, declar\u00f3 \u00abterminado el contrato de arrendamiento del local comercial, suscrito entre Asociaci\u00f3n Caseta Popular Parque Espa\u00f1a, como arrendador y Javier Romero Andrade, como arrendatario\u2026\u00bb y, orden\u00f3 \u00ab\u2026Javier Romero Andrade, que restituya a favor de la parte demandante el citado inmueble\u00bb (Folios 40 a 48 \u00edb.).  <\/span><\/p>\n

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h).- Recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor frente a aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n (Fls. 50 a 61 Cdno Principal).  <\/span><\/p>\n

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i).- Fallo de 10 de mayo pasado, confirmatorio de la determinaci\u00f3n del a quo (Folios 62 a 68 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.- Ata\u00f1edero con la disconformidad enderezada contra el funcionario del Circuito encartado dado que profiri\u00f3 sentencia ratificatoria de primera instancia adversa a los intereses del querellante, advierte la Corte que la misma deviene improcedente por cuanto el enjuiciante soslay\u00f3 el requisito general de procedencia de la inmediatez, ya que el fallo fustigado data del 10 de mayo pasado, emergiendo as\u00ed que no se present\u00f3 la petici\u00f3n de salvaguardia dentro del plazo razonable de seis (6) meses a que alude la jurisprudencia, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue promovida s\u00f3lo hasta el d\u00eda 19 de diciembre de 2016, m\u00e1xime que no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- Ello, ya que el c\u00f3mputo del preciso lapso que concierne con el postulado de que se viene tratando, como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar la Corte, \u00abse contabiliza es a partir de la providencia cuestionada\u00bb (CSJ STC, 6 jul. 2012, rad. 01340-00), a m\u00e1s que, como f\u00e1cilmente puede colegirse, el juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 10 mayo de 2016, emiti\u00f3 la decisi\u00f3n que \u00abconfirm[\u00f3]\u00bb el fallo dictado por el a quo que decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio alquilado, siendo patente que el resguardo constitucional (19 de diciembre pasado), no existiendo motivos que pudieran obstaculizar la tempestiva formulaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, am\u00e9n que es dable acotar que las mismas hab\u00edan sido emitidas bastante tiempo atr\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

          4.2.- En ese orden, es evidente que la actora no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

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Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en la CSJ STC, 8 may. 2013, rad. 00148-01).  <\/span><\/p>\n

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       5.- Por dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que la raz\u00f3n de ser de que la litis llegara al anotado estadio, esto es, a la materializaci\u00f3n de la entrega al efecto dispuesta, s\u00f3lo corresponde a las formas propias de ese tr\u00e1mite judicial, es decir, constituye la subsecuente secuela procedimental que es menester adelantar en aras de que prevalezca el derecho sustancial all\u00ed debatido y reconocido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Dicho en otras palabras, el extremo que resiste la pretensi\u00f3n de anulaci\u00f3n contractual, una vez es vencido en juicio mediante resoluci\u00f3n ejecutoriada, ha de asumir la inescindible derivaci\u00f3n que se desprende de lo as\u00ed decidido y que no puede ser otra que la consistente en devolver los bienes objeto de la acci\u00f3n ventilada, como que ello es t\u00f3pico anejo a la teleolog\u00eda de los asuntos de la naturaleza apuntada; esperar diversa consecuencia es desconocer, de tajo, el rito adelantado, y olvidar que las sentencias hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada, lo cual les da fuerza vinculante entre los contendientes.   <\/span><\/p>\n

6.- De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMAR la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO    Magistrada ponente                                        STC2895-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00004-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99802","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99802"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99802\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}