{"id":99805,"date":"2026-06-25T19:25:35","date_gmt":"2026-06-25T19:25:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2902-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:25:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:25:35","slug":"stc2902-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2902-2017\/","title":{"rendered":"STC2902-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2902-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2017-00030-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Dinael Antonio Mar\u00edn contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, vincul\u00e1ndose al Juzgado Penal del Circuito de Garagoa y las Fiscal\u00edas 27 y 35 Seccionales de ese municipio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que fue procesado por el homicidio de Jorge Eliseo Ubaque y lesiones personales respecto de Luz Marina Cort\u00e9s Casta\u00f1eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que la se\u00f1ora Cort\u00e9s Casta\u00f1eda testific\u00f3 que \u00e9l no tuvo nada que ver con la muerte de Ubaque y en los alegatos \u00abtodas las partes\u00bb se\u00f1alaron su inocencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Que el juzgado de conocimiento el 27 de septiembre de 2011 lo absolvi\u00f3 en primera instancia, pero la fiscal\u00eda interpuso recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que la Colegiatura acusada, en sentencia de 28 de agosto de 2012, revoc\u00f3 aquella determinaci\u00f3n y lo conden\u00f3, por ambas conductas, a \u00ab26 a\u00f1os de prisi\u00f3n (\u2026) como reo ausente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que el delito de lesiones personales \u00abestaba prescrito\u00bb y, como no fue notificado, no pudo \u00abejercer el derecho a la defensa t\u00e9cnica y material\u00bb, ni recurrir en casaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Pidi\u00f3, en consecuencia, \u00abel amparo constitucional del art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, en lo que tiene que ver con todas las actuaciones\u00bb (fls. 1-9, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA E INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

La Fiscal\u00eda 27 Seccional Delegada Ante los Jueces Penales del Circuito de Garagoa inform\u00f3 que el 16 de marzo de 20-09 remiti\u00f3 las diligencias \u00aba la fiscal\u00eda 35 seccional de infancia y adolescencia de Garagoa por redistribuci\u00f3n\u00bb y en el \u00absistema SIJUF\u00bb lo \u00faltimo que aparece es la \u00abresoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n\u00bb, de 10 de mayo de 2010, por parte de esa autoridad (fls. 22 y 23, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juzgado Penal del Circuito de Garagoa indic\u00f3 que su decisi\u00f3n absolutoria fue revocada en segunda instancia y que actualmente el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de seguridad vigila el cumplimiento de la sanci\u00f3n impuesta (fls. 25-27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala Penal encartada destac\u00f3 que el interesado no us\u00f3 \u00abla totalidad de los recursos al interior del proceso, ya que no interpuso por parte de la defensa el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb y que tampoco se cumple con el requisito de \u00abinmediatez\u00bb, pues su veredicto data de agosto de 2012 (fl. 36, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda, al considerar, que \u00abel actor no cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez que rige la acci\u00f3n de tutela\u00bb pues esper\u00f3 \u00abm\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la citada decisi\u00f3n, que el demandante califica de atentatoria de sus prerrogativas\u00bb para promoverla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  Adem\u00e1s, el pronunciamiento cuestionado resulta  respetable por cuanto \u00abde la actuaci\u00f3n adelantada se extracta  que la misma se ajust\u00f3 a la normatividad que gobernaba el rito correspondiente, esto es, la Ley 600 de 2000, de ah\u00ed que no pueda predicarse la existencia de v\u00edas de hecho\u00bb, resaltando que este instrumento no tiene \u00abel car\u00e1cter de una tercera instancia o de mecanismo paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, ni como una alternativa en caso de no haber hecho uso de los mismos en debida forma\u00bb. Finalmente, para alegar la supuesta prescripci\u00f3n frente del delito de lesiones personales el quejoso puede acudir a la \u00abacci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb (fls. 70-87, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante sin expresar los motivos de su disenso (fl. 96, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta cuando el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico respete los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad de que las sentencias judiciales pueden desconocer las prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.- Observada la inconformidad planteada, surge que para el promotor el Tribunal acusado incurri\u00f3 \u00abdefecto factico y procedimental\u00bb al condenarlo sin permitirle el derecho de contradicci\u00f3n y desconociendo que respecto de las lesiones personales ya hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.- Del examen de las piezas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.1. Fallo de 22 de septiembre de 2011, del Juzgado Penal del Circuito de Garagoa, que \u00ababsolvi\u00f3\u00bb al peticionario de \u00ablos punibles de homicidio agravado, lesiones personales y porte ilegal de armas\u00bb (fls. 62-67, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Providencia de 28 de agosto de 2012, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, que revoc\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n y sentenci\u00f3 al impugnante a \u00abveintis\u00e9is (26)  a\u00f1os de prisi\u00f3n\u00bb como autor \u00abde los delitos de homicidio agravado y lesiones personales\u00bb, al tiempo que declar\u00f3 prescrita la \u00abacci\u00f3n penal (\u2026) por el delito de tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de arma de fuego o municiones\u00bb (fls. 40-57, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Este amparo deviene improcedente cuando no se impulsa dentro de un t\u00e9rmino razonable, comoquiera que es de esperar que el perjudicado obre con premura a fin de evitar la consolidaci\u00f3n del da\u00f1o, m\u00e1s a\u00fan si dice derivarlo de una providencia judicial, a partir de lo cual esta Sala ha forjado como par\u00e1metro, aunque no a manera de regla inamovible, que es necesario instaurarlo dentro de un lapso no mayor a seis (6) meses.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta (CSJ, STC 17 mar. 2014, rad. 00012-01, reiterada en STC12196-2014, 11 sep., rad. 01892-00 y STC3505-2016, 17 mar., rad. 00194-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este caso, como el memorialista tard\u00f3 m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os en denunciar la presunta infracci\u00f3n ius-fundamental, es claro que no se cumple con el comentado requisito, lo que descarta la conducencia de esta herramienta jur\u00eddica, ideada por el constituyente para \u00abprotecci\u00f3n inmediata\u00bb de las garant\u00edas esenciales (art\u00edculo 86 Superior).  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

5. Adicionalmente, en la tarea de administrar justicia los falladores ordinarios gozan de una discreta libertad para la interpretaci\u00f3n del ordenamiento, por lo que el juez del resguardo no puede inmiscuirse en los pronunciamientos de aquellos mientras no reflejen una desviaci\u00f3n evidente o grosera de la ley, que puntualmente en este caso no hay.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el sub-j\u00fadice el sentenciador enjuiciado expres\u00f3 que la v\u00edctima de las lesiones desde un principio identific\u00f3 al accionante como uno de los responsables de los \u00abil\u00edcitos investigados, espec\u00edficamente de haberle dado muerte a su esposo (\u2026) y herido a ella\u00bb, pese a que era de noche y los agresores llegaron encapuchados a su finca diciendo ser paramilitares, encontr\u00f3 que esa versi\u00f3n inicial \u00abmerece credibilidad por que los conoc\u00eda, los identificaba por el timbre de su voz y por sus especiales condiciones f\u00edsicas, as\u00ed como por la ropa que la noche de autos portaban [y] que fue encontrada en la casa\u00bb del promotor, desestim\u00e1ndose en cambio lo que ella narr\u00f3 posteriormente al retractarse aduciendo \u00abuna situaci\u00f3n mental de desequilibrio ocasionada en un supuesto maleficio, que no tiene ning\u00fan respaldo\u00bb (fl. 50, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, al margen de si la Corte comparte o no esas conclusiones, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno, toda vez que son fruto de la valoraci\u00f3n respetable de las pruebas y las regulaciones penales; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda e independencia propia de los operadores jur\u00eddicos reconocida en la propia Carta Pol\u00edtica (art\u00edculo 230).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En casos similares se ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) sin necesidad de que la Corte acoja o no las conclusiones del acusado, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de valoraci\u00f3n respetable de las leyes penales; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda e independencia reconocida a los juzgadores por el propio Constituyente (CSJ, STC2215-2016, 25 feb., rad. 00061-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Este auxilio tampoco es procedente mientras subsistan otras v\u00edas legales para remediar la presunta afectaci\u00f3n. En este sentido, como lo advirti\u00f3 el a-quo, los reparos acerca de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal pueden exponerse a trav\u00e9s de la \u00abacci\u00f3n revisi\u00f3n\u00bb, en armon\u00eda con lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 220 de la Ley 6000 de 2000, que la permite justamente para debatir si aqu\u00e9lla \u00abno pod\u00eda iniciarse o proseguirse\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, ha dicho la Sala que,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) si la accionante no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al funcionario competente. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial o administrativo no logran protegerse los derechos fundamentales invocados (CSJ, STC7350-2015, 11 jun., rad. 01155-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.- Consecuentemente con lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo objeto de la impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2902-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2017-00030-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99805","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99805"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99805\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}