{"id":99806,"date":"2026-06-25T19:25:44","date_gmt":"2026-06-25T19:25:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2907-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:25:44","modified_gmt":"2026-06-25T19:25:44","slug":"stc2907-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2907-2017\/","title":{"rendered":"STC2907-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2907-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00026-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 25 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabi\u00e1n David Pach\u00f3n Reyes contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El quejoso demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos igualdad, \u00abbuena fe\u00bb, seguridad jur\u00eddica, educaci\u00f3n, \u00abescogencia de profesi\u00f3n u oficio\u00bb, trabajo y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que es padre cabeza de familia y para procurar la subsistencia del grupo familiar ejerce como abogado bajo licencia temporal.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que realiz\u00f3 la judicatura en la sociedad Insoldex Colombia S.A.S. bajo la modalidad ad-honorem entre el 4 de mayo de 2015 y el 30 de junio de 2016, \u00aben un horario de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes\u00bb, desarrollando funciones propias de un \u00abconsultor y asesor jur\u00eddico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que mediante Resoluci\u00f3n 5955 de 2016 la convocada deicidio \u00abnegar el reconocimiento\u00bb, posici\u00f3n que reitero en la Resoluci\u00f3n 7194 de 29 de diciembre del mismo a\u00f1o, al definir la reposici\u00f3n que interpuso, aduciendo que la vinculaci\u00f3n fue \u00aben calidad ad-honorem\u00bb y que la empresa \u00abno se encuentra bajo la inspecci\u00f3n, vigilancia y control de una de las superintendencias establecidas en el pa\u00eds\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que la \u00abnegativa de la accionada\u00bb le imposibilita cumplir con los requisitos de grado y transgrede su derecho a la igualdad, pues en el fallo T-028 de 2016 se estudi\u00f3 un caso como el suyo y se reconoci\u00f3 la \u00abpr\u00e1ctica jur\u00eddica\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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3. Del escrito de tutela logra inferirse que pide reconocer la \u00abjudicatura\u00bb para optar al t\u00edtulo de abogado (fls. 24-39, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La unidad censurada afirm\u00f3, en resumen, que deneg\u00f3 la pretensi\u00f3n del gestor porque la legislaci\u00f3n s\u00f3lo admite dicha pr\u00e1ctica ad-honorem en algunas instituciones p\u00fablicas y en asociaciones de consumidores o, seg\u00fan la jurisprudencia invocada, en organizaciones sin \u00e1nimo de lucro con enfoque \u00aben el sector de la justicia\u00bb, pero aqu\u00e9l la desarroll\u00f3 sin paga en una compa\u00f1\u00eda comercial que no est\u00e1 \u00abinspeccionada, vigilada y\/o controlada\u00bb por ninguna superintendencia, que es el otro requisito, adem\u00e1s de la remuneraci\u00f3n, para realizarla en sociedades mercantiles.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3 que en su p\u00e1gina web, o incluso de forma verbal o por derecho de petici\u00f3n, ofrece informaci\u00f3n completa \u00abpara ilustrar y orientar al egresado (\u2026) respecto al tema de la labor de judicatura, los tiempos a realizar, en qu\u00e9 entidades realizarla en forma ad-honorem o remunerada\u00bb, por lo que \u00ablos principios de la buena fe y la seguridad jur\u00eddica no fueron vulnerados, m\u00e1xime cuando la ignorancia de la ley no sirve de excusa y m\u00e1s trat\u00e1ndose de  profesionales del derecho\u00bb (fls. 50-54 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda porque el peticionario no est\u00e1 en las mismas condiciones del precedente \u00abque cita extensamente\u00bb, pues \u00ablas labores por \u00e9l desempe\u00f1adas en la \u201cpr\u00e1ctica jur\u00eddica\u201d lo fueron en beneficio de una empresa privada con \u00e1nimo de lucro, mientras que en el caso de la acci\u00f3n resuelta de fondo mediante la sentencia T-028 de 2016, la accionante prest\u00f3 sus servicios a una entidad internacional adscrita a la ONU, cuyas actividades se dirigen a la prestaci\u00f3n de servicios sociales. Esta situaci\u00f3n difiere de este asunto, si en cuenta se tiene que el actor intent\u00f3 cumplir con la referida exigencia acad\u00e9mica en una empresa comercial de naturaleza privada y con \u00e1nimo de lucro que no se encuentra vigilada por alguna superintendencia en los t\u00e9rminos de la Ley 1086 de 2006\u00bb (fls. 85-88, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el querellante aduciendo que se le causa un perjuicio irremediable, dado que a partir del 20 de enero de 2017, cuando venza su licencia temporal, no podr\u00e1 seguir interviniendo en los n\u00fameros procesos que ven\u00eda asumiendo, los que tambi\u00e9n corroboran su idoneidad y que \u00abla pr\u00e1ctica jur\u00eddica realizada surti\u00f3 los efectos y prop\u00f3sitos que quiso el legislador\u00bb. Por tanto, reprocha la que denomina \u00abuna interpretaci\u00f3n inadecuada de la norma otorgando entendimientos rigurosos y ritualistas\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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Aduce que el a-quo motiv\u00f3 su decisi\u00f3n en una \u00abtutela de primera instancia\u00bb (sic), dej\u00f3 de pronunciarse \u00absobre los derechos fundamentales a la educaci\u00f3n, a la escogencia de profesi\u00f3n u oficio, al trabajo y al m\u00ednimo vital\u00bb, y no analiz\u00f3 que en el prenombrado fallo T-028 de 2016 \u00abla entidad donde se realiz\u00f3 la pr\u00e1ctica jur\u00eddica no se encontraba ni vigilada, ni controlada, ni inspeccionada por alguna de las supersociedades (sic)\u00bb y no se requiri\u00f3 remuneraci\u00f3n, pues en la \u00abT-892A\/06\u00bb se estableci\u00f3 que \u00ablo relevante son las funciones y el cargo y no las condiciones econ\u00f3micas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1ade que la empresa donde labor\u00f3 \u00abse encuentra inspeccionada (\u2026) desde [su] constituci\u00f3n e inscripci\u00f3n en el registro mercantil y desde ese momento el estado por conducto de la supersociedades ejerce un grado de intervenci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n\u00bb, sin que se requiere que al concomitantemente est\u00e9 vigilada y controlada como lo presume la acusada, acorde con \u00abel fallo de tutela 67584\u00bb de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el cual tiene efectos \u00abintercomunis\u00bb as\u00ed no lo diga expresamente (fls 104-115 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando la acci\u00f3n de amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y aun de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a esta herramienta, dada su naturaleza subsidiaria y residual, no tuviese a su alcance otros medios legales eficaces para salvaguardar sus prerrogativas, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable que no pueda conjurarse por las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

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       2. A trav\u00e9s este mecanismo excepcional el quejoso persigue que la autoridad denunciada le reconozca  como \u00abjudicatura\u00bb el per\u00edodo laborado al servicio de Insolex Colombia S.A.S  <\/span><\/p>\n

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3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       3.1. Certificaci\u00f3n de Insolex Colombia S.A.S. acerca de que el actor realiz\u00f3 una \u00abpr\u00e1ctica jur\u00eddica\u00bb del 4 de mayo de 2015 al 30 de junio de 2016 (fls. 21-23 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Resoluci\u00f3n n\u00b0 5955 de 2016, emitida por la accionada, que niega el reconocimiento de esa \u00abpr\u00e1ctica jur\u00eddica\u00bb porque la vinculaci\u00f3n fue ad-honorem y la compa\u00f1\u00eda no permanece sometida  a la \u00abinspecci\u00f3n, vigilancia y control de una de las superintendencias del pa\u00eds\u00bb (fls. 2-3 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Esta Sala ha enfatizado que la tutela no es un instrumento propicio para anular, revocar o derogar los actos administrativos, incluso de car\u00e1cter particular y concreto. Con ese prop\u00f3sito, en cambio, el legislador estableci\u00f3 los \u00abmedios de control\u00bb que contempla el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre ellos la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, donde puede desplegar todo  el debate que aqu\u00ed propone acerca de la validez de la decisi\u00f3n de la enjuiciada.  <\/span><\/p>\n

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En casos como este, la Corporaci\u00f3n ha defendido que la idoneidad de esas v\u00edas judiciales hace improcedente este resguardo, por dem\u00e1s de car\u00e1cter netamente residual, incluso trat\u00e1ndose de actos administrativos como el que suscita la inconformidad en este caso, al sostener que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos, como el expedido por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, deben discutirse ante los funcionarios y la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que esta v\u00eda pueda sustituir los mecanismos creados para ese fin.  <\/span><\/p>\n

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Por ello, si la afectada no estaba de acuerdo con la Resoluci\u00f3n n\u00ba 3717, debi\u00f3 reclamar la nulidad, atendiendo la oportunidad y requisitos legales para ello, situaci\u00f3n que impide emplear esta senda dada su naturaleza subsidiaria.  <\/span><\/p>\n

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En dicho escenario es viable insistir sobre el petitum, as\u00ed como adjuntar todos los elementos de convicci\u00f3n que estime pertinentes, resultando por dem\u00e1s eficaz para el fin perseguido, lo que no puede suplirse por esta v\u00eda breve y sumaria (CSJ, STC2671-2016, 3 mar., rad. 00011\u201401).  <\/span><\/p>\n

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       Con id\u00e9ntica orientaci\u00f3n, en un asunto parecido esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) es palmario que la querellante dispone de otro mecanismo de defensa judicial, consistente en la iniciaci\u00f3n de la correspondiente acci\u00f3n por la v\u00eda contencioso-administrativa para que, previo el adelantamiento del tr\u00e1mite establecido para ello, los jueces de esa jurisdicci\u00f3n resuelvan si efectivamente la autoridad p\u00fablica quebrant\u00f3 sus garant\u00edas esenciales, al no aceptarle como \u201cpr\u00e1ctica jur\u00eddica\u201d, la labor que desarroll\u00f3 en la empresa \u2026Sin duda es ese el \u00e1mbito donde puede plantearse y discutirse a espacio si le asiste o no raz\u00f3n al encartado al asegurar que \u201clas entidades privadas no est\u00e1n autorizadas\u201d por la Ley 1086 de 2006 para vincular personas que pretendan hacer \u201cla judicatura\u201d, como requisito alternativo de la tesis de grado, para obtener el t\u00edtulo de abogado, en raz\u00f3n a que no cumplen \u201clas funciones de inspecci\u00f3n, vigilancia y control ejercidas por alguna de las superintendencia\u201d o si, por el contrario, es la tesis esgrimida por la demandante la llamada a gobernar la controversia (CSJ, STC 1\u00ba ago. 2012, rad. 00108-01, reiterada en STC2671-2016, ya citada).  <\/span><\/p>\n

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5. Respecto del acatamiento de los fallos T-892A de 2006 y T-028 de 2016, basta se\u00f1alar que, al igual que lo advirti\u00f3 el Tribunal, los presupuestos f\u00e1cticos de esos precedentes difieren sustancialmente del caso que aqu\u00ed se estudia, lo que por s\u00ed mismo impide replicar las sub-reglas  establecidas en esas providencias.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la primera de ellas -la T-892A\/06- se excus\u00f3 el requisito de que la \u00abpr\u00e1ctica jur\u00eddica\u00bb fuese remunerada porque el estudiante reclamaba el reconocimiento de \u00abla pr\u00e1ctica jur\u00eddica que hizo en la Alcald\u00eda de Istmina\u00bb, estim\u00e1ndose que deb\u00eda permitirse la modalidad ad-honorem en las entidades p\u00fablicas, aun del orden municipal, pues \u00abcon ello se garantizar\u00e1 que aquellos que escojan la segunda alternativa sean quienes tengan vocaci\u00f3n definida de servicio a la comunidad a trav\u00e9s del ejercicio del derecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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La T-028 de 2016 tambi\u00e9n se ocup\u00f3 de una pol\u00e9mica diferente, comoquiera que all\u00ed la peticionaria hab\u00eda realizado la \u00abjudicatura\u00bb en la \u00abOficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el \u00e1rea de prevenci\u00f3n del delito y fortalecimiento de la justicia -PROJUST\u00bb, organismo que aunque no le pag\u00f3 por sus servicios ni est\u00e1 sometido a la vigilancia estatal, \u00abcumple con funciones encaminadas a proteger y promocionar el respeto de los derechos humanos y la protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico, a trav\u00e9s de fortalecimiento del aparato institucional del Estado, espec\u00edficamente en el sector de la justicia y su pol\u00edtica criminal. Bajo este entendido, la accionante desempe\u00f1\u00f3 su pr\u00e1ctica jur\u00eddica en una instituci\u00f3n cuyas funciones cumplen plenamente los objetivos de garantizar que los estudiantes pr\u00f3ximos a obtener el t\u00edtulo de abogac\u00eda cuenten con un ejercicio jur\u00eddico previo articulado a una actividad de servicio social\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En el caso sub-j\u00fadice, por el contrario, el promotor labor\u00f3 para una sociedad comercial de derecho privado, lo  que desvirt\u00faa que las gestiones all\u00ed realizadas comporten ese ingrediente altruista necesario, seg\u00fan la jurisprudencia en comento, para obviar los requisitos que ech\u00f3 de menos la accionada, puesto que, por regla, \u00abla pr\u00e1ctica jur\u00eddica en la calidad de ad-honorem cumple una labor social inherente a la profesi\u00f3n de abogado, que se armoniza con el principio de solidaridad que establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y con los deberes de colaboraci\u00f3n que se predican de la persona y del ciudadano en torno al buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) [dado] que los fines de la Judicatura no son otros que prestar un servicio c\u00edvico que coadyuve a la materializaci\u00f3n de los fines del Estado\u00bb (C.C., T-932\/12).  <\/span><\/p>\n

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6. Ahora, cabe agregar en lo que se refiere al pronunciamiento de la Sala Casaci\u00f3n Penal de fecha  9 de junio de 2013, radicado 67584, se observa que analiz\u00f3 \u00fanicamente si pod\u00eda exigirse \u00abla inspecci\u00f3n como \u00fanico requisito para autorizar la judicatura en una entidad privada\u00bb,  es decir que en esa ocasi\u00f3n el debate apenas gravit\u00f3 sobre uno de los dos ejes de la controversia que se presenta en este caso, ya que nada se dijo acerca de la necesidad de que la pr\u00e1ctica en las instituciones de derecho privado sean remuneradas.  <\/span><\/p>\n

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Desde luego esa disparidad descarta que aqu\u00ed puedan replicarse aquellos planteamientos, puesto que son otros los hechos.   <\/span><\/p>\n

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7. Finalmente, con insistencia se ha explicado que el perjuicio irremediable debe probarse, ya que alegarlo no es suficiente, por lo que espec\u00edficamente el actor ten\u00eda sobre s\u00ed la carga de acreditar que la negativa de la demandada le supuso un detrimento no s\u00f3lo injustificado, sino irreversible en sus prerrogativas a la educaci\u00f3n, libertad de profesi\u00f3n u oficio, trabajo y m\u00ednimo vital, de manera que como dej\u00f3 de hacerlo no puede concederse la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la petente se limit\u00f3 a aducir que no se hab\u00eda podido graduar y que era madre cabeza de familia, pero no prob\u00f3 una circunstancia de urgencia o peligro que amerite acceder al amparo (\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 may. 2010, exp. 00249-01, reiterada 5 feb. 2015, exp. STC799)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

(CSJ, STC2671-2016, 3 mar., rad. 00011-01).  <\/span><\/p>\n

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8. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo censurado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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               Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC2907-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00026-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99806","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99806","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99806\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}