{"id":99809,"date":"2026-06-25T19:25:59","date_gmt":"2026-06-25T19:25:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2916-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:25:59","modified_gmt":"2026-06-25T19:25:59","slug":"stc2916-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2916-2017\/","title":{"rendered":"STC2916-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2916-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2016-00302-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto concedi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Sandra Elizabeth Pati\u00f1o Montufar contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de los integrantes de la lista de elegibles de la Convocatoria para Procuradores Judiciales II.  <\/span><\/p>\n

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1. La quejosa demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, \u00abderechos adquiridos\u00bb, \u00abm\u00e9rito\u00bb, seguridad jur\u00eddica, acceso a cargos p\u00fablicos, confianza leg\u00edtima, igualdad y buena fe, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que super\u00f3 las etapas del concurso para Procurador Judicial II y  en la lista de elegibles ocup\u00f3 el puesto 103.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que en el mes de agosto de 2016 se notificaron los nombramientos de los 94 cargos de procurador judicial II vacantes.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que el 12 de septiembre del a\u00f1o anterior present\u00f3 derecho de petici\u00f3n para conocer cu\u00e1ntos de los beneficiados no aceptaron el cargo o dejaron de posesionarse.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que el 12 de octubre pasado le respondieron que 68 participantes se posesionaron, diecinueve (19) solicitaron pr\u00f3rroga y seis (6) no aceptaron; adem\u00e1s, que tienen otras 52 vacantes \u00abpor cuenta de la insuficiencia de lista de elegibles de las convocatorias\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.  Que con esa informaci\u00f3n, y enterada de que uno de los reci\u00e9n posesionados renunciar\u00eda, por lo que ser\u00edan al menos siete (7) las vacantes, el 10 de noviembre siguiente pidi\u00f3 que le indicasen cu\u00e1les aspirantes las ocupar\u00edan y cu\u00e1ntas ser\u00edan finalmente las plazas, \u00abde existir alguno novedad, nueva pr\u00f3rroga o dimisi\u00f3n\u00bb. Este requerimiento no ha sido atendido.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que atendiendo una reclamaci\u00f3n de otro postulante, el  15 de noviembre de esa anualidad la encartada inform\u00f3 que en realidad son doce (12) vacantes, pues de los 94 cargos disponibles, ya se posesionaron 80 personas y dos (2) m\u00e1s fueron reubicadas.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que, no obstante, el 21 de noviembre \u00faltimo recibi\u00f3 por correo electr\u00f3nico otra respuesta al primer derecho de petici\u00f3n, fechada 3 de octubre de 2016, donde se le precis\u00f3 que 68 concursantes se posesionaron, otros cinco (5) no aceptaron, dos (2) declinaron el nombramiento y diecisiete (17) m\u00e1s solicitaron pr\u00f3rroga.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que haciendo un cruce de esos datos y tomando en cuenta que hace poco dimiti\u00f3 otra candidata, actualmente ser\u00edan m\u00e1s de quince (15) las plazas.  <\/span><\/p>\n

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2.9. Que, en resumen, como una vez agotadas las 94 designaciones quedan entre doce (12) y quince (15) cargos por proveer, tiene derecho a que la postulen pues en el listado estaba s\u00f3lo nueve (9) lugares abajo; aun as\u00ed todav\u00eda no la han escogido.  <\/span><\/p>\n

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3. Pretende, en consecuencia, ordenar al Jefe del Ministerio P\u00fablico \u00abexpedir el acto administrativo de [su] nombramiento como Procurador Judicial II Delegado para la Conciliaci\u00f3n Administrativa\u00bb, ubic\u00e1ndola en la \u00abSede Bogot\u00e1\u00bb (fls. 1-15 y 130-131, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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Jerly Lorena Ardila Camacho, quien est\u00e1 en el puesto 101 del listado de elegibles, coadyuv\u00f3 el resguardo, reiterando, en suma, los argumentos de la gestora, aunque solicitando que se respete la prevalencia de ese escalaf\u00f3n (fls. 163 y 164, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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La demandada guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal concedi\u00f3 la salvaguarda porque, si bien la jurisprudencia constitucional ha admitido que una de las excepciones a la regla de la subsidiariedad, que hace improcedente este amparo, surge \u00abprecisamente cuando la administraci\u00f3n ha omitido efectuar el nombramiento en carrera\u00bb, para la provisi\u00f3n de esos cargos debe acatarse el art\u00edculo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, el cual se\u00f1ala que efectuados los nombramientos se retirar\u00e1 a aquellos que no hubieren aceptado o posesionado \u00abpor razones ajenas a su voluntad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que la falta de aceptaci\u00f3n o de posesi\u00f3n por s\u00ed solos no bastan para excluir a un candidato, al igual que tiene importancia el hecho de que algunos de los aspirantes \u00abya posesionados\u00bb est\u00e1n concluyendo o ya terminaron el per\u00edodo de prueba y esto podr\u00eda aumentar las plazas libres, por lo que es indispensable \u00abconsolidar tanto el n\u00famero de vacantes restantes con posterioridad  a los nombramientos y las posesiones que efectivamente se llevaron a cabo, as\u00ed como la necesidad de actualizar el listado de elegibles, y de esa manera determinar nuevamente la posici\u00f3n que la accionante ocupa en la actualidad para el cargo de Procurador Judicial II, sin que ello implique tal proceso se prolongue en el tiempo de forma indefinida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, ampar\u00f3 el derecho al acceso a cargos p\u00fablicos y orden\u00f3 que la accionada defina la situaci\u00f3n de la quejosa en un t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas h\u00e1biles (fls. 166-171, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En un principio la querellante reproch\u00f3 el plazo establecido por el a-quo, dado que supera el de veinte (20) d\u00edas previsto en el art\u00edculo 217 del Decreto Ley 262 de 2000 y es \u00abuna especie de fallo inhibitorio (ya extinto), en tanto se limit\u00f3 a trasladar a la Procuradur\u00eda la facultad de definir\u00bb su derecho a posesionarse. Tambi\u00e9n insisti\u00f3 en que \u00abno  hay justificaci\u00f3n alguna para no continuar el estricto orden descendente y proveer los otros seis (6) cargos vacantes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Ya en esta instancia explic\u00f3 que la nombraron en la \u00abProcuradur\u00eda 34 Judicial II para Asuntos de la Conciliaci\u00f3n Administrativa con sede en la ciudad de Neiva\u00bb, dej\u00e1ndose de lado que a\u00fan queda una plaza disponible para el mismo cargo en Bogot\u00e1, ciudad que  expresamente seleccion\u00f3, desde un principio, como \u00absegunda sede de preferencia\u00bb. Por ende, el pasado 7 de febrero radic\u00f3 una reclamaci\u00f3n ante el organismo enjuiciado buscando que se modifique el respectivo decreto y se respete su elecci\u00f3n, como se hizo en otros casos.  <\/span><\/p>\n

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Por ende, solicita ordenarle a la Procuradur\u00eda que se abstenga de proveer la vacante en la capital del pa\u00eds, mientras se desata la presente impugnaci\u00f3n (fls. 175-192, cdno.1 y 4-41, cdno.2).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando la acci\u00f3n de amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y aun de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a esta herramienta, dada su naturaleza subsidiaria y residual, no tuviese a su alcance otros medios legales eficaces para salvaguardar sus prerrogativas, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable que no pueda conjurarse por las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

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       2. Observada la inconformidad planteada en el escrito de impugnaci\u00f3n, resulta claro que en este punto la controversia se reduce exclusivamente a verificar si a trav\u00e9s de esta herramienta residual puede ordenarse que la peticionaria sea designada como Procuradora Judicial II en Bogot\u00e1, no en Neiva como ya se hizo, pese a que est\u00e1 en curso una \u00abreclamaci\u00f3n\u00bb que elev\u00f3 con el mismo objeto.  <\/span><\/p>\n

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       3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       3.1. Decreto 576 de 27 de enero de 2017, de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por el cual se nombr\u00f3 \u00aben per\u00edodo de prueba\u00bb a la gestora \u00aben el cargo de Procuradora Judicial II para Asuntos de Conciliaci\u00f3n Administrativa, C\u00f3digo 3PJ, Grado EC, con sede en la ciudad de Neiva\u00bb (fls. 31-33, cdno. 2).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Escrito del 7 de febrero \u00faltimo, con el cual la actora solicit\u00f3 la \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb del precitado acto administrativo \u00aba efecto de ser nombrada en el cargo de Procurador 3 Judicial II para Asuntos de la Conciliaci\u00f3n Administrativa en Bogot\u00e1, ya que a la fecha esta sede falta por ser provista y [se] encuentra en orden de elegibilidad de la respectiva lista a dicho cargo\u00bb, indicando que desde un inicio escogi\u00f3 como plaza alterna la Capital del Pa\u00eds (fls. 34-41 y132 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. Esta Corporaci\u00f3n reiteradamente ha sostenido que este amparo no opera mientras subsistan mecanismos ordinarios de defensa id\u00f3neos para conjurar la presunta afectaci\u00f3n ius-fundamental, pues en ese evento lo pertinente es agotar dichos canales.  <\/span><\/p>\n

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Esto significa, para el caso concreto, que el resguardo no puede concederse en la forma perseguida en la impugnaci\u00f3n, comoquiera que a\u00fan est\u00e1 en curso la petici\u00f3n de \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb presentada por la quejosa con el prop\u00f3sito de que la nombren \u00abProcurador 3 Judicial II para Asuntos de la Conciliaci\u00f3n Administrativa en Bogot\u00e1\u00bb, lo que a su vez hace inoficioso ordenar que el ente encargado se abstenga de proveer esa plaza, como se suplic\u00f3 en la impugnaci\u00f3n, ya que ello es un efecto propio de ese tipo de \u00abreclamaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Es que dado el car\u00e1cter eminentemente subsidiario de este instrumento de protecci\u00f3n, no hay manera de que el juez de tutela invada la \u00f3rbita de competencia de otros servidores y, careciendo de suficientes elementos de juicio, resuelva precipitadamente un requerimiento de esa naturaleza, arrog\u00e1ndose as\u00ed funciones que claramente no tiene.   <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular ha dicho la Sala:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Se ha reiterado que esta salvaguarda no es apta para suplantar los tr\u00e1mites ordinarios al alcance de las personas, dado su car\u00e1cter eminente residual que s\u00f3lo la hace viable ante la inexistencia de otro mecanismo legal. As\u00ed, se ha definido que no puede utilizarse si primero no se acude ante las autoridades encargadas de resolver sobre lo pretendido (CSJ, STC5436-2016, 28 abr., rad. 2015-00255-01).  <\/span><\/p>\n

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Por consiguiente, como no puede accederse a las pretensiones concretas de la promotora planteadas en esta instancia, pero todav\u00eda persiste la necesidad de que la autoridad denunciada defina su situaci\u00f3n, se justifica mantener la decisi\u00f3n del Tribunal, incluyendo el plazo de treinta (30) d\u00edas que dio para adoptar una determinaci\u00f3n, del cual restan por cumplirse apenas diez (10) d\u00edas, contando desde la notificaci\u00f3n del fallo de primer grado (fl.174, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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5. Finalmente, prev\u00e9 el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991 que el juez, \u00abtan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u00bb. Por tanto, no hay lugar a ordenar el requerimiento a la accionada que a \u00faltima hora deprec\u00f3 la gestora en esta instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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               Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC2916-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2016-00302-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99809","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99809","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99809"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99809\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99809"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99809"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99809"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}