{"id":99813,"date":"2026-06-25T19:26:29","date_gmt":"2026-06-25T19:26:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2923-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:26:29","modified_gmt":"2026-06-25T19:26:29","slug":"stc2923-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2923-2017\/","title":{"rendered":"STC2923-2017"},"content":{"rendered":"

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                                 <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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                                STC2923-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00383-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo Klusmann Calder\u00f3n en frente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, concretamente contra el magistrado Jos\u00e9 David Corredor Espitia, y los Juzgados Primero, Diecis\u00e9is, Primero de Descongesti\u00f3n y Tercero de Ejecuci\u00f3n Civiles del Circuito, todos de esa urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- El promotor depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abvivienda digna\u00bb,  presuntamente vulnerados por las autoridades encartadas dentro del juicio ejecutivo hipotecario que le formul\u00f3 el Banco BCSC.  <\/span><\/p>\n

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       2.- Argument\u00f3, como base de su reproche, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- Como deudor contrat\u00f3 un cr\u00e9dito hipotecario para la adquisici\u00f3n de \u00abvivienda\u00bb, el cual fue ajustado en upac y respaldado con t\u00edtulo valor, pagar\u00e9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.2.- Una vez efectuada la \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb de la citada obligaci\u00f3n y sin haberse materializado la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb de la misma, por \u00abel crecimiento de las cuotas por el upac y la imposibilidad de seguirlas pagando, [\u2026] fu[e] demandado [\u2026] ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, en el mes de enero de 1999\u00bb, acaeciendo que, tras d\u00e1rsele al sub lite la radicaci\u00f3n 1999-0008, se libr\u00f3 orden de apremio en su contra bajo dichos t\u00e9rminos.  <\/span><\/p>\n

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       2.3.- Ulteriormente, ese despacho acusado dict\u00f3 la sentencia N\u00ba. 1034 datada 24 de julio de 2001, dando por terminado el sub examine \u00abpor falta de la reestructuraci\u00f3n, par\u00e1grafo 3 del art\u00edculo 42 de la Ley 546\/99\u00bb, para lo cual dio \u00abaplicaci\u00f3n [a] las diferentes sentencias de la Corte Constitucional emitidas hasta la fecha, y revisando la nulidad del Consejo de Estado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.4.- La colegiatura recriminada, previa apelaci\u00f3n interpuesta por su contraparte, revoc\u00f3 el fallo de marras el 29 de octubre de esa misma anualidad.  <\/span><\/p>\n

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        2.5.- Por ello, y luego de que se fij\u00f3 fecha de \u00abremate\u00bb, ante la c\u00e9lula judicial primera querellada, el d\u00eda 12 de mayo de 2004, \u00abpresent\u00f3 escrito de suspensi\u00f3n y posterior nulidad para la terminaci\u00f3n del proceso por falta de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito demandado antes del 31\/12\/99\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.6.- Continuando la actuaci\u00f3n correspondiente, el \u00ab24\/05\/2005 se realiz\u00f3 la segunda diligencia [sic] de remate, por parte de la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Cali y se declar\u00f3 desierto\u00bb; por ende, aconteci\u00f3 la \u00abadjudicaci\u00f3n\u00bb del predio objeto de gravamen real a favor de la entidad bancaria ejecutante, a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n n\u00famero \u00ab643 del 29\/07\/2005\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.7.- A secuela de lo anterior, se orden\u00f3 la \u00abentrega del bien inmueble\u00bb, hecho que le \u00abcre[\u00f3] una gran zozobra por el da\u00f1o que esto [l]e causar\u00eda, a pesar de las s\u00f3lidas razones jur\u00eddicas que ten\u00edan los jueces para dar por terminado este proceso, por lo cual en medio de [su] desesperaci\u00f3n hi[zo] una segunda tutela, incluyendo m\u00e1s sentencias de la Corte Constitucional\u00bb, siendo que tal solicitud de amparo tambi\u00e9n fue negada por la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 15 de diciembre de 2005.  <\/span><\/p>\n

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       2.8.- No obstante ello, logr\u00f3 que se \u00absuspendiera\u00bb la diligencia de \u00abentrega\u00bb y, luego de transcurrir un prolongado lapso, \u00abel Juzgado Primero Civil del Circuito\u00bb accionado, por pronunciamiento \u00abdel 23\/07\/2012, orden[\u00f3] el archivo del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.9.- Tiempo despu\u00e9s, una vez se reactiv\u00f3 el sub judice, \u00abal darse conocimiento de la solicitud de entrega por parte del [extremo] demandante que pone fin al proceso, con grave da\u00f1o para [\u00e9l], hizo el escrito de oposici\u00f3n a la solicitud del demandante y a su vez [\u2026] solicit[\u00f3] la terminaci\u00f3n del proceso en aplicaci\u00f3n a la Ley 546\/99, a las sentencias de la Corte Constitucional en especial la SU 813\/07, por falta de acreditaci\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, ocurriendo que \u00ab[e]l Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, expidi\u00f3 el auto sin # del 7\/10\/2013, despu\u00e9s de considerar la no aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 42 de la Ley 546\/99, por extempor\u00e1nea e improcedente, y la cosa juzgada, negando la terminaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.10.- Frente a la precitada determinaci\u00f3n, y haciendo \u00abentrega del Certificado de [T]radici\u00f3n 370-38462 con el [C]\u00f3digo [C]atastral 760010100090600060045000000045\u00bb, que muestra \u00ablas anotaciones de adjudicaci\u00f3n de la cosa hipotecada, y de venta del bien inmueble, as\u00ed: \u201cAnotaci\u00f3n #20 del 14-10-2005, radicaci\u00f3n: 2005-83636 valor acto $170.597.713.00. Documento: Auto 643 del 29\/07\/2005 juzgado primero civil del cto de cali, especificaci\u00f3n: 00107 adjudicaci\u00f3n de la cosa hipotecada (remate) a favor del banco colmena s. a. de: klusmann calder\u00f3n guillermo a: banco colmena s. a. (x) Propietario\u201d [y] \u201cAnotaci\u00f3n #21 del 21-06-2007, radicaci\u00f3n: 2007-51162 valor acto $65.165.500.00. Especificaci\u00f3n: 0125 compraventa, primera columna  de: bcsc s. a. nit. 860.007335-4 a: fundaci\u00f3n social (x) propietario\u201d\u00bb, interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, medios impugnativos que el despacho de descongesti\u00f3n recriminado, tras \u00abavocar conocimiento\u00bb, fij\u00f3 \u00aben lista [para] el traslado\u00bb secretarial correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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       2.11.- Empero, por nuevo cambio del conocimiento, el juzgado diecis\u00e9is enjuiciado, mediante prove\u00eddo de 2 de marzo de 2016, desat\u00f3 adversamente el recurso horizontal se\u00f1alando cardinalmente que \u00abseg\u00fan su interpretaci\u00f3n, no tiene aplicaci\u00f3n la sentencia su 813\/07\u00bb; dicho auto se \u00abadicion[\u00f3]\u00bb el d\u00eda 15 del mismo mes y anualidad, en el sentido de negarse \u00abla apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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          2.12.- As\u00ed las cosas, \u00abimpetr[\u00f3] recurso de reposici\u00f3n [y queja] contra el auto del 15\/03\/2016 que adiciona el auto del 2\/03\/2016 y que niega la apelaci\u00f3n reclamada contra el auto del 7\/10\/2013\u00bb, por cuanto que tal \u00abauto es de los que permiten terminar el proceso al hacer la entrega material de bien inmueble\u00bb y, por ende, la aludida providencia \u00abest\u00e1 contemplada sin m\u00e1s consideraciones de l[a]s que tienen el recurso de apelaci\u00f3n, como lo se\u00f1ala expresamente el art\u00edculo 351, numeral [6], del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.13.- La citada queja fue resuelta, el d\u00eda 12 de agosto del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, por parte del tribunal encartado que declar\u00f3 \u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto en contra del auto de fecha 07 de octubre de 2013\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.14.- En vista de lo anterior, formul\u00f3 \u00abincidente de ilegalidad del mandamiento de pago por falta de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb expresando al efecto, de un lado, que obr\u00f3 un \u00abcambio de posici\u00f3n de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, emitiendo nuevas sentencias, reconociendo la necesidad de acreditarse la reestructuraci\u00f3n (a\u00f1o 2012), y si esta no se ha hecho, debe darse por terminado el proceso\u00bb; y, de otro, que \u00abno se ha entregado el bien inmueble [otrora hipotecado], y el remate se declar\u00f3 desierto el 28\/04\/2005 (despu\u00e9s del fallo de la Corte Suprema de Justicia 11\/01\/2005), y que hay una venta simulada, e inclusive por menor valor, por lo que hay que tener en cuenta que existe un v\u00ednculo directo\u00bb entre el banco ejecutante y la \u00abFundaci\u00f3n Social\u00bb que fungi\u00f3 como compradora del apuntado predio, ya que esta \u00faltima es \u00abla propietaria del mismo Banco BCSC S. A.\u00bb, por lo cual \u00abno se presenta un tercer interviniente, persona natural\u00bb en tanto que \u00ablas dos empresas tienen un capital com\u00fan\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.15.- El despacho diecis\u00e9is querellado, \u00abcon un simple auto sin n\u00famero del 12\/10\/2016 [\u2026], y sin mayores disquisiciones \u201crechaza de plano\u201d con base al art\u00edculo 127 del C. P. C. [sic]\u00bb el aludido \u00abincidente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.16.- En punto del mentado pronunciamiento procedi\u00f3 a formular \u00abreposici\u00f3n [y] en subsidio apelaci\u00f3n [\u2026], haciendo \u00e9nfasis en la aplicaci\u00f3n de la Sentencia de la Corte Constitucional su 813\/07, que se\u00f1ala espec\u00edficamente, este caso, cuando no se ha hecho la entrega material del bien inmueble, que existiendo tutela en contra, es deber del juez ordinario dar por terminado el proceso iniciado antes del 31\/12\/99, independientemente, si se encuentra en mora o no\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.17.- Por resoluci\u00f3n de 9 de septiembre de la pasada anualidad, el aludido despacho determin\u00f3 \u00abno revocar concediendo la apelaci\u00f3n en efecto devolutivo\u00bb, tras esgrimir que como \u00abel legislador no ha enlistado dentro de los tr\u00e1mites incidentales el que sugiere el recurrente, la decisi\u00f3n no podr\u00eda ser otra que la que se adopt\u00f3 en el auto de 12 de octubre de 2016, sin que sobre precisar que, sobre la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por la ausencia de reliquidaci\u00f3n (que es el mismo argumento que trae a cuento el ejecutante en su \u201cincidente\u201d) el despacho ya resolvi\u00f3, mediante autos del 7 de octubre de 2013 y 2 de marzo de 2016, decisiones que cobraron ejecutoria\u00bb, siendo que, se duele, devino cambiado \u00abel sentido de la falta de reestructuraci\u00f3n, que determina la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.18.- El medio impugnativo vertical fue desatado adversamente por la sala cuestionada en determinaci\u00f3n de 19 de diciembre de 2016, arguyendo que \u00ab[n]o est\u00e1 por dem\u00e1s aclararle al recurrente que como lo pretendido es la declaratoria de terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de reliquidaci\u00f3n y posterior [r]estructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, en apoyo a la sentencia su-813 de 2007 conforme lo indic\u00f3 el [\u2026] juez a quo, dicho asunto ya fue motivo de discusi\u00f3n y decisi\u00f3n mediante providencia de fecha 07 de octubre de 2013 y 02 de marzo de 2016, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.19.- Se duele que las actuaciones de marras desplegadas en el sub lite quebrantan sus prerrogativas, en tanto que, cardinalmente, soslayan que en la \u00ab[S]ala [C]ivil de la Corte Suprema de Justicia, se ha presentado un cambio de posici\u00f3n interpretativa\u00bb, que depara la terminaci\u00f3n de litigios hipotecarios por falta de \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb, esto por un lado; y, por otro, que no repararon en que con la compra del predio adjudicado, realizada por \u00abla entidad Fundaci\u00f3n Social [que tambi\u00e9n] es la propietaria del Banco BCSC S. A., [\u2026] lo que se ha presentado es el traslado de un activo por un menor valor entre dos entidades del mismo grupo empresarial\u00bb, emergiendo \u00abla inexistencia de terceros intervinientes, por lo cual no hay vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros de buena fe\u00bb, m\u00f3vil por el cual \u00abqueda claro que no se presenta la circunstancia en virtud de la cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que es posible dar cabida a la protecci\u00f3n constitucional hasta antes \u201c…del registro del remate o de la adjudicaci\u00f3n…\u201d, pues tal acto beneficia propiamente al extremo ejecutante que, obviamente, se insiste, no cumple con la condici\u00f3n de un tercero\u00bb, lo que, a su turno, acarrea que no hay inobservancia al postulado de la \u00abinmediatez\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Solicita, conforme a lo relatado, se ordene \u00abla revocatoria de la sentencia de segunda instancia emitida la sala [acusada], en este proceso con radicaci\u00f3n 1999-0008, ratificando la inejecutabilidad del auto de mandamiento de pago emitido\u00bb, am\u00e9n que \u00abse levanten las medidas cautelares, ordenando la terminaci\u00f3n del proceso, condenando en costas al demandante, y archivando\u00bb el expediente.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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          El despacho tercero de ejecuci\u00f3n querellado afirm\u00f3, en breve, que \u00ablas actuaciones de las que se duele el accionante [\u2026], no han sido promovidas\u00bb all\u00ed.  <\/span><\/p>\n

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       Los dem\u00e1s, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Observada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por defecto sustancial, f\u00e1ctico y desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el auto de 19 de diciembre de 2016, dictado por el tribunal recriminado, mediante el cual confirm\u00f3 el de 12 de octubre de esa anualidad con que el juzgado diecis\u00e9is entutelado le \u00abrechaz\u00f3 de plano\u00bb el \u00abincidente de ilegalidad del mandamiento de pago por falta de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, disconformidad que en virtud a la interrelaci\u00f3n procesal que apareja de suyo tambi\u00e9n envuelve lo resuelto en la sentencia revocatoria dictada por la corporaci\u00f3n enjuiciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Conforme a las demostraciones recaudadas, se evidencian las siguientes actuaciones que ata\u00f1en directamente con la discrepancia elevada:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Resoluci\u00f3n de 7 de octubre de 2013, con que el juzgado primero entutelado neg\u00f3 la \u00absolicitud de terminaci\u00f3n\u00bb del sub judice, comoquiera que, tras haberse ordenado proseguir con la ejecuci\u00f3n mediante sentencia \u00abejecutoriada y firme\u00bb, ya obra \u00abauto aprobatorio de la subasta\u00bb (fol. 94).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Prove\u00eddo de 2 de marzo de 2016, proferido por la c\u00e9lula judicial diecis\u00e9is encartada, en virtud del cual no se revoc\u00f3 el de marras, poni\u00e9ndose de presente que el inmueble objeto del sub examine ya fue adjudicado el 29 de julio de 2005, providencia inscrita en la anotaci\u00f3n #20 del respectivo folio de matr\u00edcula, am\u00e9n que aquel fue vendido \u00aba un tercero\u00bb denominado \u00abla Fundaci\u00f3n Social\u00bb mediante Escritura P\u00fablica N\u00ba. 125 de 30 de marzo de 2007 de la Notar\u00eda 42 de Bogot\u00e1, seg\u00fan consta en la anotaci\u00f3n #21 de 21 de junio de 2007 (fls. 98 y 99).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

       3.4.- Resoluci\u00f3n de 15 de marzo del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado, que adicion\u00f3 la del d\u00eda 2 del mismo mes y anualidad, en el sentido de negar la alzada subsidiaria (fol. 100).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.5.- Pronunciamiento de 19 de septiembre ulterior, que no repuso el de 22 de junio inmediatamente anterior con que se libr\u00f3 despacho comisorio para la entrega del bien objeto del juicio en cuesti\u00f3n, y, por tanto, orden\u00f3 \u00abexpedir copias\u00bb para surtir el \u00abrecurso de queja\u00bb planteado (fol. 101).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.6.- Incidente de \u00abilegalidad del mandamiento de pago\u00bb, se\u00f1al\u00e1ndose \u00abel derecho a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito que le otorg\u00f3 la Ley 546\/99\u00bb (fls. 102 a 111).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.7.- Decisi\u00f3n de 12 de octubre siguiente que \u00abrechaz\u00f3 de plano, por improcedente, el incidente de legalidad propuesto por [el gestor], toda vez que el mismo no se encuentra consagrado como tal en la normatividad procesal, sin que sobre precisar que habiendo acaecido ya el remate del bien respectivo, las etapas de control de legalidad se encuentran fenecidas\u00bb (fol. 112).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.8.- Determinaci\u00f3n de 19 de diciembre de 2016, por la que la colegiatura enjuiciada ratific\u00f3 la se\u00f1alada en el numeral inmediatamente anterior, en que, entre otras reflexiones, puso de presente que \u00abno se cumple a cabalidad con los presupuestos excepcionales fijados por la Corte Constitucional\u00bb a fin de dar por terminado el litigio, dado que luego de ser adjudicado el inmueble que garantizaba el recaudo, tal fue vendido a la Fundaci\u00f3n Social, lo que ya hab\u00eda sido expuesto en prove\u00eddos de 7 de octubre de 2013 y 2 de marzo de ese a\u00f1o (fls. 113 y 114).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.9.- Sendos fallos de tutela dictados por esta Corporaci\u00f3n relativamente al asunto sub judice, datados y radicados, en su orden, CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 2004-01461-00 y CSJ STC, 15 dic. 2005, rad. 2005-01574-00.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.- Referente con la disconformidad enfilada en punto del preciso decurso del sub lite, y fundamentalmente contra el prove\u00eddo de 19 de diciembre del a\u00f1o pr\u00f3ximo pasado con que la colegiatura recriminada ratific\u00f3 el de 12 de octubre de esa anualidad mediante el cual la c\u00e9lula judicial diecis\u00e9is entutelada \u00abrechaz\u00f3 de plano\u00bb el \u00abincidente de ilegalidad del mandamiento de pago por falta de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb que promovi\u00f3 el censor, la cual, it\u00e9rase, subsume y envuelve la discrepancia emprendida en punto de lo en su momento dispuesto en la sentencia confirmatoria que dict\u00f3 el tribunal querellado, cabe relevar que si bien se denota cierta desproporci\u00f3n de la ritualidad en la precisa forma como se dio resoluci\u00f3n a tal pedimento, lo cierto es que en el particular y espec\u00edfico asunto no se impone abrir paso a la intervenci\u00f3n del juzgador de amparo, seg\u00fan pasa a verse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- La Ley 546 de 23 de diciembre de 1999, estipul\u00f3 el lapso de tres meses computado desde que entr\u00f3 en vigencia a fin de que las entidades financieras procedieran a \u00abredenominar\u00bb, en Unidades de Valor Real (UVR), los pr\u00e9stamos concedidos antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o que hubieren sido pactados en UPAC. A la par, regl\u00f3 en sus art\u00edculos 40 y 41 un beneficio para las obligaciones vigentes, contratadas con establecimientos crediticios y destinadas a la financiaci\u00f3n de \u00abvivienda individual a largo plazo\u00bb, consistente en efectuar su \u00abreliquidaci\u00f3n\u00bb desde la fecha del respectivo desembolso hasta el \u00faltimo d\u00eda de dicha anualidad, como si siempre hubieran estado pactadas en la forma convertida; alcanzado el resultado y confrontado este con la forma como el mutuo se ven\u00eda cuantificando, la diferencia se transformaba en un \u00abalivio\u00bb que deb\u00eda compensar el Gobierno, como atenuante a la responsabilidad oficial en el contexto nacional existente, eso s\u00ed, con la restricci\u00f3n de que su aplicaci\u00f3n era para un cr\u00e9dito por persona.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera, instituy\u00f3 el derecho a la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb concertada para el pago diferido de los saldos, tomando en cuenta las verdaderas condiciones financieras de los afectados, como una manera de conjurar la crisis socio-econ\u00f3mica existente y con el \u00e1nimo de evitar que las familias siguieran perdiendo sus hogares; de ah\u00ed que, por dem\u00e1s, positiv\u00f3 una manera extraordinaria de culminaci\u00f3n de los pleitos cuando al efecto se persegu\u00eda hacer efectivas las garant\u00edas reales constituidas sobre esa clase de predios habitacionales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Empero, ning\u00fan beneficio reportaba a los ejecutados la \u00abterminaci\u00f3n\u00bb de los litigios, sin que prosiguiera la real posibilidad de replantear las circunstancias negociales para saldar as\u00ed las prestaciones hacia el futuro. Ello quiere decir que la \u00abreestructuraci\u00f3n\u00bb no era un acto discrecional para los acreedores, ni mucho menos renunciable por los deudores, ya que en vista de su trascendencia constitucional se torn\u00f3 obligatorio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Relativamente al t\u00f3pico en comento, la Sala ha expuesto, entre otras cosas, que tal \u00abrevisi\u00f3n\u00bb excepcional de la forma como se desarrolla el acuerdo de voluntades por los titulares de los bienes ra\u00edces objeto de gravamen que ven\u00edan cumpliendo a cabalidad los pr\u00e9stamos y cesaron en sus pagos, posteriormente a que entr\u00f3 a regir la Ley 546 de 1999, es categ\u00f3rica para el acreedor, dada la trascendencia constitucional de los postulados que originaron su expedici\u00f3n; de suerte que \u00absi la misma tuvo por objeto conjurar la grave situaci\u00f3n generalizada preexistente, tambi\u00e9n sirve de patr\u00f3n para escenarios de insatisfacci\u00f3n futura, derivados de otros factores sociales que incidieran en el desarrollo contractual\u00bb (CSJ STC8902-2014, 9 jul. 2014, rad. 2014-00866-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo expuesto, encuentra respaldo en la Sentencia SU-813 de 4 de octubre de 2007, proferida por la Corte Constitucional con alcances generales, en la que precis\u00f3 que en la ley de vivienda se incluyeron \u00abexpresamente normas relativas al per\u00edodo de transici\u00f3n para el paso del antiguo sistema de financiaci\u00f3n en upac al nuevo sistema de uvr. Ciertamente, con esta normatividad, no s\u00f3lo se permite la adquisici\u00f3n de vivienda a nuevas personas, sino que, adem\u00e1s, se pretende que quienes vieron afectado su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.- No obstante lo anterior, y a pesar que tanto el juzgado diecis\u00e9is como la colegiatura accionados dieron muestra de un excesivo rigorismo procesal al \u00abrechazar de plano\u00bb el \u00abincidente de ilegalidad del mandamiento de pago por falta de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb que propuso el peticionario puesto que esa petici\u00f3n, en aras de darle prevalencia al derecho sustancial (canon 228 Superior), debi\u00f3 ser tramitada como un planteamiento de terminaci\u00f3n del juicio por falta de reestructuraci\u00f3n indistintamente del rotulo que se le dio, lo cierto es que en el caso concreto, como ya se dijo, no prospera el auxilio por cuanto que el bien inicialmente adjudicado a favor de la entidad bancaria ejecutante ya fue vendido a un tercero, lo que implica que a estas cotas procesales no haya lugar a la procedencia de esta excepcional\u00edsima senda de resguardo (tambi\u00e9n es traba para que fructifique la tutela en eventos como el descrito, de acuerdo a la Sentencia SU-787 de 11 de octubre de 2012, el hecho de que, verbigracia, exista embargo de remanentes y\/o que el deudor no acredite capacidad de pago para asumir la obligaci\u00f3n en las nuevas condiciones), puntual circunstancia que, valga decirlo, ya le hab\u00eda sido expuesta al tutelista por el despacho diecis\u00e9is recriminado, mediante ejecutoriado auto de 2 de marzo de 2016 (fls. 98 y 99).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.1.- La especificidad de materia, en lo que se refiere a los procesos hipotecarios de cr\u00e9ditos de vivienda que inicialmente hab\u00edan sido concedidos en UPAC, requiere de un an\u00e1lisis particular en la medida que la Sentencia SU-813 de 2007 enantes referida, autoriz\u00f3 la presentaci\u00f3n del resguardo mientras no se haya registrado el auto aprobatorio del remate. Sobre el aludido \u00edtem la Corte Constitucional precis\u00f3 que \u00ab[l]os jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, (a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) esta haya sido  interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo; (b) La acci\u00f3n de tutela se considerar\u00e1 improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble\u00bb (se resalta).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ello lo reiter\u00f3 dicha Corporaci\u00f3n Nacional en el fallo T-881 de 2013, afirmando que en los \u00abprocesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple -para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe- si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado [\u2026]\u00bb (destacado propio).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Claro, al efecto v\u00e9ase que en la demanda de tutela el actor expres\u00f3 que procedi\u00f3 a la \u00abentrega del Certificado de [T]radici\u00f3n 370-38462\u00bb, que muestra \u00ablas anotaciones de adjudicaci\u00f3n de la cosa hipotecada, y de venta del bien inmueble, as\u00ed: \u201cAnotaci\u00f3n #20 del 14-10-2005, radicaci\u00f3n: 2005-83636 valor acto $170.597.713.00. Documento: Auto 643 del 29\/07\/2005 juzgado primero civil del cto de cali, especificaci\u00f3n: 00107 adjudicaci\u00f3n de la cosa hipotecada (remate) a favor del banco colmena s. a. de: klusmann calder\u00f3n guillermo a: banco colmena s. a. (x) Propietario\u201d [y] \u201cAnotaci\u00f3n #21 del 21-06-2007, radicaci\u00f3n: 2007-51162 valor acto $65.165.500.00. Especificaci\u00f3n: 0125 compraventa, primera columna  de: bcsc s. a. nit. 860.007335-4 a: fundaci\u00f3n social (x) propietario\u201d\u00bb (den\u00f3tase).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.3.- Retomando el aspecto precedentemente esbozado, ata\u00f1edero con las prerrogativas que asisten a los terceros de buena fe a quienes les ha sido transferido el predio otrora hipotecado, y sobre el cual gravita argumento por el promotor en el sentido de que como la \u00abFundaci\u00f3n Social es la propietaria del Banco BCSC S. A., [\u2026] lo que se ha presentado es el traslado de un activo por un menor valor entre dos entidades del mismo grupo empresarial\u00bb, surgiendo as\u00ed que \u00abqueda claro que no se presenta la circunstancia en virtud de la cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que es posible dar cabida a la protecci\u00f3n constitucional hasta antes \u201c…del registro del remate o de la adjudicaci\u00f3n…\u201d, pues tal acto beneficia propiamente al extremo ejecutante que, obviamente, se insiste, no cumple con la condici\u00f3n de un tercero\u00bb, cumple enunciar lo que a continuaci\u00f3n se ve.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sin que pueda olvidarse que la Sala ha concedido la protecci\u00f3n instada en asuntos relacionados con litigios hipotecarios de vivienda de cr\u00e9ditos en UPAC que no se reliquidaron ni reestructuraron, en consideraci\u00f3n a que en los mismos los bienes, o no estaban rematados ni adjudicados, o aunque celebrada la subasta, no se hab\u00eda registrado el auto aprobatorio (ver entre otras providencias: CSJ STC8539-2014, STC8655-2014, STC1145-2015 y STC2747-2015), entendido que incluso se hizo extensivo a los \u00abcesionarios\u00bb de la parte ejecutante ya que \u00abde cara al argumento expuesto por la impugnante en cuanto que la terminaci\u00f3n del litigio y el amparo resultaban improcedentes habida cuenta la firmeza y ejecutoria del prove\u00eddo que aprob\u00f3 el remate del bien que le fue adjudicado, que el hecho de haberse adjudicado el predio a la actual cesionaria no impide la concesi\u00f3n de la protecci\u00f3n demandada, pues ciertamente, aqu\u00e9lla no funge como un tercero ajeno al proceso a quien no le es oponible lo all\u00ed discutido, pues fue reconocida en tal calidad, reemplazando en todo a la cedente\u00bb (CSJ STC15502-2016, 28 oct. 2016, rad. 2016-00418-02), tambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que en casos en los cuales el bien ra\u00edz hipotecado ha pasado a manos de un tercero de buena fe, la Corte Constitucional, en fallo T-881 de 2013 atr\u00e1s transcrito parcialmente, dio lugar al entendido de que en eventos de la presente especie se hace inviable el amparo rogado por cuanto que cuando \u00abun tercero ajeno a este litigio adquiri\u00f3 de buena fe el inmueble objeto de gravamen real constituido a favor de la entidad bancaria, a ra\u00edz del remate y adjudicaci\u00f3n efectuados en favor de esta \u00faltima y llevados a cabo el 10 de septiembre de 2002 y 24 de enero de 2003, respectivamente [\u2026], de donde ser\u00eda vulnerador de los derechos fundamentales de aqu\u00e9l acceder a la anulaci\u00f3n de toda la ejecuci\u00f3n\u00bb (CSJ STC12934-2016, 14 sep. 2016, rad.  2016-02356-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Dicho a la inversa, sobre este aspecto la Corte expuso, en CSJ STC6968-2015, 4 jun. 2015, rad. 2015-00085-02, que, contrario sensu:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este asunto, la Sala estima que la parte accionante satisfizo el requisito que viene de comentarse, en la medida en que el derecho de dominio sobre el inmueble objeto de la garant\u00eda hipotecaria no ha sido transferido a un tercero y por lo tanto, no se ha configurado la prerrogativa a la vivienda digna ni de ninguna otra estirpe, a favor de una persona ajena al juicio ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] En este orden, en el caso que se analiza, queda claro que no se presenta la circunstancia en virtud de la cual la jurisprudencia constitucional ha determinado que es posible dar cabida a la protecci\u00f3n constitucional hasta antes \u201c\u2026del registro del remate o de la adjudicaci\u00f3n\u2026\u201d, pues tal acto beneficia propiamente al extremo ejecutante que, obviamente, se insiste, no cumple con la condici\u00f3n de un tercero (den\u00f3tase).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Y es que, en este evento, pese a que puede contingentemente predicarse que la entidad bancaria ejecutante \u00abes una empresa de\u00bb la Fundaci\u00f3n Social, la cual fungi\u00f3 como compradora del bien ra\u00edz que antes fuera adjudicado a aquella, conforme ello se desprende del pantallazo tomado de la p\u00e1gina web www.fundacion-social.com.co\/empresas.html (fol. 87), por lo cual har\u00edan parte de un mismo grupo empresarial o industrial, ha de destacarse que a la postre esa connotaci\u00f3n no implica que a la \u00faltima persona jur\u00eddica enunciada no deba ten\u00e9rsele como tercera de buena fe y, por tanto, mal se le podr\u00edan afectar sus prerrogativas otorgando el amparo aqu\u00ed pedido por Guillermo Klusmann Calder\u00f3n, pues el hecho de que el predio est\u00e9 en manos de un \u00abtercero\u00bb es salvedad jurisprudencial torna improcedente la tutela propuesta.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Claro, no obstante que un \u00abgrupo de empresas\u00bb es, grosso modo, un conglomerado de industrias que dependen todas de una misma matriz, porque tal detenta una participaci\u00f3n econ\u00f3mica suficiente en su capital como para tomar, en l\u00ednea de principio, las decisiones, lo propio no acarrea que el \u00abacto [de compraventa del bien inmueble objeto del sub judice] beneficia propiamente al extremo ejecutante\u00bb, seg\u00fan refiere el tutelista, ya que no puede perderse de vista que cada empresa integrante de aquel se erige como una persona jur\u00eddica diversa, al punto que conforme al precepto 262 del C\u00f3digo de Comercio, subrogado por el 32 de la Ley 222 de 1995, \u00ab[l]as sociedades subordinadas no podr\u00e1n tener a ning\u00fan t\u00edtulo, partes de inter\u00e9s, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o controlen. Ser\u00e1n ineficaces los negocios que se celebren, contrariando lo dispuesto en este art\u00edculo\u00bb y, de cara a la disposici\u00f3n 28 de la mentada Ley 222, que determina cu\u00e1ndo existe \u00abgrupo empresarial\u00bb, pred\u00edcase que este surge \u00ab[\u2026] cuando adem\u00e1s del v\u00ednculo de subordinaci\u00f3n, exista entre las entidades unidad de prop\u00f3sito y direcci\u00f3n. Se entender\u00e1 que existe unidad de prop\u00f3sito y direcci\u00f3n cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecuci\u00f3n de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la direcci\u00f3n que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas [\u2026]\u00bb (resaltado propio).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al respecto, la Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 en Oficio N\u00ba. 125-2831 de 22 de enero de 1999, que \u00ab[d]e conformidad con los art\u00edculos 260 y 261 del Estatuto Mercantil, los sujetos vinculados en situaci\u00f3n de control o grupo empresarial conservan su individualidad, es decir, mantienen sus atributos y obligaciones propias. Los supuestos de control establecidos en estas normas, suponen una o varias personas controlantes y una o varias sociedades comerciales controladas, de tal manera que en los dos extremos de la relaci\u00f3n de control se ubican sujetos con posibilidad de adquirir derechos y de contraer obligaciones en forma independiente\u00bb, por lo que, continu\u00f3 diciendo all\u00ed, \u00ab[c]ada sociedad colabora con los prop\u00f3sitos del grupo en la medida de sus posibilidades, lo que no desnaturaliza el r\u00e9gimen de grupos empresariales, puesto que el mismo se fundamenta en la conservaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica de los vinculados y se da sin perjuicio del objeto social de cada empresa, expresi\u00f3n que no significa ampliaci\u00f3n del objeto, sino la posibilidad de que en un mismo grupo se encuentren vinculadas sociedades con objetos sociales diferentes, los cuales, en virtud de la ley, siguen determinando la capacidad de cada una de ellas\u00bb (ve\u00e1se).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Asimismo, dicha entidad de vigilancia y control en Concepto 220-042549 de 20 de febrero de 2009, sostuvo que \u00abla conformaci\u00f3n de un grupo empresarial, obedece a la estructuraci\u00f3n de un conjunto de entidades en el que adem\u00e1s de existir una relaci\u00f3n de control o subordinaci\u00f3n entre una o varias matrices o controlantes de naturaleza societaria o no societaria, y una o varias sociedades subordinadas que someten su poder de decisi\u00f3n a la voluntad de aquella o aquellas, concurre una unidad de prop\u00f3sito y direcci\u00f3n. En dicha estructura empresarial, cada una de las entidades que la conforman conserva su individualidad y como tal su personalidad jur\u00eddica, lo que significa que la configuraci\u00f3n de un grupo empresarial no da lugar al nacimiento de un nuevo ente aut\u00f3nomo e independiente\u00bb (se relev\u00f3).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Por dem\u00e1s, ni se puede desde\u00f1ar que la buena fe de la Fundaci\u00f3n Social se presume y que la opuesta ha de probarse (art\u00edculo 769 del C\u00f3digo Civil), como tampoco que la compraventa de bienes no est\u00e1 proscrita entre sociedades integrantes de un mismo grupo empresarial (c\u00e1nones 1852 a 1856 ejusdem), por lo que hasta que judicialmente no se declare lo contrario, la tradici\u00f3n del inmueble adjudicado en el sub examine, operada a favor de la persona moral ut supra, se reputa v\u00e1lida y deriva la condici\u00f3n de \u00abtercero de buena fe\u00bb en cabeza de la citada entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.3.- En un caso que guarda simetr\u00eda con el ahora abordado, la Corte adujo, en CSJ STC6980-2015, 4 jun. 2015, rad. 2015-01134-00, la Sala acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este asunto, el amparo implorado resulta inviable porque no se cumple con el presupuesto de celeridad se\u00f1alado en los fallos de la Corte Constitucional referidos, comoquiera que los bienes garantes de la obligaci\u00f3n cobrada no s\u00f3lo fueron adjudicados a favor de la entidad acreedora (6 jul. 2007), sino que adem\u00e1s, dicho acto fue inscrito en la Oficina de Registro en los folios 50N 20223953 y 50N-20223908 desde el 16 de agosto de 2012.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n informan los certificados de tradici\u00f3n correspondientes  a tales predios, que con posterioridad a tal anotaci\u00f3n Bancolombia S. A. los transfiri\u00f3 a Advisors Financial Group S. A. S. AFINGROUP S. A. S. (1\u00ba dic. 2014), y \u00e9ste a su vez, a Elyte Electr\u00f3nica y Telecomunicaciones Ltda. (18 dic. 2014).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

[S]eg\u00fan se desprende de la anotaci\u00f3n 20 del Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria 120-29547 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n, ya se registr\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del predio, as\u00ed como tambi\u00e9n, en la inscripci\u00f3n 22, se apunt\u00f3 la posterior venta del mismo a Maribel Quintero Rengifo quien, en ese orden de ideas, se trata de un tercero que \u00abpor haberse acogido rigurosamente a las reglas que perfilan la venta p\u00fablica de bienes y estimar de buena fe que por ello no resultar\u00eda luego afectado, se le cre\u00f3 la confianza leg\u00edtima de que la almoneda lo hab\u00eda hecho due\u00f1o del predio subastado, es decir del Apartamento 3E de la aludida copropiedad, al punto que lo transfiri\u00f3 a otros terceros, ejercit\u00e1ndose la ponderaci\u00f3n del caso conforme a los postulados, principios y valores constitucionales atr\u00e1s aquilatados, es que se arriba a la aserci\u00f3n denegatoria en precedencia elevada\u00bb (CSJ STC, 26 jun. 2012, rad. 00037-02).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       5.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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                                           MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                   STC2923-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00383-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1, D. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}