{"id":99814,"date":"2026-06-25T19:26:58","date_gmt":"2026-06-25T19:26:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2933-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:26:58","modified_gmt":"2026-06-25T19:26:58","slug":"stc2933-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2933-2017\/","title":{"rendered":"STC2933-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2933-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00022-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 1\u00b0 de febrero de 2017, proferida por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Aury Esther Luna Calder\u00edn contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Universidad de Antioquia, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los concursantes que aprobaron el concurso abierto de m\u00e9ritos mediante la convocatoria n\u00b0 108-2015 \u2013 Nivel T\u00e9cnico Grado 4SU-11.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La actora reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la buena fe y al \u00abacceso a cargos p\u00fablicos\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se ordene a las entidades accionadas que le asignen \u00abpor concepto de Educaci\u00f3n Formal treinta (30) puntos, el cual resulta de sumar los 24 puntos obtenidos por Educaci\u00f3n Formal\u2026 m\u00e1s los 10 puntos faltantes que corresponden a la Especializaci\u00f3n en Seguridad Social (que en realidad son 6 puntos pues el m\u00e1ximo permitido por Educaci\u00f3n Formal son 30 puntos) (folios 3 a 7, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2. Como fundamento de esas pretensiones, en s\u00edntesis, expuso que:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Se inscribi\u00f3 a la Convocatoria 108 de 2015 de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para proveer el cargo de T\u00e9cnico Sustanciador C\u00f3digo 4SU-11, con n\u00famero de inscripci\u00f3n 155157.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Admitida al referido concurso, present\u00f3 las pruebas de conocimiento, clasificatoria y de an\u00e1lisis de antecedentes, obteniendo un puntaje final de 74.41; sin embargo, sostuvo la quejosa que, revisados los porcentajes de cada una, encontr\u00f3 que la Especializaci\u00f3n en Seguridad Social, cuya acreditaci\u00f3n documental fue aportada conforme, a lo establecido en el art\u00edculo 9\u00b0 de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 332 de 2015, no fue tenida en cuenta, situaci\u00f3n frente a la cual present\u00f3 inconformidad.   <\/span><\/p>\n

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2.3.         Anot\u00f3 que con la Resoluci\u00f3n n\u00ba 2280 de 2016 se desat\u00f3 el recurso por ella interpuesto, se\u00f1al\u00e1ndole que al postgrado aludido no se le hab\u00eda otorgado puntaje por cuanto ser\u00eda ir en contrav\u00eda de lo se\u00f1alado en el numeral 2.1. del art\u00edculo 17 de la Resoluci\u00f3n 332 de 2015, toda vez que la especializaci\u00f3n cursada por la inconforme no ten\u00eda el \u00e9nfasis requerido para el cargo para el cual concurs\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Agreg\u00f3 que la Resoluci\u00f3n n\u00b0 2280 de 2016 no explic\u00f3 \u00abpor qu\u00e9 estima que la Seguridad Social no est\u00e1 relacionada con las funciones del cargo\u00bb, pues, en su sentir, dicha especializaci\u00f3n se encuentra ligada al empleo de T\u00e9cnico Sustanciador Grado 4SU-11, a tal punto que esos conocimientos sobre la materia le \u00abpermiten sustanciar y dar impulso a los procesos judiciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. A\u00f1adi\u00f3 que a pesar de ser procedente acudir por la v\u00eda judicial ante lo contencioso administrativo, lo cierto es que \u00ab\u00e9sta no permite una pronta actuaci\u00f3n procesal de los derechos fundamentales\u2026 pues debido al prolongado t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de los procesos, cuando se resuelva el asunto ya no ser[\u00ed]a posible reivindicar dichas garant\u00edas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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1. La Universidad de Antioquia se refiri\u00f3 a las reglas de la convocatoria, pidi\u00f3 negar el resguardo argumentando que \u00abel cargo ofertado no\u2026 requiere un estudio con este tipo de especialidad, en la medida en que el mismo est\u00e1 orientado hacia la sustentaci\u00f3n y el impulso de procesos, por lo cual los estudios que se acrediten deben guardar relaci\u00f3n con las funciones para ese\u2026 cargo, no siendo necesario que las personas que lo ocupen demuestren conocimientos relacionados en seguridad social\u00bb (folios 48 a 55, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Carlos Hernando Puerto Quiroga en calidad de interesado en las resultas de la acci\u00f3n tuitiva solicit\u00f3 no acceder al resguardo suplicado, comoquiera que las pretensiones constitucionales se encuentran dirigidas a modificar \u00abla esencia jur\u00eddica de la resoluci\u00f3n que resuelve [la] reclamaci\u00f3n [de la actora], la cual se debe surtir ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, mediante la acci\u00f3n de Nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb (folios 100 a 101, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar que analizado el formato de la convocatoria y el perfil del empleo, el prop\u00f3sito principal del cargo de T\u00e9cnico de Sustanciador C\u00f3digo 4SU-11 \u00abes sustanciar y dar impulso a los procesos en lo contencioso administrativo y en lo judicial\u2026. [por lo que] la Especializaci\u00f3n en Seguridad Social\u2026 no tiene relaci\u00f3n alguna con el prop\u00f3sito principal y funciones esenciales del empleo al cual [la actora] es aspirante\u00bb; por lo que encontr\u00f3 ajustada al ordenamiento jur\u00eddico de los convocados (folios 109 a 118, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la accionante reiterando los motivos que aleg\u00f3 en su demanda, a los que adicion\u00f3 que \u00abla \u00fanica v\u00eda para atacar [las] decision[es] es la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa,\u2026 medio de defensa que no es id\u00f3neo ni eficaz\u2026 [por lo que], someter[se] a la espera de una resoluci\u00f3n judicial ser\u00eda gravoso\u00bb; a m\u00e1s que el fallo impugnado \u00abno dice nada nuevo, es decir, respalda la tesis de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pero al igual que \u00e9sta, no explic[\u00f3] las razones por las cuales [su] postgrado no tiene relaci\u00f3n con el cargo de sustanciador\u00bb (folios 122 a 125, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es un mecanismo jur\u00eddico creado para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

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Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas.  <\/span><\/p>\n

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2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la promotora cuenta con otros mecanismos de defensa para cuestionar las Resoluciones n\u00ba 332 de 12 de agosto de 2015, por medio de la cual se dio apertura y se reglament\u00f3 la convocatoria del proceso de selecci\u00f3n para proveer empleos de carrera de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n; y la que se expida con la correspondiente lista de elegibles.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, esta acci\u00f3n excepcional no es la v\u00eda adecuada para censurar el tr\u00e1mite del concurso, incluida la calificaci\u00f3n obtenida en las pruebas practicadas en el mismo y la lista final de elegibles, pues la gestora tiene la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para deprecar la nulidad de los actos administrativos que aqu\u00ed critica, conforme a los art\u00edculos 1371 y 1382  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo ese el escenario id\u00f3neo para controvertir la legalidad de la convocatoria y las decisiones adoptadas al interior de la misma, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto de similares contornos, esta Sala indic\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos deben discutirse \u2026 a trav\u00e9s de los mecanismos legales previstos para el efecto, no siendo la tutela el escenario adecuado para arrogarse facultades que no le competen, como aqu\u00ed acontece, pues es indiscutible que la accionante, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, pretende que se revise la legalidad de varias decisiones \u2026 [Entonces,] a la luz de lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991, no es viable la protecci\u00f3n deprecada, dado que si el ordenamiento legal ha dispuesto los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de tales derechos, ha de acudirse a ellos y no a la acci\u00f3n de tutela, la que no ha sido consagrada para sustituir los procedimientos ordinarios o especiales, ni modificar las reglas de competencia de los jueces y, menos, crear instancias adicionales, pues su prop\u00f3sito estricto y espec\u00edfico es el de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales que la Carta reconoce \u2026 (CSJ STC, 16 abr. 2012, rad. 00425-01; reiterado en STC, 5 mar. 2014, rad. 00018-01; y STC6216-2014, 16 may. 2014, rad. 2014-00250-01).  <\/span><\/p>\n

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3. Por otro lado, teniendo en cuenta los argumentos tra\u00eddos en impugnaci\u00f3n, se pone de presente que la acci\u00f3n de tutela del ep\u00edgrafe no procede como mecanismo transitorio porque dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos cuestionados, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido reiteradamente ha dicho la Corte que  \u00abla alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01).  <\/span><\/p>\n

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4. Por las razones anteriormente mencionadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Art\u00edculo 137, Ley 1437 de 2011: Nulidad. Toda persona podr\u00e1 solicitar por s\u00ed, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de car\u00e1cter general. (\u2026) Tambi\u00e9n puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificaci\u00f3n y registro. (\u2026)    <\/span><\/p>\n

2 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior.  <\/span><\/p>\n

Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel.      <\/span><\/p>\n

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