{"id":99815,"date":"2026-06-25T19:27:07","date_gmt":"2026-06-25T19:27:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2934-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:27:07","modified_gmt":"2026-06-25T19:27:07","slug":"stc2934-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2934-2017\/","title":{"rendered":"STC2934-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2934-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-05-001-2016-00511-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2016 por la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Chala Cardozo contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil y la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la IPS Fundemos.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al \u00abascenso en la carrera administrativa\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas, debido a la evaluaci\u00f3n m\u00e9dica que lo report\u00f3 como \u00abno apto\u00bb para continuar en el proceso de selecci\u00f3n desarrollado con ocasi\u00f3n de la convocatoria n\u00ba 336 de 2016 para proveer el ascenso al cargo de Inspector dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar a las convocadas su \u00abreintegr[o] al proceso de la convocatoria N\u00b0 336 de 2016 y en efecto sea declarado APTO dentro de las pruebas m[\u00e9]dicas realizadas, previo a iniciar el respectivo curso [d]e ascenso para ocupar el cargo de Inspector del INPEC\u00bb (folios 1 a 11, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.        Manuel Chala Cardozo actualmente se encuentra adscrito al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Acacias en el cargo de Dragoneante, desde diciembre de 2005, conforme la resoluci\u00f3n n\u00b0 0038 de 13 de diciembre de ese a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Se inscribi\u00f3 en la convocatoria n\u00ba 336 de 2016 para el ascenso al cargo de Inspector del INPEC, superando las pruebas: psicol\u00f3gica cl\u00ednica, valores, f\u00edsico atl\u00e9tica, entrevista y an\u00e1lisis de antecedentes.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Sostuvo que obtuvo \u00abuna de las calificaciones m\u00e1s altas\u00bb en las pruebas referidas a espacio, lo que lo ubic\u00f3 en el tercer lugar a nivel nacional dentro de 213 aspirantes para iniciar el curso de ascenso en la Escuela Penitenciaria Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        El 25 de octubre de 2016 le fueron practicados los ex\u00e1menes m\u00e9dicos al interior del concurso, declar\u00e1ndolo \u00abno apto\u00bb, por cuanto present\u00f3 inhabilidad en optometr\u00eda al mostrar \u00abanormal el examen de Visi\u00f3n Crom\u00e1tica de Discromatopsia\u00bb; presentando la reclamaci\u00f3n pertinente ante la accionada, al considerar que \u00abeste problema no afectaba el ejercicio de las funciones que demanda el cargo de inspector del INPEC al igual que no [le] afecta en el normal desarrollo de las funciones como dragoneante las cuales h[a] cumplido a satisfacci\u00f3n por m\u00e1s de 12 a\u00f1os al servicio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Indic\u00f3 que la Discromatopsia no afecta el normal desarrollo de las funciones del cargo de Inspector, \u00abpues dicha deficiencia visual no [le] ha perturbado el ejercicio de [sus] funciones como Dragoneante\u00bb; m\u00e1xime cuando las labores del cargo al que aspira ascender se encuentran \u00abenfocad[a]s a ejercer el mando sobre los Dragoneantes catalogados como subalternos\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Agreg\u00f3 que el declar\u00e1rsele \u00abno apto\u00bb por el referido padecimiento, vulnera sus prerrogativas constitucionales, pues conforme a las reglas supralegales colombianas \u00ablas personas que padece[n] alguna discapacidad, so[n] catalogad[a]s como vulnerables\u00bb, por lo que son sujetos de especial protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Universidad Manuela Beltr\u00e1n se refiri\u00f3 a las reglas de la convocatoria n\u00b0 336 de 2016 y a la estructura del proceso de selecci\u00f3n; solicit\u00f3 negar la salvaguarda al considerar que conforme al diagn\u00f3stico entregado por la IPS Fundemos, el actor present\u00f3 \u00abdeficiencias de la visi\u00f3n crom\u00e1tica\u00bb, aunado a que la historia cl\u00ednica de aqu\u00e9l refiere que padece \u00abastigmatismo aodiscromatopsia\u00bb, por lo que conforme a las inhabilidades ocupacionales contempladas para el cargo de Inspector, imped\u00eda que continuara en el curso de ascenso, pues \u00abel actor NO cuenta con el par\u00e1metro \u201cvisi\u00f3n normal\u201d exigido para el cargo\u00bb (folios 54 a 64, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        La IPS Fundemos manifest\u00f3 que el actor fue declarado \u00abno apto\u00bb por presentar inhabilidad relacionada con el examen de optometr\u00eda, puesto que padece de discromatopsia, situaci\u00f3n que se encaja legalmente en las inhabilidades \u00abreguladas en la Resoluci\u00f3n No. 005657 del 24 de diciembre de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Adicionalmente, inform\u00f3 que los ex\u00e1menes practicados por esa IPS cuentan con los protocolos necesarios para obtener resultados \u00f3ptimos, los cuales se hallan \u00abdebidamente calibrados y aprobados por las respectivas entidades de control\u00bb, y el cuerpo profesional contratado es id\u00f3neo y cuenta con respaldo al respecto (folios 75 a 76, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil solicit\u00f3 no acceder a la protecci\u00f3n rogada comoquiera que la tutela carece de subsidiariedad, pues el interesado cuenta con los mecanismos judiciales administrativos id\u00f3neos de defensa para cuestionar los lineamientos de la convocatoria 336 de 2016 y del acuerdo 564 del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el reclamante no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que haga impostergable el resguardo impetrado. Se\u00f1al\u00f3 que el solicitante al inscribirse en el concurso acept\u00f3 los t\u00e9rminos y condiciones del mismo, los cuales resultan determinantes para continuar en el proceso de selecci\u00f3n, por lo que al presentar el gestor \u00abinhabilidad por optometr\u00eda\u00bb se configur\u00f3 la causal de exclusi\u00f3n consagrada en el numeral 11 del art\u00edculo 10 del Acuerdo 564 de 2016, impidiendo as\u00ed continuar con el proceso de selecci\u00f3n (folios 79 a 83, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el amparo rogado incumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad, pues el actor cuenta con otros mecanismos id\u00f3neos de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que si el tutelante considera que existen vicios que afecten la legalidad del acto que fij\u00f3 las reglas de la convocatoria, cuenta con la posibilidad de demandar tales disposiciones ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa (folios 165 a 170, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La present\u00f3 el accionante reiterando los argumentos formulados en el escrito de tutela, a los que adicion\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho es una acci\u00f3n que no resuelve el presente caso de manera inmediata al tiempo que\u2026 jam\u00e1s pretende dejar sin efecto el acuerdo que reglament\u00f3 la convocatoria 336 para ascensos\u2026 contrario sensu\u2026 busca continuar en la segunda fase del concurso\u00bb (folios 184 a 197, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, de entrada se advierte el fracaso de la acci\u00f3n tuitiva en la medida en que el gestor del amparo pretende por este medio excepcional de protecci\u00f3n controvertir el acto administrativo que lo excluy\u00f3 del proceso de selecci\u00f3n desarrollado con ocasi\u00f3n de la convocatoria 336 de 2016, implementada para proveer cargos de ascenso del INPEC, circunstancia que desatiende el presupuesto de subsidiariedad connatural a este remedio constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Al efecto, el censor reprocha el resultado del examen m\u00e9dico practicado que lo declar\u00f3 \u00abno apto\u00bb, dado que present\u00f3 inhabilidades f\u00edsicas relativas al examen de optometr\u00eda por \u00abdiscromatopsia\u00bb, inhabilidad que configura la causal de exclusi\u00f3n consagrada en el numeral 11 del art\u00edculo 10 del Acuerdo 564 de 2016; aspecto definido para optar para el puesto de Inspector.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, tales decisiones de la administraci\u00f3n, en especial el que lo excluy\u00f3 del concurso, son susceptibles de ser controvertidas ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, a trav\u00e9s de las acciones de nulidad de los actos administrativos que aqu\u00ed critica, conforme los art\u00edculos 1371 y 1382  <\/span><\/p>\n

del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo ese el escenario id\u00f3neo para controvertir la legalidad de la convocatoria y las decisiones adoptadas al interior de la misma.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, configura la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte ha dicho en diversas oportunidades que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026las controversias en torno a la legalidad de los actos administrativos deben discutirse\u2026 a trav\u00e9s de los mecanismos legales previstos para el efecto, no siendo la tutela el escenario adecuado para arrogarse facultades que no le competen, como aqu\u00ed acontece, pues es indiscutible que la accionante, a trav\u00e9s de esta v\u00eda, pretende que se revise la legalidad de varias decisiones \u2026[Entonces,] a la luz de lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2591 de 1991, no es viable la protecci\u00f3n deprecada, dado que si el ordenamiento legal ha dispuesto los instrumentos jur\u00eddicos para la protecci\u00f3n de tales derechos, ha de acudirse a ellos y no a la acci\u00f3n de tutela, la que no ha sido consagrada para sustituir los procedimientos ordinarios o especiales, ni modificar las reglas de competencia de los jueces y, menos, crear instancias adicionales, pues su prop\u00f3sito estricto y espec\u00edfico es el de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales que la Carta reconoce(\u2026) (CSJ STC, 16 abr. 2012, rad. 00425-01, reiterado STC, 5 mar. 2014, rad. 00018-01; y STC6216-2014, 16 may. 2014, rad. 2014-00250-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Luego, las quejas sobre el examen m\u00e9dico, el profesiograma, el perfil profesiogr\u00e1fico y en especial las normas que contemplan las inhabilidades m\u00e9dicas, que por dem\u00e1s estaban debidamente enunciadas en el acuerdo 502 de 2013 que rige la convocatoria, deber\u00e1n debatirse ante el juez natural, con el fin de que sea \u00e9ste quien determine si en efecto las decisiones que excluyeron a la accionante del concurso de m\u00e9ritos estuvieron o no de acuerdo con los lineamientos generales previstos desde el inicio el proceso de selecci\u00f3n, pues tal y como lo ha dicho la Corte, \u00ablas inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. (CSJ STC, 20 feb. 2013, rad. 2012-00100-01; reiterada en STC11863-2014 y STC749-2015).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Por otro lado, se pone de presente al accionante que la acci\u00f3n de tutela del ep\u00edgrafe no procede como mecanismo transitorio porque dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos cuestionados, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u00abde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese sentido reiteradamente ha dicho la Corte que: \u00abla alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00013-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Art\u00edculo 137, Ley 1437 de 2011: Nulidad. Toda persona podr\u00e1 solicitar por s\u00ed, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de car\u00e1cter general. (\u2026) Tambi\u00e9n puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificaci\u00f3n y registro. (\u2026)    <\/span><\/p>\n

2 Art\u00edculo 138, Ley 1437 de 2011: Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior.  <\/span><\/p>\n

Igualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel.      <\/span><\/p>\n

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