{"id":99816,"date":"2026-06-25T19:27:10","date_gmt":"2026-06-25T19:27:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2935-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:27:10","modified_gmt":"2026-06-25T19:27:10","slug":"stc2935-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2935-2017\/","title":{"rendered":"STC2935-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2935-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00024-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 8 de febrero de 2017 por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo – Regional Risaralda y el agente del Ministerio P\u00fablico.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna y a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita se le ordene al despacho accionado \u00abadmitir inmediatamente [su] acci\u00f3n popular\u00bb en aplicaci\u00f3n a los precedentes jurisprudenciales (folios 1 a 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Caja Social, se\u00f1alando como lugar de vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos la Calle 12 n\u00ba. 2 – 59 de Ibagu\u00e9, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virgina (Risaralda), bajo el radicado 2015-00196-00.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Indic\u00f3 que el despacho encartado inadmiti\u00f3 la demanda referida a espacio exigi\u00e9ndole requisitos \u00abque no [le] impone el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998\u00bb, desconociendo precedentes de esta Corporaci\u00f3n; al mismo tiempo que desatendi\u00f3 el canon 16 \u00eddem, respecto a la competencia para conocer del asunto de marras.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Se\u00f1al\u00f3 que al no subsanar lo pretendido por el estrado judicial convocado, esto es, aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad financiera demandada, su acci\u00f3n popular fue rechazada, decisi\u00f3n mantenida al resolver el remedio horizontal y frente a la cual fue denegada la concesi\u00f3n de la alzada interpuesta subsidiariamente.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) remiti\u00f3 copia de las actuaciones criticadas, solicit\u00f3 negar la acci\u00f3n tuitiva al considerar que el actor no cumpli\u00f3 con la carga procesal asignada; indic\u00f3 que conforme a lo establecido en auto de 26 de agosto de 2016 proferido por \u00e9sta Corporaci\u00f3n, en conocimiento de un conflicto de competencia, requiri\u00f3 al gestor a fin de que \u00abdemostrar[a] si el domicilio de la accionada era el principal o una sucursal\u2026 [fijando] tres d\u00edas para subsanar la demanda y [el actor] no hizo ning\u00fan tipo de gesti\u00f3n, limit\u00e1ndose a decir que escog\u00eda como domicilio La Virginia\u00bb (folios 8 a 9, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que respecto a las diversas acciones adelantadas por el quejoso ha designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por esa entidad, a m\u00e1s que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia (folio 10, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada al considerar que las decisiones criticadas \u00abno llevan insertas la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, que es lo que por esta v\u00eda se puede proteger. Por dem\u00e1s, nada de arbitrario o antojadizo se advierte\u2026 con lo que al juez de tutela le est\u00e1 vedado intervenir\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la negaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n frente al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la demanda, sostuvo que \u00abel art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, no admite tal instrumento impugnativo ante la resoluci\u00f3n de esa estirpe\u00bb (folios 14 a 16, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante sin manifestar el motivo de su disenso (folio 18, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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2. No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Corte ha manifestado que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. En primer lugar, respecto al requerimiento efectuado por el despacho donde le solicita al accionante acreditar el domicilio de la demandada \u00abcon el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb, es notorio que el juzgado criticado err\u00f3, habida cuenta que revisadas las exigencias determinadas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 sobre este punto, solamente establece que el demandante debe \u00abexponer la persona natural o jur\u00eddica presuntamente responsable de la amenaza o del agravio\u00bb y \u00ablas direcciones para notificaciones\u00bb, mas no se\u00f1ala que se debe aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar su domicilio, aunado a que el tutelante en su libelo rog\u00f3 que a la entidad financiera convocada se le exigiera allegar aquel documento, petici\u00f3n que no luce desproporcionada.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, resulta de singular trascendencia para este asunto, observar lo reglado en el art\u00edculo 85 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ense\u00f1a que:  <\/span><\/p>\n

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La prueba de la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas de derecho privado solo podr\u00e1 exigirse cuando dicha informaci\u00f3n no conste en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la informaci\u00f3n est\u00e9 disponible por este medio, no ser\u00e1 necesario certificado alguno.  <\/span><\/p>\n

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       Luego, en casos como el aqu\u00ed cuestionado, donde las acciones populares se dirigen contra entidades financieras, es patente que la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, de p\u00fablico acceso, permite descargar los certificados de existencia y representaci\u00f3n legal de aqu\u00e9llas, subsumi\u00e9ndose la situaci\u00f3n aqu\u00ed auscultada en la contemplada en dicho aparte normativo.  <\/span><\/p>\n

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En un caso de similares contornos, la Sala dijo que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 [con el] requerimiento efectuado por el Juzgado donde le reclama al accionante acreditar el domicilio de la demandada \u00abcon el certificado de\u2026 existencia y representaci\u00f3n legal\u00bb, es evidente que el juzgador err\u00f3, toda vez que revisadas las exigencias de ley establecidas en el art\u00edculo 18 de la ley 472 de 1998 sobre este punto\u2026 en ning\u00fan momento se\u00f1ala que se debe allegar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal para demostrar el domicilio (STC15464-2016, 28 oct. 2016, rad. 2016-00878-01).  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, es menester indicar que los argumentos tra\u00eddos por el estrado encausado, relativos a que la exigencia del referido certificado obedeci\u00f3 al cumplimento de lo ordenado por esta Corte, resultan desafortunados, pues no fue ello lo que mand\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo de 25 de agosto de 2016, pues lo all\u00ed indicado fue que al no tener establecido el asiento principal de los negocios del enjuiciado, deb\u00eda \u00abpreviamente a adoptar decisiones apresuradas\u2026 inadmiti[r] la demanda\u00bb a fin de solicitar tal informaci\u00f3n al accionante, pues \u00abel fallador, no puede salirse de los par\u00e1metros se\u00f1alados en el escrito con que se plantea el debate, ya sea para admitir el diligenciamiento o deshacerse del mismo\u00bb; n\u00f3tese que para tal fin no se estableci\u00f3 como requisito, sine que non, el requerir el aporte del certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad financiera, como erradamente lo concibi\u00f3 el fallador censurado, m\u00e1xime, cuando, como viene de verse, ese era un requisito que para el caso concreto era inexigible.  <\/span><\/p>\n

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5. En segundo lugar, respecto a la queja del promotor referente a la negaci\u00f3n del Juzgado accionado de conceder el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda, se tiene que, para el presente asunto, la misma no amerita estudio alguno, habida cuenta que conforme a lo ya expuesto se acceder\u00e1 a la salvaguarda a fin de que el despacho criticado examine nuevamente los requisitos de la demanda interpuesta por el actor contra el Banco Caja Social, de acuerdo a los art\u00edculos 82 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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6. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se revocar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia para, en su lugar, acceder al resguardo rogado, pues no luce razonable la determinaci\u00f3n que rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular del quejoso.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y, por autoridad de la Ley, revoca la sentencia impugnada y en su lugar, concede el amparo al derecho al debido proceso de Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, en consecuencia: Ordena al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a que sea notificado de este fallo, reexamine la demanda que aqu\u00e9l promovi\u00f3 contra el Banco Caja Social, radicado 2015-00196-00, y le d\u00e9 el curso que corresponda, teniendo en cuenta lo aqu\u00ed motivado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados, env\u00edeseles copia de esta providencia y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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