{"id":99822,"date":"2026-06-25T19:27:51","date_gmt":"2026-06-25T19:27:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2949-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:27:51","modified_gmt":"2026-06-25T19:27:51","slug":"stc2949-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2949-2017\/","title":{"rendered":"STC2949-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC2949-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00073-01  <\/span><\/p>\n

     (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 31 de enero de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ana Dolores Chamorro Narv\u00e1ez respecto de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y al Juzgado Primero Laboral del Circuito de esa capital, con ocasi\u00f3n del juicio laboral ordinario iniciado por la aqu\u00ed gestora respecto del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora-.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La promotora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad querellada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Ana Dolores Chamorro Narv\u00e1ez sostiene, como fundamento de su reparo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 183 a 185):  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. La tutelante inici\u00f3 el litigio materia de esta salvaguarda, reclamando se le reconociera pensi\u00f3n de sobreviviente, dada su calidad de compa\u00f1era permanente del se\u00f1or Jos\u00e9 Mar\u00eda Ospino Navarro (Q.E.P.D.). Tr\u00e1mite en el cual las se\u00f1oras Cielo Escamilla de la Hoz y Edda Govez Silva concurrieron como litisconsortes necesarias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Mediante fallo de 7 de julio de 2006, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Barranquilla desestim\u00f3 las pretensiones de la hoy gestora y, en su lugar, otorg\u00f3 la prestaci\u00f3n social aducida a Cielo Escamilla de la Hoz, c\u00f3nyuge del causante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. La anterior decisi\u00f3n fue apelada por la ac\u00e1  actora, remedio resuelto por la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad el 30 de octubre de 2009, confirmando lo concluido por el a quo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. La ahora quejosa interpuso recurso de casaci\u00f3n, zanjado de forma desfavorable a la recurrente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 5 de junio de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Chamorro Narv\u00e1ez critica lo definido por las autoridades judiciales en ese pleito, pues, conforme afirma, desconocieron \u201c(\u2026) que la se\u00f1ora Cielo Escamilla de la Hoz no ten\u00eda una convivencia real y efectiva con Jos\u00e9 Mar\u00eda Ospino Navarro (\u2026)\u201d, por ende, no era la titular de la pensi\u00f3n pedida, situaci\u00f3n acreditada \u201chasta la saciedad\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Implora invalidar las sentencias dictadas en ese decurso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral se opuso al ruego realzando la legalidad de lo actuado en ese asunto (fl. 406).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b. El Tribunal vinculado se limit\u00f3 a remitir copia de las determinaciones reprochadas (fls.  212 a 128).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. El Juzgado Primero Laboral del Circuito deprec\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo por \u201cinexistencia de vulneraci\u00f3n y\/o amenaza de derecho fundamental alguno\u201d (fls. 370 a 374).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Neg\u00f3 el resguardo tras inferir:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]evisadas las providencias que se allegan con el plenario y que son motivo de inconformidad, no puede concluirse que aquellas constituyan una v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos que lo plantea el apoderado de la accionante, de igual manera no puede aducirse con grado de acierto la existencia de alg\u00fan defecto capaz de configurar una causal de procedibilidad del amparo (\u2026)\u201d (fls. 408 a 417).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 la promotora reiterando lo dicho en el escrito inicial (fls. 433 a 436).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Ana Dolores Chamorro Narv\u00e1ez cuestiona que dentro del comentado subex\u00e1mine se hayan desestimado sus pretensiones, reconoci\u00e9ndole la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada a quien no ten\u00eda derecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Teniendo en cuenta que la decisi\u00f3n adoptada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 15 de junio de 2016, adquiri\u00f3 firmeza el 5 de julio siguiente (fl. 386 vuelto), el auxilio propuesto el 12 de enero de 2017 (fl. 196) no cumple con el requisito de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses luego del proferimiento de la determinaci\u00f3n anotada, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad del resguardo impetrado, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C.P.).  <\/span><\/p>\n

Sobre este aspecto esta Sala, reiteradamente ha puntualizado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, si la censora se demor\u00f3 para incoar la salvaguarda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible a los querellados y con repercusi\u00f3n directa en la garant\u00eda fundamental invocada como soporte de tal amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Al margen de lo discurrido, en el citado fallo se culmin\u00f3 de forma desfavorable a la tutelante, tras inferirse que ella err\u00f3 en la formulaci\u00f3n del remedio extraordinario, pues \u201c(\u2026) combin[\u00f3] indebidamente en un mismo cargo, cuestiones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas, las cuales, en virtud de las caracter\u00edsticas del recurso de casaci\u00f3n, son excluyentes, motivo por el cual su tratamiento, desarrollo y an\u00e1lisis debe realizarse por separado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto, argument\u00f3 la Corporaci\u00f3n accionada:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s f\u00e1cil advertir, en primer lugar, como el concepto de violaci\u00f3n no es concluyente, pues [la] recurrente invoca, en una misma acusaci\u00f3n y de forma simult\u00e1nea, la falta de aplicaci\u00f3n de unas normas y la indebida aplicaci\u00f3n de otras. Ahora, si se llegara a entender que el concepto de violaci\u00f3n atribuido a la sentencia impugnada es la falta de aplicaci\u00f3n o infracci\u00f3n indirecta, debido a que en el cargo se sostiene que el Tribunal \u201cdej\u00f3 de aplicar siendo aplicables los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993\u201d, ello a nada conducir\u00eda, pues el juez ad quem, en rigor, fundament\u00f3 su sentencia sobre esas disposiciones, a tal punto que se\u00f1al\u00f3 expresamente que \u201clas normas aplicables son los art\u00edculos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor consiguiente, de admitirse que la modalidad de infracci\u00f3n es concluyente, de todas formas la demanda tendr\u00eda la insuperable deficiencia de no encauzar correctamente el ataque por el concepto de transgresi\u00f3n adecuado. Naturalmente, este dislate permea todo el discurso en casaci\u00f3n, pues las aseveraciones conforme a las cuales, el Tribunal no aplic\u00f3 las normas que en realidad aplic\u00f3 y sobre las que fundament\u00f3 su sentencia, comportan una desviaci\u00f3n del ataque respecto a los raciocinios jur\u00eddicos relevantes en la estructuraci\u00f3n de la decisi\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEn segundo t\u00e9rmino, la censura apoya su embate en los D. 1295 y 1889 de 1994; sin embargo, no identifica la disposici\u00f3n sustancial presuntamente infringida, lo cual se erige en un obst\u00e1culo serio en el estudio de esos reglamentos, pues la Corte, por fuerza del car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, no puede darse la tarea de buscar en dichos textos normativos las disposiciones que posiblemente hayan sido transgredidas\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cPor \u00faltimo, advierte la Sala que la censura, a pesar de orientar su ataque por la senda de puro derecho, en su demostraci\u00f3n le enrostra al Tribunal el error de haber omitido \u201cla existencia de la uni\u00f3n libre entre la se\u00f1ora Ana Dolores Chamorro Narv\u00e1ez y el fallecido pensionado\u201d, reflexi\u00f3n que s\u00f3lo es posible esgrimirla en la v\u00eda indirecta, que es la adecuada para plantear errores relacionados con los hechos del proceso, producto de la valoraci\u00f3n o inapreciaci\u00f3n de las pruebas (\u2026)\u201d (fls. 381 a 386 vuelto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Las conclusiones adoptadas son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho; la Colegiatura efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a la determinaci\u00f3n reprochada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien no existi\u00f3 un pronunciamiento de fondo respecto a la problem\u00e1tica en litis, ello obedeci\u00f3, concretamente, a que la ahora querellante, a trav\u00e9s de su apoderado, edific\u00f3 equivocadamente la demanda de casaci\u00f3n, la cual, por su car\u00e1cter excepcional, exige unas especial\u00edsimas pautas en su elaboraci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Es pertinente indicar que ese recurso extraordinario impone al libelista cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito del reproche; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al impetrar el cargo para demostrar los errores en la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es medio para suplir la ineptitud formal del remedio.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de garant\u00edas irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. DECISI\u00d3N    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC2949-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-00073-01        (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)         Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 31 de enero de 2017, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99822","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99822","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99822"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99822\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99822"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99822"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99822"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}