{"id":99827,"date":"2026-06-25T19:28:19","date_gmt":"2026-06-25T19:28:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2954-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:28:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:28:19","slug":"stc2954-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2954-2017\/","title":{"rendered":"STC2954-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2954-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00141-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Arm\u00e9nides Ortega Benavides contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Polic\u00eda Nacional, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones-.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        Por conducto de apoderado judicial, el promotor demanda la protecci\u00f3n de sus derechos a la seguridad social, vida digna, m\u00ednimo vital, igualdad y salud, entre otros, presuntamente conculcados por las autoridades convocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Para sustentar su reparo, se\u00f1ala que aun cuando cuenta con setenta y cinco (75) a\u00f1os de edad y mil ciento treinta (1.130) semanas de cotizaci\u00f3n, no ha logrado el reconocimiento de su pensi\u00f3n de vejez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Afirma que en el 2014 le solicit\u00f3 al Ministerio de Defensa la prestaci\u00f3n referida, empero \u00e9ste la neg\u00f3 indic\u00e1ndole corresponder su pedimento a Colpensiones, \u201c(\u2026) por ser la entidad a la cual se le hab\u00edan realizado los aportes en pensi\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ese \u00faltimo ente, en Resoluci\u00f3n N\u00b0 9255 de 25 de febrero de 2016, le inform\u00f3 que sobre su mesada deb\u00eda pronunciarse la Polic\u00eda Nacional porque fue quien recibi\u00f3 \u201c(\u2026) el mayor tiempo de aportes (\u2026)\u201d; asimismo, efectu\u00f3 un estudio completo de su historia laboral, concluyendo que ten\u00eda un total de 7.989 d\u00edas trabajados, relativos a m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os de aportes, en organizaciones privadas y en dicha instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Por lo descrito, elev\u00f3 una reclamaci\u00f3n ante la Polic\u00eda Nacional insistiendo en el reconocimiento de su pensi\u00f3n; no obstante, el 9 de septiembre de 2016, le informaron de forma confusa y ambigua la imposibilidad de aplicar retroactivamente el Decreto 2709 de 1994, referente a las pensiones por aportes, pues para la fecha de retiro del actor estaba en vigencia el Decreto 2247 de 1984, el cual, seg\u00fan se le comunic\u00f3, no establec\u00eda la posibilidad de adquirir esa mesada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Anota que la anterior situaci\u00f3n quebranta sus prerrogativas, por cuanto la misma autoridad mencionada le certific\u00f3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) que el tiempo de servicio fue de veinte (20) a\u00f1os, cinco (5) meses y nueve (9) d\u00edas, incluido el tiempo del servicio militar, lo cual constituye un derecho en [su] favor (\u2026) de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 100 del Decreto 1214 de 1990, norma derogatoria del Decreto 2247 de 1984 y en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, normas que claramente se\u00f1alan que los empleados p\u00fablicos del Ministerio de Defensa y de la Polic\u00eda Nacional que acrediten veinte (20) a\u00f1os de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las Entidades de Previsi\u00f3n Social o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal (\u2026) y en el Instituto de Seguros Sociales, tendr\u00e1n derecho a una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, alega su condici\u00f3n de sujeto especial porque adem\u00e1s de su avanzada edad, padece de un \u201c(\u2026) tumor maligno del fundus g\u00e1strico (\u2026)\u201d, no cuenta con recursos econ\u00f3micos para sobrevivir y su hija y hermano son quienes eventualmente responden por sus gastos (fls. 48 y 49, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Exige, en concreto, se le otorgue la pensi\u00f3n comentada con el pertinente retroactivo (fl. 51, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados y vinculado    <\/span><\/p>\n

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a)        La Jefe del \u00c1rea de Prestaciones Sociales de la Polic\u00eda Nacional se\u00f1al\u00f3 que el actor estuvo al servicio de esa instituci\u00f3n catorce (14) a\u00f1os, tres (3) meses y seis (6) d\u00edas. Advirti\u00f3 que el r\u00e9gimen de esa entidad es especial y exceptuado, por lo cual, de acuerdo con la normatividad aplicable, s\u00f3lo tiene dentro de sus competencias la opci\u00f3n de reconocerle al gestor \u201c(\u2026) el Bono Pensional o Cuota Parte\u2019 previa solicitud de la Administradora de Pensiones (\u2026)\u201d (fls. 69 al 71, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Colpensiones contest\u00f3 extempor\u00e1neamente, indicando que tras pronunciarse sobre las peticiones y recursos incoados por el tutelante, en Resoluci\u00f3n N\u00b0 9255 de 25 de febrero de 2016 confirm\u00f3 la negativa a la prestaci\u00f3n exigida porque la habilitada para resolver era la Polic\u00eda Nacional por ser \u201c(\u2026) la \u00faltima entidad de previsi\u00f3n a la que se realizaron los aportes (\u2026)\u201d. En consecuencia, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (fls. 85 al 86, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

c)        El Ministerio querellado guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal desestim\u00f3 el auxilio solicitado acotando:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l problema planteado por el quejoso y que pretende le sea dirimido a trav\u00e9s de este mecanismo, se concreta a determinar si es Colpensiones o la Polic\u00eda Nacional la entidad que debe reconocer y pagar la mesada pensional a la que cree tener derecho, conflicto que a m\u00e1s de superar el \u00e1mbito de acci\u00f3n del juez constitucional, no enrostra una violaci\u00f3n proveniente de las convocadas mediante sus determinaciones, las que luego de examinadas, no resultan para la Sala arbitrarias, antojadizas, ni mucho menos caprichosas, m\u00e1xime cuando resulta claro, que la dilucidaci\u00f3n de los derechos que puedan asistirle y que le fueron negados a trav\u00e9s de ellas, debe realizarse en un proceso ante el juez com\u00fan; circunstancia que est\u00e1 contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3\u00b0 del art. 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991; sin que se pueda soslayar ello so pretexto de la situaci\u00f3n que se afirma sufre el tutelante (\u2026)\u201d (fls. 81 al 84, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El tutelante impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los expresados en el libelo introductor. Agreg\u00f3 que su queja no se dirig\u00eda a determinar de qui\u00e9n era la competencia para resolver sobre su pensi\u00f3n, pues, en su criterio, ello le corresponde a la Polic\u00eda Nacional, m\u00e1xime cuando \u00e9sta y Colpensiones aceptaron que ante la primera labor\u00f3 por m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3 que el a quo constitucional no tuvo en consideraci\u00f3n sus especiales circunstancias de vulnerabilidad, de las cuales se deduce la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable y, en consecuencia, la ineficacia de los procesos judiciales a su alcance (fls. 92 al 97, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Examinada la queja, se establece que el tutelante reprocha la negativa de la Polic\u00eda Nacional a reconocerle una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n a pesar de contar, seg\u00fan se\u00f1ala, con los requisitos para el efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Si bien en principio, esta Corte ha reiterado la inviabilidad de este amparo para obtener prestaciones laborales, m\u00e1xime si existen instrumentos judiciales a\u00fan no utilizados, tambi\u00e9n ha aceptado la procedencia de la salvaguarda en casos donde, como ahora, se configura un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esto \u00faltimo, por cuanto como lo adujo el querellante, cuenta con setenta y cinco (75) a\u00f1os de edad, padece de \u201cc\u00e1ncer g\u00e1strico\u201d y no tiene ingresos propios para subsistir, circunstancias que le imponen a esta jurisdicci\u00f3n intervenir en aras de evitar la conculcaci\u00f3n de sus prerrogativas, pues los instrumentos ordinarios al alcance del promotor resultan ineficaces por la eventual tardanza en su definici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un asunto similar, la Corte Constitucional destac\u00f3 la viabilidad de estudiar la protecci\u00f3n impetrada cuando se est\u00e1 ante un adulto mayor carente de recursos, as\u00ed expuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [V]erificados los requisitos para la procedencia de la acci\u00f3n la Sala observa que la situaci\u00f3n del demandante hace viable la tutela, puesto que se trata de un sujeto que pertenece a la tercera edad \u2013tiene 80 a\u00f1os-, vive en condiciones de pobreza y no tiene ingresos toda vez que no es pensionado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u201cDe manera que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo oportuno de protecci\u00f3n de sus derechos. De igual forma, (\u2026), puede inferirse que por su edad no debe contar con un trabajo que le permita percibir ingreso alguno diferente al que recibir\u00eda por concepto de pensi\u00f3n. Por lo anterior, no es de recibo el argumento de los jueces de instancia seg\u00fan el cual el accionante contaba con otros mecanismos de defensa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed, determina la Sala que esta acci\u00f3n es procedente toda vez que puede estar vulner\u00e1ndose su m\u00ednimo vital y ocasion\u00e1ndose un perjuicio irremediable al tratarse de una persona de avanzada edad que no cuenta con ninguna fuente de ingresos que le permita auto sostenerse (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En relaci\u00f3n con las garant\u00edas de los adultos mayores, esta Corporaci\u00f3n sostuvo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) la condici\u00f3n del accionante, merece un tratamiento especial y preferencial amparado por la Ley 1276 de 2009, a trav\u00e9s de la cual se modific\u00f3 la Ley 687 de 2001, cuyo objeto es la protecci\u00f3n a las personas de la tercera edad (o adultos mayores), quienes deben recibir la solidaridad de su familia para suplir sus necesidades y mejorar su calidad de vida, mediante una atenci\u00f3n integral, definida en el literal C del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 1276 de 2009, como el \u2018conjunto de servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a garantizarle la satisfacci\u00f3n de sus necesidades de alimentaci\u00f3n, salud, interacci\u00f3n social, deporte, cultura, recreaci\u00f3n y actividades productivas, como m\u00ednimo\u2019 (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En virtud de los principios de dignidad humana y solidaridad consagrados en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los cuales soportan el concepto de Estado social de derecho, el promotor de este amparo merece una especial protecci\u00f3n dada su situaci\u00f3n de vulnerabilidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esa circunstancia le impone a las autoridades, en los t\u00e9rminos de la jurisprudencia constitucional, reiterada por esta Sala3, \u201c(\u2026) procurar la realizaci\u00f3n material de los derechos individuales y (\u2026) alcanzar las finalidades sociales del Estado (\u2026)\u201d4. Adem\u00e1s, de acuerdo con lo estatuido en los art\u00edculos 42 y 46 \u00eddem, el Estado, la sociedad y la familia tienen el deber de garantizar la realizaci\u00f3n de los derechos de los adultos mayores.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Colegiatura, en torno a la regulaci\u00f3n internacional de las prerrogativas de sujetos como el aqu\u00ed actor, recientemente acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Diversos instrumentos internacionales han consignado la especial protecci\u00f3n para los adultos mayores, en los cuales se establece la necesidad de otorgarles unas especiales garant\u00edas para preservar la vida de estos individuos en condiciones dignas, proscribiendo la discriminaci\u00f3n, los maltratos y buscando brindarles la atenci\u00f3n en salud, cari\u00f1o y cuidados que, en general, requieren durante su vejez (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLas Naciones Unidas, a trav\u00e9s de sus agencias, ha emitido numerosos pronunciamientos de soft law5 sobre la materia, estudiando los tratados universales de derechos humanos a trav\u00e9s de un enfoque diferenciado creado para favorecer a los ancianos. Como parte de esa labor, el Comit\u00e9 de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales hizo una lectura con esa perspectiva de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales en la Observaci\u00f3n General N\u00ba 6 de 1995: \u201cLos derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales de las personas de edad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) En el \u00e1mbito interamericano, el 15 de junio de 2015 se adopt\u00f3 la \u201cConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores\u201d, la cual, pese a que a la fecha no ha sido ratificada por Colombia, resulta de vital relevancia por su aporte conceptual al tema, pues muestra los derroteros a seguir para desarrollar leyes y pol\u00edticas favorables a esta poblaci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl canon 6 de la citada preceptiva reza:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Los Estados Parte adoptar\u00e1n todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus d\u00edas, en igualdad de condiciones con otros sectores de la poblaci\u00f3n\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLos Estados Parte tomar\u00e1n medidas para que las instituciones p\u00fablicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos, eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones f\u00fatiles e in\u00fatiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar el consentimiento informado (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cAdem\u00e1s, el art\u00edculo 17 establece la obligaci\u00f3n de promover \u201c(\u2026) progresivamente, dentro de los recursos disponibles, que la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a trav\u00e9s de los sistemas de seguridad social y otros mecanismos flexibles de protecci\u00f3n social (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cFinalmente, la regla 31 refiere la obligatoriedad de \u201c(\u2026) asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, incluso mediante la adopci\u00f3n de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas (\u2026)\u201d, para lo cual, han de \u201c(\u2026) garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales (\u2026)\u201d y, adem\u00e1s, \u201c(\u2026) [l]a actuaci\u00f3n judicial deber\u00e1 ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor (\u2026)\u201d6 (subraya del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y en cuanto a la prestaci\u00f3n rebatida, en ese mismo pronunciamiento se expuso:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Trat\u00e1ndose del reconocimiento de pensiones, la prerrogativa a la seguridad social adquiere una relevancia vital, por constituir aqu\u00e9lla mensualidad el instrumento a trav\u00e9s del cual se garantiza la subsistencia de los adultos mayores en sus \u00faltimos a\u00f1os de vida, as\u00ed se ha dejado sentado en m\u00faltiples fallos de tutela7 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDe esta forma, cualquier solicitud de reconocimiento y pago de una prestaci\u00f3n de esa \u00edndole, elevada por una persona de avanzada edad, como el tutelante, quien tiene 79 a\u00f1os de edad, debe ser examinada con sumo cuidado y diligencia, a fin de adoptar la resoluci\u00f3n que resulte m\u00e1s favorable a \u00e9ste. Frente a ese t\u00f3pico, esta Sala comparte lo argumentado por el M\u00e1ximo Tribunal Constitucional en el siguiente extracto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Entre los sujetos de especial tutela constitucional se encuentran los adultos mayores, quienes al alcanzar cierta edad ven disminuida su capacidad f\u00edsica y con ello la posibilidad de ejercer en toda su dimensi\u00f3n algunos de sus derechos. Dada esta p\u00e9rdida progresiva de – entre otras cosas- la fuerza laboral, es probable que la \u00fanica fuente de ingresos que puedan percibir sea la pensi\u00f3n. Es por esto que resulta especialmente grave la no cancelaci\u00f3n o la cancelaci\u00f3n parcial de las mesadas pensionales, pues ello puede menoscabar el derecho a disfrutar de condiciones de vida digna, el derecho a la salud y el derecho al m\u00ednimo vital, entre otros, de las personas ancianas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cHa dicho esta Corporaci\u00f3n al respecto: \u00abSi una persona sobrepasa el \u00edndice de promedio de vida de los colombianos (se estima en 71 a\u00f1os), y ella considera que se le ha dado un trato discriminatorio en el reajuste pensional y por tal motivo ha reclamado ante juez competente, pero se estima razonablemente que el solicitante ya no existir\u00eda para el momento que se produjera la decisi\u00f3n judicial, debido a su edad avanzada, entonces, ese anciano no tiene otro medio distinto al de la tutela para que, provisionalmente se ordene el respeto a su derecho8 (\u2026)\u201d9.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Descendiendo al caso planteado, esta Corte estima la procedencia de la protecci\u00f3n rogada porque, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional, las determinaciones mediante las cuales la Polic\u00eda Nacional se neg\u00f3 a reconocer la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n al tutelante, resultan abiertamente lesivas de sus prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, por cuanto el criterio esgrimido por ese ente se aleja de la normatividad aplicable y del principio de favorabilidad, desconoce la situaci\u00f3n laboral del gestor y, adem\u00e1s, relega frontalmente su condici\u00f3n de vulnerabilidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        En efecto, se observa que el promotor, tras acudir a Colpensiones, quien le certific\u00f3 los tiempos de servicio y el n\u00famero de semanas cotizadas, empero adujo su ausencia de competencia para definir lo correspondiente a la mesada -conforme a la regla 10 del Decreto 2709 de 199410-, porque la \u00faltima entidad de previsi\u00f3n a la cual se realizaron aportes en nombre del querellante fue la Polic\u00eda Nacional, concurri\u00f3 a \u00e9sta y le pidi\u00f3, una vez m\u00e1s, otorgarle la pensi\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, el cual a la letra dispone:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) a\u00f1os de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsi\u00f3n social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendr\u00e1n derecho a una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n siempre que cumplan sesenta (60) a\u00f1os de edad o m\u00e1s si es var\u00f3n y cincuenta y cinco (55) a\u00f1os o m\u00e1s si es mujer (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual modo, el gestor aludi\u00f3 a lo previsto en el canon 100 del Decreto 1214 de 1990, publicado en el Diario Oficial el 8 de junio de ese a\u00f1o, y donde se establece:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl Gobierno Nacional reglamentar\u00e1 los t\u00e9rminos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestaci\u00f3n y determinar\u00e1 las cuotas partes que correspondan a las entidades involucradas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a lo anterior, la autoridad accionada, en respuestas de 9 y 13 de septiembre de 2016 desestim\u00f3 la prestaci\u00f3n rese\u00f1ada, por cuanto, en s\u00edntesis:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l Decreto 2709 de 1994, no es aplicable al caso (\u2026) [porque] no hace parte de la normatividad del r\u00e9gimen especial de la Polic\u00eda Nacional, m\u00e1xime que no hab\u00eda entrado en vigencia al momento del retiro del se\u00f1or (\u2026) Jos\u00e9 Arm\u00e9nides Ortega Benavides, pues se itera, al citado le era aplicable el Decreto 2247 de 1984, habida cuenta que era el que se encontraba vigente para la fecha del retiro; y como quiera que este \u00faltimo Decreto no establece la posibilidad para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, (\u2026) no es factible efectuar el reconocimiento pensional en los t\u00e9rminos (\u2026) solicitados (\u2026)\u201d (fls. 1 al 6, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esa postura, como se advirti\u00f3, menoscaba las garant\u00edas del actor, pues no existi\u00f3 un pronunciamiento sobre la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 1214 de 1990, vigentes para cuando se efectu\u00f3 la liquidaci\u00f3n de servicios del querellante -9 de julio de 1990- (fl. 34, \u00eddem) y donde se consagraba la pensi\u00f3n por aportes incoada por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Asimismo, se precisa el desconocimiento del enunciado principio de favorabilidad, pues si bien el Decreto 2709 de 1994 entr\u00f3 en vigor hasta el 13 de diciembre de esa anualidad, en \u00e9ste se reiter\u00f3 la posibilidad de adquirir la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes, ya consagrada en el Decreto 1214 de 199011, norma aplicable especialmente a los empleados p\u00fablicos de la Polic\u00eda Nacional y la cual favorec\u00eda al gestor, en contraposici\u00f3n al Decreto 2247 de 1984, donde no se previ\u00f3 esa prestaci\u00f3n en esa modalidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, debi\u00f3 acogerse lo estatuido en el Decreto 1214 de 1990, por cuanto el mismo beneficiaba al solicitante, adem\u00e1s, se insiste, estuvo vigente antes de elaborarse la liquidaci\u00f3n de servicios del reclamante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto al rese\u00f1ado principio, el Alto Tribunal Constitucional advirti\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La Carta Pol\u00edtica indica en el art\u00edculo 53 que uno de los principios que debe regir el estatuto de trabajo es que se aplique una \u201csituaci\u00f3n m\u00e1s favorable [para] el trabajador en caso de duda en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las fuentes formales de derecho\u201d. Dicho principio fue recogido por el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, que dice que \u201c[e]n caso de conflicto o duda sobre la aplicaci\u00f3n de normas vigentes de trabajo, prevalece la m\u00e1s favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

\u201cPor lo tanto, dentro del ordenamiento jur\u00eddico se encuentra una orden precisa dirigida a los operadores jur\u00eddicos, que determina que estos tienen la obligaci\u00f3n de aplicar las normas jur\u00eddicas que sean m\u00e1s ben\u00e9ficas para los trabajadores cuando no es clara la norma que deba ser empleada en el caso (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

   <\/span><\/p>\n

\u201cAl respecto, en sentencia C-168 de 1995 esta Corporaci\u00f3n se ocup\u00f3 de explicar el significado de la favorabilidad en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cse parte entonces del presupuesto de la coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situaci\u00f3n en forma diferente, evento en el cual habr\u00e1 de aplicarse la norma que resulte m\u00e1s ben\u00e9fica para el trabajador. Dicho principio difiere del \u2018in dubio Pro operario\u2019, seg\u00fan el cual toda duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan s\u00f3lo existe un precepto que reglamenta la situaci\u00f3n que va a evaluarse, y como admite distintas interpretaciones, se ordena prohijar la que resulte m\u00e1s favorable al trabajador (\u2026)\u201d12.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        Resta se\u00f1alar que la falta de precisi\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional en torno a los tiempos de prestaci\u00f3n de servicios del gestor, tambi\u00e9n quebranta sus garant\u00edas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, como aqu\u00e9l lo adujo en el libelo introductor, Colpensiones le certific\u00f3 7.989 d\u00edas laborados, correspondientes a 1.141 semanas (fls. 24 al 27, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Igualmente, indic\u00f3 haberse  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) cotiz[ado] como tiempo de servicios (\u2026) [en la] Polic\u00eda Nacional (\u2026) desde (\u2026) 1972\/03\/09 (\u2026) hasta (\u2026) 1975\/07\/31 (\u2026), [en el] Fondo Rotatorio de la Polic\u00eda Nacional (\u2026) desde 1975\/08\/01 (\u2026) hasta (\u2026) 1976\/02\/29 [y en la] Polic\u00eda Nacional [nuevamente] (\u2026) desde 1976\/03\/01 (\u2026) hasta (\u2026) 1990\/05\/07 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Fuerzas Militares Soldado [de] 01-NV-61 [al] 25-OC-63 (\u2026) Fondo Rotatorio (\u2026) [de] 09-MZ-72 [al] 31-EN-76 (\u2026) [y] Polic\u00eda Nacional (\u2026) [de] 01-FB-76 [al] 07-MY-90 (\u2026) [para un total de] veinte (20) a\u00f1os cinco (5) meses nueve (9) d\u00edas (\u2026)\u201d (fl. 34, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior evidencia la ausencia de claridad de la entidad en relaci\u00f3n con los tiempos de servicios del solicitante, pues en el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n y al resolver sus reclamaciones adujo que aqu\u00e9l \u201c(\u2026) ingres\u00f3 a la instituci\u00f3n el 01 de febrero de 1976 y fue retirado el 07 de mayo de 1990, acumulando un tiempo total de catorce (14) a\u00f1os, tres (03) meses y seis (06) d\u00edas (\u2026)\u201d (fls. 1 al 6, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esa contestaci\u00f3n refuerza el menoscabo de las prerrogativas invocadas, por cuanto si la Polic\u00eda Nacional no ten\u00eda establecido el lapso de vinculaci\u00f3n del actor, no pod\u00eda resolver correctamente lo concerniente a la prestaci\u00f3n demandada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que en los art\u00edculos 95 y ss., Secci\u00f3n Segunda del Decreto 2247 de 1984, aplicable, seg\u00fan dicha autoridad a la situaci\u00f3n del quejoso, se establece sin duda alguna el reconocimiento de una pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n para \u201c(\u2026) [e]l empleado p\u00fablico del Ministerio de Defensa y de la Polic\u00eda Nacional que acredite veinte (20) a\u00f1os de servicio continuo o [discontinuo] (\u2026), incluido el servicio militar obligatorio (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto), esto \u00faltimo, consonante con la jurisprudencia constitucional13.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, la acusada ha debido dilucidar de manera fehaciente cu\u00e1nto dur\u00f3 la incorporaci\u00f3n del querellante y en caso de concluir que ese per\u00edodo era inferior a veinte (20) a\u00f1os, proceder a analizar lo relativo a los aportes efectuados por aqu\u00e9l, revisando, como antes se sostuvo, lo consagrado en el art\u00edculo 100 del Decreto 1214 de 1990.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre ese \u00faltimo aspecto, cumple anotar que si lo procedente es la pensi\u00f3n por aportes, la autoridad demandada deber\u00e1 tener en consideraci\u00f3n las semanas de cotizaci\u00f3n reportadas por Colpensiones, a quien corresponde prestar toda la colaboraci\u00f3n del caso para materializar el derecho pensional del censor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.        Por tanto, como la Polic\u00eda Nacional releg\u00f3 el estudio de las normas enunciadas y la situaci\u00f3n particular del promotor, se revocar\u00e1 el fallo impugnado para, en su lugar, acceder a la salvaguarda reclamada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        REVOCAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada para, en su lugar, CONCEDER la protecci\u00f3n solicitada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se le ordena al \u00c1rea de Prestaciones Sociales de la Polic\u00eda Nacional que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, resuelva, nuevamente, sobre la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del accionante, dilucidando el tiempo de incorporaci\u00f3n de \u00e9ste y en caso de ser inviable la prestaci\u00f3n contenida en la Secci\u00f3n Segunda del Decreto 2247 de 1984, proceder a valorar las semanas cotizadas por aqu\u00e9l, de acuerdo con lo reportado por Colpensiones y adelantar lo necesario para el reconocimiento de dicha prestaci\u00f3n en la modalidad de aportes, conforme al art\u00edculo 100 del Decreto 1214 de 1990 y seg\u00fan lo expresado en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para el efecto, por Secretar\u00eda, rem\u00edtasele copia a la Polic\u00eda Nacional de esta providencia y de los folios 14 al 31 del cuaderno 1.          <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Exhortar a Colpensiones para que, previo requerimiento de la Polic\u00eda Nacional, brinde toda la colaboraci\u00f3n necesaria a fin de materializar el derecho pensional de Jos\u00e9 Arm\u00e9nides Ortega Benavides.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

TERCERO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional. Sentencia T-225 de 2015.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC 11 de febrero de 2011, exp. 76111-22-13-000-2010-00394-01; reiterada en Sala de 22 de abril de 2015, exp. 11001-22-10-000-2015-00122-01    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC, Sala de 22 de abril de 2015, exp. 11001-22-10-000-2015-00122-01    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional. Sentencia T- 207 de 15 de abril de 2013    <\/span><\/p>\n

5 \u201c(\u2026) La expresi\u00f3n soft law busca describir la existencia de fen\u00f3menos jur\u00eddicos caracterizados por carecer de fuerza vinculante aunque no carentes de efectos jur\u00eddicos o al menos con cierta relevancia jur\u00eddica\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cCon el uso del t\u00e9rmino no s\u00f3lo se pretende evidenciar la existencia de determinados instrumentos internacionales que no obstante no ser vinculantes tienen relevancia jur\u00eddica, si no tambi\u00e9n albergar bajo su mando diversas manifestaciones de acuerdos interestatales y consensos internacionales que independientemente de su valor jur\u00eddico se incorporan al discurso internacional y producen ciertos efectos que repercuten de diferentes formas en la formaci\u00f3n, desarrollo, interpretaci\u00f3n, aplicaci\u00f3n y cumplimiento del derecho internacional, tanto en el \u00e1mbito interno de los Estados como en el propio seno del derecho internacional (\u2026)\u201d. Consultado el 13 de febrero de 2017 en el siguiente enlace:   <\/span><\/p>\n

https:\/\/www.diccionariojuridico.mx\/?pag=vertermino&id=1754.\u00a0 <\/A><\/span><\/p>\n

6 CSJ. STC, Sala de 15 de enero de 2017, exp. 54001-22-13-000-2016-00405-01.    <\/span><\/p>\n

7 V\u00e9anse los fallos T-0343 de 2014 y la T-079 de 2016, entre otros muchos.    <\/span><\/p>\n

8 Corte Constitucional, sentencia T-463 de 2003, citada en la C-177 de 2016.    <\/span><\/p>\n

9 CSJ. STC, Sala de 15 de enero de 2017, exp. 54001-22-13-000-2016-00405-01.    <\/span><\/p>\n

10 \u201cArt\u00edculo 10. Entidad de previsi\u00f3n pagadora. La pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes ser\u00e1 reconocida y pagada por la \u00faltima entidad de previsi\u00f3n a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportaci\u00f3n continuo o discontinuo en ellas haya sido m\u00ednimo de seis (6) a\u00f1os. En caso contrario, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes ser\u00e1 reconocida y pagada por la entidad de previsi\u00f3n a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

11 \u201cArt\u00edculo 1\u00b0. Pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes. La pensi\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 71 de 1988, se denomina pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes. Tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por aportes quienes al cumplir 60 a\u00f1os o m\u00e1s de edad si es var\u00f3n, o 55 a\u00f1os o m\u00e1s si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 a\u00f1os o m\u00e1s de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsi\u00f3n social del sector p\u00fablico (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

12 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2012.    <\/span><\/p>\n

13 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2012, donde se sostuvo: \u201c(\u2026) El tiempo durante el cual un colombiano haya prestado el servicio militar debe ser tenido en cuenta para efectos de contabilizar el tiempo de servicio. Es claro que la Constituci\u00f3n establece que las personas que presten el servicio militar, el cual es obligatorio, tienen ciertas prerrogativas dentro del ordenamiento. Ahora, si bien es cierto que dentro del ordenamiento dicha prerrogativa fue reconocida desde 1945 hasta 1959, pero no entre 1959 y 1968, el art\u00edculo 40 de la Ley 48 de 1993, determina que el benefici\u00f3 debe ser aplicado para las personas que hayan prestado el servicio militar en cualquier tiempo (\u2026)\u201d.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC2954-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00141-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99827","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99827","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99827"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99827\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99827"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99827"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99827"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}