{"id":99828,"date":"2026-06-25T19:28:24","date_gmt":"2026-06-25T19:28:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2955-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:28:24","modified_gmt":"2026-06-25T19:28:24","slug":"stc2955-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2955-2017\/","title":{"rendered":"STC2955-2017"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"rvts6\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">MARGARITA CABELLO BLANCO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Magistrada ponente &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">STC2955-2017 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00412-00 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete) &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Bogot\u00e1, D. C., seis (6 &nbsp;) de marzo de dos mil diecisiete (2017). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Luis Mazo Mazo, frente a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad y la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Salinas \u00c1lvarez, vincul\u00e1ndose a las partes e intervinientes en el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico (N.\u00b0 2012-00002-00) que la se\u00f1alada persona natural adelant\u00f3 en su contra. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente: &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.1. El 23 de diciembre de 1972 contrajo matrimonio por el rito cat\u00f3lico, con la se\u00f1ora Martha Lucia Salinas \u00c1lvarez, y como fruto de dicha uni\u00f3n procrearon dos hijos, Jhon Fredy y Rub\u00e9n Dar\u00edo Mazo Salinas, hoy mayores de edad, y en el a\u00f1o de 1985 se separ\u00f3 de hecho de su compa\u00f1era puesto que esta \u00abcomenz\u00f3 con un ciclo de violencia intrafamiliar\u00bb pero, ella frecuentaba su lugar de residencia, ubicada en la carrera 85 N\u00b0 103- 28, Barrio Picacho de la ciudad Medell\u00edn, con el objeto que \u00able firmara los documentos necesarios para ella disponer de alg\u00fan bien inmueble [\u2026] conseguido durante el matrimonio\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.2. El 7 de marzo de 1995, le formul\u00f3 demanda de \u00abdivorcio\u00bb, en la que manifiesta estar separados desde principios del a\u00f1o 1983 \u00aben raz\u00f3n del abandono que de sus obligaciones de esposo\u00bb, pues nunca supo de \u00e9l; afirmaci\u00f3n falsa, conforme al hecho anterior, puesto que mediante escritura n.\u00b0 1322 de 12 de junio de 1984, otorgada ante la Notar\u00eda 2.\u00aa de Pereira adquirieron conjuntamente un inmueble con hipoteca, \u00abcuando la relaci\u00f3n de matrimonio continuaba vigente\u00bb, y en los t\u00edtulos escriturarios n.\u00b0 1163 del 6 de abril de 1990, autorizada en la misma Notar\u00eda y n.\u00b0 1066 de 12 de abril de 1995, de la \u00abNotar\u00eda Dieciocho de Medell\u00edn\u00bb, reposan poderes que \u00e9l le confiri\u00f3 para que ella efectuara la venta de inmuebles, y para esas datas la relaci\u00f3n \u00abcontinuaba vigente, pues a pesar de no estar juntos, siempre nos comunic\u00e1bamos y nos ve\u00edamos constantemente\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.3. La sentencia del a quo encartado se funda en las declaraciones de las se\u00f1oras Amparo Ram\u00edrez Giraldo y Vera Vivas Buitrago, a quienes no les constan los hechos sino que son \u00abtestigos de o\u00eddas\u00bb los cuales no ofrecen ninguna garant\u00eda constitucional, material, ni probatoria, pues manifestaron que la pareja se encuentra separada de hecho hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, y desde esa \u00e9poca han visto a la demandante viviendo sola con sus hijos, ya que al esposo ni siquiera lo conocen y los datos que suministran obedecen a comentarios de aquella &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.4. En el fallo de segundo grado el Tribunal recriminado advirti\u00f3 que los deponentes no conocieron al esposo ni tuvieron trato f\u00edsico con \u00e9l y, que la demandante no dio a conocer profundos detalles de la relaci\u00f3n marital para tener por cierto el abandono y que fue ella quien propici\u00f3 la separaci\u00f3n, por lo que no pod\u00eda endilgarle responsabilidad, y afirmar que \u00abel aqu\u00ed demandado a incumplido efectivamente con sus deberes que como c\u00f3nyuge tiene frente a la demandante\u00bb, lo cual constituye la violaci\u00f3n, dado que \u00abno se tom\u00f3 la molestia de haber declarado la nulidad absoluta, por prueba dolosa o, dudosa\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.5. En el a\u00f1o 1997, en la misma actuaci\u00f3n su ex compa\u00f1era present\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la solicitud de Liquidaci\u00f3n de la Sociedad Conyugal, la que sali\u00f3 avante, pero tampoco se le notific\u00f3. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.6. Aduce que se enter\u00f3 de esta situaci\u00f3n el 29 de octubre de 2015, e inmediatamente, procedi\u00f3 a recoger la documentaci\u00f3n para impetrar esta acci\u00f3n, por considerar que no le queda ning\u00fan otro mecanismo legal; y aduce que no hab\u00eda podido iniciar este tr\u00e1mite, porque es \u00abun anciano de 69 a\u00f1os, que se encuentra abandonado y sin esperanzas, que depende de los alimentos que me regalen las buenas personas\u00bb &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, decretar la nulidad absoluta de las sentencias de \u00abdivorcio\u00bb y liquidaci\u00f3n de la Sociedad Conyugal, emitidas \u00abentre los a\u00f1os 1995 y 1997\u00bb y \u00aboficiar a las Notar\u00edas en donde reposan los Registros Civiles de Nacimiento y Matrimonio, para que dichos documentos, vuelvan a su estado normal\u00bb; requerir a los funcionarios acusados para que expliquen \u00abcu\u00e1l fue la tesis probatoria que existi\u00f3 dentro del proceso, y cual fue su valoraci\u00f3n, toda vez que los testimonios rendidos [\u2026], no son contundentes como para dictar sentencia\u00bb, y \u00abcompulsar copias a la Fiscal\u00eda General, para que investiguen la forma utilizada, para tal fraude procesal\u00bb y para que \u00able habr\u00e1n [sic] investigaci\u00f3n a la demandante, por el punible DEFRAUDE [sic] PROCESAL\u00bb (destacado del texto). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1. La Juez querellada solicit\u00f3 se declare improcedente el amparo, para lo cual manifest\u00f3 que en ese estrado judicial curs\u00f3 el proceso cuestionado, que admiti\u00f3 el 7 de marzo de 1995 en el que la demandante \u00abse\u00f1al\u00f3 bajo juramento, no conocer el domicilio del demandado\u00bb por lo que fue emplazado y se le design\u00f3 curador ad-litem, quien \u00abcontest\u00f3 la demanda y ejerci\u00f3 la defensa eficientemente\u00bb, en audiencia de 10 de agosto de 1995, se escucharon las testigos, y a ella en interrogatorio, quienes \u00abdijeron que la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda se encontraba separada de hecho de su esposo hac\u00eda mucho m\u00e1s de los dos a\u00f1os exigidos por el numeral 8o. del art\u00edculo 154 del C.C., sin que se hubiera presentado reconciliaci\u00f3n entre tanto\u00bb; y. el 5 de septiembre en sentencia se declar\u00f3 \u00abla cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio de las partes por la mentada causal 8a., desde\u00f1ando la otra causal (2a.), al no haberla encontrado probada\u00bb, la que fue objeto de consulta y el superior la confirm\u00f3 y, fue inscrita ante el funcionario del Estado Civil, con lo cual afirma, \u00abse hizo p\u00fablica la declaraci\u00f3n de cese de los efectos civiles del matrimonio, desde el a\u00f1o 1996\u00bb. (subrayado del texto). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Que posteriormente \u00abse inici\u00f3 el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal disuelta, corri\u00e9ndose traslado al demandado, a partir de la notificaci\u00f3n por estado del auto que orden\u00f3 tal liquidaci\u00f3n, por cuanto el t\u00edtulo XXX del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no exig\u00eda notificaci\u00f3n personal cualquiera que fuera el plazo dentro del cual se haya intentado la liquidaci\u00f3n, por cuanto se consideraba que si la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal se dio por sentencia judicial, el demandado ya estaba vinculado dado que la liquidaci\u00f3n no era un proceso separado, sino una consecuencia del tr\u00e1mite ya adelantado\u00bb, conforme lo dispuso la sentencia C-901 de 2003, aunque, en fecha posterior esa Sala consider\u00f3 \u00abm\u00e1s conveniente que en adelante en los procesos de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, se notificara personalmente al demandado, el auto que ordenaba la liquidaci\u00f3n, y en aquellos eventos en que el demandado hab\u00eda sido representado por curador ad-litem, a este profesional se le hiciera la notificaci\u00f3n\u00bb, acotando que \u00abse inventari\u00f3 la inexistencia de bienes del activo y del pasivo, valor\u00e1ndolos l\u00f3gicamente en $0, design\u00e1ndose al partidor, quien present\u00f3 su-trabajo de adjudicar $0 a cada c\u00f3nyuge, el mismo que fue aprobado mediante sentencia\u00bb, por lo que afirma que \u00abla demandante no utiliz\u00f3 este proceso para hacerse adjudicar a espalda de su exc\u00f3nyuge, alg\u00fan bien en detrimento de la sociedad conyugal\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Sostuvo tambi\u00e9n que la demanda \u00abse entiende presentada baj\u00f3 la gravedad de juramento, y el despacho aplicando el principio de la buena fe, imprimi\u00f3 la actuaci\u00f3n que correspond\u00eda en un proceso donde la parte demandante dice no conocer el lugar de ubicaci\u00f3n de la demandada\u00bb y que para el a\u00f1o 1995, \u00absolo importaba que la separaci\u00f3n se hubiera dado como m\u00ednimo desde hac\u00eda dos a\u00f1os para entonces, sin que fuera relevante que tal distanciamiento no se hubiera empezado en el a\u00f1o 1983 (hac\u00eda 12 a\u00f1os) sino en 1985 (10 a\u00f1os)\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Para finalizar afirm\u00f3 que el accionante puede acudir al recurso de revisi\u00f3n, de un lado, y de otro, que han pasado m\u00e1s de 20 a\u00f1os desde el proferimiento de la sentencia por lo que se ha constituido la falta del requisito de Inmediatez. (ff, 72-73). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2.- El presidente de la Sala querellada manifest\u00f3 que el expediente del juicio cuestionado fue devuelto al juzgado de origen el 1.\u00b0 de noviembre de 1995, y que la actuaci\u00f3n de dicha Corporaci\u00f3n se contrajo a proveer sobre la consulta a la sentencia de primera instancia, la que fue confirmada el 31 de octubre de esa anualidad, resoluci\u00f3n dentro de la cual \u00abse encuentran los argumentos para as\u00ed decidir\u00bb a los cuales se remite \u00abpor contener el an\u00e1lisis y la gesti\u00f3n que correspondi\u00f3 a la Sala de ese entonces, dentro de tal asunto\u00bb (f. 76). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">CONSIDERACIONES &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que el censor, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su discrepancia contra las autoridades acusadas por considerar que incurrieron en causal espec\u00edfica de procedibilidad por \u00aberror inducido\u00bb, pues afirma que la all\u00ed demandante le ocult\u00f3 al fallador que conoc\u00eda el lugar en el que pod\u00eda ser notificado y aleg\u00f3 hechos contrarios a la realidad. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente: &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">a) Copia de la demanda de \u00abdivorcio contencioso\u00bb presentada por la se\u00f1ora Martha Luc\u00eda Salinas \u00c1lvarez contra el accionante (fl. 2-6). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">b) Sentencia proferida por el Juzgado acusado, el 6 de septiembre de 1995, que decret\u00f3 \u00abel cese de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que contrajeron Martha luc\u00eda Salinas \u00c1lvarez y Jos\u00e9 Luis Mazo Mazo\u00bb; declar\u00f3 \u00abdisuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal que se form\u00f3 por el hecho del matrimonio\u00bb; no fij\u00f3 alimentos a cargo de ninguno de los c\u00f3nyuges; y. adem\u00e1s orden\u00f3 su inscripci\u00f3n \u00aben el folio de matrimonio, en el de nacimiento de cada uno de los c\u00f3nyuges y en el libro de varios\u00bb. (ff. 8-15). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">c) Providencia de 31 de octubre de 1995 mediante la cual el Tribunal querellado confirm\u00f3 el fallo del a quo (ff. 16-24). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">d) Trabajo de partici\u00f3n \u00abde los bienes y deudas pertenecientes a la sociedad conyugal\u00bb, con saldos en ceros tanto en activos como en pasivos. (ff. 25-26). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">e) Resoluci\u00f3n emitida el 12 de agosto de 1997 por el a quo querellado, que resuelve \u00ab[a]probar en todas sus partes el trabajo de partici\u00f3n de los bienes y deudas pertenecientes a la sociedad conyugal formada por los esposos Martha Luc\u00eda Salinas \u00c1lvarez y Jos\u00e9 Luis Mazo Mazo\u00bb (f. 27). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">f) Oficio n.\u00b0 1674 de noviembre 16 de 1995 dirigido al Notario Segundo del Circulo de Medell\u00edn (Antioquia), comunic\u00e1ndole que mediante las sentencias de primera y segunda instancia, ejecutoriadas, \u00abse decret\u00f3 el cese de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico que contrajeron [Martha Luc\u00eda Salinas \u00c1lvarez y Jos\u00e9 Luis Mazo Mazo], se declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal que se form\u00f3 por el hecho del matrimonio\u00bb, a fin de que \u00abse inscriba la decisi\u00f3n en el FOLIO 19014964 DE FECHA AGOSTO\/2093 del registro civil de nacimiento de Martha Luc\u00eda Salinas \u00c1lvarez, y en el libro de varios de esa notar\u00eda\u00bb; con constancia de haberse registrado el 18 de enero de 1996 en el folio 218 tomo 27. (f. 30). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">g) Certificado expedido por el notario tercero del c\u00edrculo de Medell\u00edn, que da cuenta de la inscripci\u00f3n del fallo de 16 de noviembre de 1995, que decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, en el \u00abRegistro Civil de Matrimonio\u00bb de los se\u00f1ores Jos\u00e9 Luis Mazo Mazo (aqu\u00ed accionante) y Martha Luc\u00eda Salinas \u00c1lvarez, \u00abTOMO 40 FOLIO 18 enero\/1996\u00bb (f. 68). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4.- Analizado el rese\u00f1ado tr\u00e1mite advierte la Corte que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto deviene inane, comoquiera que no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio t\u00e9rmino verificado desde la ocurrencia de los concretos y puntuales hechos de los que se duele el quejoso, esto es: i) sentencia de 6 de septiembre de 1995 (cese de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico, y declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal), ii) providencia de 31 de octubre de 1995 que confirm\u00f3 el fallo de primer grado; y iii) fallo de 12 de agosto de 1997, que aprob\u00f3 el respectivo trabajo de partici\u00f3n de los bienes y deudas pertenecientes a la citada \u00absociedad conyugal\u00bb, habida cuenta que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 20 de febrero de 2017, lo cual desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">5. Ahora bien, la manifestaci\u00f3n elevada por el gestor en aras de exculpar la demora desplegada, de que \u00abse enter\u00f3 el 29 de octubre de 2015 e inmediatamente procedi[\u00f3] a recoger la documentaci\u00f3n para poder impetrar la acci\u00f3n\u00bb, no es de recibo puesto que como lo ha ense\u00f1ado la jurisprudencia de la Sala \u00abel plazo prudencial para la presentaci\u00f3n del amparo, fijado jurisprudencialmente, se se\u00f1al\u00f3 en meses, por lo que debe aplicarse lo previsto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que prev\u00e9 que \u201clos t\u00e9rminos de meses y de a\u00f1os se contar\u00e1n conforme al calendario\u201d\u00bb, am\u00e9n que a\u00fan ni desde esa fecha se verifica la atenci\u00f3n del citado presupuesto&nbsp; (CSJ STC. 30 abr,. 2013 rad. 2013-00346-01). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Es por eso que el actor no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe plazo de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un lapso razonablemente prudencial, de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo tiempo antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo no puede abrirse paso. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Sobre el mentado requisito general de procedencia de esta acci\u00f3n constitucional en que necesariamente ha de repararse, la jurisprudencia de la Sala puntualiz\u00f3 que: &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 14 abr. 2015, rad. 00057-01). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">6. Consecuentemente con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">DECISI\u00d3N &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Notif\u00edquese &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Presidente de Sala &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">MARGARITA CABELLO BLANCO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; MARGARITA CABELLO BLANCO &nbsp; Magistrada ponente &nbsp; &nbsp;&nbsp; STC2955-2017 &nbsp; Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00412-00 &nbsp; (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete) &nbsp; &nbsp;&nbsp; Bogot\u00e1, D. C., seis (6 &nbsp;) de marzo de dos mil diecisiete (2017). &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99828","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99828","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99828"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99828\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99828"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99828"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99828"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}