{"id":99829,"date":"2026-06-25T19:28:34","date_gmt":"2026-06-25T19:28:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2956-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:28:34","modified_gmt":"2026-06-25T19:28:34","slug":"stc2956-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2956-2017\/","title":{"rendered":"STC2956-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2956-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00418-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Hernando Villa Gonz\u00e1lez, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, concretamente contra el magistrado Jos\u00e9 Alfonso Isaza D\u00e1vila, y el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, habeas data y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro de la acci\u00f3n de grupo n.\u00b0 2010-00541 que Alejandro Bernal L\u00f3pez y otras 37 personas, entre las que no figura \u00e9l, le formularon a Bancolombia.  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. La acci\u00f3n cuestionada fue promovida con el objeto que se protegiera \u00abel derecho consagrado en el literal n) del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 472 de 1998\u00bb, a fin de \u00abhacer cesar la vulneraci\u00f3n sobre los derechos e intereses colectivos de los usuarios del sistema UPAC, \u201c \u00aben relaci\u00f3n con la forma de determinar el valor de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, tal como lo ordena el art\u00edculo 16 literal F de la ley 31 de 1992 y el art\u00edculo 134 del Decreto 663 de 1993\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.- El despacho recriminado, en pronunciamiento de 3 de julio de 2015, aplic\u00f3 la figura del \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb contemplada en el canon 317-2 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto el \u00abexpediente dur\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o sin movimiento alguno en secretar\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.- Esa determinaci\u00f3n fue apelada al interior del sub judice, acaeciendo que la Colegiatura enjuiciada la ratific\u00f3 por auto de 17 de febrero de 2016, exponiendo, cardinalmente, que \u00abla parte demandante no cumpli\u00f3 con las cargas procesales a su cargo como la notificaci\u00f3n al demandado y que si bien es cierto existe un documento que autoriza al dependiente [\u2026] esa actuaci\u00f3n no es suficiente, y que adem\u00e1s si la parte demandante pas\u00f3 un oficio de impulso, tampoco era aplicable al caso por la falta de notificaci\u00f3n. Y, adem\u00e1s que no era necesario que el juez hiciera el requerimiento respectivo al demandante notific\u00e1ndole la orden de cumplir con las cargas procesales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.- Asevera que esas providencias albergan anomal\u00eda comoquiera que desconocen \u00abla retroactividad y obligatoriedad de la sentencias de la [\u2026] Corte Constitucional y [encierran una] err\u00f3nea interpretaci\u00f3n y desconocimiento del ordenamiento constitucional\u00bb; am\u00e9n que soslayan \u00abel derecho de los demandantes de revisar el cr\u00e9dito que le[s] confirieron y los [pagos en exceso por lo que] ten\u00eda[n] al menos derecho [de que les] revisaran en la realizaci\u00f3n y justa valoraci\u00f3n de una prueba pericial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00ab[d]ejar sin efecto todo lo actuado\u00bb por las autoridades acusadas dentro del sub lite.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1.- La juez acusada manifest\u00f3 que conoci\u00f3 la acci\u00f3n de grupo censurada, la que admiti\u00f3 mediante auto de 5 de noviembre de 2010 y con prove\u00eddos de 4 de marzo y 24 de junio de 2011 \u00abse incluyeron nuevos actores\u00bb. Asimismo, que desde el 13 de diciembre de 2013 hasta el 3 de julio de 2015, permaneci\u00f3 el expediente en la secretar\u00eda sin movimiento alguno, por lo que en aplicaci\u00f3n al numeral 2.\u00b0 del art\u00edculo 317 del C. G. del P. decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso; providencia que fue confirmada por el superior el 17 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.- El Tribunal querellado expuso que en la fecha antes se\u00f1alada \u00abse decidi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de tres (3) de julio de dos mil quince (2015), formulado por el demandante. La decisi\u00f3n fue confirmada por las razones que all\u00ed se expusieron\u00bb. (f. 51).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u201cv\u00eda de hecho\u201d\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

2. Estudiada la inconformidad planteada, surge que la censora, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad enfila su inconformismo contra las autoridades acusadas por considerar que incurrieron en causales espec\u00edficas de procedibilidad por defectos \u00abprocedimental\u00bb y \u00absustancial\u00bb, y \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, en tanto que el juzgado querellado profiri\u00f3 auto de 3 de julio de 2015 que declar\u00f3 el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb en el sub examine; y, el Colegiado cuestionado lo confirm\u00f3 mediante prove\u00eddo de 17 de febrero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Pantallazo de las actuaciones adelantadas al interior del sub judice, tomado de la p\u00e1gina electr\u00f3nica \u00abConsulta de Procesos\u00bb, en el cual obra que fungieron como demandantes: Alejandro Bernal L\u00f3pez, Alexander Gil Posada, Bernarda Margarita Arteaga D., Diana Cristina Franco Gonz\u00e1lez, Donarys Botero D., Edgar Enrique Cruz Tique, Erasmo Cardona, Francisco J. Calle C., German Aguilar S., Gloria Beatriz G\u00f3mez Mogoll\u00f3n, Gloria Elena Correa R\u00edos, H\u00e9ctor Enrique De Los R\u00edos Uribe, Hernando Aguado M\u00e9ndez, Iv\u00e1n D. Baena F., Jair \u00c1lvarez G., Jairo de Jes\u00fas Grajales Grajales, Javier A. \u00c1ngel E., Jesusbilman Danilo Durango Garc\u00eda, John Jairo Casta\u00f1o Galeano, Jonh Jairo Echeverri Echeverri, Jonh Jairo Gallego Grisales, Jonny Alexander G\u00f3mez Mu\u00f1oz, Jos\u00e9 Ramiro Franco Montoya, Juan C. Bustamante T., Julia E. Arango de H., Luz Dari Bedoya V\u00e9lez, Luz Dary Del Carmen Cano Bland\u00f3n, Margarita Barrera A., Mar\u00eda Nadime G\u00f3mez Betancourt, Mar\u00eda Oliva Agudelo Maya, Mariela D\u00edaz de Rodr\u00edguez, Mauro de Jes\u00fas Cardona Correa, Nora Beatriz Escobar Gonz\u00e1lez, \u00d3scar Aurelio G\u00f3mez Grisales, Ram\u00f3n El\u00edas Criollo Rayo, Ra\u00fal A. Beltr\u00e1n H., Sor Mar\u00eda Castellanos Orozco y Zoraida G\u00f3mez Aristiz\u00e1bal. (ff. 29-30)  <\/span><\/p>\n

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b) Auto de 3 de julio de 2015, mediante el cual el juzgado acusado decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito del proceso. (f. 47)  <\/span><\/p>\n

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c) Prove\u00eddo de diecisiete de febrero de 2016, dictado por la Colegiatura enjuiciada, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. (ff. 40-46).  <\/span><\/p>\n

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d) Fallos CSJ STC18597-2016, 19 dic. 2016, rad. 2016-03608-00. y STC2372-2017, 22 feb.. 2017, rad. 2017-00290-00. (ff. 31-39)  <\/span><\/p>\n

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4.- En cuanto hace con el preciso reparo elevado por el quejoso, cabe denotar que esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, en torno a la cualificaci\u00f3n de los sujetos que est\u00e1n prevalidos de legitimaci\u00f3n para actuar en sede constitucional cuando su dolencia dimana de un litigio, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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[L]a acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante o agente oficioso, evento \u00faltimo en el cual es requisito manifestar tal circunstancia.  <\/span><\/p>\n

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En trat\u00e1ndose de la transgresi\u00f3n del debido proceso, es claro que quienes ostentan legitimaci\u00f3n en la causa para demandar su protecci\u00f3n constitucional, en principio, son aquellas personas naturales o jur\u00eddicas que intervinieron en el respectivo juicio o tr\u00e1mite administrativo o que siendo imperativa su vinculaci\u00f3n no fueron citados (CSJ STC, 4 ago. 2009, rad. 01001-01).  <\/span><\/p>\n

4.1.- As\u00ed las cosas, en el caso de cuyo estudio se ocupa la Sala, es evidente que las peticiones elevadas con el prop\u00f3sito de que se deje \u00absin efecto todo lo actuado\u00bb en la acci\u00f3n de grupo que convoca la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, no pueden encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda judicial, habida cuenta que el promotor, seg\u00fan se desprende de las probanzas allegadas, no fue sujeto procesal de la \u00abacci\u00f3n de grupo\u00bb sub examine, esto es, que no detenta condici\u00f3n sustancial o adjetiva ninguna dentro del mismo que posibilite la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales se\u00f1alados en el escrito genitor; de ah\u00ed que adolezca de legitimaci\u00f3n en la causa para accionar, en tanto que no se entiende c\u00f3mo puede verse afectado en sus derechos con las actuaciones enjuiciadas, las cuales, \u00fanicamente, est\u00e1n dirigidas a regular la situaci\u00f3n jur\u00eddica de los contradictores litigiosos, dentro de los que no se halla, it\u00e9rase, el peticionario, y no pod\u00eda serlo simplemente porque no es una de las plurales personas que en el sub lite busc\u00f3 le fuesen resarcidos sus \u00abperjuicios individuales\u00bb (art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 472 de 1998). Por tanto, deviene inane la solicitud de resguardo por \u00e9l planteada.  <\/span><\/p>\n

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4.2.- En un asunto que guarda simetr\u00eda con el aqu\u00ed abordado, la Sala tuvo ocasi\u00f3n de se\u00f1alar que:  <\/span><\/p>\n

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[E]n el promotor del amparo debe existir un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, trat\u00e1ndose de violaciones derivadas de actuaciones judiciales, radica en cabeza de quienes conforman alguno de los extremos de la litis o fueron tenidos o reconocidos como intervinientes.  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] En el sub lite, es claro el fracaso de la salvaguarda porque del relato del [tutelista] y de las evidencias adosadas a este expediente, emerge que \u00e9l no particip\u00f3 en el pleito denunciado en ninguna de las dos se\u00f1aladas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para reprochar por esta v\u00eda las decisiones all\u00ed adoptadas (CSJ STC, 14 nov. 2013, rad. 02643-00).  <\/span><\/p>\n

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5.- A m\u00e1s de lo pret\u00e9rito, cabe se\u00f1alar que esta Sala ya hab\u00eda tenido momento de pronunciarse relativamente a las decisiones enantes aludidas, dictadas en la acci\u00f3n de grupo aqu\u00ed referida, lo propio particularmente en sentencia CSJ STC18597-2016, 19 dic. 2016, rad. 2016-03608-00, en la que a Jos\u00e9 Yesid Lozada Aldana, quien tampoco intervino en el litigio en cuesti\u00f3n, por lo que tambi\u00e9n se le enrostr\u00f3 all\u00ed su \u00abfalta de legitimaci\u00f3n\u00bb, se le expuso lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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Al margen de lo anterior, y en gracia de discusi\u00f3n, advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada en definitiva no puede encontrar resguardo en esta excepcional v\u00eda, toda vez que se desconoce el principio de inmediatez, frente a las providencias cuestionadas de fecha 3 de julio de 2015, emitida por el a-quo censurado y 17 de febrero de 2016, proferida por el tribunal encartado, mediante las cuales se declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito de la acci\u00f3n de grupo que nos ocupa y se confirm\u00f3 la aludida determinaci\u00f3n; ello a causa del lapso transcurrido desde la \u00faltima providencia y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que se propuso el  12 de diciembre de 2016, esto es, casi diez (10) meses despu\u00e9s de ejecutoriada la m\u00e1s reciente determinaci\u00f3n recriminada.  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] Es ese orden de ideas, no se puede acudir a este medio para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de garant\u00edas, comoquiera que pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para invocar la protecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que el amparo inmediato, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo.  <\/span><\/p>\n

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Lo propio se le se\u00f1al\u00f3 a Luz Mariela Cardona \u00c1lzate en fallo CSJ STC2372-2017, 22 feb. 2017, rad. 2017-00290-00, en la que a Luz Mariela Cardona Alzate, quien tampoco intervino en el litigio en cuesti\u00f3n; y siendo que la actual acci\u00f3n se formul\u00f3 el d\u00eda 16 de febrero de 2017, con m\u00e1s veras se predica la falta de inmediatez en cuanto ata\u00f1e con la presente invocaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6.- Consecuentemente con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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