{"id":99831,"date":"2026-06-25T19:28:48","date_gmt":"2026-06-25T19:28:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2960-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:28:48","modified_gmt":"2026-06-25T19:28:48","slug":"stc2960-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2960-2017\/","title":{"rendered":"STC2960-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2960-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2017-00425-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se procede a decretar   la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Norberto Urrego cano en contra de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, concretamente contra el magistrado Fernando Alberto Castro Caballero.  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abceleridad en tr\u00e1mites administrativos\u00bb, \u00abcivilidad\u00bb y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

2.1.- El 1.\u00b0 de julio de 2016 formul\u00f3 petici\u00f3n al Magistrado Ponente, solicitando individualizaci\u00f3n y\/o ruptura procesal del asunto con radicado n.\u00b0 11001310700920080008501, con el fin de acceder a beneficios administrativos y a la libertad. (f. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.2.- A la fecha no hay pronunciamiento alguno. (2).  <\/span><\/p>\n

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3.- Pidi\u00f3, conforme lo relatado, ordenar a la accionada que en el t\u00e9rmino de 48 horas le resuelva de fondo su reclamaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.- La presente actuaci\u00f3n fue remitida a esta Sala por la hom\u00f3loga Penal, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 14 de febrero de 2017.  <\/span><\/p>\n

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5. La protecci\u00f3n invocada se le dio tr\u00e1mite, admiti\u00e9ndola, mediante auto del d\u00eda 22 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Fiscal 19 Especializada DFNEDH-DIH se\u00f1al\u00f3 no hacer manifestaci\u00f3n alguna sobre las pretensiones del accionante en atenci\u00f3n a que desconoce el derecho de petici\u00f3n objeto de la acci\u00f3n (f. 34).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juez Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja expres\u00f3 que ninguna de las pretensiones hace referencia a actuaciones u omisiones de esa sede judicial; tampoco ha tramitado el proceso al que alude el escrito de tutela. Asimismo, que por auto de 23 de junio de 2016 dictado dentro del radicado CUI 11-001-31-07-006-2003-0009-00 actual NI-6744 le fue concedida al querellante \u00ablibertad pro pena cumplida y dejado a disposici\u00f3n de Juzgado Noveno Penal del Circuito especializado de Bogot\u00e1 dentro del proceso portador del CUI 11-001-31-07-009-2008-0085-00 en el que se encontraba requerido\u00bb [destacado del texto] (f.31).  <\/span><\/p>\n

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3. El Magistrado de la Sala Penal acusada manifest\u00f3 que le correspondi\u00f3 por reparto el proceso con radicado n.\u00b0 47768 en el que la acusada Silvia M\u00e1rquez Ariza \u00abpresent\u00f3 recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia del 13 de julio de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, por cuyo medio se confirm\u00f3 la condenatoria del 30 de septiembre de 2013, dictada por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, que la hall\u00f3 responsable, junto con otros y entre varios delitos, por el de homicidio en persona protegida\u00bb y que entre los procesados est\u00e1 el se\u00f1or Luis Norberto Urrego Cano, que no impugn\u00f3 dicho fallo, quien radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n el 7 de julio de 2016, que solo ingres\u00f3 a despacho el pasado 9 de febrero, con informe secretarial de que \u00abno aparec\u00eda constancia alguna acerca de su diligenciamiento\u00bb, el cual resolvi\u00f3 de manera negativa mediante auto del d\u00eda 13 del mismo mes y a\u00f1o, y dispuso \u00abque la Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, procediera a adoptar las medidas pertinentes frente a la dilaci\u00f3n del tr\u00e1mite\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que a la fecha no existe veneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del quejoso, y la tutela se torna improcedente. (ff. 35-37).  <\/span><\/p>\n

4. El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abconoci\u00f3 de la actuaci\u00f3n adelantada bajo el n\u00famero de radicado 11001310700920080008500, seguida en contra de LUIS NORBERTO URREGO CANO y otros, la cual culmin\u00f3 con sentencia condenatoria del 30 de septiembre de 2013 en la que se le impuso a URREGO CANO la pena principal de 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 3264 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al ser hallado responsable, a t\u00edtulo de coautor, de los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, utilizaci\u00f3n de medios y m\u00e9todos de guerra il\u00edcitos actos de terrorismo y destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos\u00bb la que fue apelada y \u00abla Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, mediante decisi\u00f3n del 13 de julio de 2015, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal respecto de los delitos de utilizaci\u00f3n de medios y m\u00e9todos de guerra il\u00edcitos, destrucci\u00f3n y apropiaci\u00f3n de bienes protegidos y lesiones personales en persona protegida, fijando la sanci\u00f3n privativa de la libertad en 406 meses y 10 d\u00edas de prisi\u00f3n y multa de 2990.7 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, actuaci\u00f3n que actualmente se encuentra surtiendo el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1al\u00f3 igualmente, que el pasado 16 de febrero \u00abse recibi\u00f3 en secretaria el oficio 03931 procedente de la Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dando traslado de la petici\u00f3n del sentenciado LUIS NORBERTO URREGO CANO, la cual se encontraba en turno para decidir; sin embargo, ante la existencia de esta acci\u00f3n de tutela, se procedi\u00f3 a emitir la respectiva decisi\u00f3n, [negando la ruptura de la unidad procesal, misma que est\u00e1 en tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n\u00bb, por lo cual solicita se declare improcedente la acci\u00f3n ) (f. 50)..  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem.  De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (CSJ STC, 20 y 31 Mar. 2000. Rad. Nos. 4822 y 4867, reiterada el 10 de febrero de 2014 rad, No. 00365-01).  <\/span><\/p>\n

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2.- Observada la censura planteada, resulta evidente que el reclamante enfila su inconformismo contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, a fin de que se le resuelva de fondo la \u00abpetici\u00f3n\u00bb que elev\u00f3.  <\/span><\/p>\n

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3.- De acuerdo a las demostraciones recaudadas, se vislumbran las siguientes actuaciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Corte:  <\/span><\/p>\n

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3.1.- Escrito contentivo del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb dirigido por el quejoso a trav\u00e9s del servicio postal de Servientrega (Factura n.\u00b0 945213629, en que solicit\u00f3 decretar la \u00abINDIVIDUALIZACI\u00d3N O RUPTURA PROCESAL\u00bb, puesto que no ha presentado \u00abApelaci\u00f3n alguna\u00bb ni su defensor, y lo perjudica porque est\u00e1 \u00abpasado de [sus] beneficios administrativos y de ley\u00bb, y que sea devuelto el expediente al Juzgado Sexto de ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja para la \u00abacumulaci\u00f3n de proceso\u00bb y as\u00ed y as\u00ed obtener \u00abbeneficios de ley y hasta [su] libertad, ya que por la pena que este juzgado vigilaba [le] fue otorgada la libertad\u00bb. (ff. 4-5).  <\/span><\/p>\n

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3.2.- Informe rendido por la secretaria de la Sala querellada que manifiesta que \u00abverificadas las planillas de correspondencia del mes de julio del a\u00f1o 2016, se encontr\u00f3 relacionada la referida petici\u00f3n en la planilla No. 9 con fecha de 7 del mismo a\u00f1o y mes, recibida por Laura Natalia Ib\u00e1\u00f1ez Garc\u00eda, quien ten\u00eda como funci\u00f3n el tr\u00e1mite de correspondencia, sin que aparezca ninguna anotaci\u00f3n de su diligenciamiento\u00bb. (f. 23).  <\/span><\/p>\n

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3.3.- Prove\u00eddo de 13 de febrero de 2017 que da respuesta a la petici\u00f3n del quejoso en el que dispone que se le comunique que \u00ab[e]l El instituto jur\u00eddico de la ruptura de la unidad procesal contenido en el art\u00edculo 92 de la Ley 600 de 2000, est\u00e1 previsto para determinadas situaciones, sin que ninguna de ellas se relacione o vincule con el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n, por lo cual es claro que la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre la petici\u00f3n que en ese sentido realiza el procesado URREGO CANO\u00bb; asimismo, que \u00abde conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000, en sede del recurso de casaci\u00f3n \u00ablo referente a la libertad ser\u00e1 de conocimiento del juez de primera instancia\u00bb, por tanto, se remitir\u00e1 la petici\u00f3n allegada por el implicado LUIS NORBERTO URREGO CANO al Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 para lo de su competencia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

De otro aparte, en raz\u00f3n a que \u00abresulta evidente que al presente derecho de petici\u00f3n no se le dio tr\u00e1mite en forma oportuna\u00bb, ordena \u00aba la se\u00f1ora Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal tomar las medidas que estime pertinentes en ejercicio de su competencia funcional, dada su calidad de jefe inmediata de la servidora que ten\u00eda a su cargo esa labor\u00bb (f. 24).  <\/span><\/p>\n

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3.4.- Oficio n.\u00b0 03930 de 14 de febrero de 2017 dirigido al Asesor Jur\u00eddico del Establecimiento Penitenciario de M\u00e1xima Seguridad y Carcelario \u00abEl Barne\u00bb mediante el cual la secretaria de la Sala querellada le solicita colaboraci\u00f3n con el fin de comunicar al peticionario lo dispuesto en la anterior providencia y acta de notificaci\u00f3n al promotor del amparo del d\u00edas 16 de ese mismo mes y a\u00f1o. (ff. 25 y 28).  <\/span><\/p>\n

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3.5.- Oficio n.\u00b0 03931 mediante el cual se corre traslado del derecho de petici\u00f3n elevado por el accionante al Juzgado Noveno Penal del circuito Especializado de Bogot\u00e1 y providencia del d\u00eda 23 de esa mensualidad que le niega la ruptura de la unidad procesal. (f. 27 y 51-52).  <\/span><\/p>\n

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5. Al respecto, la Corte ha tenido oportunidad de precisar que:  <\/span><\/p>\n

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[C]onforme a reiterada jurisprudencia constitucional, el derecho de petici\u00f3n resulta improcedente dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial, a no ser que la solicitud guarde relaci\u00f3n con temas de car\u00e1cter eminentemente administrativo. Y ello es as\u00ed porque los procesos judiciales se hallan bajo el imperio del ordenamiento procedimental que corresponda, de obligatoria aplicaci\u00f3n para los funcionarios de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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En punto de esta tem\u00e1tica ya se ha pronunciado la Sala en diversas oportunidades (v.gr. sentencia de 30 de mayo de 2006, exp. 76001-2210-000-2006-00019-01), resaltando que es necesario diferenciar las solicitudes radicadas ante un funcionario judicial que aluden a un tr\u00e1mite administrativo propio de su funci\u00f3n, de las que est\u00e1n dirigidas o relacionadas con un proceso judicial sometido a su conocimiento. Las primeras se regir\u00e1n por las normas que regulan la actividad de la administraci\u00f3n p\u00fablica (C\u00f3digo Contencioso Administrativo), mientras que las segundas lo har\u00e1n por las disposiciones que regulan el tr\u00e1mite de los procesos judiciales (C\u00f3digo de Procedimiento Civil, Penal, etc., seg\u00fan sea el caso)\u2026\u201d (CSJ STC, 27 Oct. 2011, rad. 00371, reiterado, entre otros, el 8 Feb., 31 Jul. 2013, rads. 00172 y 00231-01, respectivamente y 12 Jun. 2013, rad. 00090-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Al margen de lo anterior, se advierte, que la solicitud del gestor tendiente a obtener la aplicaci\u00f3n de dicha figura, fue definida por la Colegiatura censurada mediante auto de 13 de febrero del a\u00f1o en curso al pronunciarse sobre el puntual t\u00f3pico y le puso en conocimiento lo resuelto a trav\u00e9s de la entidades penitenciarias bajo cuya autoridad se encuentra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asimismo, que con fundamento en el art\u00edculo 19 transitorio de la Ley 553 de 2000 que dispone que en sede del recurso de casaci\u00f3n \u00ablo referente a la libertad ser\u00e1 de conocimiento del juez de la primera instancia\u00bb, dispuso remitir la solicitud del gestor al Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado para lo de su competencia, quien en prove\u00eddo de  23d e febrero del a\u00f1o en curso, neg\u00f3 la ruptura de la unidad procesal, determinaci\u00f3n contra la que podr\u00e1 ejercer los recursos de ley, en caso de encontrarse en desacuerdo con lo decidido en tal sentido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.- Conforme lo anterior, no se vislumbra que por parte de la Sala encartada se presente la vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas que invoca el accionante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo constitucional solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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