{"id":99832,"date":"2026-06-25T19:29:00","date_gmt":"2026-06-25T19:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2966-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:29:00","modified_gmt":"2026-06-25T19:29:00","slug":"stc2966-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2966-2017\/","title":{"rendered":"STC2966-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2966-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02312-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 24 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por la Sociedad Castillo Constructores E. U., frente a las Fiscal\u00edas Treinta y Uno Seccional y Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bolivar, la Coordinaci\u00f3n de las Fiscal\u00edas Delegadas ante el Tribunal Superior de Cartagena y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La empresa accionante, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad, debido proceso y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abfue creada e inscrita en la C\u00e1mara de Comercio de la ciudad de Cartagena, por el se\u00f1or LUIS ALBERTO CASTILLO OQUENDO (Q. E. P. D.) mediante escritura p\u00fablica No. 3405 del 20 de septiembre de 1996, otorgada en la notaria primera del circulo notarial de Cartagena\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abel se\u00f1or LUIS ALBERTO CASTILLO OQUENDO, (Q. E. P. D) en calidad representante legal de la sociedad CASTILLO CONSTRUCTORES E. U., adquiere en venta que le hicieran los se\u00f1ores JORGE SALAH DONADO y LUIS ENRIQUE ARIA ZABLETH, un predio que se identifica con la matricula inmobiliaria No. 060-3787 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Cartagena, negociaci\u00f3n que se protocoliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 022 del 14 de enero de 1999 de la Notaria Segunda del Circulo de Cartagena\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3 Que \u00ablos se\u00f1ores JORGE SALAH DONADO y LUIS ENRIQUE ARIA ZABLETH, instauran denuncia penal, ante la Fiscal\u00eda Seccional de Cartagena, contara (sic) el se\u00f1or LUIS CASTILLO OQUENDO (Q. E. P. D.), por el presunto delito de falsedad material en documento p\u00fablico y falsedad en documento privado; acci\u00f3n con la que se pretendi\u00f3 anular de la vida jur\u00eddica la escritura p\u00fablica No. 022 del 14 de enero de 1999 de la Notaria Segunda del Circulo de Cartagena, investigaci\u00f3n radicada bajo el No. 41.693 adelantada por la Fiscal\u00eda Seccional 31 de Cartagena de Indias\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abmediante cesi\u00f3n total de todas las cuotas que le hiciera el se\u00f1or CASTILLO OQUENDO (Q. E. P. D.), el 16 de agosto de 2006, adquiere la propiedad y representaci\u00f3n legal de la sociedad CASTILLO CONSTRUCTORES E. U.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00abel 6 de octubre de 2006, el se\u00f1or LUIS ALBERTO CASTILLO OQUENDO (Q. E. P. D.) fallece, conforme acta de defunci\u00f3n que me permito anexar a la presente solicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00abel 8 de abril de 2.003, la Fiscal\u00eda Seccional 31 de Cartagena de Indias, calific\u00f3 el m\u00e9rito del sumario con pliego de cargos o resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra del se\u00f1or LUIS ALBERTO CASTILLO OQUENDO (Q. E. P. D.), disponiendo al tiempo, en esa misma providencia, oficiar a la oficina de instrumentos p\u00fablicos de la ciudad de Cartagena, con el \u00fanico prop\u00f3sito de que se revocara la anotaci\u00f3n No. 19 que figuraba en el folio de matricula inmobiliaria No. 060-3787 y se restableciera el derecho a los se\u00f1ores JORGE SALAH DONADO y LUIS ENRIQUE MARIA ZABLETH, conforme se aprecia en la anotaci\u00f3n 19 del referido folio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.7. Que \u00abel 27 de octubre de 2003, durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, llevada a cabo en el juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad, se decret\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n a partir de cierre del ciclo instructivo inclusive, lo cual, sin equ\u00edvoco alguno dej\u00f3 sin sustento la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en otrora proferida, esto es, al sobrevenir la nulidad indicada la resoluci\u00f3n perdi\u00f3 su fuerza vinculante. Lo propio aconteci\u00f3 con el restablecimiento del derecho all\u00ed dispuesto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.8. Que \u00abel 19 de octubre de 2005, por segunda ocasi\u00f3n, la fiscal\u00eda seccional 31 califica con resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n el proceso No. 41693 seguido contra el se\u00f1or LUIS ALBERTO CASTILLO OQUENDO (Q. E. P. D.), por el delito contra la fe p\u00fablica documental arriba indicado, in que en esta ocasi\u00f3n; expresa o t\u00e1citamente hiciere pronunciamiento alguno respecto del restablecimiento del derecho a favor de los denunciantes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

2.9. Que \u00abimpugnada tal decisi\u00f3n, mediante el recurso de apelaci\u00f3n ante la Fiscal\u00eda Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, por conducto de la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada, se desat\u00f3 la alzada del d\u00eda 27 de septiembre de 2006, contenida en la resoluci\u00f3n No. 191, declarando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por el concurso de delitos de falsedad en documento p\u00fablico, ordenando, en consecuencia, la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n a favor del se\u00f1or CASTILLO OQUENDO (Q. E. P. D), as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de registros y dem\u00e1s anotaciones que existieren en contra del procesado. Igualmente orden\u00f3 que el fiscal a quo procediera al cumplimiento de eso \u00faltimo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.10. Que \u00abel 29 de enero de 2007, la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de la ciudad, liber\u00f3 (sic) el oficio No. 005, dirigido a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, en el que ordena desanotar la inscripci\u00f3n del restablecimiento del derecho que hab\u00eda sido puesto a favor de los denunciantes, ordenado por la Fiscal\u00eda Seccional 31, mediante oficio No. 251 el 9 de mayo de 2003, con lo cual cancel\u00f3 el registro de la escritura p\u00fablica No. 022 del 14 de enero de 1999. En esta misma oportunidad, a trav\u00e9s de aquel mismo oficio, se orden\u00f3 por parte del ad quem, desanotar del inmueble con folio de matricula inmobiliaria No. 060-3787 la anotaci\u00f3n No. 23, en la que la Fiscal\u00eda Seccional 31, mediante oficio No. 311 de 5 de junio de 2003, hab\u00eda confirmado el restablecimiento del derecho a favor de los denunciantes, desanotaciones y registros que, insistimos, se ordenaron ajustados y conforme con lo decidido por la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, en la Resoluci\u00f3n No. 191 de 27 de septiembre de 2006\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.11. Que \u00aben forma por dem\u00e1s sorpresiva, infundada e inexplicablemente, el d\u00eda 19 de junio de 2007, la misma Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal de la ciudad, mediante oficio No. 086, ordena a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena, no dar tr\u00e1mite a lo ordenado mediante oficio No. 005 de fecha 29 de enero de 2007, esto es, no desanotar del registro del bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria No. 0603787 la anotaci\u00f3n No. 22 de la Notaria Segunda del Circulo de Cartagena, ordenada por la Fiscal\u00eda Seccional 31, mediante oficio No. 251 del 12 de mayo de 2003. Igualmente no des anotar del mentado inmueble la anotaci\u00f3n No. 23, donde la Fiscal\u00eda 31 Seccional mediante oficio No. 311 del 5 de junio de 2003, confirm\u00f3 sentencia de restablecimiento del derecho a favor de los se\u00f1ores JORGE SALAH DONADO y LUIS ENRIQUE MARIA ZABLETH. Vale recordar que esos prove\u00eddos (oficio No. 251 del 12 de mayo de 2003, y oficio No. 311 del 5 de junio de 2003), hacen parte de las actuaciones que fueron decretadas nulas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.12. Que \u00abresulta absolutamente inaceptable e injustificable lo anterior, en raz\u00f3n a que para el d\u00eda en que se expide el oficio No. 086 es decir, el 19 de junio de 2007; hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de nueve (9)  meses desde el momento en que la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal de Cartagena, hab\u00eda proferido la resoluci\u00f3n No. 191, cuya fecha de expedici\u00f3n data del d\u00eda 27 de septiembre de 2006. Recu\u00e9rdese, adem\u00e1s, que las decisiones adoptadas en segunda instancia por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, bajo la vigencia de la ley 600 de 2000, adquieren ejecutoria  o firmeza material una vez son suscritas por el Fiscal que las profiere, de manera que, para el instante en que se emite el oficio No. 086 de junio de 2007, por encontrarse debida y legalmente ejecutoriada la resoluci\u00f3n No. 191 de septiembre de 2006, la actuaci\u00f3n deb\u00eda estar archivada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Solicit\u00f3, en consecuencia, que se ordene \u00abdes anotar del inmueble con Folio de matricula inmobiliaria No. 060-3787, la anotaci\u00f3n No. 22, en la que la Fiscal\u00eda Seccional 31, mediante oficio No. 251 el 9 de mayo de 2003, ordena la cancelaci\u00f3n del registro de la escritura p\u00fablica No. 022 del 14 de enero de 1999\u00bb as\u00ed como \u00abdes anotar del inmueble con Folio de matricula inmobiliaria No. 060-3787, la anotaci\u00f3n No. 23 en la que la Fiscal\u00eda Seccional 31, mediante oficio No. 311 de 5 de junio de 2003, confirm\u00f3 la sentencia de restablecimiento del derecho a favor de los denunciantes JORGE SALAH DONADO y LUIS ENRIQUE MARIA ZABLETH\u00bb  y que \u00abprocedan a efectuar la anotaci\u00f3n e inscripciones en el folio de matricula inmobiliaria No. 060-3787 en los estrictos t\u00e9rminos que fue dispuesto en la resoluci\u00f3n No. 191 de fecha 27 de septiembre de 2006, emanada por las Fiscal\u00edas Cuarta Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena de Indias\u00bb (Fls. 1-10).  <\/span><\/p>\n

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4. El presente asunto fue remitido a esta Corporaci\u00f3n por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena mediante auto de 1\u00ba de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La Fiscal Tercera Delegada ante el Tribunal Superior con Funciones de Coordinadora inform\u00f3 que \u00abel apoderado judicial del ciudadano Gilberto Andr\u00e9s Valencia Ram\u00edrez, ante esta Coordinaci\u00f3n present\u00f3 derecho de petici\u00f3n d\u00e1ndole respuesta con Oficio DS-22-21-SSFSC-CUD-039 del 3 de mayo de 2016, mediante el cual se remiti\u00f3 resoluci\u00f3n \u00b7191 de 27 de septiembre de 2006 suscrita por la se\u00f1ora Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal de Cartagena de ese entonces, como tambi\u00e9n oficio 005 de enero 29 de 2007, dirigido a la Oficina de Registros de Instrumentos P\u00fablicos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostuvo, que \u00abel expediente contentivo de la radicaci\u00f3n \u00b741.693 que adelant\u00f3 la Fiscal\u00eda 31 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, adscrita a esta seccional, en contra de Luis Alberto Castillo Oquendo, por el delito de falsedad material en documento p\u00fablico y otro, denunciantes Jorge Salah Donado y otro, actualmente se encuentra archivado en otra sede, en la dependencia \u201cGesti\u00f3n Documental\u201d, donde reposan las investigaciones inactivas, por lo tanto, es precaria la informaci\u00f3n que tengo sobre el tema\u00bb (Fl. 331 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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El Registrador Principal (e) de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cartagena manifest\u00f3 que \u00ab1. No nos consta los pormenores de la actividad comercial de la Sociedad Castillo Constructores E. U., 2.Ciertamente los se\u00f1ores MAR\u00cdA ZABLETH LUIS ENRIQUE y SALAH DONADO JORGE en su momento adquirieron derechos reales sobre el folio de matricula inmobiliaria 060-3787 mediante escritura p\u00fablica N\u00ba 1213 del 22\/4\/1998 de la Notaria 10 de Barranquilla (anotaci\u00f3n N\u00ba 18 folio 060-3787), 3. No nos consta las acciones legales presentadas ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n contra el se\u00f1or Luis Alberto Castillo Oquendo, en raz\u00f3n a que las funciones del Registrados de Instrumentos P\u00fablicos se contraen la inscribir t\u00edtulos, actos o documentos que cumplan con los requisitos legales a tenor de lo dispuesto en la ley 1759 de 2012 y dem\u00e1s normas concordantes; en consecuencia todas las veces que se ha procedido a cancelar un registro se realiza en cumplimiento de una orden judicial\u00bb (Fls. 336 y 337).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Alirio Navarro Ortigoza afirm\u00f3 que \u00abactu\u00f3 como poderdante (sic) del se\u00f1or Luis Alberto Castillo Oquendo (q. e. p. d.) y en representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica accionante\u00bb y expuso, que \u00abdefend\u00ed los derechos dentro del marco del debido proceso tanto en primera instancia, acusaci\u00f3n y segunda instancia apelaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo, que \u00abest\u00e1 demostrado, en la precitada acci\u00f3n, que la vulneraci\u00f3n y trasgresi\u00f3n al debido proceso se materializ\u00f3, cuando la fiscal\u00eda delegada de la \u00faltima ratio, presenta de manera irregular, fuera de t\u00e9rminos, emitiendo un documento pretendiendo deslegitimar las actuaciones de derecho que se efectuaron dentro de los t\u00e9rminos durante toda la actuaci\u00f3n procesal de mi defendido, siendo el oficio No. 086 el 19 de junio de 2007, que no hace parte del fallo de segunda instancia y ordenar la cancelaci\u00f3n de los t\u00edtulos escriturarios que jam\u00e1s fueron objeto de censura en la decisi\u00f3n, que otorg\u00f3 la prescripci\u00f3n de las conductas penales al se\u00f1or Luis Alberto Castillo Oquendo y\/o  Castillo Constructores EU, quien nunca se le venci\u00f3 la presunci\u00f3n de inocencia, siendo la emisi\u00f3n del mentado oficio la violaci\u00f3n al debido proceso y garant\u00edas fundamentales reclamadas, por vulnerar la propiedad seg\u00fan el debido proceso legal y la seguridad jur\u00eddica de las decisiones que hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada en vigencia de la Ley 600\/00 del accionante\u00bb. Solicit\u00f3 que se concede el amparo impetrado (Fls. 344 y 345).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abcon facilidad se advierte que la demanda se muestra contraria al principio de inmediatez propio del instrumento constitucional, pues si este hace alusi\u00f3n a la necesidad de interponer la tutela dentro de un t\u00e9rmino razonable a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos, no es posible admitir que si la decisi\u00f3n cuestionada data del 19 de junio de 2007, el quejoso haya dejado transcurrir m\u00e1s de 9 a\u00f1os y medio para instaurar la solicitud de amparo. Ello por cuanto no puede perderse de vista que presuntamente se est\u00e1 ante una afectaci\u00f3n de derechos fundamentales, de modo que su reclamaci\u00f3n debe ser oportuna.  Y en la medida que en el expediente no se adujo ning\u00fan motivo que justificara tal inactividad, s\u00f3lo desidia y desatenci\u00f3n pueden predicarse de su actuar, motivo por el cual se ofrece palmaria la ruptura con el principio de inmediatez que gobierna el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela; circunstancia esta que resulta suficiente para negar el amparo invocado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3, que \u00abse observa que la parte actora tiene una lectura diversa sobre la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 la autoridad demandada, en el punto de la expedici\u00f3n del oficio tantas veces referido. Sin embargo, mal puede acudir a la tutela para tratar de enervar lo resuelto al interior de la actuaci\u00f3n, \u00fanicamente bajo la consideraci\u00f3n de tener un criterio dis\u00edmil y en tanto le fue desfavorable, toda vez que esa circunstancia por s\u00ed sola no tiene la virtualidad de habilitar la viabilidad del mecanismo constitucional; m\u00e1xime, cuando se trata de un t\u00f3pico que necesariamente debi\u00f3 ventilarse dentro del mismo proceso que continu\u00f3 su curso hasta la ejecutoria, sin que el actor propendiera por sus intereses, bien mediante la subsanaci\u00f3n de las circunstancias que condujeron a que no se levantaran las anotaciones ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos o la interposici\u00f3n de los recursos oportunamente contra la Resoluci\u00f3n No 191 del 27 de septiembre de 2006, ante la Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal, para que de forma taxativa ordenara cancelar las anotaciones ante la oficina correspondiente\u00bb (Fls. 346-355).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso Alirio Navarro Ortigoza (convocado) aduciendo, en s\u00edntesis, que \u00abno resulta de recibo primar una inmediatez, cuando en el tiempo perdura y se mantendr\u00e1 en el mismo tiempo, la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, a\u00fan demostr\u00e1ndose una conducta punible por la arbitrariedad de haber emitido un oficio fuera de la legalidad\u00bb (Fls. 371 y 372).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La Corte ha precisado que la acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Respecto a la legitimaci\u00f3n para el ejercicio de este mecanismo de amparo, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre act\u00fae en nombre propio o ejerza la representaci\u00f3n de otra persona, a menos que aduzca la calidad de agente oficioso, con ajuste a las exigencias all\u00ed contempladas.  <\/span><\/p>\n

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       Frente al particular, la Corte ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) la legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u2018todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. (\u2026) De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto) (CSJ STC, 4 May. 2012, rad. 2012-00145-01, reiterada en STC, 12 Feb. 2015, rad. 2014-00160-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. En el presente asunto, centrada la Corte en la impugnaci\u00f3n presentada por el abogado Alirio Navarro Ortigoza, quien seg\u00fan adujo fue el defensor del se\u00f1or Luis Alberto Castillo Oquendo (q. e. p. d) en el juicio penal, surge patente la improcedencia de la salvaguarda reclamada dado que carece de legitimaci\u00f3n para promover la petici\u00f3n de amparo comoquiera que no acredit\u00f3 alguna cirscunstancia que lo facultara para entablar la petici\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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4. De otro lado, si bien es factible que en aquellos eventos en los que \u00abel titular del derecho violado o amenazado, por condiciones personales, no pueda promover su propia defensa\u00bb, la ley autoriza la agencia de prerrogativas ajenas de manera oficiosa (art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991), no lo es menos que esas circunstancias no se evidencian en el presente asunto, pues lo cierto es que no se dijo intervenir en tal calidad, ni se acredit\u00f3 que los herederos de Luis Alberto Castillo Oquendo (q. e. p. d) se encontraran en condiciones que le impidiesen ejercer su propia defensa por v\u00eda del recurso vertical, y mucho menos que actuara como mandatario del quejoso.  <\/span><\/p>\n

5. Al margen de lo anterior, y en gracia de discusi\u00f3n, estima la Sala que la sociedad accionante deber\u00e1 tener en cuenta la respuesta emitida el 30 de agosto de 2016 al derecho de petici\u00f3n por \u00e9sta elevado en la que el Fiscal Coordinador de la Unidad Seccional le informa que esa entidad \u00abno es competente desde ning\u00fan punto de vista\u00bb para \u00abproceder al desarchivo, reactivaci\u00f3n o cualquier mecanismo que le d\u00e9 vida jur\u00eddica a una situaci\u00f3n que jur\u00eddicamente est\u00e1 concluida, en especial mediante una Resoluci\u00f3n que se encuentra formal y legalmente ejecutoriada, lo que quiere decir que se encuentra en su firmeza jur\u00eddica\u00bb, dando a entender con lo anterior, que la solicitud elevada por la querellante deber\u00e1 ser presentada ante la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la que, dada su calidad de superior funcional de la seccional podr\u00e1, eventualmente, ordenar el desarchivo de la investigaci\u00f3n y tomar las medidas que considere pertinentes, situaci\u00f3n que no se vislumbra en las presentes diligencias, por lo que el juzgador constitucional no puede invadir la \u00f3rbita del juez natural y tomar las decisiones que solamente a \u00e9ste le competen dado el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela.  <\/span><\/p>\n

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6. De conformidad con lo discurrido, y por las razones expuestas en esta instancia, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2966-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02312-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99832","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99832"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99832\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}