{"id":99834,"date":"2026-06-25T19:29:12","date_gmt":"2026-06-25T19:29:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2971-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:29:12","modified_gmt":"2026-06-25T19:29:12","slug":"stc2971-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2971-2017\/","title":{"rendered":"STC2971-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2971-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02245-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 16 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Brayan Stiven Castro Durango y Alexander Hern\u00e1ndez Lora frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de esa ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los actores demandaron la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad y \u00abrespeto al precedente judicial\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguyeron, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

2.1. Que \u00abfueron capturados e imputados por el delito de concierto para delinquir agravado, tipificado en el inciso segundo del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal, cargo que en las audiencias preliminares no fueron aceptados por ellos, proceso que se adelant\u00f3 bajo la radicaci\u00f3n 05 001 60 00 715 2015 00315\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que \u00abal momento de realizarse la audiencia de acusaci\u00f3n, se present\u00f3 preacuerdo entre la Fiscal\u00eda, los procesados y asesorados por sus defensores, en el cual se acordaba la aceptaci\u00f3n de la responsabilidad a cambio de que la Fiscal\u00eda degradara la conducta tipificada en el inciso primero del mismo art\u00edculo 340, conducta como concierto para delinquir simple\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3 Que el juzgado encartado \u00absi bien aprob\u00f3 el preacuerdo celebrado entre las partes, al momento de emitir sentencia, se apart\u00f3 de lo acordado y aprobado, condenando por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, reconoci\u00e9ndose solamente la pena acordada y neg\u00e1ndose el subrogado de condena de ejecuci\u00f3n condicional por expresa prohibici\u00f3n de la ley 1709 de 2014\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que en sentencia de 27 de septiembre de 2016 el tribunal querellado \u00abconfirma la decisi\u00f3n y decide apartarse de todos los precedentes jurisprudenciales emitidos por el m\u00e1ximo tribunal de cierre en materia penal como lo es la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, que en reiteradas ocasiones y haciendo un amplio progreso en materia de reconocimiento y alcance de los preacuerdos, ha ajustado la manera como debe d\u00e1rsele plena validez a los preacuerdos celebrados entre las partes integrantes del proceso penal, siempre y cuando estos se encuentren ajustados a la legalidad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que \u00abla sala que hoy es objeto de tutela, en su decisi\u00f3n consider\u00f3 que a partir de esta decisi\u00f3n, se apartar\u00eda de las decisiones de la corte en punto de negar que el delito por el cual deb\u00eda emitirse sentencia no era el concierto para delinquir simple (art. 340 inciso primero) tal como se pact\u00f3 en el acuerdo celebrado y aprobado, sino por el delito de concierto para delinquir agravado (art. 340 inciso segundo), que correspondi\u00f3 al inicialmente imputado. Tal como lo se\u00f1al\u00f3 en el punto 6.6. p\u00e1gina 10 del fallo de segunda instancia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Solicitaron, en consecuencia, que se ordene \u00abque en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 48 horas el tribunal superior de Medell\u00edn cite a audiencia y ajuste esta decisi\u00f3n a los est\u00e1ndares legales vigente[s] en Colombia respetando las posiciones ya existente en materia de preacuerdos y sus consecuencias, respetando los t\u00e9rminos del preacuerdo y reconociendo el derecho a la concesi\u00f3n del subrogado penal de ejecuci\u00f3n condicional de la pena\u00bb  (Fls. 1-7).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El presente asunto fue admitido a tr\u00e1mite el 12 de diciembre de 2016 y resuelto en providencia del d\u00eda 16 de enero de 2017, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 Alexander Hern\u00e1ndez Lora.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El despacho encartado, sostuvo que \u00abla providencia atacada es la del Tribunal Superior de Medell\u00edn, que confirm\u00f3 la sentencia 29 emanada de este despacho el pasado 11 de julio de 2016, misma que se encuentra en firme a no haber interpuesto los condenados, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb (Fls. 58).  <\/span><\/p>\n

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El Secretario de la Sala Penal del tribunal querellado inform\u00f3 que \u00abde acuerdo a la informaci\u00f3n registrada en el sistema de gesti\u00f3n judicial, la actuaci\u00f3n fue remitida el 12 de diciembre del presente a\u00f1o al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de esta ciudad para lo de su competencia, toda vez que contra la sentencia del ad quem el abogado de la defensa interpuso el recurso de casaci\u00f3n, sin embargo, durante el traslado de ley no lo sustent\u00f3, raz\u00f3n por la cual fue declarado desierto por esta Corporaci\u00f3n sin que contra dicha determinaci\u00f3n se hubiere ejercitado recurso alguno\u00bb (Fls. 59).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, por cuanto sostuvo que \u00ablos actores se encuentran inconformes con las decisiones emitidas por los despachos judiciales accionados dentro del proceso seguido en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado\u00bb de donde \u00abse observa que aqu\u00e9llos debieron exponer sus reparos a trav\u00e9s del extraordinario de casaci\u00f3n, del cual si bien hicieron uso, el mismo fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3, que \u00abcomoquiera que la tutela no tiene por objeto suplantar los mecanismos de defensa judicial ordinarios de los interesados y s\u00f3lo puede ser pedida una vez agotados todos ellos, es claro que no est\u00e1 cumplido el principio de subsidiaridad que la rige y, por ende, es improcedente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, de otra parte, precis\u00f3 que \u00abno es suficiente que la parte actora plante\u00e9 de manera aislada la existencia de unos precedentes jurisprudenciales para que prospere la tutela, pues debido a la autonom\u00eda judicial y al amplio margen de apreciaci\u00f3n con que cuenta el juez, es imprescindible que formule una carga argumentativa suficiente\u00bb (Fls. 62-69).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso Alexander Hern\u00e1ndez Lora sin expresar los motivos de su inconformidad (Fl. 76).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que los gestores pretenden que se ordene al \u00abtribunal superior de Medell\u00edn cite a audiencia y ajuste es[a] decisi\u00f3n a los est\u00e1ndares legales vigente[s] en Colombia respetando las posiciones ya existente en materia de preacuerdos y sus consecuencias, respetando los t\u00e9rminos del preacuerdo y reconociendo el derecho a la concesi\u00f3n del subrogado penal de ejecuci\u00f3n condicional de la pena\u00bb, por supuestamente incurrir en defectos f\u00e1ctico, procedimental y en desconocimiento del precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Sentencia proferida el 11 de julio de 2015 por el juzgado querellado mediante la cual se conden\u00f3 a Brayan Stiven Castro Durango y Alexander Hern\u00e1ndez Lora a la pena de cuarenta y ocho meses de prisi\u00f3n por hallarlos responsables del punible de concierto para delinquir agravado y les neg\u00f3 el subrogado de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n (Fls. 4-10 cuaderno 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Fallo de 27 de septiembre de 2016 que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n anteriormente referenciada, contra el que se propuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n (Fls. 8-14 cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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3.4.  Auto de 22 de noviembre siguiente que declar\u00f3 desierto el \u00abrecurso de casaci\u00f3n\u00bb interpuesto por el defensor de los accionantes porque no se present\u00f3 la demanda correspondiente, prove\u00eddo frente al cual no se present\u00f3 reparo alguno, de conformidad con la consulta efectuada en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial (Fls. 3 y vuelto  y 11 cuaderno 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anterior, advierte la Sala que el reclamo constitucional resulta improcedente por el incumplimiento del principio de subsidiaridad, pues si bien se formul\u00f3 el \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb respecto del fallo de segunda instancia, tal impugnaci\u00f3n fue declarada desierta por no presentarse la respectiva demanda, oportunidad que no puede pretender recuperar por v\u00eda de tutela, dada su naturaleza residual, por lo que se observa que el accionante desperdici\u00f3 la oportunidad con la que contaba para exponer los reclamos que ahora invoca por este mecanismo excepcional, por lo tanto, desde\u00f1\u00f3 la ocasi\u00f3n de intervenir en defensa de sus intereses dejando fenecer el tiempo procesal para que le fuera revisado su desconcierto, am\u00e9n que tampoco se interpuso reposici\u00f3n contra el prove\u00eddo que declaro desierto el recurso de casaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Frente al tema la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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[E]xaminado el contenido de la citada determinaci\u00f3n y los alegatos plasmados en el libelo genitor de tutela, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, la Corte advierte que el amparo deviene improcedente, pues como de vieja data esta Corporaci\u00f3n ha precisado y lo destac\u00f3 el a quo, las puntuales acusaciones que estructuran la acci\u00f3n materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto similar al ahora estudiado la Corporaci\u00f3n sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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Aqu\u00ed, no se cumple con el requisito de subsidiaridad, dado que el reclamante cont\u00f3 en su momento con la posibilidad de recurrir en casaci\u00f3n. Efectivamente, el condenado dej\u00f3 de presentar la correspondiente demanda extraordinaria, raz\u00f3n por la cual se declar\u00f3 desierto el referido medio defensivo; por ende, desperdici\u00f3 la oportunidad que la ley procesal penal brindaba para la protecci\u00f3n de las prerrogativas aqu\u00ed invocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se tiene, entonces, que el inconforme mostr\u00f3 frente a la condena impuesta en segunda instancia una actitud desinteresada, pues, fue responsabilidad exclusiva del mismo inculpado, quien decidi\u00f3 en forma aut\u00f3noma no incoar la respectiva acci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y el reclamo que enseguida formul\u00f3 contra la deserci\u00f3n de la alzada fue extempor\u00e1neo, sin que sea procedente descargar tales omisiones en las autoridades judiciales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, la petici\u00f3n efectuada resulta inviable y, por tanto, no pod\u00eda aspirarse a que el asunto se fallara de manera distinta a como se hizo, pues como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n: \u00abDe modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u00bb (CSJ, STC 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; STC, 2 mar. 2010, rad. 2010-000380-01) (subrayas fuera del texto). (CSJ STC, 29 feb. 2012, rad. 2011-02938-01; reiterada en STC, 10 ago. rad. 2012-01348-01; STC, 22 oct. 2012, rad. 2012-01876-01, STC, 26 ago. 2013, rad. 2013-01275-01 y CSJ STC14676-2016 13 oct. 2016, rad. 2016-01535-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Por lo dem\u00e1s en relaci\u00f3n con la queja endilgada referente a que el tribunal encartado se apart\u00f3 de los precedentes que regulan la materia vale la pena precisar que relativamente a la \u00abobligatoriedad\u00bb del \u00abprecedente judicial\u00bb, la Corte Constitucional, en Fallo T-123 de 21 de marzo de 1995, reiterado, entre otras, en Sentencias C-836 de 2001 y C-539 de 2011, se\u00f1al\u00f3, tal y como lo indic\u00f3 esta Corporaci\u00f3n al citar aquellas en CSJ STC, 9 May. 2012, Rad. 2011-00104-01, que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[e]s evidente que si el principio de la independencia judicial se interpreta de manera absoluta, se termina por restar toda eficacia al principio de igualdad. En la aplicaci\u00f3n de la ley, los jueces podr\u00edan a su ama\u00f1o resolver las controversias que se debaten en los procesos. En esta hip\u00f3tesis no se podr\u00eda objetar el hecho de que simult\u00e1neamente el juez, enfrentado a dos situaciones sustancialmente id\u00e9nticas, fallase de distinta manera.  <\/span><\/p>\n

        <\/span><\/p>\n

Los principios y normas constitucionales se deben aplicar de manera coordinada y arm\u00f3nica. La interpretaci\u00f3n m\u00e1s acorde con la Constituci\u00f3n es [la] que evita que la escogencias de un principio lleve al sacrificio absoluto de otro de la misma jerarqu\u00eda. [E]n el caso concreto, el juez est\u00e1 normativamente vinculado por los dos principios, aparentemente contrarios, hasta el punto en que ambos reciban un grado satisfactorio de aplicaci\u00f3n y en el que sus exigencias sean mutuamente satisfechas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Corte considera que existe un medio para conciliar ambos principios. Si el juez, en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la l\u00ednea jurisprudencial que su mismo despacho ha seguido en casos sustancialmente id\u00e9nticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial. No podr\u00e1 reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, por tanto, el juez no habr\u00e1 efectuado entre los justiciables ning\u00fan g\u00e9nero de discriminaci\u00f3n. De otro lado, el juez continuar\u00e1 gozando de un amplio margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no quedar\u00e1 atada r\u00edgidamente al precedente.      <\/span><\/p>\n

     <\/span><\/p>\n

Cuando el t\u00e9rmino de comparaci\u00f3n no est\u00e1 dado por los propios precedentes del juez, sino por el de otros despachos judiciales, el principio de la independencia judicial no necesita ser contrastado con el de igualdad. El juez, vinculado tan s\u00f3lo al imperio de la Ley (CP art. 230), es enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio. Sin embargo, un caso especial se presenta cuando el t\u00e9rmino de comparaci\u00f3n est\u00e1 constituido por una sentencia judicial proferida por un \u00f3rgano judicial colocado en el v\u00e9rtice de la administraci\u00f3n de justicia cuya funci\u00f3n sea unificar, en su campo, la jurisprudencia nacional. Si bien s\u00f3lo la doctrina constitucional de la Corte Constitucional tiene el car\u00e1cter de fuente obligatoria (\u2026sentencia C-083 de 1995, MP Dr. Carlos Gaviria D\u00edaz), es importante considerar que a trav\u00e9s de la jurisprudencia -criterio auxiliar de la actividad judicial- de los altos \u00f3rganos jurisdiccionales, por la v\u00eda de la unificaci\u00f3n doctrinal, se realiza el principio de igualdad. Luego, sin perjuicio de que esta jurisprudencia conserve su arbitrio de criterio auxiliar, es razonable exigir, en aras del principio de la igualdad en la aplicaci\u00f3n de la ley, que los jueces y funcionarios que consideren aut\u00f3nomamente que deben apartarse de la l\u00ednea jurisprudencial trazada por las altas cortes, que lo hagan, pero siempre que justifiquen de manera suficiente y adecuada su decisi\u00f3n, pues, de lo contrario, estar\u00edan infringiendo el principio de la igualdad (CP art.13). A trav\u00e9s de los recursos que se contemplan en cada jurisdicci\u00f3n, normalmente pueden ventilarse este evento de infracci\u00f3n a la Constituci\u00f3n\u201d  (subrayas fuera del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por tanto, como ha sostenido la Corte, la circunstancia de que el resultado de la determinaci\u00f3n censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este \u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras decisiones, en CSJ STC, 7 abr. 2011, rad. 00604-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2971-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02245-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99834","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99834","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99834"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99834\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99834"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99834"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99834"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}