{"id":99836,"date":"2026-06-25T19:29:29","date_gmt":"2026-06-25T19:29:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2973-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:29:29","modified_gmt":"2026-06-25T19:29:29","slug":"stc2973-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2973-2017\/","title":{"rendered":"STC2973-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2973-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-13-000-2016-00417-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 16 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Neyla Mar\u00eda Pab\u00f3n Otero en contra del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Oralidad de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas Myriam Consuelo Prato G\u00e1mez y Mar\u00eda del Pilar Gait\u00e1n Ot\u00e1lora.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra por Myriam Consuelo Prato G\u00e1mez (radicado 2012-00286-00).  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, los siguientes hechos:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que en su contra se adelanta el referido litigio en el que actualmente es cesionaria Mar\u00eda del Pilar Gait\u00e1n Ot\u00e1lora, tr\u00e1mite en el que \u00abluego de cumplidos los requisitos legales, se dispuso fijar como fecha para llevar a cabo la diligencia de remate del bien inmueble de [su] propiedad y afecto al proceso el d\u00eda 31 de enero de 2014, la cual efectivamente se surti\u00f3 sin la concurrencia de postores declar\u00e1ndose desierta la subasta, raz\u00f3n por la cual la cesionaria peticion\u00f3 en oportunidad su adjudicaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que el despacho recriminado, en auto de 13 de febrero de 2014, \u00abse abstuvo de dar tr\u00e1mite a la petici\u00f3n de adjudicaci\u00f3n presentada por la acreedora-cesionaria, ante la existencia de una diferencia a [su] favor por ser superior el valor del avalu\u00f3 del inmueble, orden\u00e1ndole a la peticionaria consignar la suma adicional de $62.407.870.oo a ordenes del juzgado como saldo o diferencia antes de resolver sobre la adjudicaci\u00f3n pretendida\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00abcon posterioridad, esa Corporaci\u00f3n (sic) mediante providencia del 22 de enero de 2015 declar\u00f3 prospera la objeci\u00f3n formulada a la liquidaci\u00f3n adicional del cr\u00e9dito presentada por el ejecutante, modific\u00e1ndola conforme all\u00ed se indic\u00f3\u00bb y \u00abuna vez en firme el acto liquidatorio, el juez de conocimiento decidi\u00f3 adjudicar el inmueble gravado con hipoteca a la acreedora-cesionaria por auto de 11 de febrero de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que en auto del 15 de abril de 2015 se dispuso la entrega del remanente a la querellante \u00abdecisi\u00f3n que no fue impugnada por la adjudicataria dej\u00e1ndola cobrar firmeza\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que \u00abla adjudicataria, por medio de su apoderada judicial el d\u00eda 7 de octubre de 2016 present\u00f3 solicitud para el reconocimiento, cancelaci\u00f3n o pago del valor por ella cancelado por concepto de impuesto predial hac\u00eda m\u00e1s de 1 a\u00f1o antes, el 24 de agosto de 2015, luego de la ejecutoria del auto que orden\u00f3 la entrega del remanente del remate a la suscrita y de aquel que le adjudic\u00f3 el inmueble de mi propiedad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Que la juez censurada en prove\u00eddo de 24 de octubre de 2016 \u00aben contrav\u00eda de las anteriores decisiones y de su propia resoluci\u00f3n del 26 de septiembre de 2016 que orden\u00f3 fraccionar el dep\u00f3sito judicial consignado para hacerme entrega del valor que me correspond\u00eda seg\u00fan se hab\u00eda ordenado mediante decisi\u00f3n en firme y no controvertida por las partes, dispuso reconocer a la adjudicataria las sumas canceladas por concepto de impuesto predial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que \u00abde cara a la anterior decisi\u00f3n, por conducto de [su] apoderada interpus[o] los recursos que estim[\u00f3] procedentes los cuales [le] fueron denegados por auto del 2 de diciembre de 2016, mediante el cual la juez accionada se ratific\u00f3 en la orden de entrega del valor del impuesto predial a la adjudicataria por las razones expresada en la providencia criticada en esta sede constitucional\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, que se ordene \u00abemitir nuevo pronunciamiento en cuanto al recurso de reposici\u00f3n interpuesto (\u2026) contra dicha providencia dentro de lo actuado, conforme las disposiciones legales aplicables al caso concreto, criterios jur\u00eddicos y jurisprudenciales amplia y uniformemente aceptados sobre estos puntos de derecho objeto de decisi\u00f3n\u00bb (Fls. 48-57).  <\/span><\/p>\n

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4. Mediante auto de 13 de diciembre de 2016 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el asunto y, en fallo de 16 de enero del a\u00f1o que avanza, neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, determinaci\u00f3n que fue impugnada por la quejosa.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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El despacho querellado, luego de realizar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de reparo, manifest\u00f3 que \u00aben las providencias de fechas 24 de octubre de 2016 como el de fecha 2 de diciembre de 2016, no se configura defecto sustantivo, pues las normas jur\u00eddicas aplicadas al caso concreto son las que regulan la petici\u00f3n  presentada por la apoderada de la parte demandante, y de acuerdo a las exposiciones que se hacen en las providencias se determina que estas no se aplicaron de manera manifiestamente irrazonable, ni tampoco se dej\u00f3 de emplear una norma aplicable, que permita decir que se configura una v\u00eda de hecho que conlleve a dejar sin efectos jur\u00eddicos las mismas\u00bb (Fls. 69-71).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes e intervinientes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar, que \u00abla actora identific\u00f3, cual, a su juicio, es el error que le enrostra al Juzgado accionado, pues consider\u00f3 que la decisi\u00f3n de ordenar el pago del impuesto predial a favor de la adjudicataria del inmueble, pese a que hab\u00eda providencia en antes, en la que se ordenaba la entrega del remanente a la demandada y de paso no haberle dado tr\u00e1mite al recurso de alzada interpuesto, soslaya el derecho fundamental que le asiste al debido proceso. Empero, [una] vez realizado el estudio exhaustivo al expediente arrimado como prueba en la presente acci\u00f3n, se hace ostensible en el mismo que la falladora de instancia decidi\u00f3 con la norma aplicable al caso concreto, es decir, no se puede considerar tal como lo plantea la accionante, extempor\u00e1nea la solicitud de pago de impuesto realizada por el extremo demandante dentro del proceso, toda vez que a la fecha en la cual se solicit\u00f3 el mismo y a ello se accedi\u00f3, la aqu\u00ed accionante no hab\u00eda hecho entrega del inmueble rematado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, de conformidad con \u00ablo consagrado en el numeral 7 del art\u00edculo 455 del C. G. P. que establece: \u201c7. La entrega del producto del remate al acreedor hasta la concurrencia de su cr\u00e9dito y las costas del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del remate el juez deber\u00e1 reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o deposito que se causen hasta la entrega del bien rematado. Si dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la entrega del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenar\u00e1 entregar a las partes el dinero reservado\u201d (subraya la Sala)\u00bb (Fls. 73-80).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la accionante reiterando los argumentos expuestos en el libelo introductorio (Fls. 90-94).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la v\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole legal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00).    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La gestora enfila su inconformidad contra el auto de 24 de octubre de 2016 que dispuso devolver a la adjudicataria los dineros cancelados por concepto de impuesto predial, por supuestamente incurrir en defecto sustantivo  <\/span><\/p>\n

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3. De las pruebas aportadas al presente tr\u00e1mite, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a) Auto de 9 de febrero de 2015 a trav\u00e9s del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de C\u00facuta, adjudic\u00f3 a la se\u00f1ora Mar\u00eda del Pilar Gait\u00e1n Ot\u00e1lora, en su condici\u00f3n de cesionaria, el predio objeto de ejecuci\u00f3n, mismo que recurrido por Neyla Mar\u00eda Pab\u00f3n Otero (aqu\u00ed accionante) (Fls. 17-19).  <\/span><\/p>\n

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b) Prove\u00eddo de 3 de marzo de ese a\u00f1o que ratific\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada (Fls. 20-22).  <\/span><\/p>\n

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c) Resoluci\u00f3n de 26 de septiembre de 2016 que dispuso que \u00abpara efectos de hacer entrega a la parte demandada el remanente del proceso, se ordena fraccionar el dep\u00f3sito judicial constituido por la suma de $62.407.870 en dos partes. Una por la suma de $51.687.412, y otra en $10.720.458\u00bb (Fls. 28-33).  <\/span><\/p>\n

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d) Petici\u00f3n elevada el 7 de octubre de la referida anualidad por la cesionaria, solicitando \u00abse abstenga de hacer entrega a la parte demandada, del t\u00edtulo correspondiente a la suma de $51.687.412, hasta tanto no se garantice con dicha cantidad de dinero, el pago del impuesto predial del bien inmueble rematado, equivalente a SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS ($6.281.600), tal como se evidencia en la factura de venta No. 3986514 del 24 de agosto de 2015\u00bb (Fl. 35).  <\/span><\/p>\n

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e) Determinaci\u00f3n de 24 de octubre siguiente mediante la cual el despacho encartado, dispuso \u00abdescontar del producto del remate la suma que fue cancelada por impuesto predial\u00bb ordenando el correspondiente fraccionamiento del t\u00edtulo judicial existente, por cuanto sostuvo que \u00abde conformidad con lo se\u00f1alado en el numeral 7, del art\u00edculo 455 del CGP, del producto del remate el juez debe reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o deposito, que se causen hasta la entrega del bien rematado\u00bb lo anterior teniendo en cuenta que \u00abla parte demandada no ha realizado la entrega del bien objeto de subasta al rematante\u00bb (Fl. 38).  <\/span><\/p>\n

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f) Recurso de reposici\u00f3n presentado por la querellante frente a la anterior decisi\u00f3n, al considerar, en s\u00edntesis, que \u00abel art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, s\u00f3lo aplica, como su titulo lo indica, para la aprobaci\u00f3n del remate de bienes en cualquier proceso de ejecuci\u00f3n, mientras que el modo de transferencia de dominio en el presente asunto se dio por adjudicaci\u00f3n al acreedor real demandante en ejercicio de la facultad que a este le confiri\u00f3 el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 557 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil en el curso de un proceso ejecutivo con titulo hipotecario, la cual desapareci\u00f3 con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso seg\u00fan el nuevo tr\u00e1mite que para la misma establecieron los art\u00edculos 467 y 468 de esta \u00faltima codificaci\u00f3n\u00bb (Fls. 40-42).  <\/span><\/p>\n

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g) Auto de 2 de diciembre pasado que no repone la decisi\u00f3n recriminada (Fls. 43-47).     <\/span><\/p>\n

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4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado advierte la Sala que la protecci\u00f3n invocada no puede encontrar apoyo por esta excepcional v\u00eda, toda vez que, la determinaci\u00f3n proferida por el despacho encartado adiada 24 de octubre de 2016, que fue ratificada el 2 de diciembre siguiente, en la que determin\u00f3 \u00abdescontar del producto del remate la suma que fue cancelada por impuesto predial\u00bb, no entra\u00f1a irregularidad que d\u00e9 lugar a catalogarla como ostensiblemente absurda ni manifiestamente ilegal para tenerla como peregrina al derecho, am\u00e9n que tampoco responde a la sola arbitrariedad de su signataria.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el funcionario censurado sostuvo que \u00abciertamente el acreedor-adjudicante, en vigencia de los art\u00edculos 557 y 530 del C. de P. C. no solicit\u00f3 el reconocimiento de lo pagado por concepto de impuesto predial, pero como la parte demandada no realiz\u00f3 la entrega del bien, no se gener\u00f3 contabilizar el t\u00e9rmino de los quince d\u00edas que contemplaba la norma como fecha l\u00edmite para solicitar el reembolso de gastos\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su vez, relev\u00f3 que \u00abla sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los procesos por regla general se sujetan a la nueva ley desde que esta empieza. Conviene advertir, que conforme al art\u00edculo 40-2, de la Ley 153 de 1887, modificado por el art\u00edculo 624, de la Ley 1564 de 2012, las actuaciones procesales que hayan tenido principio de ejecuci\u00f3n bajo el imperio de la ley anterior, se sujetaran y deben concluir \u00edntegramente con arreglo a la ley anterior, a\u00fan cuando deban concluir en vigencia de la nueva ley, que comprende los recursos interpuestos, las pruebas decretadas, las audiencias y diligencias empezadas, los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo. Sin embargo, como el efecto ultractivo de la nueva ley, solo tiene cabida en relaci\u00f3n con las actuaciones expresamente mencionadas, es que las que siguen a continuaci\u00f3n de la entrada en vigencia de la nueva ley, deber\u00e1n gobernarse con base a estas disposiciones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3, que \u00aben atenci\u00f3n a que la actuaci\u00f3n procesal correspondiente a la solicitud de reembolso de lo pagado por impuesto predial, se hizo despu\u00e9s de haber empezado a regir el C\u00f3digo General del Proceso, a la luz de una sana exegesis de lo antes visto, la misma debe someterse a la ley sobreviniente \u2013art\u00edculo 455-, pues la legislaci\u00f3n derogada solo mantiene efecto ultractivo respecto de actuaciones que bajo su imperio hayan tenido alg\u00fan principio de ejecuci\u00f3n, circunstancia que nos se da para el caso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, resalt\u00f3 que \u00abel numeral 7, del art\u00edculo 455 del CGP, igualmente establece la obligatoriedad del juez de reservar del producto del remate la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito que se causen hasta la entrega del bien rematado, hasta los diez (10) d\u00edas siguientes a la entrega del bien al rematante, advirtiendo que el incumplimiento de lo dispuesto constituye falta disciplinaria grav\u00edsima\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, advirti\u00f3 \u00abde lo consagrado en el art\u00edculo 430 del C. de PC, y 455 del CGP, es obligaci\u00f3n entregar el bien rematado debidamente saneado, y pese a ser una obligaci\u00f3n del vendedor ejecutado, su cumplimiento debe propender el juez que lo representa en la subasta o en la adjudicaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que el Decreto Reglamentario 3496 de 1983, que reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983, que incorpor\u00f3 las normas de la Ley 14 de 1983, en el art\u00edculo 46, titulado \u201ccertificados catastrales y paz y salvo municipal\u201d, prescribe que \u201cpara protocolizar actos de transferencias, constituci\u00f3n o limitaci\u00f3n de dominio de inmuebles, el notario o quien haga sus veces, exigir\u00e1 e insertar\u00e1 en el instrumento el certificado catastral de paz y salvo municipal expedidos por la oficina de Catastro o por el Tesoro Nacional, seg\u00fan sea el caso\u201d\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente concluy\u00f3 que \u00ablos anteriores postulados, no permiten aceptar el argumento esbozado por la recurrente en el memorial sustentatorio del recurso, pues existiendo dinero para garantizar el saneamiento del bien rematado, es obligaci\u00f3n del juez aplicar lo previsto en las normas citadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Bajo esa perspectiva, emerge di\u00e1fana la inviabilidad de la protecci\u00f3n reclamada, en la medida en que, como ya se advirti\u00f3, no est\u00e1n demostradas las ostensibles circunstancias estructurantes del yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la tutela, pues, la determinaci\u00f3n que hoy se debate se funda en la interpretaci\u00f3n razonada del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, norma que sirvi\u00f3 de cimiento para adoptar la decisi\u00f3n que se cuestiona; luego, no merece reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental para que deba proceder la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto similar la Sala precis\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas y estudiado el expediente, se observa que las reflexiones del juzgador gozan de sustento objetivo, pues obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente y a la valoraci\u00f3n de las pruebas adosadas al proceso, porque aplic\u00f3 el inciso pen\u00faltimo del art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, seg\u00fan el cual \u201c(\u2026) si el bien rematado se encuentra en poder del ejecutado el producto de remate s\u00f3lo se entregar\u00e1 al ejecutante cuando aquel haya sido entregado al rematante y se haya reembolsado lo que hubiere pagado por impuestos, servicios p\u00fablicos, cuotas de administraci\u00f3n y gastos de parqueo o dep\u00f3sito, causados hasta la fecha de la entrega (\u2026)\u00bb\u201d (CSJ STC7594-2016 jun. 9 de 2016, rad. 2016-00616-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Reiteradamente ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que:  <\/span><\/p>\n

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El juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u201d (Sentencia de 7 de marzo de 2008, Exp. T. N\u00b0. 2007-00514-01), a m\u00e1s que \u201cla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u201d (CSJ STC, 28 Mar. 2012, Rad. N\u00b0. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.  De conformidad con lo discurrido, se reafirmar\u00e1 la decisi\u00f3n materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONZALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC2973-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 54001-22-13-000-2016-00417-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99836","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99836","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99836"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99836\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99836"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99836"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99836"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}