{"id":99844,"date":"2026-06-25T19:30:19","date_gmt":"2026-06-25T19:30:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2982-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:30:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:30:19","slug":"stc2982-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2982-2017\/","title":{"rendered":"STC2982-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2982-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00069-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto de la sentencia proferida el 26 de enero de 2017, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Colombia M\u00f3vil S.A.-E.S.P. frente al Ministerio de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Telecomunicaciones.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a a administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que la encartada emiti\u00f3 las Resoluciones n\u00b0 531 de 8 de abril de 2015 y 036 de 14 de enero de 2016, \u00abmediante las cuales impuso y confirm\u00f3 una sanci\u00f3n\u00bb en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que se le disciplin\u00f3 por incumplimiento de ocho (8) \u00abindicadores de calidad y disponibilidad de redes m\u00f3viles\u00bb, referidos a los porcentajes de \u00abintentos de llamadas\u00bb y \u00abllamadas\u00bb, exitosas y ca\u00eddas, previstos en la Resoluci\u00f3n CRC 3067 de 2011, pero en esa norma \u00abno se determina de manera clara la metodolog\u00eda para realizar el cargo que Mintic consider\u00f3 incumplidos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que el consorcio interventor indic\u00f3 que esa regulaci\u00f3n dispone la recolecci\u00f3n de una muestra diaria \u00abpara la hora pico de ocupaci\u00f3n de canales de voz del departamento y\/o capital del departamento para cada tecnolog\u00eda, o para la hora pico de tr\u00e1fico de SMS\u00bb, de las cuales se excluir\u00e1n las tres (3) m\u00e1s altas y s\u00f3lo se tomaran las cuatro (4) siguientes \u00abpara seleccionar los cuatro valores representativos del mes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Pero \u00abdebe tenerse en cuenta que en la Recomendaci\u00f3n E.5000 de la UIT (Unidad Internacional de Telecomunicaciones) \u201cPrincipios de Medici\u00f3n de Tr\u00e1fico\u201d, se establecen una serie de consideraciones relacionadas con la toma de muestras diarias de mediciones y su procesamiento para la obtenci\u00f3n de la \u201ccarga norma de un sistema de tr\u00e1fico\u201d (\u2026) lo cual para efectos de la Resoluci\u00f3n CRC 3067 puede involucrar la realizaci\u00f3n de una operaci\u00f3n matem\u00e1tica para la obtenci\u00f3n de un solo indicador a partir de las muestras seleccionadas buscando que este indicador pueda ofrecer una medida global del servicio para el \u00e1rea o regi\u00f3n analizada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que dicho consultor acogi\u00f3 el criterio de \u00abvalor medio, obviando que en las mismas recomendaciones por \u00e9l citadas se establece que en criterios de medici\u00f3n la metodolog\u00eda debe ser clara y expresamente definitiva para que no haya lugar a equ\u00edvocos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que seg\u00fan la Ley 1341 de 2009, solo la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones puede definir \u00abel m\u00e9todo de c\u00e1lculo \u00fanico\u00bb, por lo que esa labor no le corresponde a la cartera acusada, menos \u00aben el marco de una investigaci\u00f3n\u00bb y a trav\u00e9s de un auditor que, como contratista, acata sus directrices.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Que la demandada no tuvo en cuenta el material probatorio que alleg\u00f3, aduciendo que la \u00abinvestigaci\u00f3n se rige bajo los lineamientos del procedimiento sancionatorio especial establecido en el art\u00edculo 67 de la Ley 1341 de 2009\u00bb y, por tanto, esos elementos eran extempor\u00e1neos.  <\/span><\/p>\n

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2.8. Que as\u00ed se \u00abdeclar\u00f3 perentoria (sic) una etapa que ya hab\u00eda reconocido en los autos que definieron la admisi\u00f3n y decreto de pruebas, sin que para ello hubiera declarado la nulidad de lo actuado, proceder que adem\u00e1s va en contrav\u00eda del art\u00edculo 40CPACA comoquiera que en el procedimiento general administrativo se indica que se pueden aportar pruebas hasta antes que se adopte una decisi\u00f3n definitiva\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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2.9. Que a pesar de advertirse que no tendr\u00edan en cuenta los medios demostrativos allegados despu\u00e9s del memorial de descargos, la querellada \u00abcita documentos que fueron aportados con posterioridad\u00bb, mas no los valor\u00f3 todos.  <\/span><\/p>\n

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2.10. Que solicit\u00f3 la revocatoria directa de esos actos administrativos, pero mediante Resoluci\u00f3n 1759 de 22 de septiembre de 2016 le fue negada \u00abbajo los mismos argumentos antes enunciados, persistiendo en el tiempo la vulneraci\u00f3n\u00bb.   <\/span><\/p>\n

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3. Pide, en consecuencia, dejar sin efecto las Resoluciones n\u00b0 531 de 2015, 036 y 1759 de 2016 o, en subsidio, que \u00abse ordene rehacer el tr\u00e1mite\u00bb (fls. 81-90, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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4. Inicialmente el asunto le fue repartido al Tribunal Superior de Cundinamarca, pero \u00e9ste se lo remiti\u00f3 al de Bogot\u00e1 por competencia (fl. 93-94, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La cartera ministerial encartada, en resumen, que el resguardo resulta improcedente \u00abpues existen otros mecanismos ordinarios a trav\u00e9s de los cuales se pueden controvertir las decisiones\u00bb reprochadas y esta herramienta no se utiliza \u00abcomo mecanismo transitorios para evitar un peligro irremediable\u00bb, as\u00ed que \u00abno podr\u00eda convertirse en un recurso adicional o para resurgir discusiones que debi\u00f3 haber adelantado en la jurisdicci\u00f3n ordinaria, o revivir t\u00e9rminos que seguramente podr\u00edan estar prescritos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Precis\u00f3, en todo caso, que \u00abla UIT y la ETSI documentan distintas recomendaciones que apoyan el uso del \u201cvalor medio\u201d para la obtenci\u00f3n de un valor \u00fanico v\u00e1lido y representativo, a partir de un conjunto de muestras\u00bb, recalcando que \u00abel proveedor tiene al alcance los elementos necesarios para obtener el valor \u00fanico y velar porque este no supere el valor objetivo exigido por la resoluci\u00f3n CRC 3067 de 2011. Es m\u00e1s, el uso del valor medio para el c\u00e1lculo del valor del indicador de calidad viene a representar un modelo aritm\u00e9tico m\u00e1s ben\u00e9volo y conservador para el proveedor, toda vez que el incumplimiento de algunas de las muestras mensuales no genera necesariamente el incumplimiento del indicador\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Refiri\u00f3, que \u00abcausa extra\u00f1eza que el operador alegue que la metodolog\u00eda no es clara para determinar los valores que deben alcanzar la disponibilidad de la infraestructura de red, pero nunca elev\u00f3 ning\u00fan tipo de consulta a la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones\u00bb o al propio Ministerio.  <\/span><\/p>\n

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Aduce que la negativa a las solicitudes probatorias de la quejosa \u00abdescansa en el principio de preclusividad\u00bb (sic), ya que el material demostrativo fue incorporado \u00abcon posterioridad al vencimiento del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 37 de la Ley 1431 de 2009 para ello, esto es, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a haberse efectuado la comunicaci\u00f3n del acto de apertura de investigaci\u00f3n\u00bb, resaltando que esa es la norma a seguir \u00abante la comisi\u00f3n de una violaci\u00f3n o infracci\u00f3n al r\u00e9gimen de las TIC\u2019s, (\u2026) y s\u00f3lo en lo no previsto en ella se aplicar\u00e1 lo dispuesto en la parte primera del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo\u00bb (fls. 105-122 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la salvaguarda porque \u00abno se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que los planteamientos esbozados por la parte accionante se enfilan contra actos administrativos de car\u00e1cter particular, sobre los cuales procede la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, aunado a que no vislumbra alguna situaci\u00f3n de vulnerabilidad \u00abque amerite especial protecci\u00f3n, ni tampoco la existencia de un eventual perjuicio irremediable como consecuencia de la actuaci\u00f3n administrativa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, respecto de la Resoluci\u00f3n n\u00b0 531 de  2015 y de la que la confirm\u00f3, la n\u00b0 036 de 14 de enero de 2016, tampoco se satisface el presupuesto de la inmediatez, \u00absiendo que la tutela fue interpuesta el 12 de enero de 2017, lo cual permite concluir que desde la fecha de emisi\u00f3n de la decisi\u00f3n hasta la presentaci\u00f3n de la tutela transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses que la jurisprudencia admite como razonable, sin que se advierta un motivo para justificar la tardanza\u00bb (fls. 156-159, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Afirma, tambi\u00e9n, en que la acusada incurri\u00f3 en defecto sustancial y viol\u00f3 el principio de congruencia, al analizar los indicadores de la Resoluci\u00f3n CRC 3067 de 2011 respecto de s\u00f3lo cuatro (4) muestras y no valorando las treinta (30) que se toman al mes. Frente a esto el a-quo hizo un estudio \u00absuperficial\u00bb, ignorando que \u00absolicit\u00f3 la correcci\u00f3n de este error 2 veces a la entidad accionada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que el requisito de inmediatez debi\u00f3 computarse desde el acto administrativo que neg\u00f3 la revocatoria directa, e insiste en que debieron valorarse sus pruebas porque \u00abfueron allegadas dentro de la actuaci\u00f3n administrativa mediante sendos autos\u00bb y la Ley 1437 de 2012 \u00abpermite allegar pruebas sobrevinientes\u00bb (fls 162-167, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando la acci\u00f3n de amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y aun de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a esta herramienta, dada su naturaleza subsidiaria y residual, no tuviese a su alcance otros medios legales eficaces para salvaguardar sus prerrogativas, salvo que se utilice de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable que no pueda conjurarse por las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

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       2. A trav\u00e9s este mecanismo excepcional la promotora persigue, en \u00faltimas, dejar sin efecto la sanci\u00f3n que le impuso la autoridad censurada, pese a que oportunamente no discuti\u00f3 esa determinaci\u00f3n, ni la que deneg\u00f3 la revocatoria directa, por ante la Jurisdicci\u00f3n Contenciosa.  <\/span><\/p>\n

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       3. De las acreditaciones allegadas, observa la Corte lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       3.1. Resoluci\u00f3n n\u00b0 00531 de 8 de abril de 2015, proferida por el Ministerio demandado, por la cual se mult\u00f3 a la actora con \u00abnueve mil setecientos siete (9.707) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb por la comisi\u00f3n de ocho (8) distintas infracciones al r\u00e9gimen de calidad establecido por la Comisi\u00f3n de Regulaci\u00f3n de Comunicaciones, contra la que interpuso recurso de responsi\u00f3n  (fls. 18-47, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.2. Acto n\u00b0 00036 de 14 de enero de 2016, notificada por aviso el 3 de febrero siguiente, mediante la cual la entidad acusada mantuvo la referida decisi\u00f3n (fls. 51-79, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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3.3. Resoluci\u00f3n 1759 del 22 de septiembre del mismo a\u00f1o, por cual el querellado no accedi\u00f3 a la revocatoria directa de los citados \u00abactos administrativos\u00bb de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 94 de la Ley 1437 de 2011 (fls. 48-50, ib.).  <\/span><\/p>\n

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4. Esta Sala ha enfatizado que la tutela no es un instrumento propicio para anular, revocar o derogar los actos administrativos, incluso de car\u00e1cter particular y concreto. Con ese prop\u00f3sito, en cambio, el legislador estableci\u00f3 los \u00abmedios de control\u00bb que contempla el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entre ellos la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho.  <\/span><\/p>\n

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Ese era el escenario propicio para que la inconforme expusiese todos sus reparos de orden t\u00e9cnico, sustantivo y procedimental acerca de la multa que recibi\u00f3, incluyendo todas las supuestas trasgresiones al debido proceso que ahora se\u00f1ala como imposibles de remediar por otra v\u00eda, desconociendo que ese tr\u00e1mite, justamente, permite verificar la conformidad de la manifestaci\u00f3n de voluntad de la administraci\u00f3n con la ley, la cual en todos sus \u00e1mbitos  garantiza el debido proceso.   <\/span><\/p>\n

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En casos como este, la Corporaci\u00f3n ha defendido que la idoneidad de esas v\u00edas judiciales, donde incluso puede obtenerse la suspensi\u00f3n provisional de los actos administrativos que suscitan la inconformidad, hace improcedente este resguardo, por dem\u00e1s de car\u00e1cter netamente residual, al sostener que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa acci\u00f3n de tutela es un mecanismo extraordinario, instituido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que estos se tornen ineficaces y el amparo sea utilizado como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irreparable.  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente y en consonancia con la regla anterior, se ha predicado tambi\u00e9n que esta acci\u00f3n constitucional no procede, en principio, contra actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, al igual que contra actos administrativos de car\u00e1cter particular y concreto, habida cuenta que su control de legalidad est\u00e1 atribuido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes (CSJ STC, 5 oct. 2010, rad. 00087-01; citada, entre otras, en STC13615 de oct. 6 de 2015).  <\/span><\/p>\n

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       As\u00ed, en situaciones an\u00e1logas, esta Corporaci\u00f3n ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la herramienta apropiada para desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de esas determinaciones es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 (\u2026) en estas condiciones, seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6o, del Decreto 2651 de 1991, el amparo ha de negarse, por cuanto la normatividad ha dado los instrumentos jur\u00eddicos para el resguardo de esas prerrogativas, mecanismos a los que el actor pudo recurrir a trav\u00e9s de las respectivas acciones legales, e incluso en donde le estaba permitido solicitar la suspensi\u00f3n provisional que regula el art\u00edculo 230 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pretendiendo ahora a trav\u00e9s de la tutela, propender por la salvaguarda de sus derechos, medio que no ha sido consagrado para provocar la iniciaci\u00f3n de procesos alternativos o sustitutos de los ordinarios o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos \u00e1mbitos de competencia de los jueces ni para crear instancias adicionales a las existentes, sino que tiene el prop\u00f3sito claro, definido, estricto y espec\u00edfico, que el propio precepto 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica indica, que no es otro diferente de brindar a la persona la protecci\u00f3n inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta reconoce (CSJ, STC4250-2016, 7 abr., rad.00028-01).  <\/span><\/p>\n

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5. De otra parte, de las circunstancias expuestas tampoco se advierte alg\u00fan perjuicio irremediable, por lo que no es procedente conceder la protecci\u00f3n,  ni siquiera con car\u00e1cter provisional. Aqu\u00ed no evidencian las circunstancias necesarias para conceder el amparo tr\u00e1mite como mecanismo transitorio, pues tiene dicho la Sala que se exigen las \u00abcaracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ. STC de 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC3439-2016).  <\/span><\/p>\n

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Si bien la actora menciona que la multa pone en riesgo patrimonio del Estado, porque es una sociedad de econom\u00eda mixta, ese argumento deja de lado que el beneficiario es el Fondo de Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y las Comunicaciones (fl. 46, cdno. 1), que es una Unidad Administrativa del orden nacional (Resoluci\u00f3n 1445 de 2010), por lo que el supuesto detrimento no podr\u00eda existir, ya que los dineros permanecer\u00edan dentro del tesoro p\u00fablico, en cabeza de la Naci\u00f3n (art\u00edculo 128 Superior).    <\/span><\/p>\n

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7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo censurado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

(Con impedimento)  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC2982-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00069-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto de la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99844","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99844","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99844"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99844\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99844"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99844"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99844"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}