{"id":99845,"date":"2026-06-25T19:30:23","date_gmt":"2026-06-25T19:30:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2983-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:30:23","modified_gmt":"2026-06-25T19:30:23","slug":"stc2983-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2983-2017\/","title":{"rendered":"STC2983-2017"},"content":{"rendered":"

      MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00030-01.  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de         primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 3 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala Civil  \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier Elias Arias Idarraga en contra del Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Alcald\u00eda Municipal, la Procuradur\u00eda y a la Defensor\u00eda del Pueblo de la misma urbe regional (Risaralda), los Bancos Popular S.A. carrera 7\u00aa No. 19-54 y AV Villas carrera 7\u00aa No. 28-02 esquina del mismo municipio.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  Demand\u00f3 el gestor la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental a sus \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb,  presuntamente vulnerado por la autoridad judicial encartada.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abse tramit[\u00f3] acci\u00f3n popular en el juzgado tutelado y el tutelado se niega a cumplir lo q[ue] le ordenan los arts. 5 y 84 de la ley especial 472\/98\u00bb en las acciones populares 2015-253 y 2015-252. \u00abEl tutelado decret[\u00f3] terminaci\u00f3n anormal de mi acci\u00f3n constitucional NO contemplada en la ley especial 472\/98 ya que mi acci\u00f3n es CONSTITUCIONAL y de impulso oficioso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que el \u00abdesistimiento t\u00e1cito, NO tiene cabida en una acci\u00f3n constitucional de impulso oficioso, art 5 ley 472\/98, adem\u00e1s de amparar[lo]\u00bb las sentencias de la Corte Constitucional  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en consecuencia, se ordene \u00abcontinuar con la Acci\u00f3n Popular y se [\u2026] revoque el desistimiento t[\u00e1]cito\u00bb (Fls. 1 a 2 y 4 a 5 Cdno. Principal).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La c\u00e9lula judicial recriminada remiti\u00f3 copia de los expedientes 2015-00252 y 2015-00253.  <\/span><\/p>\n

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La procuradora de la regional Risaralda manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] las acciones populares referenciadas no fueron promovidas por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013 Procuradur\u00eda Regional Risaralda, y por ello se nos ha comunicado el auto que admite la misma por parte del respectivo Juzgado de conocimiento, para que intervengamos en aquellos procesos que consideremos conveniente (sic), donde se reitera se viene efectuando el respectivo reparto de las acciones populares entre los profesionales adscritos a la Procuradur\u00eda Regional Risaralda y Provincial de Pereira\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la acci\u00f3n de tutela presentada, indica vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad y garant\u00edas procesales dentro de las acciones populares 2015-253 y 2015-252\u00bb, lo que resulta una \u00ab[s]ituaci\u00f3n ajena a esta Agencia del Ministerio P\u00fablico, toda vez que nuestra intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el juez, en el caso de encontrar que el proyecto de acuerdo no contiene vicios de ilegalidad, sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego, dada su funci\u00f3n de defensor de los intereses colectivos, pacto de cumplimiento que no ha sido comunicado a esta Agencia de Ministerio P\u00fablico\u00bb (subrayas originales del texto – Fl. 35 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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La representante legal para asuntos judiciales y extrajudiciales del Banco AV Villas, solicit\u00f3 \u00abnegar por improcedente el amparo constitucional pretendido por la parte actora, toda vez que no se demostr\u00f3 la existencia de una causal de procedibilidad que justifique la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional dentro de la (s) providencia (s) emitida (s) o dejadas de emitir con el lleno de los requisitos legales y en plena observancia de las ritualidades y derechos fundamentales de la parte actora\u00bb (Fls. 38 a 39 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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El Municipio de Pereira a trav\u00e9s de apoderado judicial sostuvo que \u00abno es procedente vincular al Municipio de Pereira, toda vez que las pretensiones solicitadas por el accionante se dirigen al JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO, de las pretensiones solicitadas por el accionante, no se evidencia, ni aparece demostrado o definida la forma en la que el Municipio de Pereira ha amenazado, vulnerado o puesto en peligro los derechos fundamentales del accionante\u00bb (Fls. 43 a 44 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda impetrada al considerar que \u00aba pesar de las explicaciones que blande (sic) el accionante, no hay criterios constitucionales que permitan deducir el resquebrajamiento de los derechos fundamentales invocados. En efecto, como se observa, la queja del actor, deviene, en \u00faltimas de las terminaciones de las acciones populares, por cuanto, con autos del 27 de septiembre del a\u00f1o 2016 (f. 14 y 25) se le solicit\u00f3 al interesado que cumpliera la carga de la notificaci\u00f3n a los miembros de la comunidad. Ya que omiti\u00f3 hacerlo, se procedi\u00f3 a la terminaci\u00f3n de las actuaciones mediante prove\u00eddos del 24 de noviembre siguiente (f. 18-19 y 29-30) en aplicaci\u00f3n del precitado art\u00edculo 317 del CGP, sobre los que interpuso sendos recursos, sin resultados positivos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3 que \u00abresoluciones, por si solas, no alcanzan a trasgredir los derechos de aquel, porque la intelecci\u00f3n que a los asuntos les dio el funcionario de la causa, por m\u00e1s discutible que le parezca al accionante, y aun si pudiera admitir otras posiciones, no lleva inserta tal vulneraci\u00f3n, que es lo que por esta v\u00eda se pueda proteger. Apoyado en fundamentos de orden legal y con el criterio que sobre el caso estima aplicable, precedido de argumentos en torno a la carga que le incumbe al interesado, nada de arbitrario o antojadizo se advierte en la decisi\u00f3n del juzgado, con lo que al juez de tutela le est\u00e1 vedado intervenir [\u2026]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, refiri\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n de tutela no ha sido erigida como una instancia adicional con la que se pueda controvertir una decisi\u00f3n judicial; al contrario, su alcance es restringido y, por ello, se insiste, no permite cuestionar la interpretaci\u00f3n que un juez realiza de un determinado asunto, a menos que ella sea tan absurda o antojadiza, que desborde la l\u00f3gica, o cercene una evidente oportunidad procesal, situaciones que no acontecen, seg\u00fan viene de verse en el presente asunto\u00bb (Fls. 54 a 57 \u00cddem).     <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, aduciendo \u00abAPELO [\u2026] PIDO AMPARAR MI ACCI[\u00d3]N\u00bb (Fls. 59 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la orden contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen de las pruebas obrantes en el expediente la Corte observa lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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a.- Acciones populares instauradas por el aqu\u00ed accionado contra el \u00abBanco Popular Cra 7 # 19 \u2013 54 Pereira\u00bb (Rad. 2015-00353) y frente a \u00abAV Villas Cra 7 # 28 \u2013 02 Esquina Pereira\u00bb (Rad. 2015-00352 – Fl. 13 y 24 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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b.- Autos que requirieron \u00abal demandante para que cumpla con la carga procesal encomendada dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del present[e] auto (Art\u00edculo 317 numeral 1 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (Rad. 2015-00353 y Rad. 2015-00352 – Fls. 14 a 15 y 25 a 26 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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c.- Providencias del 24 de noviembre de 2016 proferidos dentro del subjudice, en los que se declar\u00f3 \u00abterminado el presente proceso, por desistimiento t\u00e1cito, como lo regula el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (rad. 2015-00353 y 2015-00352), decisiones contra la que interpuso recurso de \u00abreposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n\u00bb (Fls. 18 a 20 y 29 a 31 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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d.- Decisiones judiciales del 13 de enero de 2017 que resolvieron \u00abNO REPONE[R] el auto del 24 de noviembre de 2016\u00bb, y, tambi\u00e9n declar\u00f3 \u00abINADMISIBLE el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb interpuesto (Rad. 2015-00353 y Rad. 2015-00352 – Fls. 21 a 22 y 32 a 34 \u00cddem).   <\/span><\/p>\n

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4. En este orden de ideas comparte la Sala los motivos expuestos por el Tribunal a quo, toda vez que los fundamentos de las providencias censuradas no demuestran abiertas y evidentes circunstancias estructurantes de un yerro judicial que pudiera abrir las puertas del \u00e9xito a la pretensi\u00f3n, pues conforme con la decisi\u00f3n atacada, el accionado fue requerido el 27 de septiembre de 2016 \u00abpara que cumpla la carga procesal encomendada en el auto que admite la demanda (fl. 3) esto es \u2013realizar la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998-\u00bb empero dej\u00f3 vencer el t\u00e9rmino para cumplir lo ordenado por la c\u00e9lula judicial querellada, adem\u00e1s, sin llevar a cabo ninguna actividad en este sentido, por lo tanto, no se vislumbra arbitrariedad al declarar la terminaci\u00f3n del proceso por \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. Aunado a lo anterior, lo resuelto por el Juzgado atacado cumple con los par\u00e1metros legales propuestos para estos eventos, particularmente el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, que it\u00e9rese, a todas luces descarta la vulneraci\u00f3n de prerrogativa fundamental alguna, por lo que terminar la acci\u00f3n popular de la referencia anticipadamente, es la consecuencia de un an\u00e1lisis volitivo acorde con lo reglado por nuestro sistema normativo y en especial con la Ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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En un proceso de similares contornos, la Sala mencion\u00f3 que:   <\/span><\/p>\n

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\u00abSin perjuicio de lo anterior, el auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso que dispone  <\/span><\/p>\n

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\u201cCuando para continuar el tr\u00e1mite de la demanda, del llamamiento en garant\u00eda, de un incidente o de cualquiera otra actuaci\u00f3n promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenar\u00e1 cumplirlo dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes mediante providencia que se notificar\u00e1 por estado\u2026Vencido dicho t\u00e9rmino sin que quien haya promovido el tr\u00e1mite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendr\u00e1 por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n y as\u00ed lo declarar\u00e1 en providencia en la que adem\u00e1s impondr\u00e1 condena en costas\u201d\u00bb (ver entre otras, en STC7664-2014).    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, en un asunto reciente y, de similar temperamento la Corte, sostuvo que:  <\/span><\/p>\n

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En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura del actor radica, puntualmente, frente al prove\u00eddo del 1\u00aa de agosto de 2016, mediante el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, decret\u00f3 la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito, de la acci\u00f3n popular radicada bajo el No. 2015-0419-00, la cual fue promovida por aqu\u00e9l en contra de la sucursal de Audifarma ubicada en la \u00abcra 43 A No. 31-183\u00bb de la ciudad de Medell\u00edn; (fl. 8, cdno. 1); y, contra el auto emitido el d\u00eda 30 de septiembre siguiente, que mantuvo en reposici\u00f3n la anterior determinaci\u00f3n, y neg\u00f3 improcedente el recurso subsidiario interpuesto (fl. 9, ib\u00eddem); pues, en su sentir, la mentada figura procesal no resulta aplicable a dicha clase de asuntos.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, es del caso se\u00f1alar, que examinadas las determinaciones citadas, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se encuentra que carecen de arbitrariedad, pues fueron el resultado de la hermen\u00e9utica que resultaba aplicable al asunto objeto de examen, lo que hace que no puedan calificarse de antojadizas o caprichosas.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que el estrado judicial atacado al declarar la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular por el desistimiento t\u00e1cito del demandante, se fund\u00f3 en un entendimiento atendible de las normas que regentan la materia, en especial, del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que descarta la configuraci\u00f3n de causal de procedencia del amparo; luego entonces, si el Juzgado acusado opt\u00f3 por finiquitar el tr\u00e1mite constitucional censurado como consecuencia de la inactividad procesal del aqu\u00ed inconforme, ello es fruto de un razonamiento que no reviste arbitrariedad, ni puede ser catalogado como un desacierto que afecte el derecho al debido proceso del actor, sino m\u00e1s bien la interpretaci\u00f3n plausible de la procedencia de la figura procesal aludida a la luz de la Ley 472 de 1998 (CSJ STC 30 enero de 2017. Rad. 2016-01065-01. Tambi\u00e9n encontrado en CSJ STC 26 enero de 2017. Rad. 2016-01048-01).  <\/span><\/p>\n

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6. Seg\u00fan lo discurrido, se reafirmar\u00e1 el fallo materia de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de la Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00030-01.   (Aprobado en sesi\u00f3n de         primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99845","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99845"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99845\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}