{"id":99846,"date":"2026-06-25T19:30:27","date_gmt":"2026-06-25T19:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2984-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:30:27","modified_gmt":"2026-06-25T19:30:27","slug":"stc2984-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2984-2017\/","title":{"rendered":"STC2984-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2984-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00575-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, la Procuradur\u00eda Delegada para Acciones Populares y la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas-.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro de la acci\u00f3n popular No. 2016-00365.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1. Que ante el Juzgado acusado present\u00f3 la acci\u00f3n popular referida, y este \u00able exigi\u00f3 requisitos NO CONTEMPLADOS en el art. 18 de la ley especial 472 de 1998\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.2. Que \u00abla juez IMPRIMI\u00d3 certificado de existencia y representaci\u00f3n. PESE A QUE NO ES SU FUNCI\u00d3N, TAL COMO LO HA MANIFESTADO LA H CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.3. Que \u00abnunca, el delegado del ministerio p\u00fablico en acciones populares, Procurador, se pronuncia de lo acometido ABUSIVAMENTE por el sentenciador\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, que \u00ab[\u2026] Se ORDENE admitir inmediatamente mi acci\u00f3n A LA TUTELADA [\u2026] se escanee copia de [esta] tutela y del fallo al correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com. [\u2026] ORDENAR, al delegado del Ministerio p\u00fablico, PROCURADOR, pruebe y demuestre como me garantiz\u00f3 el debido proceso y mis garant\u00edas procesales en la acci\u00f3n popular que gener[\u00f3] esta tutela [\u2026]\u00bb (fl. 16 C. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS.  <\/span><\/p>\n

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La c\u00e9lula judicial encartada, refiri\u00f3 que por reparto del 20 de agosto de 2015, le fue asignada la acci\u00f3n popular instaurada por el aqu\u00ed gestor contra el Banco Popular, pero al ser Bogot\u00e1 D.C. su domicilio principal, se rechaz\u00f3 por falta de competencia, y se remiti\u00f3 a la Oficina Judicial de esta urbe para ser repartida a los Juzgados Civiles del Circuito de esta ciudad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Que le correspondi\u00f3 \u00abpor reparto la citada acci\u00f3n constitucional al Juzgado Once Civil del Circuito de dicha ciudad, mediante prove\u00eddo de 23 de septiembre de 2015, ese despacho dispuso no avocar   por falta de competencia la demanda y plante\u00f3 el conflicto negativo de competencia\u00bb y \u00abpara dirimir la competencia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la H. Corte Suprema de Justicia a trav\u00e9s de auto diado 22 de agosto de 2016, declar\u00f3 la premura del conflicto y orden\u00f3 remitir el expediente a este Juzgado con el fin de que, previa inadmisi\u00f3n, se exigiera al actor popular el lleno de los requisitos legales para la admisi\u00f3n de  cualquier demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adujo, que \u00aben cumplimiento de la orden impartida, por auto del 4 de noviembre del a\u00f1o en curso [2016] este Despacho inadmiti\u00f3 la demanda con el fin de dilucidar el lugar de la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos que a trav\u00e9s de la causa judicial se  pretende proteger\u00bb y \u00aben la oportunidad procesal, el accionante inform\u00f3 que la acci\u00f3n cumple lo dispuesto por el art\u00edculo 18 y que el domicilio de la accionada era la ciudad de Manizales; sin embargo, de los supuestos f\u00e1cticos de la acci\u00f3n resultaba evidente que las pretensiones de la demanda estaban encaminadas a proteger los derechos de la comunidad en general y  de las personas en condici\u00f3n de discapacidad, por no contar con servicios sanitarios en la sede ubicada en la Carrera 15 No. 82-99 de Bogot\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Y, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abdicha decisi\u00f3n tuvo como soporte la consulta del certificado de existencia y representaci\u00f3n de la entidad, en el que se evidenci\u00f3 que el domicilio principal de la entidad bancaria accionada se ubica en Bogot\u00e1 y que en aquella ciudad, ocurr\u00eda tambi\u00e9n la vulneraci\u00f3n de derechos alegada\u00bb, resalt\u00f3 que \u00abla inconformidad del actor se funda en que presuntamente el despacho no pod\u00eda imprimir certificados de la accionada y desconocer decisiones de la Corte Suprema de Justicia al dirimir conflictos similares\u00bb, as\u00ed que \u00abresulta di\u00e1fano que es obligaci\u00f3n del juez, cuando ello sea posible, obtener la informaci\u00f3n sobre la existencia y representaci\u00f3n de las entidades de las bases de datos, de manera tal que conforme a la norma precitada procedi\u00f3 esta funcionaria a verificar la existencia, representaci\u00f3n y domicilio de la accionada, encontrando que ni el domicilio ni el lugar de vulneraci\u00f3n correspond\u00edan a esta ciudad, por lo que se declar\u00f3 la falta de competencia, con fundamento en un documento obtenido de las bases de datos a las que se tiene acceso por este despacho\u00bb (fls. 27-29 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Las dem\u00e1s entidades accionadas, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla C\u00e9lula Judicial ha dado cumplimiento al procedimiento regulado en el ordenamiento jur\u00eddico en trat\u00e1ndose de acciones colectivas, puesto que el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998 establece que la competencia para este tipo de procesos se fijar\u00e1 por el lugar de ocurrencia de los hechos o por el domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular, motivo por el cual rechaz\u00f3 por no ser el juez id\u00f3neo para conocer del tr\u00e1mite en tanto que ni el domicilio de la accionada es en esta ciudad, ni es el lugar donde acaeci\u00f3 la supuesta transgresi\u00f3n a los derechos; ci\u00f1\u00e9ndose a lo establecido en la ley, sin que se evidencie por parte de esta Sala que exista irregularidad alguna que afecte el principio de legalidad y que por lo tanto conlleve a la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3 que, \u00abel Despacho de origen verific\u00f3 que el Banco Popular no contaba con domicilio principal en Manizales y la vulneraci\u00f3n alegada tampoco estaba siendo ocasionada en esta, sino que se circunscribe a la ciudad de Bogot\u00e1 D.C.; por lo tanto la determinaci\u00f3n estuvo ajustada a derecho y garantiz\u00f3 al tutelante el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, encauzando la acci\u00f3n popular al remitirla al juez competente, evitando de esta manera que posteriormente se decretara la nulidad del proceso\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, refiri\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n de la c\u00e9lula judicial encaminada a obtener el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad bancaria en aras de determinar la competencia, tampoco se encuentra un actuar arbitrario o por fuera de los l\u00edmites establecidos en la ley, por cuanto el art\u00edculo 85 del C.G.P., precept\u00faa que solo cuando esta informaci\u00f3n ni repose en las bases de datos de las entidades p\u00fablicas y privadas, podr\u00e1 exigirse esta prueba; siendo por lo tanto, facultad del juez indagar por sus propios medios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que, \u00aben lo concerniente a lo solicitado en contra del Procurador para los Juzgados Civiles del Circuito de Manizales y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, no se acceder\u00e1 a ello toda vez que esta corporaci\u00f3n no encuentra actuaciones vulneradoras de sus prerrogativas constitucionales, pues el libelista no indica los hechos en que se sustenta sus pedimentos, aunado a que el actuar de la Defensor\u00eda del Pueblo ya fue definido mediante sentencias proferidas por esta Sala\u00bb (fls. 69-71 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el quejoso, aduciendo que \u00abapelo. Solicito amparar mis acciones de tutela\u00bb (fl. 76 Ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso, pretende el gestor que se le ordene a la autoridad acusada admitir la acci\u00f3n popular que formul\u00f3, refiriendo que incurri\u00f3 en defecto sustantivo, por rechazar la demanda por falta de competencia.  <\/span><\/p>\n

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3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

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a) Providencia de 26 de agosto de 2015 que rechaz\u00f3 la primera demanda de acci\u00f3n popular, al considerar que, \u00aben el caso concreto se avizora que el lugar de ocurrencia de los hechos es la ciudad de Bogot\u00e1; en lo que respecta al domicilio del banco demandado, la otra regla de competencia inmersa en la norma, seg\u00fan el numeral 7\u00ba del art. 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en demandas contra sociedades, como lo es el Banco accionado, ser\u00e1 competente el juez de su domicilio principal, que seg\u00fan la p\u00e1gina web de la instituci\u00f3n citada es la misma ciudad de Bogot\u00e1, a menos que se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, caso en el cual ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aqu\u00e9l y el de \u00e9sta, que para el presente asunto est\u00e1 vinculado a la sucursal de la Carrera 15 No. 82-99, tambi\u00e9n de dicha ciudad capital\u00bb y corolario a lo mencionado, \u00abeste juzgado no es el competente bajo ning\u00fan aspecto del art. 16 de la Ley 472 de 1998 para conocer de la acci\u00f3n popular en cuesti\u00f3n\u00bb (fl. 31-32 C. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Prove\u00eddo de 8 de septiembre siguiente que resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n interpuesto por el aqu\u00ed accionante frente a la decisi\u00f3n de inadmisi\u00f3n primig\u00e9nia de la acci\u00f3n popular referida, por haber sido presentado de forma extempor\u00e1nea (fl. 30 Ib.).  <\/span><\/p>\n

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c) Auto de 4 de noviembre de 2016 que inadmiti\u00f3 la demanda, y solicit\u00f3 corregirla en el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas, para que se aclarara \u00abpor qu\u00e9 se dice que el domicilio de la accionada es en esta ciudad, si la vulneraci\u00f3n presuntamente se est\u00e1 causando en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb (fl. 33 \u00cddem.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Interlocutorio del 18 del mismo mes y a\u00f1o que resolvi\u00f3 \u00abRECHAZAR por falta de competencia\u00bb la acci\u00f3n popular interpuesta por el aqu\u00ed convocante, por cuanto sostuvo que, en el caso bajo estudio \u00abse advierte que el lugar de ocurrencia de la presunta vulneraci\u00f3n es la carrera 15 No. 82-99 de Bogot\u00e1 D.C. De otro lado, en lo que respecta al domicilio de la sociedad demandada \u201cBANCO POPULAR\u201d, se tiene que el actor manifiesta en el escrito genitor que \u00e9ste se encuentra ubicado en la carrera 22 No. 20-12 de la ciudad de Manizales, sin embargo, a folio 21 y ss del expediente obra copia simple de Certificado expedido por la C\u00e1mara de Comercio, en el d\u00eda de hoy, donde se evidencia que el domicilio principal de la entidad accionada se ubica en la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, agreg\u00f3 que \u00abdebe tenerse en cuenta que siguiendo las voces del art\u00edculo 28 numeral 5\u00ba del C.G del Proceso, en demandas contra sociedades, como lo es el Banco Popular, ser\u00e1 competente el juez de su domicilio principal, a menos que se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, caso en el cual ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aqu\u00e9l y el de \u00e9sta, que pasa el presente asunto est\u00e1 vinculado a la agencia ubicada en la carrera 15 No. 82-99 de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y concluy\u00f3 que \u00abno es el competente para conocer de la presente acci\u00f3n popular, ya que no se encuentra en ninguna de las alternativas previstas en el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, para asumir el conocimiento de la misma, en consecuencia, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo dispuesto por el 2\u00ba inciso del art\u00edculo 90 del C.G del Proceso, rechazando por falta de competencia la demanda interpuesta por el se\u00f1or JAVIER ARIAS IDARRAGA contra la sociedad \u201cBANCO POPULAR\u201d, por lo cual, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n del expediente al lugar donde la accionada tiene su domicilio principal\u00bb (fls. 34-35 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Analizado lo anteriormente rese\u00f1ado, y en lo que tiene que ver con la queja enfilada frente al juzgado encartado, advierte la Sala que, en la determinaci\u00f3n de \u00abRECHAZAR por falta de competencia\u00bb y \u00abremitir el expediente con sus anexos a la Oficina Judicial de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, no se observa proceder constitutivo de \u00abdefecto sustantivo\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, comoquiera que todav\u00eda no existe pronunciamiento -o al menos ello no se acredit\u00f3- por parte del despacho judicial al cual el sub lite fue remitido, en el sentido de determinar si avoca o no el conocimiento del asunto, \u00faltimo evento en que de llegarse a dar habr\u00e1 de propiciar ante la entidad competente el conflicto respectivo, lo que impone la apuntada improcedencia tutelar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.1. As\u00ed las cosas, deviene que hall\u00e1ndose en curso el referido tr\u00e1mite, mal puede irrumpir el fallador constitucional en inobservancia de dicha actuaci\u00f3n,  sustrayendo de la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3, en primer lugar, al juez al quien le fue remitido el sub examine y, contingentemente en segundo orden, a la autoridad que en caso de presentarse el conflicto negativo, le corresponda dirimirlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n expuso en torno a un an\u00e1logo planteamiento,  que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[L]a Corte no evidencia que sea posible prodigar la protecci\u00f3n constitucional reclamada, pues, de acuerdo con el expediente, a\u00fan no se ha enviado el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, para que decida si asume el conocimiento del asunto o si, por el contrario, promueve ante la autoridad competente, el conflicto respectivo, para que se defina a cu\u00e1l juzgador le debe ser asignada esa causa, lo que torna prematuro el reclamo constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, es claro que la reclamante pretende que por v\u00eda tutelar se determine cu\u00e1l es la autoridad judicial competente para conocer del proceso ejecutivo que promovi\u00f3 contra la Industria de Licores del Valle del Cauca, asunto cuyo conocimiento fue expresamente atribuido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 256 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el art\u00edculo 112 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia\u00bb (CSJ STC1451-2016, 11 feb. 2016, rad. 2015-00453-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En otra ocasi\u00f3n, la Corte ha explicado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab(\u2026) en el presente asunto se advierte que el despacho accionado adopt\u00f3 su decisi\u00f3n al estimar que no le correspond\u00eda asumir el conocimiento del libelo, y en esa medida, envi\u00f3 dicho expediente al que consider\u00f3 que lo era, en aplicaci\u00f3n de la norma rese\u00f1ada. Asimismo, se colige que (\u2026) el funcionario al que corresponda por reparto el asunto, decidir\u00e1 si asume conocimiento de la demanda que interpuso el actor o suscita un conflicto negativo de competencia, sin que le sea dable al juez de tutela emitir un pronunciamiento al respecto, pues invadir\u00eda \u00f3rbitas que no son de su resorte (\u2026) Lo anterior, significa que es en el tr\u00e1mite que se est\u00e1 surtiendo, en donde se tomar\u00e1n las decisiones correspondientes sobre la competencia alegada (CSJ STC, 4 dic. 2012, exp. 00816-01, reiterada 19 sep. 2015, rad. STC12255-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Ahora bien, en lo que se refiere al supuesto desconocimiento del convocado de precedentes jurisprudenciales proferidos por esta Sala al resolver conflictos de competencia negativos suscitados en acciones populares, se advierte que los fundamentos f\u00e1cticos de los litigios referidos por el actor difieren de los del presente caso, y por ende no obligan a su estricta observancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En lo que ata\u00f1e a la queja contra la Procuradur\u00eda Delegada para acciones populares y la Defensor\u00eda del Pueblo-Regional Caldas-,  hay que decir que no se encuentra vulneraci\u00f3n por parte de estas, pues el accionante no expuso los motivos de su inconformidad, y s\u00f3lo se limit\u00f3 a mencionar que las entidades no han cumplido sus funciones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En asuntos impulsados por el querellante contra la Defensor\u00eda convocada, ha dicho esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEl reproche contra la Defensor\u00eda del Pueblo tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por dos razones.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Primero porque el solicitante no expres\u00f3 en detalle cu\u00e1les demandas de amparo se neg\u00f3 a formular en su nombre esa autoridad y en cu\u00e1l \u00e9poca; ello para explicitar los verdaderos motivos del reparo tutelar.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, segundo, dado que el promotor ha acudido en m\u00faltiples oportunidades a esta especial jurisdicci\u00f3n, planteando, sin ninguna diferencia, la queja endilgada a la Defensor\u00eda del Pueblo -Regional Caldas-\u00bb (STC566-2017. 25 Ene. 2017. Rad. 2016-01064)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Relativo a los pedimentos del impugnante, respecto a que se le \u00abse escanee copia [la] tutela y del fallo al correo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb se ordenar\u00e1 que por secretar\u00eda se remita esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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               MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2984-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2016-00575-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).   Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99846","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99846"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99846\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}