{"id":99847,"date":"2026-06-25T19:30:31","date_gmt":"2026-06-25T19:30:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2985-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:30:31","modified_gmt":"2026-06-25T19:30:31","slug":"stc2985-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2985-2017\/","title":{"rendered":"STC2985-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2985-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00025-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Reinaldo Rubiano Rubiano contra los Juzgados Segundo Civil del Circuito y Tercero Civil Municipal de Soacha.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e \u00abigualdad de las partes\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas dentro del proceso Ejecutivo Hipotecario que le inici\u00f3 el Banco Davivienda (radicado No. 2015-00418).  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que dentro del juicio ejecutivo se adelant\u00f3, \u00abla audiencia inicial prevista en el art. 372 del C.G.P., el d\u00eda 16 de agosto de 2016 [y] el a quo neg\u00f3 de plano las pruebas mencionadas en el numeral b), c), d), pedidas en el escrito de excepciones\u00bb, frente a la cual se impugn\u00f3 en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que no prosper\u00f3 el recurso horizontal y admitida la alzada  \u00abante el superior, Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, este confirm\u00f3 lo resuelto por el A-quo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00abdichas pruebas fueron rechazadas porque de acuerdo a los operadores judiciales no tiene relaci\u00f3n con lo debatido en el proceso ejecutivo precitado, dejando hu\u00e9rfana [\u2026] de los medios probatorios para demostrar las excepciones planteadas violando el debido proceso, as\u00ed como el art. 784 numeral 12 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que \u00abel seguro que exigi\u00f3 la parte demandante Banco Davivienda S.A., lo exigi\u00f3 como parte del cr\u00e9dito de vivienda por la cual est\u00e1 demandando a mi patrocinado, luego hace parte de este debate en forma evidente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Que \u00abdicho seguro es de vida y de incapacidad total y permanente, siendo tomador de la misma parte demandante es decir Banco Davivienda S.A., y tambi\u00e9n beneficiario, siendo el asegurado mi poderdante REINALDO RUBIANO, es decir el Banco Davivienda deb\u00eda reclamar el valor del seguro a la Compa\u00f1\u00eda Aseguradora y no mi poderdante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Que \u00abadem\u00e1s es reiterada la jurisprudencia con fundamento en el C\u00f3digo de Comercio en el sentido de que es obligaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda aseguradora adelantar los ex\u00e1menes correspondientes del asegurado para otorgar el seguro que expidi\u00f3 en este caso que estamos tratando\u00bb(fls. 2- 4 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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3. El gestor no elev\u00f3 petici\u00f3n alguna.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS.  <\/span><\/p>\n

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El ad-quem cuestionado, refiri\u00f3 que \u00abno hay lugar a la prosperidad de la presente acci\u00f3n, toda vez que de las actuaciones a que hace referencia en el escrito presentado por el accionante, no se evidencia por parte de este Juzgado violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales invocados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3, que \u00abel proceso ejecutivo es la actividad procesal jur\u00eddicamente regulada, mediante la cual, el acreedor, fund\u00e1ndose en la existencia de un t\u00edtulo documental que hace plena prueba contra el deudor, demanda la tutela del \u00d3rgano Jurisdiccional del Estado, a fin de que \u00e9ste, coactivamente, obligue al deudor al cumplimiento de una obligaci\u00f3n insatisfecha, lo que acaeci\u00f3 en el presente asunto, pues el t\u00edtulo ejecutivo presentado por laparte demandante cumpli\u00f3 los requisitos de ley\u00bb (fls. 16 y 17 Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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El a-quo encartado, manifest\u00f3 que \u00abdel l\u00edbelo de la demanda de tutela se advierte que la inconformidad del accionante versa sobre las decisiones de primera y segunda instancia en el proceso ejecutivo hipotecario radicado No. 418-15, sin que sea admisible controvertirlas mediante el mecanismo de amparo por haber resultado desfavorables a los intereses del demandado, pues el Juez Constitucional no puede actuar como Juez natural, como bien lo ha advertido la H. Corte Constitucional en su jurisprudencia de anta\u00f1o. En consecuencia, muy respetuosamente solicito se niegue la acci\u00f3n de tutela deprecada (fl. 19 \u00cddem.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla Jueza Segunda del Civil del Circuito de Soacha confirm\u00f3 la decisi\u00f3n tomada por el Juzgado Tercero Civil Municipal, donde rechaz\u00f3 de plano las pruebas solicitadas por la parte demandada argumentando que las mismas resultan \u201cimpertinentes, inconducentes e in\u00fatiles, como quiera que en el escenario del proceso ejecutivo hipotecario, no se debaten asuntos relacionados con la constituci\u00f3n de p\u00f3lizas de garant\u00edas que ampara el siniestro denominado \u201cincapacidad total y permanente\u201d agregando que \u201cla ley ha contemplado otro tipo de acciones encaminadas a reclamar ente las compa\u00f1\u00edas aseguradoras, la cobertura del siniestro, no siendo en tal caso el proceso ejecutivo hipotecario\u201d, conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 luego de analizar y consultar las reglas m\u00ednimas de razonabilidad jur\u00eddica, que sin dudas, obedecieron a la labor hermen\u00e9utica propia del funcionario judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3 que, el aqu\u00ed accionante recibi\u00f3 una respuesta por los querellados \u00abque atiende los lineamientos de razonabilidad, por cuanto, se ocup\u00f3 con suficiencia respecto al mecanismo de defensa que estaba empleando el extremo demandado, lo que torna inviable al tutelista acudir al uso de este mecanismo preferente y sumario, como si se tratase de una segunda instancia en asuntos que no la tienen establecida o una tercera instancia, a efectos de debatir de nuevo sus tesis jur\u00eddicas y probatorias sobre un determinado asunto, que en su momento fue sometido a ritos propios de una actuaci\u00f3n judicial, con el \u00fanico fin de conseguir el resultado procesal que le fue esquivo en su oportunidad legal\u00bb.  (fls. 31-39 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el apoderado del quejoso, alegando que \u00absi bien es cierto que la hipoteca garantiza el cr\u00e9dito que se otorg\u00f3 mediante pagos mensuales, es lo cierto que el banco exigi\u00f3 para otorgar dicho cr\u00e9dito la constituci\u00f3n del Seguro de deudores en los eventos concretos (vida e incapacidad total y permanente) que adem\u00e1s es una p\u00f3liza constituida como tomador el mismo BANCO DAVIVIENDA S.A. y as\u00ed mismo beneficiario dicho banco de dicha p\u00f3liza que se constituy\u00f3 para garantizar el cr\u00e9dito No. 05700002300152251, siendo el asegurado mi poderdante REINALDO RUBIANO\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que \u00aben el presente caso mi poderdante viv\u00eda de su trabajo que al quedar dentro del evento asegurado la vida lo ha colocado en incapacidad real y material de responder por el cr\u00e9dito y es el fin que buscan los bancos que los Seguros precisamente les garanticen estos cr\u00e9ditos, que es lo que yo trato de demostrar mediante la excepci\u00f3n propuesta en el caso que nos ocupa, solicitando las pruebas correspondientes y que los funcionarios de instancia rechazaron con fundamento en el art\u00edculo 168 DEL C.G.P, quedando en esta forma desprotegido totalmente dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario\u00bb (fl. 46-49 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso, pretende el gestor se dejen sin efectos los prove\u00eddos de 16 de agosto y 6 de diciembre de 2016,  que rechazaron de plano y conformaron, respectivamente, las pruebas solicitadas dentro del juicio Ejecutivo Hipotecario, al considerar que las autoridades acusadas incurrieron en defecto \u00abprocedimental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Del examen del expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo, se observa las siguientes pruebas:  <\/span><\/p>\n

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a) Audiencia celebrada el 16 de agosto de 2016, ante el a-quo encartado, en la que se \u00abrechazaron de plano las pruebas por inconducentes conforme art\u00edculo 168 CGP, pues el asunto es proceso ejecutivo hipotecario en que se ejecuta a cargo del deudor una suma determinada de dinero\u00bb que se refirieron oficiar a Seguros Bol\u00edvar, para que manifestara si \u00abb) REINALDO RUBIANO, est\u00e1 incluido en dicha p\u00f3liza. 2. Desde cu\u00e1ndo. 3. Si ampara dicha p\u00f3liza amputaci\u00f3n de todo un pie del se\u00f1or REINALDO RUBIANO, c) Que se decrete un dictamen pericial para que examine al demandado, para que determina lo siguiente 1. Si le hace falta uno de los miembros inferiores de su cuerpo. 2. Desde cuando le hacen falta. 3. Las que determine el Juez [\u2026] d) Que se decrete un interrogatorio  de parte a la demandante con el fin de que responda las preguntas que le har\u00e9 el d\u00eda y hora que usted se\u00f1ale\u00bb, decisi\u00f3n frente a la que se interpuso recurso horizontal, resolviendo no reponer al manifestar, en resumen que, \u00abdebe decirse que la acci\u00f3n ejercida en el litigio tiene su g\u00e9nesis en una obligaci\u00f3n real, ya que el pagar\u00e9 allegado se encuentra garantizado con el inmueble que ahora se persigue, en orden de lo anterior surge a cargo del titular de quien funge como derecho real de dominio, entonces por ser el bien una garant\u00eda y la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito, puede el acreedor perseguir al actual titular del derecho real\u00bb. Frente a esta, se interpuso la alzada.  (fls. 172 y 174 Copias expediente).  <\/span><\/p>\n

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b) Providencia de 6 de diciembre siguiente proferida por el a-quem acusado, por medio del cual se confirma la anterior medida, se\u00f1alando que \u00abencuentra el Juzgado que en efecto le asiste raz\u00f3n a la Juez de primer grado, pues las pruebas que se rechazaron de plano, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 168 del C.G.P. resultan impertinentes, inconducentes e in\u00fatiles, como quiera (sic) que en el escenario del proceso ejecutivo hipotecario, no se debaten asuntos relacionados con la constituci\u00f3n de p\u00f3lizas de garant\u00eda, que ampara el siniestro denominado \u201cincapacidad total y permanente\u201d, que se relaciona en la documental obrante a folio 92. Est\u00e1 por dem\u00e1s decir, que la ley ha contemplado otro tipo de acciones, encaminadas a reclamar ante las compa\u00f1\u00edas aseguradoras, la cobertura del siniestro, no siendo en tal caso, el proceso ejecutivo hipotecario, para tal fin\u00bb (fls.13-15 C.1).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizada la providencia cuestionada, emitida por el ad-quem censurado dentro del sub j\u00fadice, advierte la Sala que no se observa proceder constitutivo de \u00abdefecto procedimental\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, toda vez que la argumentaci\u00f3n que la fundamenta, se sustent\u00f3 en las particularidades del caso, y la normatividad aplicable, donde se valoraron de manera razonada los medios demostrativos pretendidos por el extremo pasivo, sin que aparezca de forma evidente un actuar antojadizo.  <\/span><\/p>\n

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4.1. En efecto, para adoptar su determinaci\u00f3n el a-quem querellado, cit\u00f3 el art\u00edculo 422 del CGP para destacar que lo demandado ejecutivamente debe ser una obligaci\u00f3n, clara, expresa y exigible, contenida en un t\u00edtulo ejecutivo, por lo tanto las pruebas objeto de reclamo, de cara al sub j\u00fadice, resultaban \u00abimpertinentes, inconducentes e in\u00fatiles\u00bb comoquiera que no se estaba en el escenario para discutir el amparo de un siniestro contenido en p\u00f3liza de seguro; interpretaci\u00f3n que no es grosera, por cuanto la legislaci\u00f3n procesal civil prev\u00e9 que en esta clase de juicios, no se debatir\u00e1 asuntos declarativos, sino obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles.  <\/span><\/p>\n

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4.2. De conformidad con el C\u00f3digo General del Proceso, los juicios ejecutivos, tienen una finalidad distinta a la de los procesos declarativos, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional, \u00abel proceso ejecutivo en general tiene por finalidad obtener la plena satisfacci\u00f3n de una prestaci\u00f3n u obligaci\u00f3n a favor del demandante y a cargo del demandado; se trata, como lo han definido los doctrinantes de una pretensi\u00f3n cierta pero insatisfecha, que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligaci\u00f3n. Aunque la finalidad del proceso ejecutivo es siempre la misma, es decir obtener la plena satisfacci\u00f3n de una prestaci\u00f3n u obligaci\u00f3n\u00bb (Se resalta) (C.C. C-454 de 2002).  <\/span><\/p>\n

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5. Vistas as\u00ed las cosas, no advierte esta Corporaci\u00f3n que las inferencias efectuadas por el funcionario judicial, independientemente que la Corte las proh\u00edje, puedan tildarse de caprichosas o arbitrarias para que sean objeto de cuestionamiento en sede tutelar. En consecuencia, se privilegiar\u00e1 la presunci\u00f3n de certeza que lleva intr\u00ednseca toda decisi\u00f3n judicial y el principio de independencia que irriga la funci\u00f3n jurisdiccional, cuya expresi\u00f3n m\u00e1s excelsa se manifiesta, precisamente, en el poder que ostenta el juez para apreciar los elementos de demostraci\u00f3n que los sujetos procesales le conf\u00edan a su conocimiento y entendimiento razonado, pues las pruebas solicitadas y rechazadas que versaron sobre oficiar a Seguros Bol\u00edvar, tendientes a demostrar si el aqu\u00ed accionante se encuentra \u00abincluido en la p\u00f3liza-desde cu\u00e1ndo- si ampara la amputaci\u00f3n de todo un pie\u00bb, resultaban impertinentes e inconducentes conforme a la naturaleza misma del sub judice.  <\/span><\/p>\n

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Sobre ello, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC18 de Mar. de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de Jun. de 2011, exp. 00974-01)  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2019 (\u2026)\u00bb (subl\u00ednea fuera de texto). (CSJ. STC 1\u00b0 de Sep. de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de Dic. de 2011, exp. 02663-00)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En conclusi\u00f3n, se observa que la autoridad acusada, profiri\u00f3 la providencia censurada con sustento en el examen que en forma conjunta, coherente y siguiendo los criterios de la sana critica realiz\u00f3 frente a las pruebas recaudadas y las normas pertinentes, con sustento en las cuales adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona, sin que de tal proceder se detecte ilegalidad o abuso alguno de sus funciones y menos aun incurriendo en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, por cuanto no se percibe que se apartara de los hechos debidamente probados, ni de las normas que regulan la cuesti\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22 jun. 2012, rad. 01201-00; 9 ago. 2012, rad. 00332-01; y, 13 feb. 2013, rad. 00216-00).  <\/span><\/p>\n

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7. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente      STC2985-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00025-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 7 de febrero de 2017, mediante la cual la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99847","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99847","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99847"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99847\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99847"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99847"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99847"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}