{"id":99849,"date":"2026-06-25T19:30:51","date_gmt":"2026-06-25T19:30:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2991-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:30:51","modified_gmt":"2026-06-25T19:30:51","slug":"stc2991-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2991-2017\/","title":{"rendered":"STC2991-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2991-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00821-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por H\u00e9ctor Andr\u00e9s Forero Escalante contra el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Diecis\u00e9is y Diecinueve de Familia de dicha urbe, el Defensor de Familia y la Procuradur\u00eda Judicial Delegada para Asuntos de Familia, as\u00ed como la parte activa de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, dentro del proceso ejecutivo de alimentos que la se\u00f1ora B\u00e1rbara Edith Mora Barriga promovi\u00f3 en su contra.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, ordenar al Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, \u00abtener por cumplida la cauci\u00f3n solicitada y levantar la medida cautelar de embargo [que pesa sobre] unas acciones [de su propiedad]\u00bb, y, que \u00abcontacte [a los] Juzgado[s] 16 y 19 de familia para que (\u2026) actualice el estado de [sus] consignaciones y (\u2026) verifique, que en realidad (\u2026) no adeud[a] lo que el Despacho, en forma equivocada, expone\u00bb (fl. 42, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que mediante proceso de divorcio que instaur\u00f3 en contra de la prenombrada persona, el Juez Diecis\u00e9is de Familia de esta capital le fij\u00f3 cuota alimentaria en favor de su hijo por valor de $2.000.000,oo, la cual fue reducida posteriormente a la suma de $500.000,oo, con ocasi\u00f3n de una demanda de disminuci\u00f3n de alimentos que present\u00f3 ante el Juzgado Diecinueve de Familia de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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Afirma que su exc\u00f3nyuge, aduciendo el pago incompleto de las cuotas correspondientes a los meses de octubre de 2013 hasta el mes de junio de 2014, inici\u00f3 la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas precedentes, la cual procedi\u00f3 a contestar a trav\u00e9s de apoderado judicial; sin embargo, el primero de los citados Despachos, a quien le correspondi\u00f3 el conocimiento del asunto, estim\u00f3 que dicha actuaci\u00f3n era extempor\u00e1nea, por lo que dej\u00f3 de valorar los argumentos y las pruebas que desvirtuaban la mora denunciada por la ejecutante.   <\/span><\/p>\n

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Sostiene que al realizarse la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, la referida autoridad incluy\u00f3 intereses en la misma, los cuales no pueden cobrarse por expreso mandato legal, sumado a que se est\u00e1n cobrando cuotas de alimentos sin tener en cuenta la reducci\u00f3n ordenada, aspectos que, dice, no pudo cuestionar, por cuanto que, cuando se acerc\u00f3 a revisar el expediente, \u00e9ste hab\u00eda sido remitido al Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de esta capital, quien tampoco ha realizado \u00abun juicioso an\u00e1lisis axiol\u00f3gico de las pruebas\u00bb, en raz\u00f3n a que se ha negado a requerir las planillas que corroboran los pagos que ha efectuado, postura que, asevera, ha mantenido el juzgado, no obstante las reiteradas solicitudes que se le han elevado al respecto, circunstancias por las cuales considera que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n (fls. 38 a 43, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  El Juez Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1, luego de memorar las actuaciones que despleg\u00f3 con ocasi\u00f3n del juicio de reducci\u00f3n de cuota alimentaria a que el actor hace alusi\u00f3n en el escrito de tutela, solicit\u00f3 ser desvinculado de la presente actuaci\u00f3n, tras manifestar, que \u00abla inconformidad del accionante se dirige en contra del Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de sentencias\u00bb (fls. 54 y 55, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.  El Titular del Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, pidi\u00f3 negar el resguardo implorado, con fundamento en que esa oficina judicial ha atendido las distintas solicitudes que el tutelante ha elevado dentro de la citada actuaci\u00f3n, al punto que mediante prove\u00eddo del 13 de diciembre de 2016, se puso en conocimiento de la parte demandante los documentos que el actor aduce no fueron tenidos en cuenta al inicio del tr\u00e1mite, autorizando a las partes para que presentaran una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo indic\u00f3, que la cauci\u00f3n exigida se fundament\u00f3 en el art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006, la cual se aclar\u00f3 debe presentarse en dinero, a fin de poderse pagar las cuotas adeudadas y las que en adelante se causen durante los siguientes dos a\u00f1os, como lo prev\u00e9 la aludida norma (fls. 56 y 57, ejusdem).      <\/span><\/p>\n

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c.  El abogado Pedro Vicente Sarmiento Chavarro, quien dijo ser el apoderado judicial de la se\u00f1ora B\u00e1rbara Edith Mora Barriga dentro del rese\u00f1ado litigio, inst\u00f3 rechazar el amparo rogado, con sustento en que \u00abla actuaci\u00f3n (\u2026) se hizo conforme a las normas procesales\u00bb (fls. 68 y 69, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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d.  El Juez Diecis\u00e9is de Familia de la misma urbe, se opuso al \u00e9xito del auxilio invocado, aduciendo que \u00abno puede afirmarse un actuar arbitrario por parte de es[e] Despacho que vulnere o desconozca el derecho al debido proceso o de otro derecho fundamental de[l] accionante\u00bb (fls. 81 y 82, \u00eddem).   <\/span><\/p>\n

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e.   Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia, luego de compendiar las actuaciones surtidas hacia el interior del juicio compulsivo criticado, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras considerar que \u00abno se avizora obrar caprichoso o arbitrario en el proceder del funcionario, las decisiones adoptadas y contenidas en sus prove\u00eddos, se encuentran debidamente fundamentadas y soportadas en la normatividad aplicable al caso\u00bb (fls. 90 a 102, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante se mostr\u00f3 inconforme con el anterior fallo, esgrimiendo, en suma, los mismos planteamientos con los que sustent\u00f3 la queja constitucional (fls. 117 a 120, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso bajo estudio se observa, que la queja est\u00e1 puntualmente dirigida contra los prove\u00eddos de 19 de agosto de 2014, 28 de julio y 23 de octubre de 2015, respectivamente, a trav\u00e9s de los cuales el Juzgado Diecis\u00e9is de Familia de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3, en su orden, librar orden de apremio, tener por no contestada la demanda, y, seguir adelante la ejecuci\u00f3n de alimentos que la se\u00f1ora B\u00e1rbara Edith Mora Barriga promovi\u00f3 en contra de H\u00e9ctor Andr\u00e9s Forero Escalante \u2013aqu\u00ed accionante; as\u00ed como frente a las providencias de 19 de mayo, 1\u00ba de noviembre y 13 de diciembre de 2016, respectivamente, por medio de las cuales el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, dispuso aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, fijar cauci\u00f3n por la suma de $48.000.000,oo a fin de levantar las medidas cautelares decretadas, y, aclarar la anterior decisi\u00f3n, en el sentido de indicar que dicha cauci\u00f3n debe prestarse en dinero, pues en sentir de aqu\u00e9l, las referidas autoridades no s\u00f3lo desconocieron la prueba documental que aport\u00f3 para demostrar el pago de la obligaci\u00f3n perseguida, sino tambi\u00e9n la normatividad aplicable al asunto, particularmente, la relacionada con la notificaci\u00f3n por conducta concluyente y la fijaci\u00f3n de la cauci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, de entrada se observa que la protecci\u00f3n reclamada frente a las tres primeras decisiones, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aflora con nitidez que el resguardo no cumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, si en cuenta se tiene que la \u00faltima de ellas data del 23 de octubre de 2015, seg\u00fan se desprende de la inspecci\u00f3n que realiz\u00f3 el a quo constitucional al expediente contentivo de la rese\u00f1ada ejecuci\u00f3n, en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 15 de diciembre de 2016 (fl. 38), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a las aludidas determinaciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013un a\u00f1o, un mes y veintid\u00f3s d\u00edas1, sin que el tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las demarcadas providencias, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.   <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada entre otras en STC16688-2015, STC608-2016, STC1898-2016, STC2172-2016, STC1536-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.    Ahora, basta decir, en cuanto al reproche endilgado contra la providencia dictada el 19 de mayo de 2016, por el Juzgado Segundo de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, que no s\u00f3lo la misma fue debidamente notificada a las partes de acuerdo a lo estipulado en el art\u00edculo 295 del C\u00f3digo de General del Proceso, sino que el actor, en una conducta constitutiva de incuria, no propuso objeciones a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por la parte demandante, \u00fanica herramienta que proced\u00eda a fin de ventilar las inconformidades que \u00e9ste ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido, al haber desaprovechado el mecanismo que estaba a su disposici\u00f3n para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva para sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; mencionada recientemente en STC1897-2016, STC2512-2016 y STC1726-2017).  <\/span><\/p>\n

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Puntualizando que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, Rad. 01343-00; citada \u00faltimamente en STC2173-2016 y STC1722-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.    Finalmente, cabe acotar, respecto de los prove\u00eddos de 1\u00ba de noviembre y 13 de diciembre de 2016, por medio de los cuales la rese\u00f1ada autoridad dispuso fijar como cauci\u00f3n la suma de $48.000.000,oo, advirtiendo que \u00e9sta debe prestarse en dinero, que tales decisiones se encuentran ajustadas a la normatividad procesal vigente, pues es claro en precisar el art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 20062, que \u00ab[e]l embargo se levantar\u00e1 si el obligado paga las cuotas atrasadas y presta cauci\u00f3n que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos a\u00f1os siguientes\u00bb, precepto que armoniza con el inciso 2\u00ba del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 397 de la nueva Codificaci\u00f3n Procesal, el cual se\u00f1ala que \u00ab[e]jecutoriada la sentencia, el demandado podr\u00e1 obtener el levantamiento de las medidas cautelares que hubieren sido practicadas, si presta garant\u00eda suficiente, del pago de alimentos por los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os\u00bb3, garant\u00eda que, por obvias razones, debe constituirse en dinero, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales.  <\/span><\/p>\n

6.    Por tanto, las razones que anteceden se estiman suficientes para mantener inc\u00f3lume el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Contados, como se dijo, desde la fecha de emisi\u00f3n de la \u00faltima de las decisiones referenciadas.    <\/span><\/p>\n

2 \u201cPor la cual se expide el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia.\u201d    <\/span><\/p>\n

3 No se debe pasar por alto que, a voces del numeral 2\u00ba del par\u00e1grafo 2\u00ba del citado canon, \u201c[e]n lo pertinente, en materia de alimentos para menores, se aplicar\u00e1 la Ley 1098 de 2006 y las normas que la modifican o la complementan.\u201d      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente         STC2991-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00821-01      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2017, proferido por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99849","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99849","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99849"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99849\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}