{"id":99851,"date":"2026-06-25T19:30:57","date_gmt":"2026-06-25T19:30:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2993-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:30:57","modified_gmt":"2026-06-25T19:30:57","slug":"stc2993-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2993-2017\/","title":{"rendered":"STC2993-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2993-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00011-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Luis Enrique Ni\u00f1o Rojas contra el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de los autos de 22 de octubre y 1\u00b0 de diciembre, ambos de 2016, mediante los cuales se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario que instaur\u00f3 en contra de Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, \u00abrevo[car] y dej[ar] sin efectos [los] auto[s] [referidos]\u00bb, y en consecuencia, \u00abproferir en la mayor brevedad posible, el auto de remate dentro del proceso [aludido]\u00bb (fls. 29 y 30, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que dentro del asunto referido en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga libr\u00f3 mandamiento de pago, decisi\u00f3n frente a la cual el ejecutado propuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abcapitalizaci\u00f3n de intereses y usura\u00bb, con sustento en que, afirma, \u00able hab\u00edan cobrado intereses por encima de la tasa de usura\u00bb; de igual manera, en escrito aparte, pidi\u00f3 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n por \u00abprejudicialidad penal\u00bb, debido a la denuncia penal que en su contra instaur\u00f3 por el punible de \u00abusura\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de dicha ciudad, neg\u00f3 \u00abimpl\u00edcitamente\u00bb la solicitud de \u00absuspensi\u00f3n\u00bb elevada por el demandado, pues en sentencia del 27 de mayo de 2015l neg\u00f3 los medios defensivos propuestos por \u00e9ste, ordenando seguir adelante con el recaudo compulsivo, decisi\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza, al declararse desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado en su contra por el deudor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sostiene que el extremo pasivo insisti\u00f3 en la suspensi\u00f3n del juicio censurado, por lo que en prove\u00eddo del 22 de octubre de 2016, el Despacho accionado accedi\u00f3 a ello, tras advertir que ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, se hab\u00eda celebrado la audiencia de acusaci\u00f3n en el proceso penal seguido en su contra por el delito de \u00abusura\u00bb, lo cual ten\u00eda relaci\u00f3n con el \u00abmonto de las obligaciones cobradas ejecutivamente\u00bb, determinaci\u00f3n frente a la que instaur\u00f3 sin \u00e9xito los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, pues el primero de ellos fue desestimado en auto del 1\u00b0 de diciembre siguiente, en tanto que la alzada se deneg\u00f3 por improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tras ese relato, indica que el Juzgado querellado incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo con lo resuelto, toda vez que i) en el pleito cuestionado ya se hab\u00eda proferido sentencia que hizo \u00abtr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, y en esa medida, no era procedente decretar la suspensi\u00f3n del mismo, a voces de lo preceptuado en los art\u00edculos 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso; y, ii) en el juicio penal seguido en su contra no es objeto de discusi\u00f3n la existencia del cr\u00e9dito motivo de recaudo, sino su monto, raz\u00f3n por la que cualquiera que sea el resultado de ese asunto, el inmueble objeto de garant\u00eda real se subastar\u00e1 para cubrir la obligaci\u00f3n adeudada por el se\u00f1or Porras P\u00e9rez (fls. 1 a 31, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a. El Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de Bucaramanga, y la Fiscal\u00eda Veintiuno Local de dicha ciudad, realizaron un recuento del proceso penal seguido en contra del actor, certificando que el mismo se encuentra en la etapa de juicio oral (fls. 50 a 55, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. Por su parte, el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la localidad aludida, aleg\u00f3 que las providencias atacadas se encuentran ajustadas al ordenamiento jur\u00eddico, raz\u00f3n por la cual el amparo implorado debe denegarse (fls. 56 y 57, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir, en suma, que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00aben la decisi\u00f3n de la que se duele el aqu\u00ed reclamante en manera alguna la titular del despacho accionado incurri\u00f3 en afectaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales usadas como sustento al petitorio del amparo, pues no observa el Tribunal que lo resuelto en sus prove\u00eddos del 22 de octubre y 1\u00b0 de diciembre de 2016 est\u00e9n apartados de las preceptivas legales y las circunstancias f\u00e1cticas que rodean la especie sometida a su definici\u00f3n, pues se soporta en criterios razonables cimentados en las normas que regulan las cuestiones all\u00ed dilucidadas, descart\u00e1ndose que las mismas sean arbitrarias, caprichosas, subjetivas ni carentes del condigno sustento jur\u00eddico. Distinto es que el actor no comparta el aludido pronunciamiento, situaci\u00f3n que por s\u00ed sola no es suficiente para establecer la procedencia de la petici\u00f3n de resguardo tutelar, menos aun cuando no est\u00e1 acreditada la afectaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales que se alegan conculcadas, se insiste\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otro lado, consider\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 67 a 87, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En este caso, el accionante cuestiona los autos de 22 de octubre y 1\u00b0 de diciembre de 2016, mediante los cuales el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario que aqu\u00e9l instaur\u00f3 frente a Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez, pues, en su opini\u00f3n, el Despacho desatendi\u00f3 lo establecido en los art\u00edculos 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar los documentos aportados al tr\u00e1mite de tutela, los cuales permiten apreciar lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

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1. En prove\u00eddo del 24 de mayo de 2012, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga libr\u00f3 orden de apremio a favor del ejecutante, aqu\u00ed accionante, y en contra del ejecutado, por la suma de $370\u2019160.000.oo representados en un pagar\u00e9, y por los intereses moratorios \u00abde conformidad con las fluctuaciones que para el efecto certifique la Superintendencia Financiera\u00bb. As\u00ed mismo, decret\u00f3 el embargo y secuestro del inmueble objeto de garant\u00eda real (fls. 6 y 7, cdno. Corte).    <\/span><\/p>\n

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1.   El demandado se opuso a la anterior determinaci\u00f3n, formulando la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abcapitalizaci\u00f3n de intereses y usura\u00bb, y, as\u00ed mismo, en escrito separado, solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n \u00abpor prejudicialidad penal\u00bb, puesto que hab\u00eda instaurado denuncia penal en contra del demandante por la supuesta comisi\u00f3n del delito de \u00abusura\u00bb (fl. 60, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Mediante sentencia del 27 de mayo de 2015, el Despacho aludido orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo y deneg\u00f3 la defensa del deudor, determinaci\u00f3n que cobr\u00f3 firmeza, habida cuenta que en auto del 26 de junio siguiente, se declar\u00f3 desierta la alzada formulada por el ejecutado (fl. 60 vto., cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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1.   Posteriormente, el extremo pasivo insisti\u00f3 en la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite atacado, aspiraci\u00f3n a la que accedi\u00f3 el estrado judicial acusado en prove\u00eddo del 22 de octubre de 2016, tras considerar, en suma, lo siguiente:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abTeniendo en cuenta lo informado por la Fiscal\u00eda 21 Local de Bucaramanga mediante su oficio No. 0235 F-21 Local Juicios del 21 de julio de 2016, as\u00ed como la certificaci\u00f3n allegada, y en atenci\u00f3n a la solicitud realizada el 1\u00ba de julio de 2016 por el apoderado de la parte demandada, el Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 161 del C.G.P., decreta la suspensi\u00f3n del presente proceso hasta que se profiera decisi\u00f3n definitiva en el proceso penal adelantado contra el se\u00f1or Luis Enrique Ni\u00f1o Rojas, pues se considera que lo all\u00ed decidido incide directamente en la suerte del presente proceso, al tratarse del monto al cual ascienden las obligaciones cobradas ejecutivamente, tema de \u00e1lgida importancia para establecer el valor del cr\u00e9dito cobrado en el presente proceso, lo cual, valga decir, se requiere antes de lograr el remate del bien inmueble objeto del proceso\u00bb (fl. 32, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1.   Frente a la anterior decisi\u00f3n el ejecutante, aqu\u00ed interesado, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; no obstante, en prove\u00eddo del 1\u00ba de diciembre siguiente, dichos mecanismos fueron denegados, con fundamento en que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn el caso sometido a consideraci\u00f3n, el pasado 1 de julio de 2016 el extremo demandado puso en conocimiento de esta administradora de justicia la denuncia penal que formul\u00f3 ante el aqu\u00ed demandante Luis Enrique Ni\u00f1o Rojas por el presunto il\u00edcito de usura. Fundada en \u00e9sta solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad penal. Como quiera que la documentaci\u00f3n arrimada, se evidenci\u00f3 que la querella hab\u00eda obtenido eco ante la jurisdicci\u00f3n penal, dispuso este Juzgado mediante prove\u00eddo del 13 de julio \u00faltimo requerir a la Fiscal\u00eda 25 Local a efectos de que certificara los hechos, las partes y el estado actual de la investigaci\u00f3n que adelanta en virtud de la denuncia entablada por Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez (\u2026). Allegada la certificaci\u00f3n, se puso en evidencia que las partes, los hechos y, sobre todo, los cautelares base de ejecuci\u00f3n, est\u00e1n siendo motivo de investigaci\u00f3n penal, la cual, seg\u00fan la misma Fiscal\u00eda cognoscente inform\u00f3, se adelanta en el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, en donde el pasado 29 de julio de 2016, se celebr\u00f3 audiencia de la acusaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La prejudicialidad vista como mecanismo a trav\u00e9s del cual se pretende se paralice el proceso ante una duplicidad de pronunciamientos que eventualmente podr\u00edan contravenirse, solo procede, en principio, cuando el proceso se encuentra pendiente de dictar sentencia. En el proceso objeto de estudio, en efecto, ya se profiri\u00f3 providencia que dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, lo que imposibilita, prima facie, el decreto de la suspensi\u00f3n procesal por prejudicialidad penal, por cuanto la sentencia civil que se encuentra ejecutoriada y en firme.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante lo anterior, el tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil-Familia al cual pertenece esta administradora de justicia, en una postura que se comparte en su plenitud, ha dicho que no necesariamente la prejudicialidad penal procede cuando se encuentra pendiente el proceso para fallo. No. La suspensi\u00f3n del proceso civil se hace imperioso cuando las resultas del proceso penal aflijan las actuaciones subsiguientes a la sentencia de este primero. Es decir: la procedencia de la suspensi\u00f3n por prejudicialidad penal, no puede condicionarse a que la Litis se encuentra pendiente para fallo, cuando la decisi\u00f3n tomada en la jurisdicci\u00f3n penal puede alterar cualquier actuaci\u00f3n que se adelanta en el proceso civil, subsiguiente a la sentencia.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conforme lo discurrido y las pruebas que reposan en el expediente y que ya fueron expuestas en l\u00edneas arriba, las cuales responden, dicho sea de paso, a lo preceptuado en art. 162 ib\u00eddem, se puede establecer que la suspensi\u00f3n por prejudicialidad penal se erige procedente en esta etapa procesal hasta tanto se obtenga las resultas del juicio penal que se sigue frente al presunto delito de usura querellante por Carlos Andr\u00e9s Porras P\u00e9rez a trav\u00e9s de apoderada judicial, contra el querellado Luis Enrique Ni\u00f1o Rojas (y otro); toda vez que continuar con el tr\u00e1mite ejecutivo, el cual va dirigido a culminarse en la diligencia de remate que persigue el aqu\u00ed ejecutante, aun cuando existe la necesidad de que la justicia penal se pronuncie de fondo, menoscabar\u00eda los derechos del aqu\u00ed demandado, y se traducir\u00eda en la venta p\u00fablica del bien de su propiedad con la probabilidad de que el Juez del proceso penal (al cual ya se ha hecho referencia), considere, eventualmente, que no deb\u00eda llegarse a esa instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a lo arg\u00fcido por el recurrente, en lo que respecta a que la suspensi\u00f3n no puede perdurar en el tiempo, sobra mencionar que dicha figura encuentra su l\u00edmite temporal en el art. 162 ejusdem el cual reza que: \u201cLa suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad hasta que el juez decrete su reanudaci\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo si dicha prueba no se aduce dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la fecha que empez\u00f3 la suspensi\u00f3n, el juez de oficio o a petici\u00f3n de parte, decretar\u00e1 la reanudaci\u00f3n del proceso, por auto que se notificar\u00e1 por aviso\u201d. En ese entendido, ser\u00e1 esta administradora de justicia de oficio o a petici\u00f3n de parte, a quien le corresponder\u00e1 reanudar el proceso en el eventual caso que vencido el t\u00e9rmino de 2 a\u00f1os, no se allegue la prueba que demuestre la culminaci\u00f3n del juicio penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, sobre la procedencia del recurso de apelaci\u00f3n, el a-quo estim\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abconforme a los lineamientos del C\u00f3digo General del Proceso, para que un auto pueda ser atacado por v\u00eda de apelaci\u00f3n, requiere que se encuentre taxativamente se\u00f1alado en la lista del art\u00edculo 321, o en norma especial, y en consecuencia, sobre el particular no es posible hacer interpretaciones extensivas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Cotejados uno a uno los casos que preceden con las hip\u00f3tesis taxativamente enlistadas como apelables en el art\u00edculo 321 del CGP, concluye el Juzgado que ninguno de aqu\u00e9llos se encuadra con el asunto objeto de alzada, lo que de contera pone al descubierto la improcedencia del recurso vertical, m\u00e1xime si en cuenta se tiene que no existe norma especial que as\u00ed lo contemple, precisase, la apelabilidad del auto mediante el cual se suspende el proceso por prejudicialidad penal. Por tal raz\u00f3n se negar\u00e1 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb (fls. 33 a 36, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. De este modo, todo lo que viene de mencionarse conlleva a la Sala a concluir, que la demanda de tutela debe abrirse paso, pues el Juzgado accionado realiz\u00f3 una interpretaci\u00f3n equivocada de los art\u00edculos 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que inevitablemente condujo a la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del accionante.    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. En efecto, el numeral 1\u00b0 del canon 161 de la nueva ley de enjuiciamiento civil establece, que:    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEl juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretar\u00e1 la suspensi\u00f3n del proceso en los siguientes casos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n. El proceso ejecutivo no se suspender\u00e1 porque exista un proceso declarativo iniciado antes o despu\u00e9s de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepci\u00f3n\u00bb (resalta la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A su turno el art\u00edculo 162 ib\u00eddem dispone, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abCorresponder\u00e1 al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La suspensi\u00f3n a que se refiere el numeral 1 del art\u00edculo precedente solo se decretar\u00e1 mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La suspensi\u00f3n del proceso producir\u00e1 los mismos efectos de la interrupci\u00f3n a partir de la ejecutoria del auto que la decrete.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El curso de los incidentes no se afectar\u00e1 si la suspensi\u00f3n recae \u00fanicamente sobre el tr\u00e1mite principal\u00bb (destaca la Corte).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.2.   Entonces, de los mandatos referidos se infiere sin esfuerzo alguno que la suspensi\u00f3n del juicio por \u00abprejudicialidad\u00bb es procedente cuando a). no se haya dictado sentencia de \u00fanica o de segunda instancia en el tr\u00e1mite que se pretende suspender; y, b.) cuando exista una cuesti\u00f3n sustancial que no pueda dilucidarse en el proceso motivo de suspensi\u00f3n a trav\u00e9s de las excepciones y cuya resoluci\u00f3n sea necesaria para decidir sobre el objeto del litigio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.3.   Teniendo en cuenta lo anterior, en el sub examine no era procedente la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, toda vez que, como qued\u00f3 visto, la respectiva solicitud se formul\u00f3 despu\u00e9s de que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga dictara sentencia ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, la cual cobr\u00f3 firmeza ante la declaratoria de deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado por el ejecutado; y, la supuesta \u00abusura\u00bb en que incurri\u00f3 el acreedor al pactar los intereses del cr\u00e9dito adeudado, fue objeto de debate en el juicio ejecutivo motivo de suspensi\u00f3n a trav\u00e9s de excepciones de m\u00e9rito, raz\u00f3n por la que ese reparo pudo dilucidarse sin necesidad de esperar la definici\u00f3n del asunto penal que se adelantaba simult\u00e1neamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.4.  As\u00ed las cosas, no resultaban atendibles los argumentos expuestos por el Juzgado querellado al decretar la suspensi\u00f3n del pleito ejecutivo hipotecario acusado, pues, iterase, aqu\u00e9lla no era procedente a la luz de lo establecido en los art\u00edculos 161 y 162 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que conllev\u00f3 al inminente menoscabo de las garant\u00edas invocadas por el gestor.  <\/span><\/p>\n

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5.   Por \u00faltimo es necesario precisar, que contrario a lo considerado por el Tribunal constitucional de instancia, el actor no contaba con otro mecanismo judicial para procurar la defensa de sus derechos, puesto que ni el art\u00edculo 321 de la obra en menci\u00f3n, y mucho menos los mandatos acabados de mencionar, contemplan la posibilidad de formular el recurso de apelaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n que resuelva sobre la suspensi\u00f3n del proceso, motivo por el que acudir al mecanismo de queja resultaba improcedente.   <\/span><\/p>\n

6.   En ese orden de ideas, el fallo de tutela de primer grado habr\u00e1 de invalidarse para conceder, entonces, la salvaguarda suplicada, y que el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, tras dejar sin efecto los prove\u00eddos atacados, proceda a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud de suspensi\u00f3n por prejudicialidad presentada por el extremo obligado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n solicitada. En consecuencia:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO. Se DECLARA sin valor ni efecto los autos de 22 de octubre y 1\u00b0 de diciembre, ambos de 2016, mediante los cuales se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario instaurado por Luis Enrique Ni\u00f1o Rojas en contra de Carlos Andr\u00e9s Porra P\u00e9rez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO. Se ORDENA al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bucaramanga, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a resolver nuevamente la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso formulada por el ejecutado, atendiendo lo expuesto en esta providencia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC2993-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2017-00011-01      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 25 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99851","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99851","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99851"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99851\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99851"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99851"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99851"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}