{"id":99854,"date":"2026-06-25T19:31:09","date_gmt":"2026-06-25T19:31:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2996-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:31:09","modified_gmt":"2026-06-25T19:31:09","slug":"stc2996-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2996-2017\/","title":{"rendered":"STC2996-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00003-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Everth Carvajal Lenis contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad \u00abMATERIAL\u00bb, a la vida digna, a la \u00abESTABILIDAD LABORAL REFORZADA\u00bb, al \u00abM\u00cdNIMO VITAL\u00bb, al trabajo, a la \u00abSEGURIDAD SOCIAL\u00bb y al \u00abPRINCIPIO DE SOLIDARIDAD CON PERSONA DE LA TERCERA EDAD\u00bb, presuntamente conculcados por la entidad accionada, al haberlo desvinculado del cargo que desempe\u00f1aba como \u00abProcurador 306 Judicial I Penal c\u00f3digo y grado 3PJ-EG\u00bb, sin tener en cuenta su condici\u00f3n de \u00abprepensionado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, concretamente, que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abreconocer (\u2026) [su] condici\u00f3n de pre pensionado\u00bb, y, como consecuencia de ello, su \u00abreubica[ci\u00f3n] en uno de los cargos de igual o mayor jerarqu\u00eda que se encuentren vacantes, disponibles en la [c]iudad de Cali\u00bb (fl. 24, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.  En apoyo de tales pretensiones, aduce en compendio, que pese a que desde el 10 de abril de 2015, ven\u00eda desempe\u00f1\u00e1ndose como Procurador Judicial I Penal en la ciudad de Cali, y cuenta con \u00ab60 a\u00f1os, 11 meses de edad\u00bb, raz\u00f3n por la cual, asegura, es objeto del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, el ente accionado le notific\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la instituci\u00f3n, en raz\u00f3n del nombramiento en propiedad de un tercero, quien hace parte de la lista de elegibles publicada en el marco del concurso de m\u00e9rito previsto para proveer 317 cargos de Procurador Judicial I.     <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que con la anterior decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 no s\u00f3lo que exist\u00edan cargos iguales al suyo en otras delegaturas, los cuales exced\u00edan el n\u00famero de concursantes que pudiesen aplicar, sino que \u00e9l re\u00fane los requisitos acad\u00e9micos y la experiencia laboral suficiente para ser reubicado en las citadas plazas, hasta que fuese \u00abinclu[ido] en [la] n\u00f3mina de pensionados de COLPENSIONES [para] no afectar [la] soluci\u00f3n de continuidad\u00bb, como quiera que hace parte del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, tal y como lo consider\u00f3 el Tribunal Administrativo de la citada ciudad, al proteger sus prerrogativas fundamentales y ordenar su traslado de Porvenir S.A. a la citada administradora de pensiones.  <\/span><\/p>\n

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Indica que toda vez que es \u00abtrasplantado Hepato-renal (h\u00edgado-ri\u00f1\u00f3n)\u00bb, es un paciente de \u00abalto costo\u00bb que tiene que velar por la manutenci\u00f3n propia, la de su hijo menor de edad y su esposa, quien padece \u00abartritis reumatoide y Epilepsia Focal Refractaria\u00bb, por lo que acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 1 a 26, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La parte accionada, aunque fue debidamente vinculada, guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n rogada al derecho fundamental al debido proceso administrativo del interesado, tras advertir que aunque \u00e9ste solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n a Colpensiones S.A., por lo que \u201cpresuntamente\u201d ostenta la calidad de prepensionado, la entidad convocada, a m\u00e1s que no logr\u00f3 desvirtuar tal circunstancia, sin \u201cmotivar el acto\u201d procedi\u00f3 a ordenar su desvinculaci\u00f3n del cargo que  ostentaba.  <\/span><\/p>\n

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       Por lo anterior, orden\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de dicha providencia, \u00abproced[iera] a tomar todas las medidas administrativas y log\u00edsticas tendientes a nombrar en provisionalidad al aqu\u00ed accionante, se\u00f1or Everth Carvajal Lenis, en un empleo vacante y disponible, igual o similar al que ven\u00eda desempe\u00f1ando\u00bb (fls. 574 a 577, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La apoderada judicial de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, pidi\u00f3 denegar el amparo por improcedente, tras indicar que el accionante tiene la posibilidad de cuestionar ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el acto mediante el cual el ciudadano que gan\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos para proveer cargos en el ministerio p\u00fablico fue nombrado en el empleo por \u00e9l ocupado; a lo que agreg\u00f3, que si el actor \u00abcuenta con 60 a\u00f1os de edad y fuera el beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n (\u2026), tendr\u00eda derecho a su pensi\u00f3n a los 55 a\u00f1os de edad, por lo que si el mismo tiene los a\u00f1os de servicios como afirma, no estar\u00eda en situaci\u00f3n de prepensionado sino de pensionado y como tal debe acudir a Colpensiones a solicitar su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, situaci\u00f3n que hace que, entonces, no se encuentre en las situaciones de estabilidad reforzada\u00bb (fls. 121 a 128, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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1. El accionante dirige el amparo frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, toda vez que fue desvinculado del cargo de Procurador Judicial I Penal C\u00f3digo y Grado EPJ-EG Adscrito a la Procuradur\u00eda Delegada  para el Ministerio P\u00fablico en Asunto Penales \u2013 con sede en Cali, dice, desconociendo su calidad de \u00abprepensionado\u00bb, y en su reemplazo se nombr\u00f3 a Juan Carlos Veruttu G\u00f3mez, quien super\u00f3 el proceso de selecci\u00f3n realizado para ocupar dicho empleo.    <\/span><\/p>\n

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3.        No obstante lo anterior, examinada la demanda de tutela, se colige con facilidad el fracaso del mentado reproche, porque el querellante, quien, se itera, alega ser prepensionado, i) no aleg\u00f3 ante las autoridades convocadas hallarse en la situaci\u00f3n que ahora pone de presente, ni manifest\u00f3 su desacuerdo frente a las listas de elegibles publicadas respecto del cargo que ostentaba en la entidad accionada; y, de otra parte, ii) tampoco atac\u00f3 el acto administrativo con el cual se dio por terminado el ejercicio del cargo en provisionalidad que ven\u00eda ejerciendo como Procurador 306 Judicial I Penal; ni la resoluci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual fue nombrada la persona que ocup\u00f3 el cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando, sino que prefiri\u00f3, entonces, acudir a la acci\u00f3n de tutela a efectos de formular sus inconformidades, de donde se desprende el desconocimiento del presupuesto de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sobre el primer punto en particular, la Corte ha sostenido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00absi el actor considera que alg\u00fan acto concreto de los acusados le est\u00e1 transgrediendo las garant\u00edas esenciales, debe dirigirse a ellos para que se pronuncien al respecto; es decir, el quejoso debe plantear sus inconformidades ante los demandados, para que \u00e9stos, de ser pertinente, tomen una determinaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n, sin que con este mecanismo pueda anticiparse a las decisiones de dichas entidades\u00bb (reiterada entre otras, en STC3939-2016).  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n ha se\u00f1alado la Sala, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab1. Examinada la queja tutelar se colige su improcedencia por desconocer el presupuesto de subsidiariedad, pues tal como lo ha expuesto esta Corte en casos de id\u00e9nticos perfiles1, las accionantes tienen a su alcance la posibilidad de demandar la nulidad de la Convocatoria N\u00b0 282 del 2 octubre de 2012 y de los dem\u00e1s actos reglamentarios, si estiman la configuraci\u00f3n de irregularidades en su expedici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre lo discurrido, recientemente se se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, deviene con claridad la conclusi\u00f3n de que la acci\u00f3n incoada es improcedente, toda vez que la reclamante dispone de otros medios a trav\u00e9s de los cuales puede procurar la defensa adecuada de los derechos que estima transgredidos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn efecto, el reproche que se plantea est\u00e1 relacionado, esencialmente, frente al Acuerdo No. 282 del 2 octubre de 2012, mediante el cual la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos para proveer vacantes definitivas de empleos de etnoeducadores que prestan su servicio educativo en las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en establecimientos educativos oficiales de preescolar, b\u00e1sica y media en ubicados en el departamento de Nari\u00f1o\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEllo, por cuanto, a juicio de la actora, no se consult\u00f3 previamente a las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras, como lo exige la jurisprudencia constitucional y organismos internacionales como la OIT\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cSin embargo, aquella disposici\u00f3n tiene la naturaleza de acto administrativo de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, frente al cual el Decreto 2591 de 1991, regulatorio de la acci\u00f3n de tutela, determina la improcedencia del mecanismo de amparo, pues el ordenamiento jur\u00eddico contempla la existencia de otros instrumentos legales a trav\u00e9s de los cuales es posible demandar la protecci\u00f3n de las garant\u00edas que se estiman vulneradas\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cParticularmente se ha dicho que, en seguimiento del precepto legal comentado, \u2018las inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u2019.2\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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2.        En torno a la presunta conculcaci\u00f3n de las prerrogativas de las personas nombradas en provisionalidad y con calidad de \u201cprepensionados\u201d, se colige el fracaso del reproche porque las querellantes no adujeron ante las autoridades convocadas hallarse en tal situaci\u00f3n, de donde se desprende el desconocimiento del enunciado presupuesto de subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Seg\u00fan la Ley 790 de 2002, las personas que aspiren a ser reconocidas como \u00abprepensionadas\u00bb deben reportar a la entidad para la cual laboran la informaci\u00f3n necesaria para constatar su situaci\u00f3n personal, es decir, que les faltan tres (3) a\u00f1os o menos para causar el derecho a su pensi\u00f3n de vejez, contados a partir de la promulgaci\u00f3n de la referida norma, entre otros requisitos.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn el asunto bajo estudio, los demandantes de manera general afirmaron que \u00abalgunos\u00bb de los profesores contratados de manera provisional tienen \u00abm\u00e1s de 20 a\u00f1os de vinculaci\u00f3n o son pre-pensionados\u00bb, aun as\u00ed, ninguno acredit\u00f3 haber radicado solicitud ante la empleadora con el fin de ser tenidos como beneficiarios de la aludida norma, para as\u00ed gozar de la protecci\u00f3n que reclaman, situaci\u00f3n que no puede ser subsanada en este escenario, el cual (\u2026) no es una herramienta para revivir etapas y procedimientos desperdiciados\u201d\u00bb (STC9508-2015; reiterada STC16136-2016).  <\/span><\/p>\n

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Y en otra oportunidad, precis\u00f3 la Corte que no puede el Juez cognoscente de la solicitud de amparo inmiscuirse en asuntos de este tipo, porque  <\/span><\/p>\n

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\u00abal juez constitucional le est\u00e1 vedado, so pena de soslayar la institucionalidad, conceder a los particulares prerrogativas ad libitum, para los cuales se encuentran previstos dispositivos comunes, cuya presencia excluye la intervenci\u00f3n del juzgador de tutela.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, visto el contenido de la demanda de amparo se aprecia que el prop\u00f3sito del demandante es el desconocimiento de un acto administrativo y la orden de reintegro al trabajo, finalidades para las cuales el ordenamiento prev\u00e9 las acciones en la v\u00eda contenciosa o laboral, medios suficientes para garantizar el ejercicio de los derechos invocados ahora, medios cuya presencia descarta cualquier intervenci\u00f3n del juzgador de constitucional\u00bb (CSJ STC, 16 Abr. 2009, Rad. 10008-01, reiterado en STC, 15 feb. 2014, rad. 545-01, STC7486-2014 y STC16136-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        De este modo, no cabe duda que el reclamo constitucional invocado resulta improcedente por su car\u00e1cter subsidiario y residual, toda vez que la protecci\u00f3n excepcional s\u00f3lo es viable cuando quien la implora ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad censurada para poner de presente su reclamo y no obtuvo respuesta, o la misma fue desfavorable y arbitraria, y en el presente asunto, tal y como se puntualiz\u00f3 en l\u00edneas precedentes, el promotor omiti\u00f3 comunicar su situaci\u00f3n a la entidad enjuiciada a trav\u00e9s de los conductos regulares dispuestos para ello, a fin de pedirle lo que aqu\u00ed implora, por lo que le est\u00e1 vedado hacer uso de esta acci\u00f3n excepcional\u00edsima, la cual no fue instituida para anticiparse a los pronunciamientos del accionado, y, adem\u00e1s cuenta con la v\u00eda judicial ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo para atacar los actos se\u00f1alados.  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo anterior, se impone revocar el fallo constitucional de primera instancia, para en su lugar, denegar la salvaguarda rogada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, y en consecuencia, se NIEGA el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 5 de marzo de 2015, exps. 52001-22-13-000-2015-00055-01 y 52001-22-13-000-2015-00039-01; reiterada en decisiones de 12 de marzo de 2015, exp. 52001-22-13-000-2015-00012-01 y de 2 de julio de 2015, exp. 52001-22-13-000-2015-00142-01, entre otras.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 20 de febrero de 2013, exp. 2012-00100-01.     <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 2 de julio de 2015, exp. 52001-22-13-000-2015-00142-01      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2017-00003-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99854","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99854"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99854\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}