{"id":99856,"date":"2026-06-25T19:31:17","date_gmt":"2026-06-25T19:31:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2998-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:31:17","modified_gmt":"2026-06-25T19:31:17","slug":"stc2998-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2998-2017\/","title":{"rendered":"STC2998-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2998-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00073-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 31 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por H\u00e9ctor Mauricio Mayorga Arango contra los Juzgados Treinta y Siete Civil del Circuito, y, Veintitr\u00e9s Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la \u00abpropiedad\u00ab, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias dictadas en ambas instancias en el marco del proceso ejecutivo singular promovido por la Copropiedad Parque Central Bavaria P.H. frente  al Helm Bank S.A., hoy Banco Corpbanca Colombia S.A.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia requiere, de manera concreta, que se revoquen las citadas providencias, y como consecuencia de ello, se ordene a los Juzgados Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Bogot\u00e1, y, Treinta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad, \u00abacceder a las excepciones formuladas\u00bb por la parte ejecutada, entendiendo que, con base en el reglamento de Propiedad Horizontal de la Copropiedad Parque Central Bavaria P.H., dice, \u00abno hay t\u00edtulo ejecutivo\u00bb alguno que soporte el cobro coercitivo (fl. 23, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que Helm Bank S.A., hoy Banco Corpbanca Colombia S.A., adquiri\u00f3 los locales \u00ab128, 129, 140 y 141 de la Manzana Uno del Conjunto Residencial Parque Central Bavaria P.H.\u00bb, quedando as\u00ed obligado al cumplimiento del Reglamento de Propiedad Horizontal del mismo, y en consecuencia, al pago de las respectivas cuotas de administraci\u00f3n; empero, advierte, como arrendatario financiero de los inmuebles, \u00e9l era solidariamente responsable de la cancelaci\u00f3n de dichas expensas, pues de conformidad con lo dispuesto en el clausulado del contrato de leasing que celebr\u00f3 con la citada entidad bancaria, \u00abel arrendatario financiero [era] el obligado directo del pago de las cuotas, y expensas de administraci\u00f3n y el incumplimiento de esa obligaci\u00f3n, (…) acarrear[\u00eda] la terminaci\u00f3n del acuerdo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que tras el incumplimiento de la obligaci\u00f3n descrita, la Copropiedad Parque Central Bavaria S.A. promovi\u00f3 el proceso ejecutivo mencionado en l\u00edneas anteriores, tr\u00e1mite en el que el Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Bogot\u00e1, sin reconocerlo como parte, deneg\u00f3 las excepciones de \u00abfalta de t\u00edtulo y pago\u00bb propuestas por la entidad demandada, determinaci\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad, autoridad que, de igual forma, \u00abdespach\u00f3 desfavorablemente el incidente de nulidad [por \u00e9l formulado como] apoderado judicial\u00bb de la entidad financiera involucrada.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que con sustento en lo anterior, y tras su intento fallido de realizar el pago directo de las cuotas adeudadas a quien fung\u00eda como administradora del Conjunto Residencial demandante, adelant\u00f3 proceso de pago por consignaci\u00f3n por \u00ab37 millones de pesos\u00bb, valor \u00abmuy superior al debido\u00bb, asunto que por dem\u00e1s, no fue ajeno a las autoridades jurisdiccionales convocadas, quienes desconociendo que con base en el Reglamento que los cobijaba, \u00ablas cuotas de administraci\u00f3n  se liquidaban tomando el presupuesto de cada a\u00f1o, (\u2026) y el [respectivo] coeficiente\u00bb, adelantaron la ejecuci\u00f3n criticada, asegura, por una suma considerablemente superior a la que realmente correspond\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Fundament\u00e1ndose en lo anterior, se\u00f1ala que \u00abambos jueces omitieron su deber de verificar la validez del t\u00edtulo [ejecutivo], y de analizar todas las pruebas que ten\u00edan en sus manos\u00bb, tomando as\u00ed determinaciones \u00abde manera errada, en contra de la ley y de los hechos (\u2026) obrantes en el proceso\u00bb, por lo que acude a este excepcional mecanismo para que se amparen las prerrogativas superiores invocadas (fls. 1 a 24, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.    El titular del Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de Oralidad de esta capital, advirti\u00f3 que las actuaciones judiciales por \u00e9l desplegadas en el marco del juicio ejecutivo por esta v\u00eda criticado, \u00abse ajustan en un todo a las disposiciones procesales y sustanciales vigentes que rigen la materia\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abante la falta de relevancia constitucional del asunto\u00bb, solicit\u00f3 denegar el amparo invocado (fls. 168 y 169, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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b.   El Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de la misma ciudad, expres\u00f3 que en el asunto censurado \u00abse examinaron las diferentes probanzas, las piezas procesales, (…) la normatividad aplicable al caso y las manifestaciones hechas en las alegaciones realizadas en el curso de las diligencias\u00bb (fl. 172, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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c.   El Representante Legal de la Copropiedad Parque Central Bavaria P.H., despu\u00e9s de pronunciarse respecto a los hechos en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela, advirti\u00f3 que lo pretendido por el aqu\u00ed interesado es \u00fanicamente \u00abdesconocer los planteamientos y decisiones judiciales\u00bb ya ejecutoriadas al interior de la ejecuci\u00f3n endilgada (fls. 174 a 181, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo implorado, con fundamento en que, como bien se sabe, \u00abquien acude a esta v\u00eda constitucional debe tener legitimaci\u00f3n en la causa por activa, vale decir, ser directamente afectado con una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a la parte accionada, (\u2026) posibilidad que no puede predicarse respecto de quien no est\u00e1 jur\u00eddicamente vinculado al respecto tr\u00e1mite (\u2026), pues ello equivaldr\u00eda a una apropiaci\u00f3n indebida de una causa ajena\u00bb; as\u00ed pues, resaltando que el se\u00f1or H\u00e9ctor Mauricio Mayorga Arango \u00abno es parte\u00bb dentro del juicio ejecutivo motivo de inconformidad, advirti\u00f3 que \u00abtampoco puede considerarse que [\u00e9ste] genera efectos directos en su \u00f3rbita jur\u00eddica fundamental\u00bb, m\u00e1xime cuando se encuentra demostrado que en los t\u00edtulos adosados como sustento del mismo, \u00fanicamente figura como obligada la entidad financiera all\u00ed ejecutada (fls. 231 a 234, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El solicitante impugn\u00f3 el anterior fallo, insistiendo, en suma, en los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito tutelar (fls. 248 a 257, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. ST-878 de 2007).  <\/span><\/p>\n

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1. Bajo los anteriores lineamientos, la Sala considera que el reclamo constitucional deprecado es improcedente, por cuanto tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, el accionante se refiere a actuaciones adelantadas en un proceso ejecutivo donde no ostenta ninguna de las prenotadas calidades, luego es incontrovertible que carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar en esta sede las decisiones all\u00ed proferidas.    <\/span><\/p>\n

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En efecto, el se\u00f1or H\u00e9ctor Mauricio Mayorga Arango, en nombre propio, promovi\u00f3 el presente mecanismo de protecci\u00f3n, tras resaltar su condici\u00f3n de arrendatario financiero de Helm Bank S.A., hoy Banco Corpbanca Colombia S.A., quien obra como demandado en el juicio ejecutivo por esta v\u00eda censurado; sin embargo, revisado el expediente contentivo del mismo, la Corte aprecia que \u00e9ste ciertamente no integra alguno de los extremos de la litis y tampoco ha intervenido como tercero, raz\u00f3n por la cual no tiene inter\u00e9s para pedir el reclamo constitucional, pues se tiene por averiguado que \u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en calidad de parte\u00bb (CSJ STC, 2 mar. 2011, rad. 2011-00301-01; criterio reiterado en STC109-2017).  <\/span><\/p>\n

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En un caso an\u00e1logo la Corte dijo,   <\/span><\/p>\n

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\u00abcualquier decisi\u00f3n modificatoria de la situaci\u00f3n actual de la accionante pondr\u00eda en condiciones de desigualdad a los dem\u00e1s participantes del proceso de selecci\u00f3n, atribuci\u00f3n que por consiguiente s\u00f3lo puede asumir la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa por ser la competente para decidir los conflictos que eventualmente podr\u00edan variar las reglas generales del concurso de marras\u00bb (CSJ. STC. 8 de abr. de 2009, Rad. 00041-01, reiterada el 10 de oct. de 2014 STC13845 y en STC14773-2016).  <\/span><\/p>\n

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       5.  Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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