{"id":99857,"date":"2026-06-25T19:31:19","date_gmt":"2026-06-25T19:31:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2999-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:31:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:31:19","slug":"stc2999-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc2999-2017\/","title":{"rendered":"STC2999-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC2999-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00798-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de enero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria Patricia P\u00e1ramo Contreras contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad y la Comisaria Once Familia de la Localidad de Suba, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante, quien act\u00faa en causa propia y en representaci\u00f3n de sus menores hijas Verena y Silvana L\u00f3pez P\u00e1ramo, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, a la igualdad, a la integridad f\u00edsica, a la dignidad humana, a la \u00abprotecci\u00f3n contra toda forma de violencia\u00bb, y a la \u00abverdad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas, con la Resoluci\u00f3n de 25 de octubre de 2016, y, la sentencia que la confirm\u00f3 en tr\u00e1mite de grado jurisdiccional de consulta, pronunciada el 24 de noviembre siguiente, dentro del incidente de incumplimiento de medida de protecci\u00f3n promovida en contra del se\u00f1or Jorge Alberto L\u00f3pez Ocampo, dentro del cual, se atendieron los alegatos de este \u00faltimo, se fij\u00f3 a cargo de la tutelante la multa equivalente a dos (2) s.m.l.m.v. como sanci\u00f3n por desacato, y, se decret\u00f3 medida de protecci\u00f3n complementaria a favor de las menores.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se deje sin valor ni efecto \u00abla decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, dentro del expediente 2014-0039, mediante la cual resolvi\u00f3 el [grado jurisdiccional de consulta surtido respecto de] (\u2026) la decisi\u00f3n proferida el 25 de octubre de 2016 por la Comisar\u00eda Once de Familia de Suba\u00bb; y, que se le ordene a esta \u00faltima autoridad, remitir el proceso de medida de protecci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis a la Comisar\u00eda de Usaqu\u00e9n, teniendo en cuenta el domicilio de las menores, con el fin de que sea dicho ente el que resuelva sobre el asunto (fl. 273, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que ante el incumplimiento de lo acordado por parte del progenitor de sus menores hijas, promovi\u00f3 tr\u00e1mite incidental de desacato en el mes de mayo de 2015, momento en cual aleg\u00f3, que aqu\u00e9l \u00absegu\u00eda (y sigue) incurriendo en los actos de hostigamiento, acoso y persecuci\u00f3n, conllevando violencia [p]sicol\u00f3gica\u00bb, a lo que en respuesta el incidentado interpuso tr\u00e1mite de igual linaje en su contra, seg\u00fan dice, por sugerencia de la propia Comisaria de Familia encargada del caso; ambas solicitudes de sanci\u00f3n por incumplimiento de medida de protecci\u00f3n, fueron acumuladas y resueltas a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n adiada 25 de octubre de 2016, que desestim\u00f3 todos sus alegatos y, por el contrario, result\u00f3 favorable a su expareja, siendo condenada al pago de una multa equivalente a 4 salarios m\u00ednimos mensuales vigentes, as\u00ed como a promover la vinculaci\u00f3n de sus hijas con el padre, y, a un tratamiento psicol\u00f3gico con el fin que la relaci\u00f3n entre ellos pueda restablecerse, \u00abso pena de retirar[l]e la custodia provisional\u00bb, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 sin \u00e9xito, pues s\u00f3lo fue modificada en lo atinente al monto de la multa impuesta, lo que a todas luces, asegura, vulnera las prerrogativas fundamentales invocadas, pues las autoridades accionadas hicieron caso omiso acerca de las denuncias que efectu\u00f3 por el comportamiento del se\u00f1or L\u00f3pez Ocampo, que no solo pone en peligro su integridad, sino la de las ni\u00f1as (fls. 60 a 74, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        El Juez Sexto de Familia de esta capital, solicit\u00f3 la denegaci\u00f3n del amparo inquirido, luego de manifestar que \u00abde una revisi\u00f3n detallada a la decisi\u00f3n adoptada por el comisario de familia, advirti\u00f3 (\u2026) que la medida de protecci\u00f3n resultaba acertada en cuanto a que m\u00e1s all\u00e1 de las divergencias que se han suscitado entre los ex consortes, se han involucrado de una manera negativa a sus dos menores hijas, tal como lo se\u00f1alaron los profesionales de psicolog\u00eda\u00bb; m\u00e1s a\u00fan cuando se verific\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite se surtiera con sujeci\u00f3n al debido proceso y en b\u00fasqueda de la mejor decisi\u00f3n para las menores, con base en los hechos y el material probatorio arribado al plenario, toda vez que de eso se trata el inter\u00e9s superior del menor, el ir m\u00e1s all\u00e1 de los caprichos de sus progenitores a la realidad de los mismos\u00bb (fls. 86 y 87, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b.)        Por su parte, la Comisaria Once de Familia de la Localidad de Suba de esta ciudad, luego de narrar el tr\u00e1mite surtido con ocasi\u00f3n del proceso objeto de censura, expuso en lo esencial, que el amparo se torna improcedente, pues en momento alguno existi\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada, en tanto que \u00abcon base en las conclusiones de las valoraciones forenses realizadas al se\u00f1or Jorge Alberto L\u00f3pez Ocampo, a la se\u00f1ora Gloria Patricia P\u00e1ramo Contreras, y a las ni\u00f1as Verena y Silvana L\u00f3pez P\u00e1ramo, (\u2026) observ\u00f3 que se encontraban probados los siguientes hechos: (\u2026) 1. Que el se\u00f1or Jorge Alberto L\u00f3pez Ocampo no incurri\u00f3 en actos de agresi\u00f3n en contra de las ni\u00f1as Verena y Silvana L\u00f3pez P\u00e1ramo, ni en conductas sexuales inadecuadas con \u00e9stas. (\u2026) 2. Que la se\u00f1ora Gloria Patricia P\u00e1ramo Contreras ha involucrado a las ni\u00f1as Verena y Silvana L\u00f3pez P\u00e1ramo en sus conflictos con el se\u00f1or Jorge Alberto L\u00f3pez Ocampo, instrument\u00e1ndolas y alien\u00e1ndolas en contra de \u00e9ste, lo cual supone una forma de maltrato en contra de \u00e9stas. Esta situaci\u00f3n no ha cesado a pesar de la imposici\u00f3n de las medidas de protecci\u00f3n otorgadas en el marco de la acci\u00f3n de violencia intrafamiliar No. 0147\/2012. (\u2026) 3. Que la ruptura en la relaci\u00f3n del se\u00f1or Jorge Alberto L\u00f3pez Ocampo con sus hijas \u2013 la cual durante la convivencia era de afecto rec\u00edproco- es del todo imputable a la se\u00f1ora Gloria Patricia P\u00e1ramo Contreras\u00bb, por lo que \u00abel hecho de que las autoridades tomen decisiones en derecho que contravengan los deseos o intereses personales de una persona\u00bb, no constituye per se la conculcaci\u00f3n de sus bienes jur\u00eddicos primarios (fls. 101 a 104, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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       c.)        A su turno, el se\u00f1or Jorge Alberto L\u00f3pez Ocampo, vinculado al tr\u00e1mite del ep\u00edgrafe en la calidad atr\u00e1s citada, luego de narrar las vicisitudes surgidas a partir de la separaci\u00f3n con la aqu\u00ed accionante, de quien dice, se ha encargado de \u00ablanzar [en su contra] toda clase de amenazas, improperios, argucias, enga\u00f1os, vej\u00e1menes, actuaciones indebidas\u00bb, afirm\u00f3 que la salvaguarda instada es improcedente por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, \u00abtoda vez que existen mecanismos judiciales (penales), administrativos, contemplados en el C\u00f3digo General del Proceso y de la Infancia y la Adolescencia que la accionante no ha agotado vgr., formular las correspondientes denuncias por la presunta infracci\u00f3n de las normas penales, [a \u00e9l] endilgadas reiterativamente en el contenido de la tutela\u00bb (fls. 121 a 123, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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       d.)        De otro lado, el Procurador 149 Judicial II para Asuntos de Familia, tambi\u00e9n vinculado a la presente acci\u00f3n, rindi\u00f3 concepto acerca de la protecci\u00f3n constitucional pretensionada por la se\u00f1ora P\u00e1ramo Contreras, en el que anot\u00f3 que \u00aben este caso el dictamen de medicina legal no ofrece para (\u2026) motivo de duda acerca de la pertinencia t\u00e9cnica y factibilidad de la pericia establecida y que dio lugar a la decisi\u00f3n tomada por la comisaria y confirmada por el Juzgado 6 de Familia. (\u2026) El s\u00edndrome de alienaci\u00f3n parental ha sido descrito como un s\u00edndrome que en t\u00e9rminos generales \u201cconsiste en que, ante el evidente rechazo (separaci\u00f3n, divorcio) por parte de un c\u00f3nyuge, el otro, que se niega a aceptar ese hecho, acude de modo de retaliaci\u00f3n, a manipular a los hijos, sin reparar en si les causa da\u00f1o o no, en tanto, lo \u00fanico que le interesa es volverlos en contra de aqu\u00e9l, para que lo repelan y lo acusen de ser el causante del da\u00f1o causado\u201d (\u2026) por tanto (\u2026) es susceptible de prueba forense psicol\u00f3gica y es factible la pr\u00e1ctica de ex\u00e1menes psiqui\u00e1tricos y psicol\u00f3gicos por \u201calienaci\u00f3n, maltrato psicol\u00f3gico e instrumentalizaci\u00f3n parental\u201d (\u2026). En [el sub examine] la contundencia de la pericia desarrollada por medicina legal nos permite se\u00f1alar que dicha situaci\u00f3n se presenta (\u2026), sin que sea posible (\u2026) entrar a discutir sobre las conclusiones a las que llegaron los expertos\u00bb (fls. 125 a 128, id.).  <\/span><\/p>\n

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       e.)        Finalmente, la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Suba, inform\u00f3 en lo esencial, que \u00ablas diligencias fueron trasladadas de forma definitiva en f\u00edsico desde el d\u00eda 11 de octubre de 2016 al Centro Zonal Usaqu\u00e9n de ICBF\u00bb, por lo que desde el mes de octubre del a\u00f1o pasado no ha tenido conocimiento del asunto a que apunta la demanda de tutela (fls. 134 a 138, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez Constitucional de instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

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       \u00ab[a]nalizadas las actuaciones adelantadas ante los funcionarios demandados, se concluye, que las autoridades aqu\u00ed encartadas actuaron dentro de los par\u00e1metros establecidos en la Constituci\u00f3n y la ley, resolviendo oportunamente las peticiones elevadas ante ellos con relaci\u00f3n al caso propuesto, sin que se observe en su actuaci\u00f3n v\u00eda de hecho alguna que amerite la protecci\u00f3n de los derechos invocados, pues se advierte en cuanto a los hechos esbozados por la accionante en su demanda de tutela, en cuanto a la violaci\u00f3n al debido proceso y el derecho a la defensa por la ausencia de pruebas para proferir fallo adverso a sus intereses, que la accionada, no logr\u00f3 desvirtuar la existencia de los hechos constitutivos de incumplimiento que se le endilgaron en el tr\u00e1mite incidental, al punto que la determinaci\u00f3n que adopt\u00f3 la Comisar\u00eda y el juzgador en sede de consulta, se hizo con fundamento en las pruebas, entre ella, el dictamen rendido a instancia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el que se concluy\u00f3 entre otros aspectos, que no exist\u00edan elementos que impidieran al padre de las ni\u00f1as un adecuado ejercicio paterno, de quien se dijo hab\u00eda ejercido su rol durante los primeros a\u00f1os de vida de sus hijas, y su empat\u00eda respecto de las necesidades de aqu\u00e9llas, observ\u00e1ndose que exist\u00eda una afectaci\u00f3n de la relaci\u00f3n materno filial, por la postura ejercida por la progenitora por la ruptura conyugal, destacando con ello que la se\u00f1ora Gloria Patricia haciendo caso omiso en los conflictos surgidos con su ex pareja, instrumentaliz\u00e1ndolas y determinando la ruptura del v\u00ednculo paterno, lo que consideraron los funcionarios un desacato.  <\/span><\/p>\n

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       Por consiguiente, contrario a lo que sostiene la accionante, se evidencia que la determinaci\u00f3n adoptada, transcrita por los terrenos de la razonabilidad, pues de su lectura a la misma, se pudo corroborar que fue adoptada con fundamento en las pruebas aportadas al proceso y en especial el dictamen pericial, y por el hecho que fuera contraria a sus intereses, no quiere decir que se est\u00e9n vulnerando sus derechos, pues se reitera que se estableci\u00f3 que la se\u00f1ora Gloria Patricia P\u00e1ramo Contreras, contin\u00faa involucrando a sus hijas Verena y Silvana L\u00f3pez P\u00e1ramo en los conflictos de pareja, argumento suficiente para declarar probado el incidente habida cuenta que la medida de protecci\u00f3n est\u00e1 encaminada a que los padres exoneren a sus dos hijas de los conflictos entre ellos surgidos, pues se demostr\u00f3 la necesidad de declarar probado el incidente deprecado, por tanto, no constituye v\u00eda de hecho el que se diera tr\u00e1mite y declarado probado el mismo, lo cual debe ocurrir cada vez que se requiera la intervenci\u00f3n de la autoridad competente para remediar hechos que constituyan violencia intrafamiliar, sin que sea por tanto la tutela el mecanismo de las partes, pues se repite, la determinaci\u00f3n se adopt\u00f3 con las pruebas recaudadas en el proceso\u00bb (fls. 235 a 251, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, exponiendo similares motivos a los anotados en el libelo inicial (fl. 284 a 291, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso sub examine, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2016, por el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, que al resolver acerca del grado jurisdiccional de consulta, modific\u00f3, s\u00f3lo en lo atinente a la multa, pues en lo dem\u00e1s la mantuvo inc\u00f3lume, la Resoluci\u00f3n dictada el 30 de agosto de 2016 por la Comisaria Once de familia de la Localidad de Suba, en el marco del incidente de incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n dictadas respecto de los ex c\u00f3nyuges Jorge Alberto L\u00f3pez Ocampo y Gloria Patricia P\u00e1ramo Contreras, a favor de las menores hijas de \u00e9stos, mediante la cual i) se declar\u00f3 no probado el incumplimiento a las medidas de protecci\u00f3n otorgadas a favor de la se\u00f1ora P\u00e1ramo Contreras y sus hijas, en contra del se\u00f1or L\u00f3pez Ocampo; y por el contrario, ii) s\u00ed demostrado el incumplimiento de las medidas de protecci\u00f3n dictadas a favor del mencionado exc\u00f3nyuge y las ni\u00f1as, que a cargo de \u00e9sta fueron ordenadas en el proceso de violencia intrafamiliar que ella misma adelant\u00f3, por lo que, en consecuencia, iii) se le sancion\u00f3 con multa de 4 s.m.l.m.v., con la advertencia que de no cumplirse con el respectivo pago, dicha sanci\u00f3n se convertir\u00eda en arresto por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas por cada salario m\u00ednimo impuesto; y, iv) \u00abCOMO MEDIDA DE PROTECCION COMPLEMENTARIA a favor de las ni\u00f1as VERENA Y SILVANA LOPEZ PARAMO se orden[\u00f3] a la se\u00f1ora GLORIA PATRICIA PARAMO CONTRERAS, vincular, a su cargo, a sus dos hijas y al se\u00f1or JORGE ALBERTO LOPEZ OCAMPO, a un tratamiento en SISTEMAS HUMANOS para que las [menores] (\u2026) puedan restablecer su relaci\u00f3n con su progenitor, superando los hechos que se han venido presentando y deslig\u00e1ndose de los conflictos que han protagonizado sus padres a ra\u00edz de su separaci\u00f3n. Los resultados de este tratamiento deben ser efectivos, debi\u00e9ndose restablecer la relaci\u00f3n entre padre e hijas en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de seis meses, de lo contrario el Despacho establecer\u00e1 que la se\u00f1ora GLORIA PATRICIA PARANMO CONTRERAS continua impidiendo el restablecimiento del v\u00ednculo paterno-filial, por lo cual, en aras de evitar que las ni\u00f1as contin\u00faen siendo objeto de abuso emocional de parte de su progenitora, se contemplar\u00e1 la posibilidad de retirarle la custodia provisional de [\u00e9stas]\u00bb (fls. 13 a 19 y 32 a 36, \u00eddem); pues en sentir de la quejosa, se desconocieron las pruebas por ella adosadas acerca de los supuestos abusos y maltratos de los que son v\u00edctimas sus descendientes, por parte del progenitor.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, lo cierto es que contrario a lo expresado por la impugnante, tanto la autoridad administrativa como la judicial acusadas, acerca de la sanci\u00f3n que a su cargo fue impuesta, y lo ordenado como medida de protecci\u00f3n complementaria, tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esas decisiones en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento legal, raz\u00f3n por la cual se anticipa que habr\u00e1 de mantenerse la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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3.1.  En efecto, ambas autoridades accionadas, tras estudiar los supuestos f\u00e1cticos en que fueron sustentadas las solicitudes de incumplimiento adelantadas tanto por la se\u00f1ora P\u00e1ramo Contreras como por el se\u00f1or L\u00f3pez Ocampo, y de analizar los pormenores de las medidas de protecci\u00f3n impuestas en cada uno de los casos, concluyeron, en suma, que la madre, en una actitud poco sana, de la que de hecho, dicho sea de paso, dan cuenta los t\u00e9rminos, las expresiones y los ejemplos de los que se vali\u00f3 en la demanda tuitiva para referirse a la relaci\u00f3n con su ex c\u00f3nyuge, ha interferido total y abruptamente en la materializaci\u00f3n del derechos que les asisten a las menores y a su padre, a tener una relaci\u00f3n paterno-filial normal y plena.  <\/span><\/p>\n

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\u00abQue desde la perspectiva psicol\u00f3gica no hay elementos que impidan al se\u00f1or JORGE ALBERTO LOPEZ OCAMPO el adecuado ejercicio paterno [quien] (\u2026) estuvo vinculado afectivamente a sus hijas durante los primeros a\u00f1os de vida de \u00e9stas, con adecuada empat\u00eda frente a sus necesidades, vi\u00e9ndose afectada la relaci\u00f3n paterno-filial por la postura indiferente que ha mostrado la progenitora tras la ruptura conyugal.  <\/span><\/p>\n

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Que no se han acreditado los malos tratos y conductas sexuales inadecuadas que aduce la progenitora en contra del se\u00f1or JORGE ALBERTO LOPEZ.  <\/span><\/p>\n

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Que se ha presentado un ejercicio asim\u00e9trico del poder por parte de la se\u00f1ora GLORIA PATRICIA PARAMO CONTRERAS, con la instauraci\u00f3n de conductas a nivel emocional, habituales y sistem\u00e1ticas, basadas en la instrumentalizaci\u00f3n de las hijas en com\u00fan, como herramientas de dominio, control y coerci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Que la versi\u00f3n de la se\u00f1ora GLORIA PATRICIA PARAMO CONTRERAS, respecto a las supuestas agresiones y malos tratos de parte del se\u00f1or JORGE ALBERTO LOPEZ OCAMPO, es laxa, imprecisa e incurre en inconsistencias al describir el funcionamiento del grupo familiar durante la convivencia, evidenci\u00e1ndose que sus acusaciones en contra de [aqu\u00e9l] han ido aumentando en gravedad a medida que se ha acentuado el conflicto por los deberes y los derechos de sus hijas en com\u00fan.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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       Que la se\u00f1ora GLORIA PATRICIA PARAMO CONTRERAS, manifiesta una postura inflexible e indiferente frente a la relaci\u00f3n paterno-filial, favoreciendo la animadversi\u00f3n que las ni\u00f1as experimentan hac\u00eda su padre, devaluando de forma permanente el v\u00ednculo padre-hijas y descalificando la idoneidad del progenitor, percepciones que ha trasmitido a sus hijas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Que la interferencia ejercida por la se\u00f1ora GLORIA PATRICIA PARAMO CONTRERAS, en la relaci\u00f3n del se\u00f1or JORGE ALBERTO LOPEZ OCAMPO, con sus hijas, es desfavorable para el sano ejercicio de la tenencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Las ni\u00f1as VERENA Y SILVANA LOPEZ PARAMO presentan una percepci\u00f3n extremadamente polarizada de sus padres, con tendencia a la idealizaci\u00f3n de la progenitora y de rechazo y devaluaci\u00f3n hacia el progenitor, [pues] han sido instrumentalizadas por la se\u00f1ora GLORIA PATRICIA PARAMO CONTRERAS, contra su progenitor, lo que configura una forma de sobrecarga y abuso emocional en contra de aqu\u00e9llas.  <\/span><\/p>\n

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       Que la percepci\u00f3n negativa que las ni\u00f1as (\u2026) tienen en contra su progenitor, (\u2026) no corresponden a su escasa relaci\u00f3n con \u00e9ste, ni con el nivel de desarrollo cognitivo y emocional que (\u2026) deber\u00edan presentar para su edad\u00bb (Resalta la Corte) (fls. 14 y 15, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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       3.3.   Puestas de ese modo las cosas, es innegable que ante la contundencia del dictamen psiqui\u00e1trico y psicol\u00f3gico practicado a los exc\u00f3nyuges L\u00f3pez P\u00e1ramo, y sus menores hijas, no pod\u00eda ser otra la conclusi\u00f3n a la que arribaron el Juzgado y la Comisar\u00eda encartadas, pues refulge patente que, vali\u00e9ndose de la custodia y del cuidado personal que le fueron concedidas a la aqu\u00ed accionante acerca de las infantes, \u00e9sta ha impedido a toda costa que su progenitor tenga el m\u00ednimo contacto con ellas, adem\u00e1s de ponerlas en su contra, llegando a aseverar que lo \u00fanico que pretende es protegerlas, pues en el pasado fueron objeto de abuso sexual por parte aqu\u00e9l, sin que de esa conducta punitiva exista un m\u00ednimo rastro, seg\u00fan lo analizado en las entrevistas que rindieron las ni\u00f1as, t\u00edpico actuar asimilable al s\u00edndrome de alienaci\u00f3n parental, que no es otra cosa que la disfunci\u00f3n en uno de los padres dentro de un proceso de din\u00e1mica familiar o de divorcio conflictivo, en donde uno de ellos dirige hacia el otro todo su esfuerzo para lograr que los hijos odien a su progenitor, fen\u00f3meno en el que quienes realmente terminan siendo las v\u00edctimas son los menores, quienes son los directamente afectados, no solamente en su \u00e1mbito familiar, sino psicol\u00f3gico  <\/span><\/p>\n

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3.4.  En ese sentido, tal y como se orden\u00f3 en las determinaciones atacadas, debe la aqu\u00ed accionante cesar en tales conductas constitutivas en abuso emocional frente a sus hijas, so pena de que le sea retirada la custodia provisional que ejerce sobre las mismas, para lo cual, se instar\u00e1 al Juzgado Sexto de Familia de \u00e9sta Capital, as\u00ed como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -a trav\u00e9s de la Comisar\u00eda de Familia que corresponda-, que vigilen el cumplimiento de la medida de protecci\u00f3n complementaria de la que trata el numeral 6\u00ba de la Resoluci\u00f3n adiada 25 de octubre de 2016, confirmada en sentencia del 24 de noviembre siguiente.  <\/span><\/p>\n

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4.   T\u00e9ngase presente, como reiteradamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que, el amparo s\u00f3lo se abre paso, si  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC11880-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6  may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada en STC, 9 jun. 2013, Rad. 00699-01, STC11880-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Lo anterior se considera suficiente, como se anunci\u00f3 delanteramente, para mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Se exhorta al Juzgado Sexto de Familia de \u00e9sta Capital, as\u00ed como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -a trav\u00e9s de la Comisar\u00eda de Familia que corresponda-, que vigilen el cumplimiento de la medida de protecci\u00f3n complementaria de la que trata el numeral 6\u00ba de la Resoluci\u00f3n adiada 25 de octubre de 2016, confirmada en sentencia del 24 de noviembre siguiente, conforme a las razones antes esbozadas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo; en lo relativo al Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 y al ICBF, adj\u00fantese copia del presente fallo; en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente             STC2999-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00798-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99857","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99857"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99857\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}