{"id":99858,"date":"2026-06-25T19:31:35","date_gmt":"2026-06-25T19:31:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3000-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:31:35","modified_gmt":"2026-06-25T19:31:35","slug":"stc3000-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3000-2017\/","title":{"rendered":"STC3000-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3000-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b011001-22-10-000-2016-00602-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de enero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ana Mar\u00eda Sosa, contra los Juzgados Tercero de Familia y la Inspecci\u00f3n 15 \u201cA\u201d de Polic\u00eda de la Localidad de Antonio Nari\u00f1o, ambas autoridades de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito tambi\u00e9n de esta capital, as\u00ed como las partes y los intervinientes de los procesos a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al haber rechazado la oposici\u00f3n que present\u00f3 al interior de la diligencia de entrega del bien inmueble del que, afirma, ostenta la calidad de poseedora, la que fue ordenada en el marco del proceso de sucesi\u00f3n intestada del causante Guillermo Guerrero Casta\u00f1eda.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, concretamente, que se revoque \u00ab\u00edntegramente el fallo proferido el d\u00eda 22 de septiembre de 2016, por la Inspecci\u00f3n 15 A de Polic\u00eda de la Localidad Antonio Nari\u00f1o de la ciudad de Bogot\u00e1 D.C., en el que se rechaza la oposici\u00f3n presentada\u00bb y, en su lugar, que se ordene a tal autoridad, suspender dicha diligencia hasta tanto se resuelva sobre las pretensiones de pertenencia de las que conoce el Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de esta ciudad (fl. 276, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que el 22 de septiembre de 2016, la Inspecci\u00f3n encartada rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que present\u00f3 dentro de la diligencia de entrega del inmueble ubicado en \u00abla calle 19 A No. 12 B \u2013 23\u00ab, y que fue comisionada por el Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad, en tr\u00e1mite del proceso sucesorio referido en l\u00edneas anteriores radicado bajo el consecutivo No. 2005-00725, pese a que le inform\u00f3 a la autoridad de polic\u00eda que pendiente se encontraba de resolver una petici\u00f3n de suspensi\u00f3n procesal que present\u00f3 ante el Juzgado comitente, teniendo en cuenta que sobre las pretensiones de pertenencia que elev\u00f3, est\u00e1 pendiente de proferirse el respectivo fallo por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, desconocimiento que, alega, vulnera a todas luces las garant\u00edas ius fundamentales que invoc\u00f3, a m\u00e1s que, dice, no pudo recurrir tal decisi\u00f3n, pues el d\u00eda en que se continu\u00f3 la diligencia su apoderado judicial se encontraba incapacitado, situaci\u00f3n que tambi\u00e9n se puso de presente, pero tampoco fue tenida en cuenta, razones por las que acude, entonces, a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 262 a 280, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La Directora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de Gobierno de esta capital, actuando en representaci\u00f3n de la Inspecci\u00f3n 15 A Distrital de Polic\u00eda de la Localidad Antonio Nari\u00f1o, se opuso al amparo inquirido, tras manifestar que tal autoridad practic\u00f3 la diligencia de entrega de la que se duele la gestora, en cumplimiento de una orden judicial, y en ese sentido, \u00abno es dable a las autoridades comisionadas cuestionar las decisiones de los Jueces comitentes, m\u00e1xime si est\u00e1 frente a una comisi\u00f3n legal\u00bb (fls. 331 a 335, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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b.        A su turno, la Juez Tercera de Familia de Bogot\u00e1, luego de narrar el tr\u00e1mite procesal acontecido con ocasi\u00f3n de la sucesi\u00f3n intestada del causante Guillermo Guerrero Casta\u00f1eda, adujo que \u00abno tiene conocimiento de cu\u00e1les han sido las resultas de la diligencia de entrega ordenada y comisionada, advirtiendo que al Despacho se le solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de la decisi\u00f3n por parte de la Inspecci\u00f3n Quince de Polic\u00eda, mientras se defin\u00eda el proceso de pertenencia que se adelanta en el Juzgado Segundo Civil del Circuito bajo el radicado No. 2015-00431, siendo la demandante la aqu\u00ed tutelante (\u2026) por lo que (\u2026) orden\u00f3 oficiar al citado juzgado para que (\u2026) indicar[a] el estado actual de esa demanda, por auto del 1\u00ba de julio de 2016\u00bb, sin que a la fecha se hubiere recibido respuesta alguna (fls. 353 y 354, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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c.        Por su parte, el abogado Jos\u00e9 Edgar Chaparro Castiblanco, quien se presenta como apoderado judicial de Mar\u00eda Ofelia Prieto Jim\u00e9nez y Jos\u00e9 Guillermo Guerrero Ni\u00f1o, herederos reconocidos dentro del tr\u00e1mite de sucesi\u00f3n objeto de las cr\u00edticas, aleg\u00f3, en suma, que la presente acci\u00f3n excepcional es improcedente, en tanto la accionante no agot\u00f3 los mecanismos judiciales con los que contaba para resolver la controversia que ahora plantea como sustento del ruego tuitivo (fls. 418 a 422, \u00edbidem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia accedi\u00f3 parcialmente a la salvaguarda deprecada, tras considerar que  <\/span><\/p>\n

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\u00aben efecto, la inspectora no accedi\u00f3 a la solicitud de aplazamiento de la diligencia presentada, por segunda vez, por el apoderado de la opositora, pues consider\u00f3 que hab\u00eda podido hacer uso de la facultad de sustituir, decisi\u00f3n que no parece torticera, m\u00e1s aun cuando la misma estaba prevista para el 8 de septiembre pasado, pero que, a solicitud de aqu\u00e9l, por quebrantos de salud, se aplaz\u00f3 para el 22 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

Ahora: en torno a la celebraci\u00f3n de la audiencia en el Despacho, la misma se llev\u00f3 a cabo all\u00ed por acuerdo de las partes, seg\u00fan lo manifest\u00f3 la Inspectora, a parte de que las diligencias se ven\u00edan celebrando en el recinto, de suerte que no es posible que, solo hasta ahora, el apoderado de la peticionaria presente su inconformidad frente a este aspecto, de modo que si la accionante no hizo uso de los medios ordinarios de defensa que ten\u00eda a su alcance, para combatir una determinaci\u00f3n que le fue adversa, no puede venir ahora a utilizar el mecanismo extraordinario de protecci\u00f3n de los derechos que es la acci\u00f3n de tutela para soslayar las consecuencias de su dejadez o negligencia en la atenci\u00f3n de los asuntos que le competen, tal como lo tiene establecido, ya de vieja data, la jurisprudencia.  <\/span><\/p>\n

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Frente a la falta de competencia de la funcionaria comisionada, la misma puede o pudo ser puesta en conocimiento y alegada mediante la petici\u00f3n de la nulidad correspondiente (art. 40 C.G del P.); sin embargo, sobre ese t\u00f3pico, cabe resaltar que la suspensi\u00f3n s\u00f3lo opera cuando existe una decisi\u00f3n judicial que disponga \u00e9sta, pues los efectos no arrancan ipso jure, desde la presentaci\u00f3n de la solicitud, excepto en los casos previstos, expresamente, en la ley, tales como el incidente de acumulaci\u00f3n de proceso (\u2026), de modo que resulta forzoso concluir que no es posible acceder a la tutela predicada, pues \u00e9sta se rige por el principio de subsidiariedad, esto es, que s\u00f3lo cabe ante la ausencia de otro medio de defensa judicial o cuando ya se ha agotado infructuosamente el mismo.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior y como quiera que el se\u00f1or Juez 2\u00b0 Civil del Circuito no ha dado contestaci\u00f3n a los oficios No. 01355 y 01921 del 27 de julio t 4 de octubre de 2016 (\u2026), respectivamente, provenientes del juzgado 3\u00aa de familia, radicados en la Secretar\u00eda del Despacho, demora que, ciertamente, perjudica el curso de la solicitud que present\u00f3 la demandante y vulnera el derecho al debido proceso que le asiste, se tutelar\u00e1 \u00e9ste frente al mismo, para que proceda a dar la respuesta correspondiente\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, pese a negar la acci\u00f3n de amparo en lo relativo a la Inspecci\u00f3n Quince de Polic\u00eda y al Juzgado Tercero de Familia, ambas autoridades de Bogot\u00e1, s\u00ed concedi\u00f3 la salvaguarda reclamada frente al Juzgado Segundo Civil del Circuito, tambi\u00e9n de esta capital, en el sentido de ordenarle dar contestaci\u00f3n a los oficios remitidos por el Despacho de la especialidad en familia antes memorado, acerca de la informaci\u00f3n requerida respecto del proceso de pertinencia que all\u00ed cursa y fue promovido por la se\u00f1ora Ana Mar\u00eda Sosa (fls. 595 a 601, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La propuso la promotora del amparo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito inicial, en lo relativo al rechazo de la oposici\u00f3n que present\u00f3 a la diligencia de entrega endilgada  (fls. 605 a 610, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable entablarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n propuesta, se observa que el descontento de la actora radica, b\u00e1sicamente, en el rechazo de la oposici\u00f3n que present\u00f3 a la diligencia de entrega adelantada por la Inspectora Quince A de Polic\u00eda de la Localidad Antonio Nari\u00f1o de esta ciudad, la cual inici\u00f3 el 25 de agosto 2016, y que fue encomendada por el precitado Despacho de Familia respecto del inmueble del que, supuestamente, ostenta la petente hasta esa data la calidad de poseedora, pues en su sentir, pese a que se opuso a tal actuaci\u00f3n, su postura fue despachada desfavorablemente en detrimento de sus prerrogativas superiores, a m\u00e1s que no pudo recurrir tal decisi\u00f3n, pues su apoderado judicial, al estar incapacitado, no pudo asistir a la misma.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, examinados los soportes adosados y teniendo en cuenta los informes de las autoridades convocadas, se advierte que el amparo constitucional instado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, raz\u00f3n por la que se anticipa que la sentencia de instancia habr\u00e1 de ser mantenida, pues aun cuando la quejosa (tercera opositora), contaba con el recurso de alzada para atacar el rechazo de la oposici\u00f3n que present\u00f3, dej\u00f3 de utilizar dicha herramienta procesal con la que contaba al interior del tr\u00e1mite ordinario para controvertir tal decisi\u00f3n, torn\u00e1ndose improcedente el amparo en ese sentido, por incumplimiento de la presupuesto de la subsidiariedad, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues habiendo tenido la aqu\u00ed inconforme la posibilidad de controvertir ante el juez natural las inconformidades tra\u00eddas ante esta sede, nada hizo en procurar de ello.  <\/span><\/p>\n

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3.1. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras STC3398-2016 y STC1668-2017)  <\/span><\/p>\n

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3.2.  Y acerca de la procedencia del recurso de alzada en tr\u00e1mites como el que ahora se analiza, ha dejado por sentado esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en pronunciamiento reciente, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab4.1.  El art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil dispone, que \u00ab[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales\u00bb; as\u00ed mismo, en el canon 1603 \u00eddem se estipula, que \u00ab[l]os contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n, o que por ley pertenecen a ella\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En desarrollo de los anteriores mandatos, el art\u00edculo 1973 C\u00f3digo Civil defini\u00f3 el contrato de arrendamiento, como el pacto \u00aben que las dos partes se obligan rec\u00edprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado\u00bb, y, el art\u00edculo 1977 del mismo Estatuto consagr\u00f3, que \u00ab[e]n el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador, y la parte que da el precio arrendatario\u00bb. (Resalta la Sala).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, resulta evidente que el contrato de arrendamiento crea un v\u00ednculo rec\u00edproco y exclusivo entre el arrendador y el arrendatario, y en esa medida, el incumplimiento de las obligaciones pactadas en ese acuerdo, ya sea la de entregar la cosa o pagar el precio por el goce de \u00e9sta, genera consecuencias en el \u00e1mbito legal para los contratantes, las cuales pueden llegar a afectar sin duda la confianza y buena fe de la relaci\u00f3n negocial.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, desde el punto de vista sustancial, tal y como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional en la materia, \u00abel contrato de arrendamiento se caracteriza por ser bilateral, en el sentido de que arrendador y arrendatario se obligan rec\u00edprocamente, el primero a proporcionar el uso y goce de una cosa y el segundo a pagar un precio, renta o canon determinado, pudiendo por supuesto existir codeudores o constituirse una fianza. De all\u00ed que los procesos de restituci\u00f3n de tenencia del inmueble arrendado constituyan el ejercicio de una acci\u00f3n personal y no real. Por lo tanto, (\u2026) en este tipo de acciones la sentencia que se profiere tiene efectos exclusivos para las partes contratantes\u00bb (resalta la Corte, C.C. C-670-04).  <\/span><\/p>\n

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4.2.  Desde esta \u00f3ptica, entonces, no cabe duda que las vicisitudes del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n definidas en la legislaci\u00f3n procedimental civil para dicho tr\u00e1mite, incumben solamente a las partes, y por ende, la consecuencia prevista en el inciso segundo del art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003 \u2013vigente para la \u00e9poca en que se adelant\u00f3 el pleito censurado, y  que fue reproducida de manera literal en el numeral 9\u00b0 del canon 384 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual \u00ab[c]uando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb, es aplicable \u00fanicamente para las partes del convenio, es decir, de manera exclusiva para el arrendador y el arrendatario.  <\/span><\/p>\n

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4.3.  Bajo esa perspectiva, cuando un tercero en la diligencia de entrega dispuesta con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, formula oposici\u00f3n alegando la posesi\u00f3n del predio objeto de dicha causa, el juez natural deber\u00e1 acudir al tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, y de igual manera dar\u00e1 aplicaci\u00f3n del numeral 9\u00ba del canon 321 ib\u00eddem, el cual dispone, que \u00ab[S]on apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (\u2026) 9. El que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.4.  En consecuencia, el citado precepto habilita la intervenci\u00f3n del sujeto de derechos que sea diferente de los extremos procesales, como quiera que \u00e9ste no est\u00e1 obligado a acatar lo resuelto en la sentencia, y su inter\u00e9s jur\u00eddico recae \u00fanicamente sobre la cosa objeto de la entrega.  <\/span><\/p>\n

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4.5.  De ah\u00ed que la disposici\u00f3n en comento tenga por objeto, entonces, la protecci\u00f3n efectiva de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la alzada como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutirse ante el superior funcional la legalidad del rechazo de su oposici\u00f3n, que se justifica plenamente en la necesidad de procurar la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos.\u00bb (Criterio reiterado en STC1668-2017).  <\/span><\/p>\n

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5.        Finalmente, y acerca de la falta de representaci\u00f3n judicial de la petente al momento de decidirse sobre la oposici\u00f3n presentada, debe decirse que tuvo su abogado la posibilidad de sustituir el poder a \u00e9l conferido, m\u00e1xime cuando la diligencia fue suspendida en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n, precisamente por los problemas de salud de aqu\u00e9l, quien con antelaci\u00f3n conoc\u00eda de la nueva fecha fijada para la consecuci\u00f3n de la entrega.  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo anterior, y como se anunci\u00f3, se mantendr\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC3000-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b011001-22-10-000-2016-00602-02   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-   Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 17 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99858","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99858","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99858"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99858\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99858"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99858"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99858"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}