{"id":99859,"date":"2026-06-25T19:31:48","date_gmt":"2026-06-25T19:31:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3013-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:31:48","modified_gmt":"2026-06-25T19:31:48","slug":"stc3013-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3013-2017\/","title":{"rendered":"STC3013-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3013-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-002-2017-00007-01  <\/span><\/p>\n

  (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 30 de enero de 2017 dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Deivis Solid P\u00e1ez Triana en contra del Ministerio de Defensa- Ej\u00e9rcito Nacional- Direcci\u00f3n de Sanidad.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, vida digna, igualdad y salud, presuntamente quebrantadas por el querellado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostiene, como base de su reparo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 2 a 4):  <\/span><\/p>\n

2.1. Deivis Solid P\u00e1ez Triana prest\u00f3 el servicio militar obligatorio en el Ej\u00e9rcito Nacional entre los a\u00f1os 2001 y 2003.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El 24 de junio de 2002, mientras se \u201cencontraba de guardia\u201d, sufri\u00f3 una \u201cca\u00edda en mala posici\u00f3n\u201d que le produjo un \u201c(\u2026) trauma en el cerebro[,] (\u2026) dolores en rodillas, columna y otras secuelas (\u2026)\u201d. Asimismo, asegura padecer \u201cgastritis cr\u00f3nica\u201d ocasionada por la \u201cmala alimentaci\u00f3n durante [su] permanencia\u201d en esa instituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Refiere que no se \u201c(\u2026) ha podido dirigir personalmente a las instalaciones de sanidad militar (\u2026)\u201d a exigir la realizaci\u00f3n del \u201cexamen m\u00e9dico de egreso\u201d y de la junta m\u00e9dico laboral, por cuanto, se encuentra \u201cdetenido en un centro militar penitenciario\u201d desde el 2009. No obstante el 29 de noviembre de 2016, elev\u00f3 requerimiento escrito en ese sentido, sin respuesta a la presentaci\u00f3n de este ruego.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora ordenar efectuarle los procedimientos descritos en el p\u00e1rrafo precedente y que se le d\u00e9 la atenci\u00f3n m\u00e9dica indispensable para sus dolencias.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Guard\u00f3 silencio.    <\/span><\/p>\n

1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Accedi\u00f3 parcialmente al resguardo tras estimar:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l accionante remiti\u00f3 ante la accionada un derecho de petici\u00f3n el 29 de noviembre de 2016, (\u2026) solicitando que le sean activados sus servicios m\u00e9dicos y as\u00ed poder iniciar los tr\u00e1mites para que se le realice la Junta M\u00e9dico Laboral de Retiro. (\u2026) [R]evisado el expediente no se observa prueba alguna demostrativa de (\u2026) que la Direcci\u00f3n de Sanidad del Ej\u00e9rcito Nacional hubiera respondido de fondo la petici\u00f3n ante ella radicada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, orden\u00f3 a la querellada que en las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de ese prove\u00eddo procediera a ello (fls. 33 a 44).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el promotor manifestando:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Son muchas las inconsistencias dentro del fallo apelado, ya que no tuvo reparo alguno en no tutelar mis derechos fundamentales, pero s\u00ed dej\u00f3 la puerta abierta tutelando mi derecho de petici\u00f3n para que la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar conteste que no tengo derecho a realizar la Junta M\u00e9dica de retiro y no se valoren mis enfermedades, las cuales deterioran mi vida cada d\u00eda m\u00e1s (\u2026)\u201d (sic) (fls. 51 a 55).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Deivis Solid P\u00e1ez Triana cuestiona a la entidad accionada porque, seg\u00fan afirma, i) no le practic\u00f3 las valoraciones m\u00e9dicas respectivas al momento de su desvinculaci\u00f3n del servicio militar obligatorio en el 2003; y ii) no le brinda la atenci\u00f3n en sanidad indispensable para tratar las dolencias por \u00e9l sufridas, surgidas cuando estaba en el Ej\u00e9rcito.  <\/span><\/p>\n

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2. En cuanto ata\u00f1e al primer punto de reproche, el ahora actor elev\u00f3 un requerimiento con similar finalidad ante el ente acusado el 29 de noviembre de 2016, cuya falta de respuesta se tutel\u00f3 por el  a quo.  <\/span><\/p>\n

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Refulge con claridad la vulneraci\u00f3n de la citada prerrogativa supralegal, teniendo en cuenta que la convocada guard\u00f3 silencio en este tr\u00e1mite, omitiendo allegar prueba o argumentaci\u00f3n alguna que acreditara la contestaci\u00f3n a ese reclamo, por ende, se da aplicaci\u00f3n a la presunci\u00f3n de veracidad establecida en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 19911.   <\/span><\/p>\n

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En torno al se\u00f1alado precepto constitucional, esta Sala ha reiterado su car\u00e1cter fundamental por expreso reconocimiento del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esa garant\u00eda se concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los precisos plazos establecidos por la Ley2; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no obliga a acceder a lo peticionado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el alcance del derecho mencionado, esta Corte ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [I] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d3  <\/span><\/p>\n

(subraya la Sala).  <\/span><\/p>\n

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3. Por lo anterior, el ac\u00e1 interesado deber\u00e1 aguardar a la resoluci\u00f3n de su solicitud por parte de la autoridad encargada de ello y, en caso de serle desfavorable, puede hacer uso de los recursos y medios administrativos y judiciales ordinarios y extraordinarios de defensa, en los t\u00e9rminos estatuidos para ello en la Ley 1437 de 2011.  <\/span><\/p>\n

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Al Juez constitucional le est\u00e1 vedado anticiparse en la adopci\u00f3n de pronunciamientos sobre aspectos que le corresponde zanjar al funcionario natural, pues no puede arrogarse facultades que no le son propias.  <\/span><\/p>\n

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4. Si bien esta Sala en amparos similares ha ordenado la realizaci\u00f3n de los ex\u00e1menes de retiro y de la Junta M\u00e9dica Laboral, este caso difiere de aqu\u00e9llos atendiendo al amplio lapso registrado desde cuando el aqu\u00ed quejoso se desvincul\u00f3 del Ej\u00e9rcito Nacional y la fecha de interposici\u00f3n de este auxilio, pues han trascurrido alrededor de 14 a\u00f1os entre uno y otro suceso.  <\/span><\/p>\n

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Lo antelado evidencia el desconocimiento del presupuesto de inmediatez inherente a la tutela, por cuanto, s\u00f3lo se habilita la intervenci\u00f3n constitucional ante una situaci\u00f3n pronta y urgente, la cual no se percibe en este asunto.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar conceptu\u00f3 esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]e vislumbra la ausencia de responsabilidad por parte de las entidades accionadas, en la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales a los que hace referencia el accionante, pues acreditado est\u00e1 que la prestaci\u00f3n de su servicio militar obligatorio concluy\u00f3 el 29 de mayo de 2011 y s\u00f3lo el pasado 28 de septiembre de 2015, esto es m\u00e1s de cuatro a\u00f1os despu\u00e9s acude a este mecanismo constitucional para solicitar la pr\u00e1ctica de su examen de retiro y la valoraci\u00f3n por parte de la Junta M\u00e9dico Laboral\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEsta circunstancia deja en evidencia que el tutelante, para acudir al amparo constitucional dej\u00f3 trascurrir, un t\u00e9rmino que supera ampliamente el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales (6 meses) (\u2026)\u201d4.   <\/span><\/p>\n

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5. Al margen de lo discurrido, aunque P\u00e1ez Triana asegura que no se le est\u00e1 proporcionando el cuidado m\u00e9dico para hacer frente a sus enfermedades, lo cierto es, no refiri\u00f3 concretamente la denegaci\u00f3n o retraso de un tratamiento en particular ni alleg\u00f3 elemento demostrativo revelador de tal circunstancia.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, de la revisi\u00f3n del expediente se vislumbra que ha venido recibiendo atenci\u00f3n en el R\u00e9gimen Subsidiado de Seguridad Social en Salud (fls. 13 y 14), al cual se encuentra afiliado con \u201cestado validado\u201d, seg\u00fan se desprende de la consulta efectuada en la p\u00e1gina web respectiva (fl. 4 cdno. Corte).  <\/span><\/p>\n

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En todo caso, analizada la solicitud elevada por el gestor a la Direcci\u00f3n de Sanidad Militar, cuya respuesta se orden\u00f3 emitir en primera instancia, se corrobora que lo pretendido por el interesado es la \u201cactivaci\u00f3n de los servicios\u201d con el prop\u00f3sito de practicarse las valoraciones indispensables para llevar a cabo la Junta M\u00e9dica Laboral, gesti\u00f3n imposible de ordenar por esta v\u00eda, pues, se reitera, ello debe ser definido por la ac\u00e1 querellada al momento de contestar el derecho de petici\u00f3n protegido.  <\/span><\/p>\n

6. Por lo expuesto, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 \u201c(\u2026) Art. 20. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2La sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n y, sobre la materia, recientemente se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015.     <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. Civil, STC037 de 20 de enero de 2016, exp. 2015-00627-01.      <\/span><\/p>\n

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