{"id":99860,"date":"2026-06-25T19:31:55","date_gmt":"2026-06-25T19:31:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3014-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:31:55","modified_gmt":"2026-06-25T19:31:55","slug":"stc3014-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3014-2017\/","title":{"rendered":"STC3014-2017"},"content":{"rendered":"

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         LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3014-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00719-01  <\/span><\/p>\n

      (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de enero de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la tutela instaurada por Jos\u00e9 Leonel Dur\u00e1n Calder\u00f3n y Mireya Torres Calder\u00f3n en contra de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas y las Fiscal\u00edas Doce Delegada ante los Jueces Penales del Circuito y Cuarta Delegada ante los Jueces Promiscuos del Circuito, las primeras dos de Ibagu\u00e9 y la \u00faltima de Puerto As\u00eds.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores suplican la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u201cverdad, justicia y reparaci\u00f3n\u201d, presuntamente vulneradas por las autoridades querelladas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Jos\u00e9 Leonel Dur\u00e1n Calder\u00f3n y Mireya Torres Calder\u00f3n sostienen, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 3):  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. En el a\u00f1o 1999 formularon denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por los delitos de secuestro y hurto, actuaci\u00f3n asignada a la Fiscal\u00eda Tercera \u201cAntiextorsi\u00f3n y Secuestro\u201d, quien la archiv\u00f3 el 24 de diciembre de 1999.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Refieren que \u201ca finales de 2015\u201d tuvieron conocimiento de la aparici\u00f3n del automotor a ellos robado, el cual fue retenido por las autoridades desde el 16 de septiembre de 2007 y puesto a disposici\u00f3n de la Fiscal\u00eda Cuarenta y Cuatro Seccional de Puerto As\u00eds. Actualmente, indican, la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Ibagu\u00e9 \u201ctramita las diligencias que se adelantan por la [anotada] camioneta\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Por lo antelado, aseguran los quejosos que la causa penal por ellos iniciada debi\u00f3 ser  desarchivada, no obstante, ello no fue as\u00ed, pues no se realiz\u00f3 ninguna labor investigativa adicional.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Los tutelantes decidieron acudir ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa \u201c(\u2026) para reclamar los da\u00f1os y perjuicios ocasionados por la omisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda (\u2026)\u201d y, en aras de recaudar material probatorio para iniciar la acci\u00f3n judicial correspondiente, elevaron los requerimientos relacionados a continuaci\u00f3n a las hoy accionadas:  <\/span><\/p>\n

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– El 15 de junio de 2016 a la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Ibagu\u00e9 para que informara  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) la actividad  [desplegada] una vez se tuvo conocimiento de la recuperaci\u00f3n de la camioneta, qui\u00e9n ten\u00eda a cargo las diligencias para ese momento, expedir las fotocopias de la actuaci\u00f3n que origin\u00f3 la denuncia del secuestro y hurto y, por \u00faltimo, a trav\u00e9s de su hom\u00f3logo en Puerto As\u00eds Putumayo, se obtuvieran las fotocopias de la actuaci\u00f3n adelantada por aqu\u00e9llos y que sirvi\u00f3 para la recuperaci\u00f3n de la camioneta (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

– El 5 de agosto de 2016 pidieron a la Fiscal\u00eda Cuarenta y Cuatro Seccional de Puerto As\u00eds duplicado aut\u00e9ntico \u201c(\u2026) de las diligencias con radicado F.44.S.0091 2007 81145 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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– El 5 de agosto de 2016 exigieron a la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Ibagu\u00e9 les entregara \u201c(\u2026) fotocopias de los procesos que se adelantaron en Puerto As\u00eds e Ibagu\u00e9 (\u2026)\u201d. Dependencia que el 2 de septiembre de 2016 les indic\u00f3 \u201c(\u2026) que est\u00e1 en la b\u00fasqueda de las diligencias adelantadas en Ibagu\u00e9 (\u2026)\u201d, data desde la cual no han vuelto a recibir comunicaci\u00f3n de ninguna \u00edndole.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Se\u00f1alan los hoy quejosos que los pedimentos anteriores no tienen soluci\u00f3n de fondo a la fecha de interposici\u00f3n de este auxilio.  <\/span><\/p>\n

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3. Imploran ordenar se contesten sus solicitudes.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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a. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Ibagu\u00e9 se opuso al ruego precisando que es necesario concederle  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) un t\u00e9rmino m\u00e1s que prudencial a la Oficina de Gesti\u00f3n Documental \u2013Archivo Central para que contin\u00fae la b\u00fasqueda del expediente radicado N\u00ba 2528 (34121) y una vez lo encuentre y traslade a manos de la Fiscal\u00eda Doce Seccional, \u00e9sta resuelva en los t\u00e9rminos de la Ley 600 de 2000 la totalidad de las peticiones (\u2026)\u201d (fls. 33 a 38).  <\/span><\/p>\n

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b. La Fiscal\u00eda Doce Seccional de esa capital relat\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n cuanto se alleg\u00f3 la solicitud de los actores se realiz\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente para desarchivar las diligencias y poder darle respuesta oportuna. Lamentablemente hasta la presente fecha (\u2026) no ha podido ser ubicado, consecuente con ello se carece del insumo b\u00e1sico (el proceso) para poder responder (\u2026)\u201d (fls. 45 a 48).  <\/span><\/p>\n

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c. La Fiscal Cuarenta y Cuatro Seccional de Puerto As\u00eds asegur\u00f3 no haber recibido la  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) petici\u00f3n que el accionante (sic) allega a las diligencias, fechada el 5 de agosto de 2016, (\u2026) sin embargo, (\u2026) en la fecha se est\u00e1 enviando, v\u00eda correo institucional, mediante oficio 00310-200781145 y a la direcci\u00f3n aportada, fotocopias aut\u00e9nticas de toda la carpeta radicada al N\u00ba 86568610052700781145 (\u2026)\u201d (fl. 30).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Otorg\u00f3 la protecci\u00f3n tras inferir:  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La Fiscal\u00eda de Puerto As\u00eds inform\u00f3 que la petici\u00f3n no hab\u00eda sido recibida pero que, no obstante, remit\u00edan la documentaci\u00f3n requerida a la direcci\u00f3n que se aport\u00f3. Sin embargo, obra dentro del presente diligenciamiento que la petici\u00f3n fue remitida por [los quejosos a trav\u00e9s de] la empresa postal Servientrega, y consultada la referencia en la p\u00e1gina web, la misma fue recepcionada el 12 de agosto de 2016, y como no obra ning\u00fan soporte documental que permita establecer que la documentaci\u00f3n ya fue enviada, se proceder\u00e1 al amparo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Por su parte, el Director Seccional de Fiscal\u00edas de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que el expediente se encuentra archivado, y que se necesita gestionar ante la Oficina de Gesti\u00f3n Documental \u2013 Archivo Central la b\u00fasqueda de dicho expediente, motivo por el cual solicit\u00f3 plazo para tal labor. No obstante, tal circunstancia no fue puesta en conocimiento de los peticionarios, y en esa medida el derecho de petici\u00f3n contin\u00faa conculcado\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cFinalmente, frente a la petici\u00f3n que se elev\u00f3 a la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Ibagu\u00e9, se observa que el 2 de septiembre de 2016 se le inform\u00f3 al solicitante que la b\u00fasqueda no estaba f\u00e1cil y que se estaba realizando la gesti\u00f3n. (\u2026) Sin embargo, desde entonces no se ha emitido ninguna otra respuesta por parte de esa entidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a las querelladas \u201c(\u2026) emitir y comunicar en debida forma (\u2026) lo que corresponda frente (\u2026)\u201d a los memorados requerimientos (fls. 50 a 55).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Ibagu\u00e9 explicando:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l derecho de petici\u00f3n por el cual fuimos fulminados en el resuelve del fallo de tutela, no le compete a este despacho darle respuesta de fondo, porque el mismo se direcciona hacia un expediente penal de Ley 600-00, Radicado N\u00b0 2528 (34121), donde al parecer los accionantes fungen en calidad de v\u00edctimas y, por ende, dicha investigaci\u00f3n es de responsabilidad de la Fiscal\u00eda Doce Seccional, es decir, se reitera, la respuesta de fondo a la petici\u00f3n en comento, era de resorte exclusivo y excluyente de la Fiscal\u00eda ib\u00eddem, no de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas (\u2026)\u201d (fls. 61 a 64).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Se reprocha a los convocados por no contestar de fondo las solicitudes elevadas por los aqu\u00ed actores, con las cuales pretend\u00edan obtener informaci\u00f3n y copias aut\u00e9nticas de unas investigaciones penales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La presente determinaci\u00f3n se limitar\u00e1 a pronunciarse respecto de la alzada impetrada por la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Ibagu\u00e9, pues nadie m\u00e1s expres\u00f3 inconformidad frente al fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Cuando se elevan solicitudes a autoridades judiciales calificadas por los interesados como derechos de petici\u00f3n y concernientes con litigios a su cargo, deben diferenciarse las eventualidades en las cuales se est\u00e1 buscando el impulso del tr\u00e1mite o la emisi\u00f3n de una determinada providencia, de aquellas en las cuales se s\u00faplica una actuaci\u00f3n administrativa, tales como el desarchive de un expediente o tr\u00e1mites relacionados con el funcionamiento del despacho, etc. Las primeras se relacionan con la ley del proceso y a esas reglas deben someterse, simplemente se formulan, las m\u00e1s de las veces, para soslayar el cumplimiento y ejecuci\u00f3n de la ley de enjuiciamiento, que regula el derecho p\u00fablico subjetivo de acci\u00f3n, de contradicci\u00f3n o el derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Las segundas, por el contrario, se enmarcan dentro de la prerrogativa supralegal del derecho de petici\u00f3n y son susceptibles de ampararse por esta v\u00eda constitucional1.  <\/span><\/p>\n

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4. Teniendo en cuenta la finalidad de los requerimientos formulados por los tutelantes a las querelladas, as\u00ed recaigan sobre expedientes penales, \u00e9stas se circunscriben en la segunda de las hip\u00f3tesis planteadas, por ende, es admisible la protecci\u00f3n del precepto iusfundamental aludido, cuyo alcance ha sido definido en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [I] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2 (subraya la Sala).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Manifiesta la Direcci\u00f3n recurrente que no es la competente para zanjar la s\u00faplica a ella realizada por los quejosos, motivo por el cual la remiti\u00f3 a la Fiscal\u00eda Doce Seccional de Ibagu\u00e9, dependencia facultada para ello.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Para la Corte refulge di\u00e1fana la vulneraci\u00f3n de la precitada prerrogativa iusfundamental, por cuanto, era deber de la ahora apelante informar tal actividad a los interesados, en aplicaci\u00f3n a lo reglado en el art\u00edculo 21 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, seg\u00fan la cual:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Si la autoridad a quien se dirige la petici\u00f3n no es la competente, se informar\u00e1 de inmediato al interesado si este act\u00faa verbalmente, o dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes al de la recepci\u00f3n, si obr\u00f3 por escrito. Dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado remitir\u00e1 la petici\u00f3n al competente y enviar\u00e1 copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente as\u00ed se lo comunicar\u00e1. Los t\u00e9rminos para decidir o responder se contar\u00e1n a partir del d\u00eda siguiente a la recepci\u00f3n de la Petici\u00f3n por la autoridad competente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por los anteriores argumentos, se impone la convalidaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 V\u00e9ase, entre otras, las sentencias dictadas en los exp. 2015-00229-01 y 2016-01329-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01.      <\/span><\/p>\n

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                     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      STC3014-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00719-01         (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99860","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99860","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99860"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99860\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99860"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99860"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99860"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}