{"id":99861,"date":"2026-06-25T19:32:00","date_gmt":"2026-06-25T19:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3015-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:00","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:00","slug":"stc3015-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3015-2017\/","title":{"rendered":"STC3015-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3015-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-22-13-000-2017-00008-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia dictada el 30 de enero de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la tutela instaurada por Martha Milena Pe\u00f1aranda Zambrano, en condici\u00f3n de representante legal para efectos judiciales de Coomeva S.A. \u2013E.P.S., y Rosa Amelia Caviedes Romero, gerente de la Regional Caribe de dicha prestadora de salud, en contra de los Juzgados D\u00e9cimo Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito, ambos de la misma ciudad, con ocasi\u00f3n del incidente de desacato promovido por Marelis Josefa Pic\u00f3n Viadero, respecto de la se\u00f1alada sociedad.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. Martha Milena Pe\u00f1aranda Zambrano y Rosa Amelia Caviedes Romero, en las calidades advertidas imploran la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, igualdad y libertad, presuntamente lesionadas por los \u00f3rganos jurisdiccionales acusados.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostienen, como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. 1 a 24, cdno. 1):  <\/span><\/p>\n

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2.1. Marelis Josefa Pic\u00f3n Viadero inco\u00f3 acci\u00f3n de tutela frente a Coomeva S.A. \u2013E.P.S., para que se le obligara a \u00e9sta,  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) contestar el derecho de petici\u00f3n [por ella] radicado el (\u2026) 23 de septiembre de 2015; [as\u00ed mismo], someter al Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico su diagn\u00f3stico [m\u00e9dico elaborado] por el Dr. Acosta Pe\u00f1aloza (sic), [a fin de establecer] si existe un tratamiento superior al ofrecido por el rese\u00f1ado especialista. Igualmente, ordenar a Coomeva S.A. \u2013E.P.S., que de conformidad con el resultado del Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico, implemente todos los tr\u00e1mites administrativos para preservar [su] salud (\u2026) remiti\u00e9ndola a especialista gineco-onc\u00f3logo (sic) id\u00f3neo para la pr\u00e1ctica de la intervenci\u00f3n quir\u00fargica extendiendo sin dilaciones las autorizaciones m\u00e9dicas (\u2026) procedimientos y en general el tratamiento integral que se ocasione y\/o se desprenda de su patolog\u00eda. Adem\u00e1s, deber\u00e1 sufragar los gastos que se originen con [su] desplazamiento a (\u2026) Bogot\u00e1 o a cualquiera otra [ciudad] donde sea remitida por su [galeno] tratante y los gastos de su acompa\u00f1ante (sic) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El citado amparo fue concedido por el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Santa Marta, quien conmin\u00f3 a la prestadora de salud a (i) absolverle la misiva a la convocante; (ii) valorarla por el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico, \u201cteniendo en cuenta un diagn\u00f3stico elaborado por el ginec\u00f3logo Dr. Acosta Pe\u00f1aloza (sic)\u201d; (iii) prestarle \u201cprocedimiento integral\u201d acorde con lo dictaminado por la referida junta interdisciplinaria; y (iv) sufragarle los gastos de desplazamiento a otras ciudades cuando deba recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica en las mismas, siempre y cuando as\u00ed lo establezca su galeno tratante.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Por estimar que la all\u00ed tutelada no hab\u00eda cumplido el referido mandato, la impulsora de ese ruego present\u00f3 en contra de aqu\u00e9lla incidente de desacato, fallado el 20 de junio de 2016, declarando el desobedecimiento de la providencia constitucional y sancion\u00e1ndo con  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) 10 d\u00edas de arresto y multa equivalente a 5 smlmv a Martha Milena Pe\u00f1aranda Zambrano, en condici\u00f3n de representante legal para efectos judiciales de Coomeva S.A. \u2013E.P.S. y Rosa Amelia Caviedes Romero, gerente de la Regional Caribe de dicha prestadora de salud (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Surtida la consulta ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa capital, fue confirmada la determinaci\u00f3n el 26 de julio de 2016, no obstante, \u201c(\u2026) redujo a 3 d\u00edas el arresto, y a 3 s.m.l.m.v. la multa (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Las promotoras censuran los prove\u00eddos precedentes, pues en su opini\u00f3n, se les adelant\u00f3 el mentado tr\u00e1mite correctivo sin prever que \u201c(\u2026) s\u00ed respetaron la orden (\u2026)\u201d al autorizarle la prestaci\u00f3n de los servicios \u201cm\u00e9dicos\u201d a la se\u00f1ora Pic\u00f3n Viadero.  <\/span><\/p>\n

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3. Suplican revocar las \u201cpenalidades\u201d decretadas.        <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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El Juez D\u00e9cimo Civil Municipal de Santa Marta se opuso al ruego tuitivo, manifestando que en el caso concreto, los escritos aportados por Coomeva S.A. \u2013E.P.S. fueron \u201c(\u2026) valorados en conjunto y ello le permiti\u00f3 establecer la tardanza en la prestaci\u00f3n del servicio de salud requerido por [la] incidentante (\u2026)\u201d (fls. 100 a 102, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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El otro convocado adujo no haber desconocido derecho alguno a las querellantes (fl. 103, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.2. La sentencia impugnada  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el auxilio tras advertir que las decisiones confutadas no fueron arbitrarias ni caprichosas, pues se adoptaron porque Coomeva S.A. \u2013E.P.S. \u201c(\u2026) no comprob\u00f3 la voluntad de acatar el fallo de tutela (\u2026)\u201d (fls. 262 a 275, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.3. La impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La formularon las promotoras sin sustentar los motivos de inconformidad (fl. 281, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. CONSIDERACIONES    <\/span><\/p>\n

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1. Sobre la procedencia del resguardo constitucional contra el incidente de desacato, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [P]or regla general, la tutela no procede frente a pronunciamientos dictados en [esa sede] relacionados con el obedecimiento del fallo que ampara las garant\u00edas b\u00e1sicas amenazadas o puestas en inminente riesgo de manera ileg\u00edtima, dada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial encaminada a obtener dicha determinaci\u00f3n (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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\u201cFrente al punto, se ha sostenido que \u00b4que el incidente de desacato\u2019, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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2. Excepcionalmente, se abrir\u00eda paso el amparo contra determinaciones adoptadas en la fase incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este mecanismo extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivos, org\u00e1nicos, procedimentales absoluto [y] f\u00e1cticos (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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El alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este instrumento respecto de actuaciones como la presente \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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3. En el caso subj\u00fadice, la Corte encuentra que la  sanci\u00f3n por incumplimiento a la representante legal para efectos judiciales y a la gerente regional caribe de Coomeva S.A. \u2013E.P.S. por infringir la sentencia de tutela originaria, se adopt\u00f3 valorando el material demostrativo obrante en la actuaci\u00f3n y las manifestaciones de la propia incidentante.  <\/span><\/p>\n

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En este punto, conviene destacar, que a Marelis Josefa Pic\u00f3n Viadero en el fallo de 26 de noviembre de 2015, le fue concedido el resguardo, conminando a Coomeva S.A. \u2013E.P.S.  <\/span><\/p>\n

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Acorde con lo anterior, en el prove\u00eddo que confirm\u00f3 en sede de consulta el incidente de desacato, emitido por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta, se infiri\u00f3 que la mentada orden no se satisfizo plenamente, al establecer, de un lado, que el Comit\u00e9 T\u00e9cnico Cient\u00edfico si bien rindi\u00f3 un dictamen el 15 de febrero de 2016, el mismo se hizo prescindiendo del \u201cdiagn\u00f3stico del Dr. Acosta Pe\u00f1aloza (sic)\u201d; y de otro, porque no se aportaron documentos que denoten la remisi\u00f3n de la se\u00f1ora Pic\u00f3n Viadero a un \u201cespecialista gineco-onc\u00f3logo\u201d.     <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, resulta palmario que la representante legal para efectos judiciales y la gerente de la Regional Caribe de Coomeva S.A. \u2013E.P.S. no demostraron el acatamiento del mandato, actuaci\u00f3n que conllev\u00f3 a los estrados convocados a imponer las \u201csanciones\u201d aqu\u00ed confutadas, pues si bien accedieron a prestar el tratamiento requerido por la all\u00ed incidentante, no menos cierto es que el mismo se autoriz\u00f3 con base en un diagn\u00f3stico emitido a espaldas de la instrucci\u00f3n dada en la tutela primigenia.  <\/span><\/p>\n

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4. Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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5. Por las razones anotadas, se ratificar\u00e1 el fallo examinado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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                       RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ STC. 21 de febrero de 2003, rad. 00382, citada el 15 de febrero de 2013, rad. 2013-00239-00.    <\/span><\/p>\n

2 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010.    <\/span><\/p>\n

3 Ib\u00eddem.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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