{"id":99862,"date":"2026-06-25T19:32:09","date_gmt":"2026-06-25T19:32:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3016-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:09","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:09","slug":"stc3016-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3016-2017\/","title":{"rendered":"STC3016-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3016-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2017-00033-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Alcald\u00eda de esa localidad, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular incoada por Andr\u00e9s Mauricio Arboleda frente al Banco BBVA, tr\u00e1mite donde fungi\u00f3 como coadyuvante el aqu\u00ed actor.  <\/span><\/p>\n

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       1.        ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para sustentar su reparo, asevera que el juzgado denunciado se neg\u00f3 a cumplir con el impulso oficioso consagrado en la Ley 472 de 1998 y \u201c(\u2026) decret\u00f3 la terminaci\u00f3n anormal de [la] acci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d por desistimiento t\u00e1cito.  <\/span><\/p>\n

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En su criterio, esa figura no tiene aplicaci\u00f3n en decursos como el censurado, conclusi\u00f3n apoyada en jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Suplica, en concreto, revocar la finalizaci\u00f3n del juicio cuestionado y continuar con el mismo (fl. 2, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        La oficina judicial querellada expres\u00f3 que en auto de 13 de enero de 2017 decidi\u00f3 negativamente la reposici\u00f3n propuesta por el aqu\u00ed actor frente a la conclusi\u00f3n del litigio. Adicionalmente, remiti\u00f3 copias de la actuaci\u00f3n reprochada (fl. 11, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

b)        La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda afirm\u00f3 que los reparos elevados por el promotor son ajenos a sus facultades, pues su intervenci\u00f3n en los decursos \u201c(\u2026) est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos (\u2026)\u201d en el respectivo pacto de cumplimiento (fl. 13, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c)        La Alcald\u00eda Municipal de Pereira manifest\u00f3 no constarle los hechos aducidos por el reclamante, por lo cual aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (fls. 23 y 24, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d)        La Defensor\u00eda del Pueblo guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada porque no hall\u00f3 arbitrariedad en la gesti\u00f3n del juzgado atacado (fls. 32 al 36, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El actor impugn\u00f3 sin exponer motivos de inconformidad y pidi\u00f3 \u201c(\u2026) se [le] informe si procede tutela contra tutela (\u2026)\u201d (fl. 39, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2.        Esta Corte, como en otros casos an\u00e1logos1, no estima irregular el proceder del despacho querellado, por cuanto su decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en la inactividad del gestor para realizar la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, a pesar del requerimiento efectuado para el cumplimiento de esa carga.  <\/span><\/p>\n

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Para la Sala, las conclusiones del estrado denunciado son razonables, de su lectura, prima facie, no se aprecia v\u00eda de hecho o atropello, pues el accionado elabor\u00f3 una juiciosa valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a adoptar la postura hoy criticada. Ciertamente, aqu\u00e9l mantuvo la finalizaci\u00f3n del decurso se\u00f1alando:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Mediante auto del 27 de septiembre de 2016 se requiri\u00f3 a la parte interesada para que realizara la publicaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, para cumplir el tr\u00e1mite respectivo se le otorg\u00f3 30 d\u00edas conforme el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, en virtud a que no cumpli\u00f3 con la misma, el 24 de noviembre de 2016, se dispuso la terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cNi el C\u00f3digo General del Proceso, ni la Ley 472 de 1998 establecen alguna restricci\u00f3n para terminar el proceso cuando se configuren los supuestos del mencionado desistimiento t\u00e1cito, la aplicabilidad para las acciones populares lo da la misma ley que remite a la codificaci\u00f3n procesal civil sin que pueda estimarse que se aplica selectivamente para unos actos procesales y para otros no, pues esa no fue la finalidad de la norma (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cContrario a lo expresado por el actor, el desistimiento t\u00e1cito s\u00ed aplica en la Ley 472 de 1998, figura que fue creada precisamente para castigar la desidia de las partes cuando poco o nada hacen para impulsar sus demandas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn lo que hace referencia al impulso oficioso ha de se\u00f1alarse, que esta figura no contempla que la labor de quien promueve la acci\u00f3n se limite \u00fanicamente a presentar la demanda y que sean los despachos judiciales, los que deban asumir los costos de notificaci\u00f3n, publicaciones, peritazgos, etc. Cuando se activa el aparato judicial, las partes est\u00e1n obligadas a asumir unas responsabilidades m\u00ednimas y no se concibe que se traten de evadir al hacerse interpretaciones ama\u00f1adas de las normas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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En un caso similar, esta Colegiatura conceptu\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l auto cuestionado por el que se dispuso la terminaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular no constituye una v\u00eda de hecho, ya que lejos de ser arbitrario o abusivo, se fundament\u00f3 en la negligencia del actor en impulsarla, cit\u00e1ndose para el efecto el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, la determinaci\u00f3n criticada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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3.        Ahora, si el ataque radica en la imposici\u00f3n de efectuar el aviso rese\u00f1ado para enterar a la comunidad de la acci\u00f3n popular, decisi\u00f3n adoptada en el auto admisorio de 23 de febrero de 2015, confirmado el 5 de mayo siguiente, refulge con claridad la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto han transcurrido m\u00e1s de ocho (8) meses, entre la fecha de formulaci\u00f3n de esta salvaguarda -25 de enero de 2017- y la anotada decisi\u00f3n -5 de mayo de 2015-, t\u00e9rmino que supera holgadamente el de seis (6) meses estimado por esta Corte como razonable para acudir tempestivamente a esta jurisdicci\u00f3n. En relaci\u00f3n al tema, se ha ense\u00f1ado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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Con todo, se destaca que esta Corporaci\u00f3n en pasada oportunidad sostuvo la ausencia de arbitrariedad cuando se generan costos en pleitos como el denunciado, pues a menos de estar beneficiado el demandante con amparo de pobreza, debe suministrar las expensas suscitadas en el litigio. Justamente, frente a ese aspecto se acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) lo atinente a los gastos que debe asumir el actor popular constituyen una carga que no contrar\u00eda el principio de la gratuidad, referido a la posibilidad de acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, y por ende, salvo que se hubiera concedido el amparo de pobreza, el accionante deber\u00e1 sufragar los costos que demande el proceso (\u2026)\u201d5.  <\/span><\/p>\n

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4.        En torno a la exigencia de informarle al interesado \u201c(\u2026) si procede tutela contra tutela (\u2026)\u201d, se le pone de presente que tal pretensi\u00f3n desborda los l\u00edmites de este mecanismo extraordinario, el cual est\u00e1 previsto, concretamente, para establecer la vulneraci\u00f3n o amenaza de garant\u00edas fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.          <\/span><\/p>\n

5.        De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 CSJ, Civil. Sentencia STC6501 de 23 de mayo de 2014, exp. 2014-00091-01; reiterada en Sala de 7 de diciembre de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-01012-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ, STC 6501 de 23 de mayo de 2014, exp. 2014-00091-01.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. Civil Sentencia de tutela 2 de agosto de 2007, exp. 2007-00188-01; reiterada, entre otros pronunciamientos, 16 de mayo de 2013, exp. 00103-01.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ. STC de 3 de marzo de 2011, exp. 11001-22-03-000-2011-00029-01; criterio reiterado en Sala de 1\u00ba de junio de 2016, exp. 66001-22-13-000-2016-00507-01      <\/span><\/p>\n

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