{"id":99864,"date":"2026-06-25T19:32:17","date_gmt":"2026-06-25T19:32:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3045-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:17","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:17","slug":"stc3045-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3045-2017\/","title":{"rendered":"STC3045-2017"},"content":{"rendered":"

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC3045-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2016-00464-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Edwin Augusto Camacho Ch\u00e1vez contra los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito y Primero Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al m\u00ednimo vital, al debido proceso, a la vida, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y a la \u00abcosa juzgada\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al abstenerse de imponer sanci\u00f3n contra el representante legal de CBI Colombiana S.A., dentro del incidente de desacato promovido en su contra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita de manera concreta, que se ordene al Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, \u00abque en el t\u00e9rmino de 48 horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n del [presente] fallo, (\u2026) proceda a abrir incidente para [imponer] sanci\u00f3n [al representante legal de CBI Colombiana S.A.], por el desacato de las \u00f3rdenes judiciales contenidas en [la sentencia] de tutela fechada 28 de septiembre de 2015, proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de [la misma ciudad]\u00bb (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de su reparo, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que en el marco de la acci\u00f3n de tutela por \u00e9l promovida en contra de CBI Colombiana S.A., el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena mediante sentencia del 28 de septiembre de 2015, resolvi\u00f3 \u00abtutelar transitoriamente [sus] derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la seguridad social\u00bb, raz\u00f3n por la que orden\u00f3 a la entidad all\u00ed accionada, \u00abreintegrar[lo] a un cargo o labor que pu[diera] desempe\u00f1ar (\u2026), teniendo en cuenta su estado de salud, sin soluci\u00f3n de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de su desvinculaci\u00f3n, pag\u00e1ndole en el mismo t\u00e9rmino los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir\u00bb; y, a \u00abcancelar[le] (\u2026) el equivalente a 180 d\u00edas de su salario al tiempo de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb, advirti\u00e9ndole \u00abque de no interponer la respectiva demanda laboral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, cesar\u00edan los efectos del reintegro ordenado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Manifiesta que tras la inobservancia de lo dispuesto, promovi\u00f3 incidente de desacato ante el Juzgado Primero Civil Municipal de la misma ciudad, quien resolvi\u00f3 imponer al se\u00f1or Masoud Deidehban, representante legal de la empresa, sanci\u00f3n de arresto por el t\u00e9rmino de un (1) mes y multa de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, determinaci\u00f3n que fue confirmada en sede de consulta; empero, alega, \u00aben las instalaciones del comando de polic\u00eda [l]e manifestaron que el [sancionado] no se enc[ontraba] en el pa\u00eds, (\u2026) por [lo que] resulta[ba] imposible materializar el arresto ordenado [en su contra]\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a.        La titular del Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, dando contestaci\u00f3n al escrito de tutela, rese\u00f1\u00f3 las actuaciones judiciales surtidas dentro la acci\u00f3n de tutela promovida por el se\u00f1or Edwin Augusto Camacho Ch\u00e1vez contra CBI Colombia S.A., haciendo especial referencia a los m\u00faltiples incidentes de desacato que en virtud de \u00e9sta  fueron por \u00e9l presentados (fls. 35 a 38, ib\u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.        La Juez S\u00e9ptima Civil del Circuito de la misma ciudad, expuso las razones en que sustent\u00f3 las determinaciones por ella impartidas en el marco del tr\u00e1mite constitucional por esta v\u00eda criticado, indicando que las mismas estuvieron fundamentadas en las pruebas obrantes en el expediente (fls. 39 a 41, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c. Finalmente, CBI Colombiana S.A. a trav\u00e9s de su representante judicial, manifest\u00f3 que los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n reclama por esta v\u00eda el se\u00f1or Camacho Ch\u00e1vez, \u00abno han sido desconocidos por los Jueces en contra de quienes se promueve la tutela, ni por [ella] en calidad de vinculada\u00bb; as\u00ed pues, tras efectuar un recuento de las actuaciones judiciales adelantadas en el marco del amparo censurado, aleg\u00f3 que \u00abes imposible el reintegro del accionante dado el grado de avance del 100% de la obra contratada y ejecutada por [la empresa], pues para que una obligaci\u00f3n exista, es necesario que sea f\u00edsica y jur\u00eddicamente posible, de manera que una persona no puede obligarse por un acto o declaraci\u00f3n de voluntad a cumplir lo imposible y de la misma manera el juez no puede gravar al demandado, con una decisi\u00f3n judicial suya, a que cumpla un hecho o un acto materialmente imposible (fls. 56 a 62, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que \u00abel medio constitucional propuesto es \u201cimprocedente\u201d, toda vez que en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de [los] tr\u00e1mites incidentales de desacato, se ha considerado que por regla general, est\u00e1 vedada una nueva revisi\u00f3n a trav\u00e9s de una v\u00eda de id\u00e9ntica naturaleza a la del mecanismo de amparo del cual deviene dicha actuaci\u00f3n incidental, esto es, a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n de tutela (\u2026), pues, en torno al desacato, s\u00f3lo previ\u00f3 la legislaci\u00f3n (\u00faltimo inciso del art. 52 del Decreto 2591 de 1991) la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso, por ser ese el escenario id\u00f3neo para presentarse los reparos a la forma o el fondo en el cual se sustenta la sanci\u00f3n fijada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con sustento en tales consideraciones concluy\u00f3, que en el caso objeto de estudio \u00abno se cumplen los presupuestos de la excepcionalidad de la tutela contra actuaciones incidentales atinentes al desacato\u00bb, a m\u00e1s que \u00ab[tampoco] se advierte capricho o arbitrariedad alguna en la decisi\u00f3n atacada (esto es, abstenerse de dar curso al tercer incidente de desacato propuesto por el interesado), am\u00e9n de que existe una decisi\u00f3n previa que resolvi\u00f3 el segundo incidente de desacato, en la que se concluy\u00f3 razonada y razonablemente que la entidad accionada cumpli\u00f3 con lo ordenado en la correspondiente tutela\u00bb (fls. 99 a 109, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante se mostr\u00f3 inconforme frente a lo resuelto, sin ampliar los motivos de su descontento (fl. 109 reverso, ib.).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  Como es suficientemente conocido, la acci\u00f3n de tutela es instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal mecanismo de protecci\u00f3n, de acuerdo con el referido precepto, es de car\u00e1cter residual y subsidiario porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, as\u00ed como de los informes rendidos por las autoridades jurisdiccionales convocadas, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, se encuentra demostrado lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1.  El 3 de diciembre de 2015, el se\u00f1or Edwin Augusto Camacho Ch\u00e1vez promovi\u00f3 incidente de desacato en contra del representante legal de CBI Colombiana S.A., a fin de que el mismo fuera sancionado por el incumplimiento del fallo de tutela del 28 de septiembre de la misma anualidad, en el que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena concretamente resolvi\u00f3, \u00abtutelar transitoriamente los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la seguridad social [del interesado]\u00bb, y, en consecuencia, orden\u00f3 a la empresa all\u00ed accionada i) a \u00abreintegr[arlo] en un cargo o labor que pu[diera] desempe\u00f1ar (\u2026) teniendo en cuenta su estado de salud, sin soluci\u00f3n de continuidad y en iguales o superiores condiciones a las existentes al momento de su desvinculaci\u00f3n, pag\u00e1ndole en el mismo t\u00e9rmino los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir\u00bb; y, a ii) \u00abcancel[arle] el equivalente a 180 d\u00edas de su salario al tiempo de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo\u00bb, todo esto advirtiendo al accionante que \u00abde no interponer la respectiva demanda laboral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, cesar[\u00edan] los efectos del reintegro ordenado\u00bb (fls. 42 a 48, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2.  El 14 de abril de 2016, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena, quien conoci\u00f3 del referido asunto, declar\u00f3 que \u00abel se\u00f1or Masoud Deidehban, en su condici\u00f3n de representante legal de CBI Colombiana S.A., no hab\u00eda cumplido con la [mentada] orden [constitucional] (\u2026), y, en consecuencia, le imp[uso] (\u2026) sanci\u00f3n de arresto por el t\u00e9rmino de un (1) mes y multa de diez salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb (fls. 17 a 23, \u00edd.); determinaci\u00f3n que fue ratificada en sede de consulta, mediante providencia que modific\u00f3 la sanci\u00f3n a \u00abcinco (5) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y dos d\u00edas (2) de arresto\u00bb (fls. 49 a 55, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3.  El 3 de octubre de 2016, el accionante present\u00f3 nuevo incidente de desacato en contra de la sociedad implicada, el cual, por medio de prove\u00eddo del 18 de  noviembre siguiente, fue resuelto de manera adversa a sus intereses, pues el Juzgado de conocimiento se abstuvo de imponer la sanci\u00f3n solicitada, con sustento en que \u00abla presentaci\u00f3n de la demanda laboral fue extempor\u00e1nea, [por lo que] ces\u00f3 la protecci\u00f3n ordenada en el fallo de tutela de fecha 28 de septiembre de 2015\u00bb (fls. 8 a 14, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.  Tras ser notificado de dicha determinaci\u00f3n, el aqu\u00ed interesado formul\u00f3 un tercer incidente de desacato con fundamento en las mismas argumentaciones; empero, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena mediante auto del pasado 7 de diciembre, le orden\u00f3 a \u00e9ste \u00abatenerse a lo resuelto en 18 de noviembre de 2016\u00bb, absteni\u00e9ndose de reabrir el tr\u00e1mite incidental (fl. 97, ib.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.   De acuerdo a lo anterior, la Corte concluye que la petici\u00f3n de amparo presentada por Edwin Augusto Camacho Ch\u00e1vez contra la providencia del 18 de noviembre de 2016, en virtud de la cual, se itera, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena resolvi\u00f3 no sancionar al representante legal de CBI Colombiana S.A., ello en el marco del incidente de desacato que, con sustento en el presunto incumplimiento del fallo de tutela proferido el 26 de septiembre de 2015 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad, \u00e9l promovi\u00f3 en contra de dicha empresa, y contra la del 7 de diciembre siguiente, por medio de la cual \u00e9ste se abstuvo de impartir tr\u00e1mite al tercer incidente de desacato all\u00ed formulado, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, en cuanto a que lo reclamado se orienta a cuestionar unas determinaciones emitidas por el funcionario judicial en el campo de la acci\u00f3n de tutela, respecto de las cuales no resulta viable un nuevo estudio del mismo linaje constitucional, as\u00ed las decisiones respectivas se hubieran proferido en el interior del incidente previsto por el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues es indiscutible la estrecha vinculaci\u00f3n que existe entre esta fase particular y la inicial prevista para definir si se dispensa o no la protecci\u00f3n demandada, ya que acci\u00f3n de tutela e incidente de desacato est\u00e1n firmemente unidos y son etapas de un procedimiento que apunta a la misma finalidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, el instrumento del desacato, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia constitucional, tiene como base el incumplimiento de la orden dada por el Juez de tutela, de suerte que si ella no se cumple adecuadamente, seg\u00fan las circunstancias, el funcionario de primera instancia tiene competencia para imponer o no la sanci\u00f3n por desacato, sin que sea posible, salvo que est\u00e9 de por medio una grave y clara vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa o del debido proceso, suscitar un nuevo examen de la respectiva tem\u00e1tica a trav\u00e9s de la herramienta prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.  La Sala, al examinar el tema, en punto a las diligencias que se surten a prop\u00f3sito del incidente que se origina por el supuesto incumplimiento del fallo de tutela, ha considerado improcedente una nueva revisi\u00f3n de la misma naturaleza constitucional, toda vez que en torno al desacato, conforme se anot\u00f3, s\u00f3lo se previ\u00f3 respecto del auto que lo encuentra procedente y, por tanto, impone o fija sanciones, el grado de consulta, exclusivamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar,  <\/span><\/p>\n

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\u00abque el incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Observase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato)\u00bb (CSJ. STC de 21 de febrero de 2003, exp. 00382, reiterada entre otras en STC2467-2015 y STC1055-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        No obstante, tambi\u00e9n es cierto, que excepcionalmente se abrir\u00eda paso el ruego tuitivo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este mecanismo extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho originada en los llamados defectos \u00absustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico\u00bb (Corte Constitucional, Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal Colegiatura tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u00abcuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (ejusdem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En todo caso, se consagran como requisitos especiales para la prosperidad del resguardo frente al procedimiento incidental que \u00e9ste haya concluido y que el solicitante de la salvaguarda i) apoye la demanda de amparo y el incidente en manifestaciones coherentes; ii) no presente \u00abasuntos nuevos, pues el momento procesal para argumentarlos es el mismo incidente de desacato\u00bb; y iii) no \u00abpid[a] o present[e] pruebas que no fueron originalmente solicitadas y que el juez no estaba obligado a practicar oficiosamente\u00bb (\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        A la luz de lo expresado y sin perjuicio de ello, debe anotarse que en este asunto se refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n demandada al no hallarse en las decisiones blanco de censura, irregularidad alguna que pueda considerarse lesiva de las garant\u00edas superiores del accionante, si en cuenta se tiene que para proferir las determinaciones referidas en l\u00edneas anteriores, el Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena se sustent\u00f3 en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abTeniendo en cuenta que para el d\u00eda 4 de noviembre de 2015, el accionante Edwin Camacho Ch\u00e1vez se encontraba notificado del fallo de [tutela], los cuatro meses por los cuales se le concedi\u00f3 [all\u00ed] la protecci\u00f3n, como mecanismo transitorio, y para la interposici\u00f3n de la demanda laboral, so pena de levantarse [el amparo], fenec\u00eda el 4 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al realizar una consulta en la p\u00e1gina web de la rama judicial, en el link de consulta de procesos, se evidencia que el accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, present\u00f3 dos demandas ordinarias laborales; (\u2026) [sin embargo], para el momento en el que (\u2026) interpuso la primera (\u2026), esto es, el 1\u00ba de abril de 2016, hab\u00edan pasado m\u00e1s de cuatro meses (\u2026), [es decir, se present\u00f3], fuera del t\u00e9rmino se\u00f1alado en la parte resolutiva del fallo de tutela de fecha 28 de septiembre de 2015 proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Como consecuencia de lo anterior, y en vista de que la presentaci\u00f3n de la demanda laboral fue extempor\u00e1nea, ceso la protecci\u00f3n ordenada en el [referido] fallo, por lo que el despacho no enc[ontr\u00f3] razones para continuar con el tr\u00e1mite incidental en contra de CBI colombiana S.A.\u00bb (fls. 27 a 42, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.  As\u00ed las cosas, aunque pudiera no compartirse el prove\u00eddo rese\u00f1ado, ello por s\u00ed solo no habilita a esta justicia constitucional, pues la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8.        De este modo, bastan las razones anteriormente expuestas, para mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC3045-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2016-00464-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 13 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}