{"id":99865,"date":"2026-06-25T19:32:19","date_gmt":"2026-06-25T19:32:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3046-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:19","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:19","slug":"stc3046-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3046-2017\/","title":{"rendered":"STC3046-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3046-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00697-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 30 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ram\u00f3n D\u00edaz Granados Su\u00e1rez contra el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso abreviado a que alude el escrito inicial, as\u00ed como el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la referida  localidad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la especial protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar respuesta a la solicitud que elev\u00f3 dentro del juicio abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por el se\u00f1or Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n y otros, contra la sociedad Confecciones e Inversiones del Caribe S. en C.S.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, \u00abd[ar] respuesta inmediata a [su] solicitud\u00bb (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pedimento, aduce en compendio, que el 22 de julio de 2016, present\u00f3 la referida petici\u00f3n, solicitando que le fueran expedidas \u00abunas certificaciones\u00bb, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo se haya emitido una respuesta, raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  La titular del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla, inform\u00f3 que \u00abuna vez consultado (\u2026) el sistema de justicia XXI (TYBA), pudo constatar que el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado promovido por el se\u00f1or Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbron y otros contra la Sociedad Confecciones e Inversiones del Caribe S. en C.S., (\u2026) ya no reposa en los anaqueles de ese [Despacho], atendiendo a la remisi\u00f3n que del mismo se hiciere al Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de [la misma ciudad] el 15 de diciembre de 2016 (\u2026), motivo por el cual, no podr\u00eda dar (\u2026) fe de las actuaciones que en su momento se desplegaron en [esa] Agencia Judicial y de las peticiones sin resolver que eventualmente existieren\u00bb; sin embargo resalt\u00f3, que \u00abla (\u2026) que motivo la solicitud de amparo, y que seg\u00fan se observa en el mismo documento, habr\u00eda sido presentada el mes de noviembre de 2016, fue respondida por intermedio de la Secretaria en fecha de 24 de noviembre de 2016\u00bb (fls. 11 y 12, ib.).  <\/span><\/p>\n

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       b.   El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de la misma ciudad advirti\u00f3, que \u00abuna vez revisado exhaustivamente el proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado en el cual tiene su g\u00e9nesis la presente acci\u00f3n constitucional, se pudo constatar que no milita en el mismo el derecho de petici\u00f3n a que se refiere el accionante (\u2026), pues solamente [se encuentra] la petici\u00f3n incoada por el Dr. Granados Su\u00e1rez el 2 de noviembre de 2016, a la cual el Juzgado Octavo Civil del Circuito le dio contestaci\u00f3n en fecha 24 de ese mismo mes y a\u00f1o\u00bb (fls. 20 y 21, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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       c.   La Directora del SENA Regional Atl\u00e1ntico manifest\u00f3, que no le constan los hechos en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela, por lo que se acoge a lo que resulte demostrado en este tr\u00e1mite constitucional (fls. 90 y 91, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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       d.  Finalmente, el fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, tras indicar que \u00ablos hechos objeto de censura son exclusivos de un tercero, [esto es] el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla\u00bb (fls. 97 a 101, Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, precisando para el efecto, que el 24 de noviembre de 2016, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad, por conducto de su secretar\u00eda, dio respuesta a la petici\u00f3n elevada por el accionante el d\u00eda 2 de ese mismo mes y a\u00f1o, ello en el sentido de informarle que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 115 del C.G.P, s\u00f3lo se podr\u00e1n expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias sin necesidad de auto que lo ordene, y sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones, [siempre] que no haya constancia [de ello] en el expediente, y en los dem\u00e1s casos autorizados por la ley. Por lo tanto, [y teniendo en cuenta que] dentro del expediente reposan copias de las actuaciones solicitadas, [le indica] que \u00e9stas se encuentran a disposici\u00f3n de las partes en la Secretaria del Despacho judicial\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En este orden de ideas concluy\u00f3, que aun cuando \u00abrespecto de esa petici\u00f3n en si misma considerada ya hubo pronunciamiento en sede judicial\u00bb, lo cierto es que \u00ablas solicitudes a ser resueltas por los administradores de justicia en el interior de los procesos judiciales, no se rigen por el derecho de petici\u00f3n y el C\u00f3digo Contencioso administrativo, [pues] como lo ha puntualizado la jurisprudencia, las peticiones que presenten las partes y los intervinientes en asuntos relaciones con la litis, tienen un tr\u00e1mite en el que se aplican las reglas del proceso (fls. 59 a 65, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante, aduciendo, en suma, que la petici\u00f3n cuya respuesta por esta v\u00eda reclama, fue por \u00e9l dirigida al Juez, y no al Juzgado como equivocadamente lo entiende el a quo constitucional, raz\u00f3n por la cual, a su juicio, \u00abera \u00e9ste quien ten\u00eda que dar respuesta\u00bb a la misma, y en este orden de ideas, la secretar\u00eda del Despacho Judicial criticado \u00abusurpo funciones que no tiene por ley (fls. 103 a 105, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1.        El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces, una pronta resoluci\u00f3n, la respuesta de fondo, y, la notificaci\u00f3n efectiva de \u00e9sta al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2. Sin embargo, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Colegiatura de vieja data ha reiterado, que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; reiterada en STC1113-2017).  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido, se ha precisado que   <\/span><\/p>\n

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\u00abno resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC1113-2017).  <\/span><\/p>\n

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Luego, cuando por v\u00eda de tutela se aduce la vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial en curso de una actuaci\u00f3n reglada por las normas procedimentales, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto propio del proceso, por dem\u00e1s regulado en la ley adjetiva.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto observa la Corte, que el se\u00f1or Ram\u00f3n D\u00edaz Granados Su\u00e1rez se\u00f1ala haber radicado el 22 de julio de 2016, escrito ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito Barranquilla, con el fin que le fuera certificada la ejecuci\u00f3n de ciertas actuaciones dentro del tr\u00e1mite del proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n y otros adelantaron contra la sociedad Confecciones e Inversiones del Caribe S. en C.S.; a saber:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPrimero. Si es cierto no que s\u00f3lo el 20 de agosto de 2015, el Juzgado (\u2026) entreg[\u00f3] al Dr. Ram\u00f3n Mendoza Guzm\u00e1n los t\u00edtulos de dep\u00f3sito de arrendamiento consignados por Confecciones e Inversiones del Caribe S. en C.S. (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Segundo. Si es o no cierto que con posterioridad al 10 de agosto de 2015, no se ha entregado ni al Dr. Ram\u00f3n Mendoza Guzm\u00e1n ni al demandante se\u00f1or Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n, un s\u00f3lo t\u00edtulo de consignaci\u00f3n de c\u00e1nones de arrendamiento (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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Tercero. Si es o no cierto que el Dr. Adolfo Javier Urquijo Os\u00edo orden\u00f3 dividir los dineros consignados a \u00f3rdenes del Dr. Jos\u00e9 An\u00edbal Campo Heilbr\u00f3n, demandante y poderdante del Dr. Mendoza Guzm\u00e1n, con personas distintas a \u00e9l y de las cuales no es apoderado en el proceso\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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4.   No obstante, para la Sala tal asunto, sin lugar a dudas se refiere a temas propios del tr\u00e1mite del aludido juicio, raz\u00f3n por la cual es improcedente que esa solicitud sea resuelta bajo la perspectiva del derecho de petici\u00f3n, y la viabilidad del presente mecanismo de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora, haciendo abstracci\u00f3n de lo anterior, y para ahondar en argumentos desestimatorios de lo aqu\u00ed  pretendido, advierte la Sala que aun cuando al Juez accionado no le correspond\u00eda pronunciarse frente a la petici\u00f3n radicada por el promotor del amparo el 1\u00ba de noviembre de 2016, y no el 22 de julio como el mismo lo afirma (fl. 2, ib.), \u00e9ste brind\u00f3 respuesta congruente y de fondo a la misma el 24 de noviembre siguiente, exponi\u00e9ndole al interesado los motivos para no acceder a lo reclamado en el marco del citado proceso judicial; en este sentido le indic\u00f3 expresamente, que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 115 del C.G.P., s\u00f3lo se podr\u00e1n expedir certificaciones sobre la existencia de procesos, el estado de los mismos y la ejecutoria de providencias, sin necesidad de auto que lo ordene, [as\u00ed como] sobre hechos ocurridos en su presencia y en ejercicio de sus funciones, [siempre] que no haya constancia en el expediente, y en los dem\u00e1s casos autorizados por la ley. Por lo tanto, le comunic[\u00f3] que dentro del expediente reposa[ban] las copias de las actuaciones solicitadas en su escrito, las cuales se encuentran a disposici\u00f3n de las partes en la Secretar\u00eda del Despacho Judicial\u00bb (fl. 17, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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6.   As\u00ed las cosas, no cabe duda que en la data citada, esto es, de manera previa a que se presentara la acci\u00f3n de tutela (16 de diciembre de 2016), la sede judicial accionada ya hab\u00eda emitido una respuesta concreta a la solicitud del actor, lo que impone ratificar lo decidido sobre el asunto por el a quo, pues, se advierte, no exist\u00eda realmente objeto para invocar el amparo constitucional  <\/span><\/p>\n

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\u00abel derecho de petici\u00f3n consagra para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (ver entre otras en CSJ STC 14375-2016 ).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC3046-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00697-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99865","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99865"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99865\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}