{"id":99866,"date":"2026-06-25T19:32:25","date_gmt":"2026-06-25T19:32:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3048-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:25","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:25","slug":"stc3048-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3048-2017\/","title":{"rendered":"STC3048-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3048-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00701-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de amparo que promovi\u00f3 Servi CCTV S.A.S. contra el Juzgado Catorce Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La sociedad gestora por intermedio de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al dar por terminado el proceso de \u00abincumplimiento de contrato\u00bb que promovi\u00f3 en contra de la Universidad Aut\u00f3noma del Caribe, y condenarlo en costas.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se \u00abtenga en cuenta\u00bb la subsanaci\u00f3n de la demanda presentada el 16 de febrero de 2016, dentro del citado juicio (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su pedimento, aduce en lo esencial, que luego que el citado ente universitario como parte pasiva del litigio referido en l\u00edneas anteriores, formulara la \u00abexcepci\u00f3n previa de incapacidad o indebida representaci\u00f3n del demandante\u00bb, en raz\u00f3n a que la persona que sustituy\u00f3 el poder \u00abno pod\u00eda hacerlo\u00bb, dado que \u00abesas acciones est\u00e1n reservadas por ley a los abogados\u00bb, el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla en auto del 30 de abril 2015, le dio traslado a la misma para que dicho defecto fuera subsanado.  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y EL VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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a).    La titular del Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla, manifest\u00f3 que la vulneraci\u00f3n alegada por la parte actora es inexistente, comoquiera que dentro del litigio criticado se obr\u00f3 \u00abrespetando las formalidades legales, pues como ya se indic\u00f3, la Representante legal de la Sociedad demandante, present\u00f3 ratificaci\u00f3n del poder otorgado al abogado Augusto Rafael Maestre Mar\u00edn en escrito de fecha 16 de febrero de 2016, siendo extempor\u00e1neo, pues el t[\u00e9]rmino para subsanar el defecto venci\u00f3 el d\u00eda 25 de enero\u00bb anterior; as\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3, que el correo electr\u00f3nico a que alude la inconforme, no fue dirigido a una cuenta institucional (fl. 49, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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b).        El apoderado Judicial de la Universidad Aut\u00f3noma del Caribe, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo rogado, luego de se\u00f1alar que \u00e9ste incumple los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por cuanto la promotora no impugn\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada, ni acudi\u00f3 al presente tr\u00e1mite dentro de un plazo razonable (fls. 54 a 59, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir que \u00e9sta no satisface los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, pues de un lado, la compa\u00f1\u00eda gestora incurri\u00f3 en un actuar incurioso al no haber formulado el recurso de apelaci\u00f3n que era procedente para atacar la decisi\u00f3n aqu\u00ed criticada, y del otro, omiti\u00f3 promover la presente solicitud de amparo dentro de un lapso moderado (fls. 65 a 70, cdno. 1)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Por conducto de su representante judicial, la sociedad accionante se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, expresando que aun cuando no hizo uso de los medios de defensa que tuvo a su alcance para cuestionar la decisi\u00f3n censurada, debe concederse la salvaguarda suplicada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conforme a lo establecido en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 2591 de 1991; a m\u00e1s de agregar, que \u00abtrat\u00e1ndose de la imposici\u00f3n injusta de unas costas y la terminaci\u00f3n de un proceso, se rompe el principio de la inmediatez\u00bb (fls. 78 a 81, ib.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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En esa misma l\u00ednea de principio, es que la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar; de ah\u00ed que ha insistido la Corte, que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias, debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura de la empresa Servi CCTV S.A.S., se dirige, puntualmente, contra el prove\u00eddo dictado el 4 de marzo de 2016, mediante el cual el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Barranquilla \u00abdeclar[\u00f3] probada la excepci\u00f3n previa de \u201cINCAPACIDAD O INDEBIDA REPRESENTACI\u00d3N DEL DEMANDANTE\u201d\u00bb formulada por la Universidad Aut\u00f3noma del Caribe, dentro del proceso ordinario de \u00abincumplimiento de contrato\u00bb por aqu\u00e9lla promovido en contra de \u00e9sta, d\u00e1ndose por terminado dicho juicio, y conden\u00e1ndosele en costas (fls. 35 a 38, cdno. 1); pues a su criterio, dicha decisi\u00f3n desconoce que el citado defecto procesal fue subsanado oportunamente.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, revisadas las diligencias se observa de entrada la improcedencia de la s\u00faplica constitucional elevada, pues como bien lo advirti\u00f3 el Juez constitucional de primer grado, \u00e9sta incumple con el presupuesto de la inmediatez, habida cuenta que la actuaci\u00f3n reprochada data del 04 de marzo de 2016 (ejusdem), en tanto que la presente demanda fue radicada s\u00f3lo hasta el 19 de diciembre del mismo a\u00f1o (fl. 39, Cit.), circunstancia que revela sin duda, la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo, cerca de -nueve meses, sin que la inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera quebrantados con dicho prove\u00eddo, cuesti\u00f3n que pone de relieve entonces, su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00aba pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC7528-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otra parte, y para ahondar en razones desestimatorias de lo pretendido, t\u00e9ngase en cuenta que la sociedad accionante no fue tampoco diligente en el uso de los medios judiciales de defensa que el sistema jur\u00eddico le ofreci\u00f3 frente a lo resuelto dentro de la causa endilgada, pues no atac\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia que le fue desfavorable mediante los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, a fin de exponer ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a esta herramienta especial\u00edsima, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s la Sala, los recursos ordinarios y extraordinarios establecidos por el legislador, permiten remediar las eventuales equivocaciones o desaciertos en que en sus providencias incurran los funcionarios de conocimiento, raz\u00f3n por la cual \u00abcuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras, en STC4655-2106).  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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