{"id":99868,"date":"2026-06-25T19:32:33","date_gmt":"2026-06-25T19:32:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3051-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:33","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:33","slug":"stc3051-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3051-2017\/","title":{"rendered":"STC3051-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3051-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00028-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del 1\u00ba de marzo de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 3 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edilma C\u00e9spedes de Castillo contra el Ministerio de Transporte y Obras P\u00fablicas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se ordene a la cartera accionada, \u00abresolver de manera inmediata y en todo su contenido\u00bb, el citado requerimiento (fls. 1 y 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que aunque en la aludida data radic\u00f3 ante Mintransporte solicitud encaminada a que se le suministraran \u00ablos certificados de ingresos de los \u00faltimos dos a\u00f1os laborados\u00bb por su esposo en el extinto Fondo Nacional de Caminos Vecinales, determin\u00e1ndose \u00abcada uno de los factores salariales cancelados\u00bb a \u00e9ste, a la fecha no ha recibido respuesta alguna, lo que, dice, quebranta la garant\u00eda superior invocada (fls. 1 a 4, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADOS Y EL VINCULADO  <\/span><\/p>\n

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a).        La Coordinadora del Grupo de Descongesti\u00f3n de Certificaciones Laborales para Pensi\u00f3n del Ministerio de Transporte, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda rogada, tras manifestar que la vulneraci\u00f3n alegada por la actora es inexiste, comoquiera que \u00abmediante Oficio MT No. 20173440021861 el 26 de enero de 2017\u00bb, contest\u00f3 de manera \u00abcompleta y de fondo\u00bb el requerimiento elevado por \u00e9sta, el cual fue enviado a la \u00abdirecci\u00f3n registrada en la solicitud\u00bb, por lo que, afirm\u00f3, el hecho que motiv\u00f3 la s\u00faplica constitucional se encuentra superado (fls .25 y 26, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b).        El Apoderado General de la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales -UGPP, indic\u00f3 que esa entidad no est\u00e1 legitimada en la causa para pronunciarse en el presente asunto, pues \u00abno es la llamada a responder de fondo la solicitud de la accionante\u00bb (fls. 34 y 36, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la salvaguarda rogada, con fundamento en que, si bien es cierto que el 9 de septiembre del 2016, fue radicada ante la Cartera Ministerial accionada el escrito petitorio antes referido, tambi\u00e9n lo es que \u00abno existe prueba\u00bb de que la contestaci\u00f3n expedida por dicho ente haya sido comunicada \u00aben legal forma a la accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, orden\u00f3 a la Coordinadora del Grupo de Descongesti\u00f3n de Certificaciones Laborales para Pensi\u00f3n del Ministerio de Transporte o quien haga las veces, \u00abque dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de es[a] providencia, proceda a comunicar en debida forma la respuesta de 27 de Enero de 2017, otorgada a la [s\u00faplica] presentada por la actora\u00bb (fls. 47 a 50, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Mintransporte se mostr\u00f3 inconforme con lo resuelto, ratificando lo expuesto en la contestaci\u00f3n de la tutela, lo que sustent\u00f3 allegando copia de la gu\u00eda de entrega de los documentos requeridos por la petente (fls. 58 a 60, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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2.        Recu\u00e9rdese que el car\u00e1cter de fundamental del derecho de petici\u00f3n se encuentra reconocido expresamente en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Nacional y se traduce en la posibilidad de acudir ante las autoridades \u2013excepcionalmente ante los particulares\u2013, con el objeto de obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo solicitado, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el presente asunto, el Coordinador del Grupo de Descongesti\u00f3n de Certificaciones Laborales para Pensi\u00f3n de la Cartera ministerial convocada, replic\u00f3 la orden que en su contra profiri\u00f3 el a quo constitucional, tendiente a que \u00abproced[iera] a comunicar en debida forma la respuesta\u00bb a lo reclamado por la gestora del amparo ante sus dependencias el 9 de septiembre de 2016 (fls. 47 a 50, ib.); pues en criterio de aqu\u00e9l, dicha determinaci\u00f3n pas\u00f3 por alto el informe que rindi\u00f3 en el presente tr\u00e1mite, mediante el cual puso de presente que tal situaci\u00f3n ya hab\u00eda sido superada.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte anticipadamente la Sala que el fallo cuestionado habr\u00e1 de ser ratificado, teniendo en cuenta lo siguiente, a saber:  <\/span><\/p>\n

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4.1.        Mediante la aludida comunicaci\u00f3n, la aqu\u00ed accionante requiri\u00f3 a la autoridad criticada:  <\/span><\/p>\n

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\u201cse expid[ieran] a [su] favor los certificados de ingresos, de los \u00faltimos a\u00f1os laborados\u00bb por su esposo en el extinto Fondo Nacional de Caminos Vecinales, \u00abdeterminando cada uno de los factores salariales cancelados, a fin de demostrar la habitualidad de pagos de los mismos\u00bb (fl. 4, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.2.   En atenci\u00f3n a dicho requerimiento, a trav\u00e9s de oficio MT No. 20173440021861 del 26 de enero de 2017, la prenombrada funcionaria \u00abenvi[\u00f3] el original del Certificado Laboral de Empleados n\u00famero 20170117634\u00bb de la misma fecha, \u00abcorrespondiente al se\u00f1or GUSTAVO CASTILLO, v\u00e1lido para tr\u00e1mite de pensi\u00f3n y Bono Pensional seg\u00fan Ley 100 de 1993\u00bb, actuaci\u00f3n que puso en conocimiento del juez constitucional de primer grado, afirmando que tales documentos \u00abfueron enviados\u00bb a la direcci\u00f3n registrada por la interesada (fls. 18 a 24, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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4.3. El a quo constitucional concedi\u00f3 la s\u00faplica invocada, tras advertir, en suma, que aunque la autoridad reprochada profiri\u00f3 la respuesta reclamada, \u00abno alleg\u00f3 prueba de que las determinaciones y documentos expedidos fueron comunicados en legal forma a la accionante\u00bb (fls. 47 a 50, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.4.         Oportunamente el Coordinador del Grupo de Descongesti\u00f3n de Certificaciones Laborales para Pensi\u00f3n de la Cartera ministerial censurada, impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n, demostrando que la contestaci\u00f3n fue enviada mediante correo certificado el pasado 27 de enero, y recibida por la interesada tres (3) d\u00edas despu\u00e9s, conforme obra en la gu\u00eda de env\u00edo (fls. 59 y 60, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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5.        De ah\u00ed que entonces, resultara acertada la decisi\u00f3n del juez constitucional de instancia, toda vez que como qued\u00f3 visto, aunque para la data en que \u00e9sta fue proferida ya se hab\u00eda comunicado a la se\u00f1ora C\u00e9spedes de Castillo la precitada respuesta, lo cierto es que el a quo no tuvo conocimiento de dicha situaci\u00f3n, pues en el informe de la tutelada se omiti\u00f3 acreditarlo, por lo que resultaba imperioso entonces, proteger la prerrogativa superior a la accionante, determinaci\u00f3n que habr\u00e1 de ratificarse, aunque en este momento haya desaparecido el objeto de la presente acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

6.   Al respecto, la Sala ha indicado que la tutela pierde su eficacia o raz\u00f3n de ser,  <\/span><\/p>\n

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\u00abbien porque ces\u00f3 la conducta violatoria, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que vulner\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento del mismo, se pierde el motivo del amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. Ante este panorama, el juzgador no puede m\u00e1s que declarar la carencia de objeto  de la actuaci\u00f3n constitucional\u00bb (ver entre otros en CSJ STC4303-2016).  <\/span><\/p>\n

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Asimismo, se ha precisado que \u00abemerge una carencia actual de objeto del auxilio, en la medida en que existe plena certeza de que el fin \u00faltimo perseguido con \u00e9ste fue cumplido, no siendo dable impartir una orden en la forma solicitada, cuando la irregularidad referida es a la fecha inexistente\u00bb (ver entre otros en CSJ STC4303-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n refutada, aunque se itera, haya desaparecido la raz\u00f3n por la cual se present\u00f3 la reclamaci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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