{"id":99869,"date":"2026-06-25T19:32:36","date_gmt":"2026-06-25T19:32:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3052-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:36","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:36","slug":"stc3052-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3052-2017\/","title":{"rendered":"STC3052-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3052-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00810-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de enero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Lisandro Granados Rubio contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad y la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene al Juzgado Primero de Familia de esta capital, \u00aballeg[ar] el oficio de levantamiento del embargo (\u2026) [No.] 0740 de fecha 28 de abril de 2014, y que se le comunique a COLPENSIONES a fin de que acate lo ordenado en el [mismo]\u00bb; y, que se le \u00abcancel[en] en su totalidad los dineros de la pensi\u00f3n y primas legales, retenidos arbitrariamente desde el 07 de mayo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016\u00bb (fl. 37, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pedimentos, aduce en compendio, que la ejecuci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores, culmin\u00f3 con sentencia del 7 de mayo de 2009, en la que estableci\u00f3 que, hasta ese momento, a paz y salvo se encontraba \u00e9l por concepto de alimentos, fijando una cuota mensual del $163.000,oo a favor de su hija, la que ser\u00eda descontada de la n\u00f3mina mensual que percibe en condici\u00f3n de pensionado, pero sin que se hubiera ordenado el levantamiento de las cautelas decretadas desde la iniciaci\u00f3n del litigio, atinentes al 50% de su asignaci\u00f3n mensual, as\u00ed como de las primas percibidas, por lo que desde esa data, dice, Colpensiones ha venido descontando no s\u00f3lo la mesada acordada, sino las sumas atinentes a las medidas cautelares, y pese a que de tal situaci\u00f3n puso en conocimiento a la autoridad jurisdiccional convocada, \u00e9sta se ha negado al levantamiento instado, raz\u00f3n por la cual estima vulneradas las prerrogativas superiores invocadas y acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 36 a 39, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El titular del Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, adujo en lo esencial, que \u00abelevada nueva petici\u00f3n por parte del accionante, respecto de descuentos que extralimitan el valor de la cuota alimentaria, con auto del 27 de abril de [2016], se orden\u00f3 librar comunicado con destino al fondo pensional, reiterando lo decretado y que apunt\u00f3 al descuento \u00fanicamente de la cuota alimentar\u00eda sobre la mesada pensional que percibe el alimentario. Sin perjuicio de lo anterior, los dep\u00f3sitos judiciales descontados en exceso se le han venido entregando al accionante se\u00f1or JOSE LISANDRO GRANADOS RUBIO\u00bb (fls. 49 y 50, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma localidad, tras memorar las principales actuaciones procesales adelantadas en el juicio ejecutivo reprochado, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, precisando para el efecto, que la acci\u00f3n de tutela no cumple con el presupuesto de la inmediatez, dado que entre el momento en que fue proferido el auto que neg\u00f3 al aqu\u00ed interesado el levantamiento de la cautela decretada (4 de diciembre de 2015), y la formulaci\u00f3n de la presente demanda (14 de diciembre de 2016), se super\u00f3 ostensiblemente el t\u00e9rmino de los seis (6) meses que se considera razonable para acudir a este resguardo constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente anot\u00f3, que dicha providencia no fue recurrida por el actor, por lo que tambi\u00e9n se incumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad.  <\/span><\/p>\n

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       Y finalmente consider\u00f3, que \u00abno observa la Sala que por virtud de los descuentos realizados se le est\u00e9 ocasionando al accionante un perjuicio irremediable de modo que amerite en este escenario adoptar alguna determinaci\u00f3n en resguardo de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n reclama, pues tal y como se dej\u00f3 rese\u00f1ado en el recuento de la actuaci\u00f3n, el JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE BOGOTA, D.C. ha ordenado hacerle entrega de los mayores valores descontados, de los cuales algunos ya han sido por \u00e9l reclamados\u00bb (fls. 82 a 89, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el promotor del amparo, arguyendo similares argumentos a los del escrito de tutela (fls. 92 y 93, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, y una vez revisadas las diligencias, se anticipa el fracaso de lo pretendido por el se\u00f1or Jos\u00e9 Lisandro Granados Rubio a trav\u00e9s de esta sede especial\u00edsima, como quiera que en esencia sus cuestionamientos est\u00e1n dirigidos contra la negativa del Juzgado Primero de Familia de Bogot\u00e1, de levantar las medidas cautelares decretadas en el referido proceso de ejecutivo de alimentos, la que data del 4 de diciembre de 2015, en tanto que la demanda de tutela se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 14 de diciembre de 2016 (fl.40, cdno. 1), de donde deviene claro que la solicitud fue presentada tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013 m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dicha actuaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en CSJ STC16300-2016 y STC848-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.        Para ahondar en argumentos desestimatorios de lo reclamado, la Corte tambi\u00e9n observa que el quejoso omiti\u00f3 en su momento cuestionar la decisi\u00f3n criticada a trav\u00e9s del mecanismo de impugnaci\u00f3n que proced\u00eda para tal efecto, esto es, el recurso de reposici\u00f3n (arts. 318 del C.G. del P.), conducta incuriosa y negligente de aqu\u00e9l que deja en evidencia la falta de diligencia en el uso de las herramientas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico para la defensa de sus derechos, y que le cierra toda posibilidad de poder acudir con \u00e9xito a este mecanismo especial de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4.1.   En punto a la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, Rad. 00050-01, STC, 12 mar. 2013, Rad. 2012-00555-01; CSJ STC848-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.2.  Ahora, en cuanto a la improcedencia de la solicitud de amparo por tal omisi\u00f3n en el uso de los mecanismos ordinarios de impugnaci\u00f3n, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC848-2017 entre otras).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago. 2008, rad. 01343-00 y STC848-2017).  <\/span><\/p>\n

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4.3.  En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda al interesado emplear en debida forma los instrumentos defensivos previsto para el proceso en particular, dentro del escenario correspondiente, pero como ello no ocurri\u00f3 as\u00ed, se reitera, ello desemboca en el fracaso de lo aqu\u00ed suplicado.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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