{"id":99870,"date":"2026-06-25T19:32:47","date_gmt":"2026-06-25T19:32:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3053-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:47","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:47","slug":"stc3053-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3053-2017\/","title":{"rendered":"STC3053-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3053-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00011-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 27 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ludivia Cardona Moncada contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Sijin de la Polic\u00eda Nacional del Valle del Cauca.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por las entidades accionadas, con la falta de respuesta a las solicitudes que el 12 de diciembre pasado, formul\u00f3 ante sus dependencias.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Comandante de la Sijin de la Polic\u00eda Nacional del Valle del Cauca y a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil,  \u00abres[olver] el Derecho de petici\u00f3n (\u2026) de forma favorable\u00bb (fl. 1, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que como quiera que el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n decret\u00f3 la extinci\u00f3n de la pena que le hab\u00eda sido impuesta, el 12 de diciembre de 2016 solicit\u00f3 a las autoridades accionadas \u00abbaj[ar] [su] nombre de la base de datos de los antecedentes judiciales y que se [l]e levant[ara] la Suspensi\u00f3n de los Derechos Pol\u00edticos\u00bb; sin embargo, despu\u00e9s de \u00ab15 d\u00edas\u00bb no han resuelto lo correspondiente, conculcando as\u00ed la prerrogativa superior invocada (fls. 1 y 2, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        El Procurador Noveno Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia de Buga, puntualiz\u00f3 que en efecto se advierte la necesidad de otorgar el amparo deprecado, pues en el plenario no aparece acreditado que las entidades accionadas hubiesen dado alcance a las solicitudes elevadas por la inconforme (fls. 22 a 24, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

b.)        El Jefe (e) de la Oficina Jur\u00eddica de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, precis\u00f3 que mediante oficio No. 069286 del 27 de diciembre pasado, dio respuesta a la peticionaria, precis\u00e1ndole que para acceder a sus pretensiones deb\u00eda allegar \u00abla certificaci\u00f3n de extinci\u00f3n de la pena, o paz y salvo correspondiente a la sentencia emitida por [el] Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali\u00bb (fls. 26 y 27, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c.)        El Jefe Seccional de Criminal\u00edstica de la Polic\u00eda Nacional del Valle del Cauca, indic\u00f3 que mediante escrito del 17 de diciembre de 2016, emiti\u00f3 la respuesta concerniente a la actualizaci\u00f3n de informaci\u00f3n que reposa en sus bases de datos y que fue requerida por la actora (fls. 33 a 35, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.)        El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, a trav\u00e9s de la asistente jur\u00eddica, se\u00f1al\u00f3 que el 10 de noviembre del a\u00f1o anterior se \u00abdecret\u00f3 la extinci\u00f3n de la pena y liberaci\u00f3n definitiva [de la accionante]\u00bb, raz\u00f3n por la cual resolvi\u00f3 que a trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales de la citada urbe, se diera aviso a las autoridades pertinentes, entre ellas, las tambi\u00e9n aqu\u00ed convocadas (fls. 38, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 el amparo solicitado frente al derecho al h\u00e1beas data, tras considerar que \u00ablos oficios informando la Extinci\u00f3n de la Pena de la [accionante] (\u2026), a las entidades accionadas ya fue enviado, raz\u00f3n por la cual \u00e9stas deben proceder a dar de baja de los antecedentes judiciales, en lo que respecta a la pena por el delito de Estafa y Falsedad Personal vigilada por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n; sin perjuicio de las dem\u00e1s ordenes de captura vigentes\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Por lo anterior, orden\u00f3 a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y a la Polic\u00eda Nacional -Sijin, que en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, proceda a \u00abdar de baja de sus bases de datos el nombre de la se\u00f1ora LUDIVIA CARDONA MONCADA por el delito de Estafa y Falsedad Personal, vigilado por el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, sin perjuicio de las dem\u00e1s \u00f3rdenes de captura vigentes\u00bb (fls. 42 a 50, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La Polic\u00eda Nacional mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando que como inform\u00f3 con anterioridad, \u00abla sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popay\u00e1n se encuentra ACTUALIZADA con la extinci\u00f3n de la condena decretada por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, situaci\u00f3n que configura la existencia de un antecedente penal, raz\u00f3n por la cual dar de baja los antecedes significar\u00eda borrarlos o cancelarlos, situaci\u00f3n que es contraria a la Constituci\u00f3n pol\u00edtica de Colombia y la Ley\u00bb (fls. 59 a 60, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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1. De otra parte, el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, a los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) la de obtener una respuesta pronta, adecuada y congruente con la cuesti\u00f3n planteada.    <\/span><\/p>\n

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Sobre el alcance de la salvaguarda mencionada, la jurisprudencia constitucional ha precisado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado\u00bb (subraya la Sala, CC T-1130\/08).  <\/span><\/p>\n

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3.        Estudiada la queja constitucional y los anexos a la misma, encuentra la Sala que lo pretendido por la actora es que se ordene a las autoridades convocadas, dar respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 ante sus dependencias el pasado 12 de diciembre, en la que concretamente solicit\u00f3, \u00abbajar [su] nombre de la base de datos de [cada una] de la[s] entidades\u00bb (fls. 3 y 4, Cit.), como quiera que el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, mediante prove\u00eddo del 10 de noviembre anterior, resolvi\u00f3 \u00abDECLARAR la extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal impuesta a LUDIVIA CARDONA MONCADA por el Juzgado 1\u00ba Penal del Circuito Adjunto de Popay\u00e1n, por el delito de ESTAFA Y FALSEDAD PERSONAL\u00bb (fls. 5 y 6, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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4.   De la revisi\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se encuentra lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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4.1.  El 12 de diciembre de 2016, la actora remiti\u00f3 mediante correo certificado, las solicitudes a que se ha hecho referencia, legajos que fueron entregados a la Polic\u00eda Nacional y a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, los d\u00edas 21 y 19 del citado mes, respectivamente.   <\/span><\/p>\n

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4.2.   Mediante los oficios No. AT0082-2017 y 24009-2016, los Coordinadores de los Grupos, Jur\u00eddico de la Direcci\u00f3n Nacional de Identificaci\u00f3n y de Novedades, se pronunciaron respecto de los pedimentos de la interesada, refiriendo en lo pertinente que \u00ab[p]ara proceder (\u2026) a dar Vigencia a la C\u00e9dula de Ciudadan\u00eda, requerimos, la certificaci\u00f3n de extinci\u00f3n de la pena, o paz y salvo correspondiente a la sentencia emitida por [el] Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali\u00bb (fls. 22 y 23, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.3.         Por otra parte, la Polic\u00eda Nacional de Colombia mediante oficio No. S-2016 20160684020\/SUBIN-GRAIC-1.10 fechado 17 de diciembre de 2016, y entregado a la madre de la aqu\u00ed interesada el 20 de enero pasado, dando alcance a sus reclamaciones, indic\u00f3, en suma, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abpara realizar las respectivas actualizaciones, cancelaciones y\/o modificaciones en la base de datos, se hace necesario obtener el oficio de [la] autoridad judicial que conoci\u00f3 el caso o en su defecto la autoridad que recibi\u00f3 el proceso, si esta autoridad no existe, oficio en el cual se indique de manera clara autoridades que conocieron del caso y de manera contundente la cancelaci\u00f3n y\/o aclaraci\u00f3n de dicha sentencia y orden de captura, es de anotar que conforme a los documentos anexados en su petici\u00f3n se actualiz\u00f3 la sentencia condenatoria [a] 42 meses que presentaba referente al radicado 200700114\u00bb (fl. 26, Cit.).           <\/span><\/p>\n

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4.4.         Finalmente el d\u00eda 19 del mes pasado, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Popay\u00e1n, libr\u00f3 los oficios con destino, entre otras, a las entidades aqu\u00ed convocadas, \u00abcon el fin de que efect\u00faen los respectivos registros en sus bases de datos\u00bb respecto de la mentada \u00abEXTINCI\u00d3N DE LA PENA, teni\u00e9ndose como liberaci\u00f3n definitiva de la condena\u00bb, dentro del radicado No. 2007-00114.  <\/span><\/p>\n

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5.        Bajo ese contexto, contrario a lo considerado por el a quo constitucional, resulta procedente amparar el derecho de petici\u00f3n a la se\u00f1ora Ludivia Cardona Moncada,  pero \u00fanicamente de cara al requerimiento elevado a la  Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, pues si bien dicha entidad emiti\u00f3 las respuestas correspondientes, contrario a lo sucedido en el caso de la Polic\u00eda Nacional, no acredit\u00f3 en el presente asunto que la se\u00f1ora Cardona Moncada hubiese sido notificada de las mismas, o en su defecto, que dichos legajos se hubieran recibido en la direcci\u00f3n del domicilio proporcionada por aqu\u00e9lla, lo que en realidad lesiona su derecho superior de petici\u00f3n, pues a la fecha desconoce el pronunciamiento de la citada autoridad registral en relaci\u00f3n con sus pedimentos, lo que le ha impedido ejercer los mecanismos de defensa a su alcance.  <\/span><\/p>\n

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5.1.   Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00aben relaci\u00f3n con el derecho de petici\u00f3n, no basta que se expida la respuesta, sino que adem\u00e1s, es necesario que \u00e9sta se notifique de manera oportuna al interesado. En efecto, hace parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental consagrado en el art\u00edculo 23 de la Carta, el hecho de que la respuesta se ponga en conocimiento del solicitante, pues no puede tenerse como real contestaci\u00f3n la que s\u00f3lo es conocida por la persona o entidad de quien se solicita la informaci\u00f3n\u00bb (CC T-249\/08; reiterada por CSJ STC16307-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        De otra parte, y de cara a lo concesi\u00f3n del amparo al derecho al h\u00e1beas data otorgado por el a quo constitucional, cierto es que \u00e9ste consiste en la facultad que tiene la persona para conocer, actualizar y rectificar la informaci\u00f3n que sobre ella se haya recogido en las bases de datos y en archivos de entidades p\u00fablicas y privadas, siendo imprescindible que en la recolecci\u00f3n tratamiento y circulaci\u00f3n se respete la libertad y dem\u00e1s garant\u00edas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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En materia penal, \u00ablos antecedentes penales (i) son considerados datos negativos, (ii) poseen el car\u00e1cter de informaci\u00f3n p\u00fablica, (iii) son producto de la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n, mas no una pena en s\u00ed misma, y (iv) se originan en la obligaci\u00f3n constitucional de crear un banco de datos en el que se constate la existencia de hechos delictivos atribuibles a una persona\u00bb (C.C. T-648\/12), cuya base de datos se encontraba administrada por el extinto DAS, ahora por la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol de la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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       6.1. Es importante destacar que la informaci\u00f3n contenida en la base de datos sobre antecedentes penales resulta indispensable al momento de expedir el certificado judicial, adem\u00e1s de que la misma sirve como (i) prueba cuando lo que se busca es establecer si existen o no inhabilidades para el acceso a la funci\u00f3n p\u00fablica y\/o para contratar con el Estado; (ii) referencia para la dosimetr\u00eda penal u otras circunstancias de la ejecuci\u00f3n de la ley penal; y, (iii) coadyuva al establecimiento del grado de peligrosidad de un individuo y su historial criminal, en materia de inteligencia y contrainteligencia1. As\u00ed las cosas, la totalidad de los datos all\u00ed contenidos resultan valiosos no solo para el Estado, sino tambi\u00e9n para los particulares.  <\/span><\/p>\n

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       6.2.  Ahora, cuando se pretende suprimir alguno de los datos recopilados en esa membrana informativa tal y como el a quo lo orden\u00f3, el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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       \u00abPara la Corte, la facultad de supresi\u00f3n, como parte integrante del habeas data, tiene una doble faz. Funciona de manera diferente frente a los distintos momentos de la administraci\u00f3n de informaci\u00f3n personal. En una primera faceta es posible ejercer la facultad de supresi\u00f3n con el objeto de hacer desaparecer por completo de la base de datos, la informaci\u00f3n personal respectiva. Caso en el cual la informaci\u00f3n debe ser suprimida completamente y ser\u00e1 imposible mantenerla o circularla, ni siquiera de forma restringida (esta es la idea original del llamado derecho al olvido). En una segunda faceta, la facultad de supresi\u00f3n puede ser ejercitada con el objeto de hacer desaparecer la informaci\u00f3n que est\u00e1 sometida a circulaci\u00f3n. Caso en el cual la informaci\u00f3n se suprime solo parcialmente, lo que implica todav\u00eda la posibilidad de almacenarla y de circularla, pero de forma especialmente restringida.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       La Corte aduce que es precisamente la facultad de supresi\u00f3n parcial de la informaci\u00f3n la que se aplica como una alternativa para conciliar varios elementos normativos que concurren en el caso de la administraci\u00f3n de informaci\u00f3n personal sobre antecedentes penales. Ello por cuanto, de un lado, la supresi\u00f3n total de los antecedentes penales es imposible constitucional y legalmente; y de otro, debido a que la circulaci\u00f3n indiscriminada de la informaci\u00f3n personal, que es considerada un dato negativo, sin fines constitucionales precisos y con el potencial de generar discriminaci\u00f3n a las libertades, habilita al sujeto cuya informaci\u00f3n es administrada para que, mediante el ejercicio del habeas data, solicite la supresi\u00f3n relativa de la misma\u00bb. (Subrayado la Corte) (C.C. SU-548\/12).  <\/span><\/p>\n

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       6.3. Por consiguiente, no es posible suprimir de manera total la informaci\u00f3n personal que sobre antecedentes penales reposen en la base de datos administrada por la Sijin de la Polic\u00eda Nacional, pero s\u00ed es posible eliminar de manera relativa algunos datos negativos puestos en circulaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6.4.  Sin embargo, del examen de las pruebas adosadas al expediente y el informe presentado por las autoridades convocadas, advierte la Sala que contrario a lo sostenido por el Juez Constitucional de primera instancia, no existe vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al h\u00e1beas data de la accionante, y mucho menos hab\u00eda lugar a dar la orden de amparo para que las accionadas \u00abprocedan a dar de baja de sus datos el nombre\u00bb de \u00e9sta, si se tiene en cuenta que, por una parte, en efecto proceder en tal sentido, como se destac\u00f3 en l\u00edneas anteriores, resulta un imposible a trav\u00e9s del presente mecanismo, pues se trata de antecedentes penales de inter\u00e9s para el Estado; y, por la otra, se desconocieron la actuaciones que cada una de las entidades accionadas realizaron al respecto, la Polic\u00eda Nacional actualizando la informaci\u00f3n de la base de datos por ella manejada, y, la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil requiriendo la decisi\u00f3n judicial respectiva para el restablecimiento de los derechos pol\u00edticos de la actora, oficio que como qued\u00f3 visto, la autoridad penal que conoci\u00f3 del asunto lo libr\u00f3 con anterioridad a que se profiera el fallo de tutela de primer grado; luego entonces, ante tal panorama de manera alguna se advierte que dichos entes hubiesen desplegado acciones u omisiones tendientes a desconocer la informaci\u00f3n que registra la inconforme o negado la modificaci\u00f3n de la misma, en el marco de sus competencia.     <\/span><\/p>\n

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7.        Por las razones anteriormente expuestas, se modificar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia, para salvaguarda \u00fanicamente el derecho de petici\u00f3n a la interesada, y ordenarle a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, que emita la respuesta correspondiente a la se\u00f1ora Ludivia Cardona Moncada de cara a la solicitud que le elev\u00f3 el 12 de diciembre pasado, decisi\u00f3n que por dem\u00e1s deber\u00e1 ser notificada en legal forma a \u00e9sta.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, MODIFICA los numerales primero y segundo de la sentencia de fecha y procedencia prenotadas, en el sentido de amparar \u00fanicamente el derecho fundamental de petici\u00f3n a la accionante, y ORDENAR a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, que proceda a enterar de manera efectiva a la se\u00f1ora Ludivia Cardona Moncada de las respuestas emitidas a prop\u00f3sito de la solicitud que le fue elevada, teniendo en cuenta las particularidades del caso.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Corte Constitucional SU-458 de 2012.      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3053-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00011-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99870","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99870","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99870"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99870\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99870"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99870"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99870"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}