{"id":99871,"date":"2026-06-25T19:32:52","date_gmt":"2026-06-25T19:32:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3054-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:32:52","modified_gmt":"2026-06-25T19:32:52","slug":"stc3054-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3054-2017\/","title":{"rendered":"STC3054-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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STC3054-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2017-00015-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 26 de enero de 2017, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Yerlis Patricia Correa Arteaga contra la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al que fue vinculada la Universidad Cooperativa de Colombia -seccional Monter\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la educaci\u00f3n, al trabajo y al \u00abm\u00ednimo vital y m\u00f3vil\u00ab, presuntamente conculcados por la autoridad convocada, al no reconocerle, dice, la pr\u00e1ctica jur\u00eddica establecida como requisito alternativo para optar al t\u00edtulo de abogado, dice, dentro de un t\u00e9rmino prudencial.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se \u00abconmine\u00bb a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, para que expida la certificaci\u00f3n ya aludida en un \u00abtiempo razonable, y dentro del plazo m\u00e1ximo y ampliado otorgado por la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Monter\u00eda, esto es, antes del 14 de noviembre de 2016\u00bb; y que como consecuencia de ello, se agilice \u00abla llegada de dicho documento\u00bb a la aludida urbe, \u00abdado que no resid[e]\u00bb en la ciudad de Bogot\u00e1 (fl. 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en lo esencial, que tras finalizar sus estudios de derecho en el mentado ente universitario, y realizar su judicatura en el Inpec, el 13 de octubre de 2016 radic\u00f3 ante la autoridad accionada la documentaci\u00f3n exigida para efectos del reconocimiento de dicha pr\u00e1ctica jur\u00eddica; sin embargo, asegura, esa diligencia fue infructuosa, pues luego que le informaron que su solicitud carec\u00eda del \u00abcertificado original de egresado no graduado\u00ab, le fue comunicado que el funcionario encargado de recibir tal documento, s\u00f3lo estar\u00eda en el cargo a partir del 6 de enero del a\u00f1o que avanza.  <\/span><\/p>\n

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Indica que despu\u00e9s de varios requerimientos le fue informado, que el plazo estimado para proferir el certificado faltante ser\u00eda de 2 meses, lo que, asegura, le impide graduarse en la ceremonia que llevar\u00e1 a cabo la universidad el 22 de febrero de los corrientes, toda vez que all\u00ed le advirtieron que el t\u00e9rmino para cumplir con dicho requisito vencer\u00eda el 19 de enero anterior, motivo por el que acude al presente mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas (fls. 2 a 9, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que \u00abno existe constancia en el plenario indicativa que la parte recurrente cumpli\u00f3 a cabalidad con los requisitos para acceder al reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica, siendo su carga entregar la documentaci\u00f3n requerida en los t\u00e9rminos definidos por el reglamento de la entidad, raz\u00f3n por la que la Sala no puede conminar al accionado a expedir de manera perentoria un acto administrativo cuando no se tiene certeza si se cumple o no con los requisitos para su expedici\u00f3n\u00bb (fls. 22 a 25, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La promotora se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, expresando que el a quo constitucional \u00abno examin\u00f3 los documentos anexados donde co[n]sta que el requerimiento [del ente accionado] fue satisfecho, lo cual da lugar a [la] conducta omisiva\u00bb por ella se\u00f1alada (fls. 30 y 31, ib.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, la quejosa acusa a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de no haber resuelto dentro de los t\u00e9rminos perentorios previstos para el efecto, la solicitud de reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica que le elev\u00f3 en aras de optar por el t\u00edtulo de abogada; pues a su criterio, dicha omisi\u00f3n quebranta sus prerrogativas superiores, al no poder graduarse en la ceremonia fijada por la UCC de Colombia seccional Monter\u00eda, para el 22 de febrero del a\u00f1o en curso.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, advierte anticipadamente la Sala que el fallo constitucional cuestionado habr\u00e1 de ser ratificado, teniendo en cuenta lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1.          El 4 de octubre de 2016, la se\u00f1ora Correa Arteaga radic\u00f3 en la p\u00e1gina de internet de la entidad censurada, la solicitud de reconocimiento de la pr\u00e1ctica jur\u00eddica a que alude el escrito de tutela; no obstante, la documentaci\u00f3n fue allegada s\u00f3lo hasta el d\u00eda 16 de ese mismo mes y a\u00f1o (fls. 10 y 34, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3.2.        A trav\u00e9s de comunicado N\u00ba 3534 del 9 de Noviembre siguiente, el ente convocado requiri\u00f3 a la interesada para que allegara el \u00abcertificado original de la Universidad manifestando la fecha exacta de terminaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de materias que integran el plan de estudios\u00bb, del que carec\u00eda su solicitud, el que fue allegado el d\u00eda 6 de enero de 2017 (fls. 11 y 34, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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3.3.   Mediante Resoluci\u00f3n No. 240 del 10 de enero de 2017, fue reconocida a la aqu\u00ed interesada la pr\u00e1ctica jur\u00eddica objeto de inconformidad, documento que fue remitido v\u00eda e-mail al d\u00eda siguiente al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, conforme a lo establecido por la accionante en su solicitud, es decir, antes de que aqu\u00e9lla acudiera al presente mecanismo excepcional (fls. 35, 36 y 41, ib.).  <\/span><\/p>\n

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4.        Pues bien, de cara a lo anterior, la Sala observa que no s\u00f3lo la citada autoridad expidi\u00f3 el acto administrativo requerido por la aqu\u00ed interesada dentro del t\u00e9rmino legal previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de junio de 20151, el que fue remitido el pasado 11 de enero al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, conforme a lo indicado por la gestora en la preinscripci\u00f3n radicada en la p\u00e1gina web de la entidad, sino que adem\u00e1s, dichas actuaciones, como qued\u00f3 visto, se surtieron con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la solicitud de protecci\u00f3n objeto de an\u00e1lisis, por lo que no exist\u00eda realmente objeto para invocar el amparo constitucional, m\u00e1xime cuando el medio electr\u00f3nico donde fue iniciado el tr\u00e1mite, permite verificar o consultar el estado del requerimiento.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Art\u00edculo 14. (\u2026) 1. Las peticiones de documentos y de informaci\u00f3n deber\u00e1n resolverse dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n (\u2026).      <\/span><\/p>\n

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