{"id":99873,"date":"2026-06-25T19:33:17","date_gmt":"2026-06-25T19:33:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3057-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:33:17","modified_gmt":"2026-06-25T19:33:17","slug":"stc3057-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3057-2017\/","title":{"rendered":"STC3057-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3057-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00127-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 2 de febrero de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Liliana Lugo Ram\u00edrez contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad y el Fondo Nacional del Ahorro, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio coercitivo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso \u00abjudicial y administrativo\u00bb, a la vivienda digna y de los \u00abni\u00f1os\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al fijar fecha para remate dentro del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el Fondo Nacional del Ahorro \u2013FNA, promovi\u00f3 en su contra.     <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, \u00abdeclar[ar] la nulidad del numeral segundo del auto calendado 21 de noviembre de 2016\u00bb, y como consecuencia de ello, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y al FNA, \u00abprof[erir] decisi\u00f3n conforme a lo sustentado en los hechos descubiertos con la investigaci\u00f3n de control interno del fondo\u00bb (fls. 17 y 18, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en compendio, que pese a que el 20 de diciembre de 2013, funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro, asegura, \u00abtrasmiti[eron] informaciones err\u00f3neas y equivocados\u00bb en torno a la aceptaci\u00f3n de \u00abuna propuesta de extinci\u00f3n de [su] obligaci\u00f3n hipotecaria (\u2026) por la suma de (\u2026) $14.267.000,oo\u00bb, pues con posterioridad le informaron que la obligaci\u00f3n crediticia hab\u00eda sido cedida a un tercero, el Grupo Control Disciplinario de la citada entidad dispuso archivar el reclamo que hab\u00eda elevado por esos hechos, raz\u00f3n por la cual interpuso \u00abrecurso de queja\u00bb contra esa determinaci\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que a pesar de las anteriores circunstancias, dentro del litigio judicial referido el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, sin realizar el correspondiente \u201ccontrol de legalidad\u201d, fij\u00f3 para el 14 de marzo de los corrientes la diligencia de remate del bien materia de garant\u00eda real.  <\/span><\/p>\n

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               <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a.        La apoderada Judicial del Fondo Nacional del Ahorro, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa superior alguna de la inconforme, pues \u00abrealiz\u00f3 contrato de cesi\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario No. 264492-01 donde es titular la [actora] en el mes de julio del a\u00f1o 2012 por la suma de $26.000.000, el valor de la cesi\u00f3n fue aplicado al cr\u00e9dito el 12 de junio de 2014\u00bb (fls. 44 a 46, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.        La titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta capital, precis\u00f3 que contrario al dicho de la inconforme, con la decisi\u00f3n proferida en el marco de la ejecuci\u00f3n endilgada \u00abno se configura la v\u00eda de hecho (\u2026) enrostra[da], ello, en la medida que (\u2026) se encuentra ajustada a derecho y previo a su adopci\u00f3n, se realiz\u00f3 el control de legalidad previsto en el art\u00edculo 448 del CGP, luego de encontrarse satisfechos los presupuestos previstos en la norma adjetiva, se se\u00f1al\u00f3 fecha y hora para la pr\u00e1ctica de la almoneda\u00bb (fl. 59, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo invocado, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, de cara al proceso ejecutivo censurado, pues \u00abmal puede declarar la nulidad de actuaciones adelantadas por el juez natural del caso (\u2026), cuando en el asunto bajo estudio la determinaci\u00f3n ahora cuestionada no fue controvertida en manera alguna por la accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo refiri\u00f3, que el amparo reclamado respecto del tr\u00e1mite administrativo adelantado por el FNA, resulta prematuro, pues hasta la fecha no se ha proferido decisi\u00f3n definitiva respecto del recurso de queja que la inconforme interpuso contra el archivo de la investigaci\u00f3n criticada (fls. 62 a 70, ib\u00eddem.)  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando que en el proceso ejecutivo cuestionado dej\u00f3 de interponer los recursos que adujo el a quo constitucional, porque el Juez de conocimiento mediante prove\u00eddo del a\u00f1o 2014, al resolver respecto de los mecanismos que formul\u00f3 contra el auto que acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, advirti\u00f3 sobre las posibles sanciones por actuaciones dilatorias y la compulsa de copias; a lo que agreg\u00f3, de cara al proceso administrativo, que el presente mecanismo s\u00ed es id\u00f3neo para lograr lo suplicado, de conformidad con el art\u00edculo 9\u00ba  del Decreto 2591 de 1991, pues no era necesario agotar la v\u00eda gubernativa para deprecar el amparo (fls. 85 a 85, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

3.        En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo dictado el 21 de noviembre de 2016, por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del cual se dispuso que \u00abEfectuado el control de legalidad previsto en el art\u00edculo 448 del C\u00f3digo General del Proceso y como quiera que se re\u00fanen las exigencias previstas en aquella normatividad, se se\u00f1ala la hora de las 11:00 am del d\u00eda 14 del mes de marzo de 2017 para llevar a cabo el remate del inmueble identificado con la matr\u00edcula No. 50C-1494719\u00bb (fls. 371, cdno. 1 copia proceso Rad.2005-00007), ello en el marco del proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario que el Fondo Nacional del Ahorro promovi\u00f3 contra Liliana Lugo Ram\u00edrez (aqu\u00ed accionante), pues en sentir de esta \u00faltima, se desconocieron las actuaciones administrativas adelantadas ante la mentada entidad para dar \u00b4por terminada la obligaci\u00f3n, acuerdo que, dice, fue suscrito en el a\u00f1o 2012.  <\/span><\/p>\n

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4.        Sin embargo, la Sala de cara a las inconformidades aducidas con respecto a la aludida providencia, considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por la peticionaria resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado litigio aqu\u00e9lla no hizo uso de la herramienta de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4.1.  En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de acuerdo a las documentales adosadas y el informe del Juzgado convocado, la actora no interpuso recurso de reposici\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 318 del C.G.P., contra la decisi\u00f3n reprochada, mecanismo de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural las inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas, de forma que no le es dado ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional sin que se haya agotado los medios procesales contemplados en la ley, para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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4.2. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (CSJ STC, 25 ago.  2008, rad. 01343-00; reiterada entre otras en STC1902-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.3.  Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada en STC2537-2016).  <\/span><\/p>\n

4.4.  En este orden de ideas, como la acci\u00f3n invocada no es un medio alternativo, le correspond\u00eda a la tutelante emplear en debida forma los instrumentos defensivos previstos a su alcance para desestimar la decisi\u00f3n que hoy cuestiona, por ser el proceso el escenario id\u00f3neo para tal efecto, sin que sean v\u00e1lidas las excusas expuestas.  <\/span><\/p>\n

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5.        Por otra parte, resulta oportuno citar lo dicho por esta Sala cuando se pretende por v\u00eda de tutela evitar la pr\u00e1ctica de diligencias de remate, so pretexto del acaecimiento de un perjuicio irremediable, pues se ha reiterado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. (CSJ STC, 28 oct. 2009, rad. 01496-01, reiterada en la STC 6 feb. 2013, rad. 2012-01950-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026) tampoco es posible acceder al resguardo solicitado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, como quiera que seg\u00fan ha advertido esta Corte, \u2018en principio, la pr\u00e1ctica de una diligencia (\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales y, adem\u00e1s, tampoco impide al afectado procurarse otra vivienda para s\u00ed y su familia. De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (CSJ STC, 13 may. 2011, rad. 00119-01; reiterada en STC1442-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Ahora, como la interesado tambi\u00e9n se duele de las actuaciones administrativas surtidas por el Fondo Nacional del Ahorro en el marco de una tr\u00e1mite disciplinario, observa la Corte, luego de efectuado el an\u00e1lisis correspondiente de la demanda de amparo, que dicho reparo debi\u00f3 tramitarse ante los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales de esta capital, de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, ya que de acuerdo con el literal b) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, que se\u00f1ala la estructura y organizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica, en concordancia con la Ley 432 de 1998, la entidad accionada es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, del orden nacional, del sector descentralizado por servicios, organizado como establecimiento de cr\u00e9dito de naturaleza especial, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, y en ese orden de ideas, se evidencia entonces, la incursi\u00f3n en causal de nulidad por falta de competencia funcional, de acuerdo a lo estatuido en el precepto 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable por remisi\u00f3n del 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, que debe ser declarada de inmediato, a fin de lograr que la autoridad facultada para asumir el conocimiento de la tutela contra la nombrada entidad lo haga, para lo cual se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda compulse copias de la actuaci\u00f3n y las remita a la oficina de apoyo judicial correspondiente, para que efect\u00fae el reparto a fin de las peticiones de la interesada en esta sede.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado en lo que tiene que ver con el asunto civil censurado, pero declarar la nulidad de lo actuado frente a las quejas puntualmente enfiladas contra el Fondo Nacional del Ahorro.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, se ANULA lo tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en relaci\u00f3n con la queja formulada contra el Fondo Nacional del Ahorro, y se ordena a la Secretar\u00eda de la Sala REMITIR copia de este expediente a la oficina de apoyo judicial de esta capital para los Juzgados del Circuito, con el fin de que efect\u00fae el reparto correspondiente y con ello que se conozca y se resuelva frente a lo alegado en el escrito de tutela contra dicha entidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC3057-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-00127-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99873","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99873","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99873"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99873\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99873"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99873"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99873"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}