{"id":99874,"date":"2026-06-25T19:33:27","date_gmt":"2026-06-25T19:33:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3058-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:33:27","modified_gmt":"2026-06-25T19:33:27","slug":"stc3058-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3058-2017\/","title":{"rendered":"STC3058-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3058-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-10-000-2016-00278-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 18 de enero de 2017, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Andrea Palacio Castro y Claudia Patricia Castro G\u00f3mez, contra el Juzgado Catorce de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.   Las promotoras del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a \u00ablos alimentos\u00bb, supuestamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al negar la entrega de unos t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial consignados por cuenta de la ejecuci\u00f3n por alimentos que Claudia Patricia Castro G\u00f3mez promovi\u00f3 en representaci\u00f3n de su entonces menor hija Andrea Palacio Castro, contra Arturo Palacio Espa\u00f1a.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, pretenden que se ordene al Juzgado Catorce de Familia de Cali, \u00abentregar sin dilaci\u00f3n alguna los dineros depositados por el ejecutado como abono al cr\u00e9dito y costas\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.   Para respaldar su queja exponen en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que el 5 de septiembre de 2016, el mentado ejecutado alleg\u00f3 al expediente del proceso referenciado, constancia de consignaci\u00f3n de un t\u00edtulo de dep\u00f3sito judicial por $60\u00b4000.000,oo para cubrir la obligaci\u00f3n alimentaria all\u00ed perseguida; que pese a que el 2 y 15 de noviembre siguiente, solicitaron por escrito al Despacho convocado la entrega de tales dineros, a ello no ha procedido, motivo por el cual consideran que con esa tardanza se est\u00e1n vulnerando las prerrogativas superiores que solicitan aqu\u00ed amparar (fls. 1 a 9, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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       La titular del Juzgado Catorce de Familia de Cali manifest\u00f3, que no ha habido mora en la resoluci\u00f3n de las precitadas solicitudes, ya que mediante auto del 14 de diciembre de 2016, notificado en estado del d\u00eda siguiente, lo pedido se resolvi\u00f3 de manera favorable a las aqu\u00ed interesadas, ordenando en consecuencia, la entrega de los dineros reclamados (fl. 48, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada, con fundamento en que \u00abla presente acci\u00f3n constitucional ten\u00eda como \u00fanico prop\u00f3sito que se ordenase al despacho accionado que procediera a autorizar la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales consignados por cuenta del referido proceso ejecutivo, lo cual, de acuerdo con la prueba documental que se acompa\u00f1\u00f3 al tr\u00e1mite, ya sucedi\u00f3\u00bb, por lo que \u00aben el presente asunto se configura el fen\u00f3meno de la carencia de objeto, la cual tiene lugar a partir del hecho superado y el da\u00f1o consumado, siendo este primero el caso aqu\u00ed observado, toda vez que ces\u00f3 la circunstancia que ocasion\u00f3 la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales de Andrea Palacio Castro\u00bb (fls. 53 a 58, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Las gestoras del resguardo se mostraron inconformes frente al anterior fallo, argumentando que la decisi\u00f3n proferida por la autoridad accionada ha resultado inane de cara al resguardo suplicado, porque los t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial no se elaboraron de manera conjunta con la notificaci\u00f3n en estado de la decisi\u00f3n que as\u00ed lo orden\u00f3, lo que retras\u00f3 su entrega hasta despu\u00e9s de la vacancia judicial; que se orden\u00f3 la entrega de los dineros directamente a Andrea Palacio Castro, pese a que su apoderado judicial tiene facultad para recibir; y, finalmente, que los t\u00edtulos fueron devueltos por el Banco Agrario el pasado 26 de enero, por inconsistencias con la firma registrada (fls. 77 a 83, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.         Como es suficientemente conocido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo procesal establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellas, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares. Dicho instrumento de protecci\u00f3n no se puede constituir en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma Carta y el ordenamiento jur\u00eddico, en general, consagran para la salvaguarda de la mencionada clase de prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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       Reiteradamente se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra actuaciones o providencias judiciales, pues \u00e9stas no pueden ser modificadas o sustituidas por un juez ajeno al competente para conocer del proceso, criterio derivado de la naturaleza de la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia ya que, conforme a los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se trata de una atribuci\u00f3n que se cumple en forma independiente, desconcentrada y aut\u00f3noma, en cuanto s\u00f3lo est\u00e1 sometida al imperio del ordenamiento jur\u00eddico aplicable, con lo que se busca proteger y garantizar la seguridad jur\u00eddica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, si se advierte un proceder del funcionario judicial alejado de lo razonable, fruto exclusivo de su \u00e1nimo subjetivo, o desconectado del ordenamiento aplicable, es pertinente que el juez constitucional act\u00fae, con el prop\u00f3sito de conjurar el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se haya podido causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso concreto, de entrada se observa que la protecci\u00f3n reclamada no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por las siguientes razones:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.         Advierte la Corte de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente constitucional, que lo puntualmente solicitado por las accionantes en el escrito de tutela, qued\u00f3 superado con la actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado Catorce de Familia de Cali mediante auto del 14 de diciembre de 2016, al ordenar la entrega a la ejecutante Andrea Palacio Castro, aqu\u00ed interesada, de los dep\u00f3sitos judiciales consignados por cuenta de la referida ejecuci\u00f3n, tal y como se le reclam\u00f3 mediante la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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2.2.   As\u00ed las cosas, no cabe duda que en la data citada, esto es, de manera previa a que se emitiera el fallo constitucional de primer grado (18 de enero de 2017), la entidad accionada ya hab\u00eda emitido un pronunciamiento favorable a lo que aqu\u00ed reclamaban las accionantes, lo que impone ratificar lo decidido sobre el asunto por el a quo constitucional, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales (CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 00244-01, reiterada en STC5302-2014 y STC16526-2014, 5 dic, rad 00670-01 y STC15375-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.3.   Sobre ese particular, la Sala ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u201csi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido toralmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez de amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 12 sept. 2011, Rad. 00081-01, reiterado en CSJ STC, 12 oct. 2012, Rad. 01606-01-01 y STC15375-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Ahora, respecto a los nuevos argumentos expuestos por Andrea Palacio Castro en la impugnaci\u00f3n, atinentes a que tal orden del Juzgado convocado no se ha podido materializar por diversos motivos, la Sala le hace saber que no es jur\u00eddicamente viable acceder al amparo pretendido con fundamento en hechos absolutamente distintos a los que fueron materia de debate y contradicci\u00f3n en sede de primera instancia, porque ello desconocer\u00eda las garant\u00edas procesales de la autoridad accionada, quien no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto y ejercer en debida forma su derecho de defensa.  <\/span><\/p>\n

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2.5.  Sin perjuicio de lo anterior, la Sala pone de presente a la mentada promotora del amparo, que para superar los impases que para la entrega de los aludidos dineros report\u00f3 al momento de presentar la impugnaci\u00f3n, cuenta con la posibilidad de acudir directamente ante la secretar\u00eda de la autoridad judicial accionada a efectos de que se elaboren nuevamente los t\u00edtulos ya ordenados.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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