{"id":99876,"date":"2026-06-25T19:33:36","date_gmt":"2026-06-25T19:33:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3104-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:33:36","modified_gmt":"2026-06-25T19:33:36","slug":"stc3104-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3104-2017\/","title":{"rendered":"STC3104-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3104-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00547-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Carlos V\u00e9lez Mej\u00eda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, dejar \u00absin efecto la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2016 (\u2026) en lo relacionado con el an\u00e1lisis que [se] efectu\u00f3 atinente a la prueba de la posesi\u00f3n\u00bb y se ordene al estrado enjuiciado emitir \u00abnueva providencia en la que s\u00f3lo se analicen los dos aspectos puntuales en lo que fund\u00f3 la parte demandada la impugnaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Contra dicha determinaci\u00f3n el demandado Orlando Jes\u00fas Navas Montoya interpuso recurso de apelaci\u00f3n, alegando, entre otras circunstancias, que \u00ab\u2026 la falta de valoraci\u00f3n de la prueba recaudada, hace que el fallo se incurra en una v\u00eda de hecho, ya que no se analiza la oposici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        A trav\u00e9s de providencia del 29 de septiembre de 2016, el Tribunal accionado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Indic\u00f3 el gestor del amparo que el Tribunal \u00abpese a que el recurso no ten\u00eda un solo argumento relacionado con la indebida valoraci\u00f3n por parte del juzgado de primer grado (\u2026), pas\u00f3 a analizar el acervo probatorio con el fin de verificar si el demandante acredit\u00f3 los elementos axiol\u00f3gicos para la prosperidad de la pretensi\u00f3n\u00bb, por lo que incurri\u00f3 en un defecto org\u00e1nico, pues \u00abno ten\u00eda competencia funcional para pronunciarse sobre un asunto que no fue objeto concreto de reparo por parte del apelante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Agreg\u00f3 que el despacho judicial criticado \u00abviolent\u00f3 [su] derecho fundamental a la igualdad\u00bb, toda vez que en un proceso anterior, que curs\u00f3 entre las mismas partes, el Tribunal acusado \u00abdeclar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n por [\u00e9l] interpuesto por no haber indicado sucintamente en qu\u00e9 errores de facto o jur\u00eddicos se incurri\u00f3 en la sentencia de primera instancia\u00bb, de lo que infiere que \u00abel Tribunal ante unas circunstancias f\u00e1cticas iguales, resolvi\u00f3 de manera diferente la situaci\u00f3n\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6.        Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que la autoridad judicial enjuiciado desconoci\u00f3 \u00abla posesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida ejercida por [\u00e9l] sobre el inmueble\u00bb y que \u00abse equivoc\u00f3 cuando consider\u00f3 (\u2026) que deb\u00eda demostrar el momento en que mut[\u00f3] [su] condici\u00f3n de mero tenedor a poseedor. Qu\u00e9 m\u00e1s prueba que el demandado no haya intentado la acci\u00f3n de restituci\u00f3n del inmueble, pese a que llev[a] m\u00e1s de 20 a\u00f1os sin pagarle arrendamiento\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, el 2 de marzo de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor  y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn indic\u00f3 que \u00abpor haber sido objeto del recurso de apelaci\u00f3n, (\u2026) estaba compelido al examen de las pruebas aunadas en el proceso\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn expres\u00f3 que \u00abse contrae a las actuaciones surtidas en el expediente objeto de esta acci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del escrito de demanda extracta la Corte que el gestor del amparo cuestiona la sentencia del 29 de septiembre de 2016 con la que el Tribunal convocado revoc\u00f3 la dictada el 29 de septiembre de 2015 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, para en su lugar, negar sus pretensiones, por cuanto (i) tuvo en cuenta la exigua sustentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que, seg\u00fan \u00e9l, present\u00f3 su contraparte, relacionada con \u00abla falta de valoraci\u00f3n de la prueba recaudada\u00bb; y (ii) desconoci\u00f3 la posesi\u00f3n que esgrimi\u00f3 como sustento de su demanda de pertenencia.  <\/span><\/p>\n

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2.1. Respecto al primero de los reclamos referidos, concluye la Corte que la solicitud de resguardo es inviable, comoquiera que el promotor del amparo no expuso, ante el juzgador ordinario, la queja que ac\u00e1 alega.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, revisados los elementos de juicio allegados a esta tramitaci\u00f3n, evidencia la Corte que el tutelante no asisti\u00f3 a la audiencia de alegaciones y fallo de segunda instancia, oportunidad en la cual, al descorrer el traslado de los alegatos de su contraparte, bien pudo poner de presente la supuesta insuficiencia de la sustentaci\u00f3n de la alzada e indicar, en ese orden de ideas, a cu\u00e1les aspectos deb\u00eda restringirse la competencia del fallador de segundo grado.  <\/span><\/p>\n

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De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el querellante desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01).  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Frente al segundo de los reproches rese\u00f1ados, esta acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal acusado, en la referida providencia de 29 de septiembre de 2016, indic\u00f3 las razones por las cuales no estaba llamada a prosperar la demanda ordinaria promovida por el gestor del amparo, comoquiera que no acredit\u00f3 la interversi\u00f3n de su t\u00edtulo de tenedor a poseedor.  <\/span><\/p>\n

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Para llegar a tal conclusi\u00f3n, resalt\u00f3 el Tribunal que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026, el demandante Juan Carlos V\u00e9lez Mej\u00eda, en el interrogatorio que le formul\u00f3 el juzgado (\u2026) expresamente indic\u00f3 que en el a\u00f1o de 1989 le alquil\u00f3 la casa al demandado y se llev\u00f3 a vivir all\u00ed a su pap\u00e1; que en el a\u00f1o de 1992 compr\u00f3 la casa al se\u00f1or Orlando de Jes\u00fas Navas Montoya, que pag\u00f3 el precio y como se deb\u00edan impuestos no se pudo hacer la escritura p\u00fablica; que el padre era quien viv\u00eda all\u00e1 pero siempre la casa era de \u00e9l; al ser preguntado por el Juzgado porque afirm\u00f3 que el pap\u00e1 era poseedor, atin\u00f3 en responder que por respeto a \u00e9l; que de la negociaci\u00f3n mediante la cual \u00e9l dijo comprar no hicieron ning\u00fan tipo de compraventa, que no alcanz\u00f3 a realizar la escritura p\u00fablica porque el se\u00f1or se perdi\u00f3, que tampoco tiene recibos del pago que realiz\u00f3; que la casa la tiene alquilada hace m\u00e1s o menos diez a\u00f1os. Es pertinente se\u00f1alar que adem\u00e1s afirm\u00f3 que ha hecho mejoras como el arreglo de techos de la casa, arreglo de ba\u00f1os, hizo un pozo s\u00e9ptico, instal\u00f3 el agua que es de la vereda, realiz\u00f3 cercos en la entrada, siembra de \u00e1rboles, que contribuy\u00f3 a la realizaci\u00f3n de unos rieles con la comunidad, que considera que la casa es de \u00e9l.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se recibi\u00f3 testimonio a los se\u00f1ores William Rojas \u00c1lzate (\u2026) y Sa\u00fal Marulanda (\u2026), quienes coinciden en afirmar que el demandante es el poseedor y lo tienen como propietario; el primero afirm\u00f3 que \u00e9l realiz\u00f3 las mejoras en el bien ra\u00edz a partir del a\u00f1o 2000 y que le ha pagado el demandante; por su parte, el segundo declarante afirm\u00f3 conocer al pretensor hace 19 o 20 a\u00f1os, que conoce el predio porque ha hecho trabajos en \u00e9l como guada\u00f1ar y la realizaci\u00f3n de cercos, trabajos que han sido pagados por el pretensor.  <\/span><\/p>\n

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El examen y an\u00e1lisis de esta prueba permite concluir de entrada, que el demandado entreg\u00f3 el inmueble pretendido al demandante para que lo ocupara como arrendatario, como as\u00ed lo afirm\u00f3 \u00e9ste en forma clara y contundente en el interrogatorio que absolvi\u00f3, lo que implica que ese reconocimiento de dominio ajeno era manifiesto y categ\u00f3rico, porque adem\u00e1s la relaci\u00f3n que vinculaba a las partes conllevaba al reconocimiento de una prestaci\u00f3n por parte del demandante al demandado, como era el pago de un canon de arrendamiento, como contraprestaci\u00f3n por usar y gozar el bien que recibi\u00f3 a t\u00edtulo de mera tenencia.  <\/span><\/p>\n

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Y si bien es cierto que en las respuestas al interrogatorio que le formul\u00f3 el Despacho afirm\u00f3 que en el a\u00f1o 1992, compr\u00f3 el inmueble al arrendador, quien era su propietario; tambi\u00e9n lo es, que por recaer sobre un bien ra\u00edz el acto es solemne, porque solo se perfecciona cumpliendo con la formalidad de la escritura p\u00fablica como expresamente lo consagra el art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil y, de contera, solo es posible probarlo mediante este documento, pues la prueba tambi\u00e9n es solemne, como expl\u00edcitamente  lo establece el art\u00edculo 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior se sigue, que en este caso, el demandante para acreditar la aludida compraventa, ten\u00eda la carga de aportar la escritura p\u00fablica que recogi\u00f3 tal compraventa, siendo inane la mera afirmaci\u00f3n hecha en tal sentido al absolver el interrogatorio que de oficio le formul\u00f3 el juzgado de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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Pero incluso, es que tal aseveraci\u00f3n se torna sospechosa e incluso cuestionable, porque la cotidianidad ense\u00f1a que no es normal que una persona diga comprar un inmueble y entregar el precio, sin formalizar el contrato de compraventa; pero se dir\u00e1 que la experiencia ense\u00f1a que s\u00ed se presentan eventos donde ello ocurre, pero lo cierto es que a\u00fan en estos casos, las partes se cuidan de celebrar un contrato de promesa de compraventa y en el peor de ellos, as\u00ed no sirva para demandar la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de hacer o el pago de otras prestaciones, por lo menos tienen la precauci\u00f3n de confeccionar un documento dando cuenta del supuesto acuerdo; pero m\u00e1s ex\u00f3tico a\u00fan, ning\u00fan comprador entrega el precio de un bien ra\u00edz, sin que al menos medie un recibo o comprobante de pago en tales circunstancias, como incluso lo dijo el demandado al contestar el interrogatorio, al decir que no tiene recibos en su poder.   <\/span><\/p>\n

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Pero a\u00fan m\u00e1s, las imprecisiones no terminan ah\u00ed; pues basta con mirar el proceso, para advertir que el demandante afirm\u00f3 en el hecho primero de la demanda, que a mediados de 1992 entr\u00f3 en posesi\u00f3n del inmueble pretendido junto con su padre Dar\u00edo V\u00e9lez V\u00e9lez; para luego, narrar en el hecho tercero que el 15 de mayo de 2000, muri\u00f3 su progenitor y que a partir de ese momento el pretensor contin\u00fao poseyendo de manera excluyente y exclusiva el referido inmueble; cuando en cambio, en el interrogatorio que absolvi\u00f3 hizo afirmaciones diferentes, pues indic\u00f3 que fue \u00e9l quien tom\u00f3 en arrendamiento el inmueble y, posteriormente, en el a\u00f1o de 1992 quien realiz\u00f3 la compraventa, sin indicar que su padre fue parte en dichas negociaciones; incluso, lo que se infiere fue que \u00e9l se llev\u00f3 a vivir all\u00ed su padre, lo que no denota posesi\u00f3n por parte de \u00e9ste, ni que hubiera asumido la calidad de poseedor, incluso al responder el interrogatorio afirm\u00f3 que su padre era quien viv\u00eda all\u00e1 pero que la casa era de \u00e9l, y al ser preguntado por qu\u00e9 afirm\u00f3 en la demanda que su padre era poseedor, solo atin\u00f3 en responder que por respeto a \u00e9l; pero adem\u00e1s se advierte que solo al responder el interrogatorio formulado en este litigio fue que dio cuenta de la celebraci\u00f3n de dichos actos jur\u00eddicos, pues no lo indic\u00f3 en la demanda.  <\/span><\/p>\n

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Tras precisar lo anterior, agreg\u00f3 lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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No se niega que es posible mudar la calidad de tenedor a la de poseedor, pero el demandante corre con la carga de la prueba para acreditar cabalmente esa mutaci\u00f3n, sin dejar margen para la duda, m\u00e1xime en este caso que no se acredit\u00f3 el acuerdo de voluntades que permiti\u00f3 al pretensor el cambio del t\u00edtulo de tenedor al de poseedor; exigencia que entre otras razones se explica, porque cuando tal interversi\u00f3n ocurre por un acto unilateral del demandante, no solo preconstituye un acto de mala fe, sino, que adem\u00e1s por expreso mandato del art\u00edculo 2531-3 del C\u00f3digo Civil se presume la mala fe; de donde el elemento intencional, animus,  se tiene que expresar con actos externos de rebeld\u00eda contundentes e inequ\u00edvocos del desconocimiento de dominio de quien fungi\u00f3 como arrendador y, adem\u00e1s, porque a partir de ese momento, se contar\u00eda los t\u00e9rminos de posesi\u00f3n para adquirir por prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, no sobra poner de presente que las versiones de los testigos referidos, se\u00f1ores William Rojas \u00c1lzate y Sa\u00fal Marulanda, por si solas no son suficientes para acreditar la posesi\u00f3n del demandante, como tampoco el tiempo de duraci\u00f3n; pues si bien es cierto que el demandante les pag\u00f3 los trabajos que efectuaron, al primero por las mejoras realizadas y al segundo, por el mantenimiento como guada\u00f1ada de la finca y la realizaci\u00f3n de cercos, tambi\u00e9n lo es, que tales actos tambi\u00e9n pueden ser realizados por un mero tenedor como ocurre con el arrendatario, el comodatario y usufructuario, no siendo suficiente la afirmaci\u00f3n de que lo tienen como poseedor y propietario para acreditar la mutaci\u00f3n del t\u00edtulo de tenedor por el de poseedor, y muchos menos, para acreditar el momento en que tal fen\u00f3meno ocurri\u00f3, pues solo a partir de \u00e9l se computar\u00eda el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional.  <\/span><\/p>\n

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Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plantea el promotor del amparo es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal valor\u00f3 los medios de convicci\u00f3n recaudados en el proceso ordinario y concluy\u00f3 que no se acredit\u00f3 la posesi\u00f3n que aleg\u00f3 el actor como sustento de su demanda de pertenencia, en cuyo caso tal deducci\u00f3n no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al respecto tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01)  <\/span><\/p>\n

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3.        Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente      STC3104-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00547-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99876","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99876","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99876"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99876\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99876"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99876"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99876"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}