{"id":99879,"date":"2026-06-25T19:33:53","date_gmt":"2026-06-25T19:33:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3108-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:33:53","modified_gmt":"2026-06-25T19:33:53","slug":"stc3108-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3108-2017\/","title":{"rendered":"STC3108-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3108-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00497-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza leg\u00edtima, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y contradicci\u00f3n, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal accionado el 23 de agosto de 2016 y \u00abORDENAR QUE SE REHAGA LA SENTENCIA TENIENDO DE PRESENTE LAS PRUEBAS DEJADAS DE VALORAR\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El accionante es propietario del predio denominado \u00abLa Albania\u00bb, el cual colinda con el inmueble llamado \u00abLa Portada\u00bb. Debido a conflictos suscitados entre los propietarios de las aludidas heredades, el gestor del amparo promovi\u00f3 un proceso de deslinde y amojonamiento contra Olinda Mu\u00f1oz Carre\u00f1o, Julio Enrique Rangel Am\u00f3rtegui,  Heliberto Vargas Mu\u00f1oz, Claudia Milena, Robinson, Nelsa Patricia y Juan Pablo Vargas Rueda (radicaci\u00f3n 2007-00089).  <\/span><\/p>\n

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2.2.        En el mencionado tr\u00e1mite Heliberto Vargas Mu\u00f1oz, Miguel Alucema Pe\u00f1a, Claudia Milena, Robinson, Nelsa Patricia y Juan Pablo Vargas Rueda, formularon demanda de reconvenci\u00f3n de pertenencia, sobre una franja de terreno delimitada de la siguiente manera:  <\/span><\/p>\n

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POR EL NORTE: En 20 mts aproximadamente, desde el cabezote de la cuneta de la alcantarilla que atraviesa la carretera que sirve para pasar ganado, hasta el r\u00edo Fonce, POR EL ORIENTE: En aproximadamente 52,20mts, con el r\u00edo Fonce, POR EL SUR: Aproximadamente 28mts, con predios de los herederos de CAMPO ELIAS VARGAS SU\u00c1REZ, hasta la carretera que de Charal\u00e1 conduce a San Gil. POR EL OCCIDENTE: En 25.40 Mts, con la carretera que de Charal\u00e1 conduce a San Gil.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Mediante sentencia del 22 de marzo de 2013, el Juzgado Adjunto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, neg\u00f3 la demanda de pertenencia y fij\u00f3 el lindero en disputa, decisi\u00f3n que fue apelada por el inicial demandante y Juan Pablo Vargas Rueda.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Con providencia del 17 de septiembre de 2013, el Tribunal convocado confirm\u00f3 la negativa respecto de la demanda de pertenencia y revoc\u00f3, en lo dem\u00e1s, el fallo de primera instancia al considerar, de un lado, que no se cumpl\u00edan \u00ablos requisitos legales para la prosperidad de (\u2026) la demanda [de pertenencia]\u00bb; y de otro, que \u00abla controversia planteada sobre la franja de terreno objeto de disputa, ajena resulta por completo al proceso de deslinde y amojonamiento\u00bb, por cuanto dicho asunto obedec\u00eda \u00aba una contienda entre un propietario despojado de la posesi\u00f3n de parte de su predio y el poseedor material que desaf\u00eda su derecho de propiedad\u2026\u00bb, motivo por el cual \u00abequivocada estuvo la acci\u00f3n incoada al pretender por el sendero de proceso de deslinde y amojonamiento tratar de recuperar el demandante la franja de terreno a que se hizo precisi\u00f3n en la demanda inicial, y que corresponde al predio La Albania\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.5.        Con sustento en dicha determinaci\u00f3n, el promotor formul\u00f3 demanda reivindicatoria contra Heliberto Vargas Mu\u00f1oz, \u00c1lvaro Ardila Celis y Juan Pablo Vargas Rueda, para que le fuera restituida la posesi\u00f3n de la franja de terreno que, en el proceso de deslinde y amojonamiento, se reclam\u00f3 en pertenencia, solicitando se trasladaran la totalidad de pruebas practicadas en el referido tr\u00e1mite (de deslinde y amojonamiento).  <\/span><\/p>\n

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2.6.        A trav\u00e9s de sentencia del 7 de marzo de 2016, el juzgado accionado acogi\u00f3 sus pretensiones, pero s\u00f3lo sobre una porci\u00f3n del terreno reclamado (453,09 metros cuadrados), decisi\u00f3n que apelaron las partes, siendo confirmada por el Tribunal criticado con providencia del 23 de agosto de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.7.        Adujo el querellante que los accionados \u00abOBVIARON TENER [en cuenta] LA PRUEBA TRASLADADA\u00bb, en especial, los documentos y dict\u00e1menes periciales que hac\u00edan parte de \u00e9sta, as\u00ed como tambi\u00e9n desconocieron la \u00abDOCTRINA PROBABLE\u00bb que sent\u00f3 el propio Tribunal en el fallo del 17 de septiembre de 2013, en el que reconoci\u00f3 que el terreno cuya reivindicaci\u00f3n se persegu\u00eda era, en su totalidad, de su propiedad.  <\/span><\/p>\n

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3.        La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 27 de febrero de 2017, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de San Gil inform\u00f3 que en esa entidad se protocoliz\u00f3 la sentencia de partici\u00f3n con la que termin\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n del causante Campo El\u00edas Vargas Su\u00e1rez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Los dem\u00e1s convocados permanecieron silentes.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u201cel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u201d (sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Con base en tales premisas y examinado el prove\u00eddo del 23 de agosto de 2016, desde la perspectiva ius fundamental, se anticipa la prosperidad del resguardo, como quiera que el Tribunal accionado en la prenotada providencia, desestim\u00f3 la alzada formulada por el accionante, sin que abordara expresamente los reparos planteados por aquel.  <\/span><\/p>\n

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       En efecto, dicho estrado judicial, al rese\u00f1ar los fundamentos del recurso, expres\u00f3 que el apelante reclam\u00f3 \u00abse conceda en integridad la reivindicaci\u00f3n del predio que fue objeto de la demanda (\u2026), habida cuenta que se incurrieron en diversos errores de valoraci\u00f3n probatoria en relaci\u00f3n con los medios que fueron aportados al proceso\u00bb, espec\u00edficamente, por cuanto  <\/span><\/p>\n

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\u2026 no se tuvo en cuenta que el dictamen pericial no fue concordante, convergente con las dem\u00e1s pruebas en el proceso (\u2026) que no hubo una valoraci\u00f3n debida de la prueba trasladada, en especial, la que fuera practicada en un anterior proceso de deslinde y otro de pertenencia y, a su vez, que se consideraba que se hab\u00eda desatendido un precedente jurisprudencia y, por ende, desatendido doctrina probable.  <\/span><\/p>\n

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Se aduce que en los procesos referidos se indicaron los linderos del respectivo terreno y la respectiva cabida (\u2026); que tampoco se tuvo en cuenta, fundamentalmente, algunas pruebas y consideraciones que se hicieron por parte de este mismo estrado judicial, en un proceso anterior de deslinde y amojonamiento (\u2026); que hab\u00eda que darle una connotaci\u00f3n distinta al peritaje de la que se dio por el juez de primera instancia\u2026  <\/span><\/p>\n

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Para absolver dichos planteamientos ese estrado expres\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 los recurrentes no lograron demostrar la existencia de los yerros de valoraci\u00f3n probatoria que conllevaron a lo resuelto en primera instancia, por el contrario, en el criterio de esta Colegiatura le asiste total acierto (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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El dominio en los inmuebles debe demostrarse con el correspondiente t\u00edtulo escriturario, debidamente inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria. En este evento, se aport\u00f3 por el actor la escritura p\u00fablica 248 del 30 de octubre de 1998 y con su anotaci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 3191932 (\u2026) de la cual se extrae de forma di\u00e1fana cu\u00e1les son los linderos y en particular el que ha generado la controversia y con ello demostrando no s\u00f3lo la titularidad, sino adem\u00e1s la l\u00ednea divisoria de los predios La Portada y La Albania.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Para estos fines es fundamental el t\u00edtulo aducido por la parte actora, m\u00e1xime cuando \u00e9ste no puede ser suplido por otra formalidad, so pena de inexistencia jur\u00eddica o ser suplida por otra prueba y ciertamente la l\u00ednea divisoria trazada por el juzgador de la primera instancia deja ver que s\u00ed se demuestra el domino del demandante sobre una franja determinada de tierra (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Ahora, como lo deja ver el expediente, es aspecto fundamental de esta controversia la determinaci\u00f3n de los linderos del sector o franja en Litis del predio La Albania o m\u00e1s espec\u00edficamente, la l\u00ednea divisoria entre los dos predios y para estos fines la inspecci\u00f3n judicial en armon\u00eda con las apreciaciones dadas por el dictamen pericial corroboran las realidades del lindero descrito en el citado t\u00edtulo escriturario.  <\/span><\/p>\n

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       As\u00ed las cosas, tal Corporaci\u00f3n no efectu\u00f3 an\u00e1lisis alguno sobre los reproches que formul\u00f3 el quejoso respecto de la valoraci\u00f3n probatoria que efectu\u00f3 el a quo en el fallo censurado, especialmente, aquellas enfiladas a criticar el dictamen pericial con fundamento en el cual concluy\u00f3 que los linderos del predio a reivindicar eran diferentes a los indicados en la demanda, aspecto sobre el que no profundiz\u00f3 el ad quem a pesar de estar directamente relacionado con la inconformidad planteada por el all\u00ed demandante.  <\/span><\/p>\n

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       Tampoco se pronunci\u00f3 el Tribunal respecto a la omisi\u00f3n en la valoraci\u00f3n de la prueba trasladada que esgrimi\u00f3 el gestor del amparo en el proceso declarativo, ni sobre el supuesto desconocimiento de la \u00abdoctrina probable\u00bb, m\u00e1xime cuando esa misma Colegiatura hab\u00eda desestimado la acci\u00f3n de deslinde y amojonamiento que entre las mismas partes curs\u00f3, argumentando que no se trataba de un problema de linderos, sino de la posesi\u00f3n detentada por la parte demandada sobre el fundo del convocante, seg\u00fan ambos lo aceptaron con fuerza de confesi\u00f3n en el anterior litigio.  <\/span><\/p>\n

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       3.        En suma, la decisi\u00f3n objeto de la petici\u00f3n de amparo carece de la debida fundamentaci\u00f3n, omisi\u00f3n que, sin duda, trasgrede las garant\u00edas fundamentales del gestor, por cuanto \u00ab\u2026 la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 2009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00).  <\/span><\/p>\n

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       4.        En consecuencia, se ordenar\u00e1 al Tribunal accionado que deje sin valor y efecto el fallo de 23 de agosto de 2016, mediante la cual confirm\u00f3 la sentencia que dict\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil el 7 de marzo de esa misma anualidad, y la actuaci\u00f3n que dependa de \u00e9ste, para que adopte una nueva decisi\u00f3n en la cual tenga en cuenta las consideraciones precedentes.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. En consecuencia, dispone:  <\/span><\/p>\n

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Primero: Ordenar a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente objeto de esta queja, deje sin efecto la sentencia de 23 de agosto de 2016, mediante el cual confirm\u00f3 la de 7 de marzo de 2016 del Juzgado Primero Civil del Circuito de esa misma ciudad, y la actuaci\u00f3n que dependa de esa determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Segundo: Cumplido lo anterior y, en un t\u00e9rmino no superior a 15 d\u00edas, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el all\u00ed demandante Rodrigo G\u00f3mez Fern\u00e1ndez, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Tercero: Ordenar al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil, remitir de inmediato y en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente objeto de la queja constitucional a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa urbe, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en los ordinales anteriores.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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