{"id":99883,"date":"2026-06-25T19:34:13","date_gmt":"2026-06-25T19:34:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3114-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:34:13","modified_gmt":"2026-06-25T19:34:13","slug":"stc3114-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3114-2017\/","title":{"rendered":"STC3114-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3114-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00431-00  <\/span><\/p>\n

           (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Salvador Mill\u00e1n R\u00edos, D\u00e9bora Mill\u00e1n de Chac\u00f3n y Rosa Mill\u00e1n G\u00f3mez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, integrada por los conjueces Juan Eduardo Pe\u00f1aloza Fern\u00e1ndez, Carmen Cecilia Ru\u00edz Rueda y Guillermo Medina Torres, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cinoponibilidad de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada por Ciro Antonio Mill\u00e1n [Q.E.P.D.] y Amanda Aguilar de Mill\u00e1n\u201d, iniciado por los aqu\u00ed gestores respecto de la mencionada se\u00f1ora y los herederos determinados e indeterminados del anotado causante.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. Los promotores suplican la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2. Sostienen, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, los tutelantes requirieron al Juzgado Primero Promiscuo de Familia del Socorro declararse incompetente para seguir conociendo del mismo, argumentando \u201c(\u2026) que hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os de haberse notificado a todos los demandados sin haberse dictado sentencia (\u2026)\u201d, pedimento denegado el 15 de julio de 2014.  <\/span><\/p>\n

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2.2. El 2 de diciembre de 2015 se emiti\u00f3 fallo contrario a las pretensiones, prove\u00eddo apelado por los querellantes, quienes insistieron en la \u201cp\u00e9rdida de competencia\u201d del juzgador de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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2.3. La Sala de conjueces cuestionada resolvi\u00f3 la alzada el 8 de junio de 2016, confirmando lo resuelto por el a quo, providencia cuya adici\u00f3n, incoada por los ac\u00e1 actores, fue desestimada el 7 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Inconformes con lo resuelto, los quejosos propusieron un incidente de nulidad, planteando nuevamente la \u201cp\u00e9rdida de competencia\u201d del despacho Promiscuo de Familia precitado.  <\/span><\/p>\n

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2.5. Ese pedimento fue resuelto desfavorablemente el 25 de agosto de 2016, determinaci\u00f3n confirmada el 21 de noviembre del a\u00f1o pasado, al absolverse \u201cpor un solo conjuez\u201d el recurso de s\u00faplica elevado por los interesados, \u201ccontrariando lo dispuesto en el art. 132 del CGP\u201d (sic).  <\/span><\/p>\n

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3. Imploran invalidar la sentencia de segundo grado y las actuaciones posteriores.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Los gestores critican que el Tribunal acusado no haya accedido en ninguna de sus providencias a declarar la \u201cp\u00e9rdida de competencia\u201d del juez de primer grado para conocer del comentado subex\u00e1mine.  <\/span><\/p>\n

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2. Ata\u00f1edero al reproche edificado contra el fallo emitido por ese Colegiado el 8 de junio de 2016, cuya petici\u00f3n de adici\u00f3n propuesta por los tutelantes fue desestimada el 7 de julio siguiente, se negar\u00e1 el amparo por la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, pues el ruego fue tard\u00edamente formulado el 21 de febrero de 2017, habiendo transcurrido m\u00e1s de 7 meses de haberse proferido la \u00faltima de las determinaciones enunciadas, per\u00edodo que supera el lapso de 6 meses adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este aspecto esta Corte, reiteradamente ha puntualizado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, si resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, si los censores se demoraron para incoar la demanda constitucional, su descuido per s\u00e9 es suficiente para descartar la existencia de una conducta irregular atribuible al querellado y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas invocadas como soporte de tal auxilio.  <\/span><\/p>\n

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3. Tampoco se satisface el requisito de subsidiariedad, por cuanto, los gestores propusieron recurso de casaci\u00f3n para controvertir la sentencia del ad quem, ese remedio fue negado porque no se clarific\u00f3 oportunamente la \u201cestimaci\u00f3n del inter\u00e9s econ\u00f3mico\u201d, al tenor de la regla 339 del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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4. Concerniente al incidente de nulidad impetrado por los tutelantes, es menester referir que ese pedimento fue rechazado de plano en Sala Unitaria en providencia de 25 de agosto de 2016, decisi\u00f3n atacada a trav\u00e9s de s\u00faplica por los interesados.  <\/span><\/p>\n

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El aludido remedio fue resuelto desfavorablemente el 21 de noviembre siguiente por la conjuez, Carmen Cecilia Ru\u00edz Rueda (fls. 188 a 193).  <\/span><\/p>\n

Para la Corte, f\u00e1cilmente refulge en la actuaci\u00f3n precedente una vulneraci\u00f3n al debido proceso, por cuanto, de conformidad con lo normado en el art\u00edculo 332 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201c(\u2026) [l]e corresponder\u00e1 a los dem\u00e1s magistrados que integran la sala decidir el recurso de s\u00faplica  (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, la precitada funcionaria no estaba facultada para definir ella sola ese reparo, pues le correspond\u00eda a los restantes conjueces que conformaron la Sala zanjar ese medio de defensa. De esta manera, se les cercen\u00f3 a los tutelantes la posibilidad que un cuerpo colegiado definiera su alzada, en clara contravenci\u00f3n del postulado legal transcrito.  <\/span><\/p>\n

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5. Aunque los prove\u00eddos de los administradores de justicia son en principio ajenos al an\u00e1lisis propio de la acci\u00f3n de amparo consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica; no obstante, en los eventos en los cuales la respectiva autoridad profiere alguna decisi\u00f3n ostensiblemente arbitraria y en contrav\u00eda de la legislaci\u00f3n aplicable, como lo es la aqu\u00ed atacada, es factible la intervenci\u00f3n de esta particular jurisdicci\u00f3n en aras de reparar esa situaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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6. De acuerdo a lo discurrido, se otorgar\u00e1 el auxilio y se ordenar\u00e1 al Tribunal entutelado que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del conocimiento de esta providencia, deje sin efecto el auto de 21 de noviembre de 2016, y proceda a resolver nuevamente, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Salvador Mill\u00e1n R\u00edos, D\u00e9bora Mill\u00e1n de Chac\u00f3n y Rosa Mill\u00e1n G\u00f3mez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, integrada por los conjueces Juan Eduardo Pe\u00f1aloza Fern\u00e1ndez, Carmen Cecilia Ru\u00edz Rueda y Guillermo Medina Torres, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cliquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal conformada por Ciro Antonio Mill\u00e1n [Q.E.P.D.] y Amanda Aguilar de Mill\u00e1n\u201d iniciado por los aqu\u00ed gestores respecto de la mencionada se\u00f1ora y los herederos determinados e indeterminados del anotado causante.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.      <\/span><\/p>\n

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