{"id":99888,"date":"2026-06-25T19:34:36","date_gmt":"2026-06-25T19:34:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3119-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:34:36","modified_gmt":"2026-06-25T19:34:36","slug":"stc3119-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3119-2017\/","title":{"rendered":"STC3119-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3119-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00472-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular adelantada por el aqu\u00ed quejoso y radicada bajo el n\u00famero 2015-00059.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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2. Como fundamento de su reclamo acota, en concreto, que dentro del asunto materia de este ruego apel\u00f3 el auto aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas, empero, el Tribunal no admiti\u00f3 ese recurso por improcedente, seg\u00fan la Ley 472 de 1999.  <\/span><\/p>\n

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Cuestiona esa determinaci\u00f3n porque el colegiado en otros asuntos similares al ahora criticado ha estudiado la alzada propuesta por el ac\u00e1 promotor contra providencias respecto de las cuales el citado plexo legal no prev\u00e9 impugnaci\u00f3n, aplicando ese juzgador las reglas contenidas en el C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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3. Exige dar curso al aludido remedio vertical; ordenar al a quo concederle \u201cagencias en derecho, m\u00ednimamente en un 1 SMMLV\u201d; y remitirle copia de esta tramitaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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1.1.  Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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El ad quem adujo haber devuelto las diligencias aqu\u00ed censuradas a su lugar de origen y se atuvo a lo esbozado en las decisiones criticadas por el quejoso.  <\/span><\/p>\n

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El Juez del circuito envi\u00f3 en medio magn\u00e9tico la actuaci\u00f3n surtida en el caso objetado por esta senda.  <\/span><\/p>\n

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La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u201cpor no ser [la] causante de [la] vulneraci\u00f3n o agravio de los derechos fundamentales del tutelista\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Las pruebas allegadas revelan que mediante auto de 19 de septiembre de 2016 dictado en el memorado, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia resolvi\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n formulados por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el prove\u00eddo aprobatorio de la \u201cliquidaci\u00f3n de las costas\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Ata\u00f1edero al primero de esos mecanismo de defensa, adujo el juzgador la inviabilidad de revocar la providencia censurada, porque el citado se\u00f1or hab\u00eda aportado varios documentos dando cuenta de \u201c(\u2026) los gastos del proceso primordialmente de gasolina de transporte (sic)\u201d; empero, como \u201c(\u2026) los mismos recibos aparec[\u00edan] en otras acciones populares actualmente activas, alrededor de treinta y nueve (39) (\u2026) deb[\u00eda] dividirse lo invertido en gastos ($1\u00b4230.000) entre todas las acciones populares que ha adelantado el juzgado y que est\u00e1n activas actualmente\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, el funcionario manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) con respecto [al] aumento de las agencias [requerido por Arias Id\u00e1rraga] (\u2026) se tiene que en (\u2026) la estimaci\u00f3n [ya realizada] se tuvo en cuenta [su] gesti\u00f3n dentro del proceso, caracterizada por la no asistencia a las audiencias de pacto de cumplimiento, ni de pr\u00e1ctica de pruebas; ni a las diligencias de inspecci\u00f3n judicial, entre otras, pues su labor se limit\u00f3 a la presentaci\u00f3n de un trozo de papel de sus acciones populares y la presentaci\u00f3n de escritos y recibos de gasolina mayormente, en hojas reciclables que no le generan ning\u00fan costo\u201d.  <\/span><\/p>\n

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       Tras afirmar que \u201cel Consejo Superior de la Judicatura no establece m\u00ednimos sino m\u00e1ximos, hasta cuatro (4) SMMLV para la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho en acciones populares\u201d, adujo la imposibilidad de acceder a lo pretendido por el demandante, pues no se \u201cobservaba causal objetiva alguna para aumentar\u201d las ya decretadas.  <\/span><\/p>\n

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Como el remedio horizontal no sali\u00f3 avante, el a quo concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n propuesta por Arias Id\u00e1rraga, siendo inadmitida el 12 de octubre de 2016, por el Tribunal querellado, por cuanto \u201clas acciones populares se gobiernan por las reglas propias previstas en la Ley 472 de 1998, y solo en lo no regulado all\u00ed puede acudirse a las del C\u00f3digo General del Proceso o [a] las del C\u00f3digo Contencioso Administrativo\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 \u201c(\u2026) que los recursos s\u00ed fueron previstos\u201d en el primero de los compendios citados, espec\u00edficamente en su art\u00edculo 38, seg\u00fan el cual frente a \u201clos autos que se dicten en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular procede el recurso de reposici\u00f3n, en tanto que el de apelaci\u00f3n procede contra la sentencia que se dicte en primera instancia\u201d.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, el ad quem concluy\u00f3 la improcedencia de la mencionada alzada, porque la providencia atacada mediante la misma -prove\u00eddo aprobatorio de la liquidaci\u00f3n de costas- no era, conforme a la referida Ley 472, susceptible de tal impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en los argumentos compendiados en antelaci\u00f3n, el colegiado confirm\u00f3 la comentada decisi\u00f3n, al resolver la s\u00faplica incoada por Arias Id\u00e1rraga.  <\/span><\/p>\n

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2. La cr\u00edtica realizada por el impulsor del ruego a los pronunciamientos anteriores no sale avante, porque, para emitirlos los juzgadores repararon en las pruebas obrantes en el subj\u00fadice objeto de este auxilio y en las normas jur\u00eddicas llamadas a gobernar el mismo, lo cual descarta la arbitrariedad atribuida por esta v\u00eda a esas autoridades.  <\/span><\/p>\n

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En un asunto similar a \u00e9ste donde se discuti\u00f3 un aspecto semejante, esta Sala desestim\u00f3 el auxilio propuesto por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, por cuanto:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el promotor reprocha[ba], puntualmente, la negativa del juez accionado a conceder la apelaci\u00f3n interpuesta frente a los prove\u00eddos con los cuales rechaz\u00f3 por competencia las acciones populares materia de reparo.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, surge evidente el fracaso de la salvaguarda pretendida porque en esas decisiones no se halla desafuero lesivo de prerrogativas constitucionales.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, resultaba inviable conceder la impugnaci\u00f3n referida, por cuanto, de acuerdo con lo estatuido en el art\u00edculo 37 de la Ley 472 de 1998, \u00e9ste procede \u00fanicamente frente a la sentencia proferida en primera instancia [y el auto que decrete medidas cautelares art. 26 ib.], siendo la reposici\u00f3n el remedio previsto contra los [dem\u00e1s prove\u00eddos] emitidos en ese tipo de juicios\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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3. En corolario, la inconformidad del petente con las referenciadas determinaciones no le abre paso a esta excepcional justicia, pues la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

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Atinente a ello, esta Sala ha afirmado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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4.        Por secretar\u00eda rem\u00edtase esta decisi\u00f3n al e-mail del interesado y a su costa exp\u00eddase la reproducci\u00f3n de las dem\u00e1s piezas procesales solicitadas.  <\/span><\/p>\n

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5. En ese orden, sin m\u00e1s disquisiciones el auxilio deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular adelantada por el aqu\u00ed quejoso y radicada bajo el n\u00famero 2015-00059.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CJS STC de 1 de junio de 2016, exp.: 2016-00233-03    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012.      <\/span><\/p>\n

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