{"id":99890,"date":"2026-06-25T19:34:42","date_gmt":"2026-06-25T19:34:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3121-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:34:42","modified_gmt":"2026-06-25T19:34:42","slug":"stc3121-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3121-2017\/","title":{"rendered":"STC3121-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00373-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por  la Cooperativa de Choferes Transportadores del Atl\u00e1ntico Coochofal Ltda., contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, integrada por los Magistrados Cami\u00f1a Gonz\u00e1lez Ortiz, Diego Omar P\u00e9rez Salas y Guiomar Porras Del Vecchio, tr\u00e1mite al que fueron citados los Juzgados Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n y Primero Civil del Circuito, ambos de Soledad (Atlantico), as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso ordinario de responsabilidad civil No. 2011-00035.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La interesada actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Corporaci\u00f3n accionada.  <\/span><\/p>\n

Pide, que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 28 de abril de 2016, en el proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, promovido por Luz Mery Guzm\u00e1n Angarita, Erika y Melissa G\u00f3mez Guzm\u00e1n, Aida G\u00f3mez Mart\u00ednez, Luz Aida y Diana Carolina G\u00f3mez G\u00f3mez y Carlos Alberto G\u00f3mez Aranzaru, contra su representada, \u00aby emita una nueva providencia en consonancia con la realidad procesal y probatoria, en aras de cesar la flagrante violaci\u00f3n del citado derecho constitucional\u00bb (f. 58).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  En sustento de la inconformidad se aduce, que en el juicio relacionado que se adelant\u00f3 con ocasi\u00f3n del fallecimiento de Carlos Alberto G\u00f3mez Tob\u00f3n en un accidente de tr\u00e1nsito, el Tribunal Superior de Barranquilla al modificar en el fallo acusado el proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Soledad (Atlantico) el 22 de octubre de 2014, incurri\u00f3 en defectos factico, procedimental absoluto y en desconocimiento de precedente judicial, \u00abal favorecer irregularmente con la sentencia a los demandantes\u00bb, y para ello explica lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(i) A Carlos Alberto G\u00f3mez Aranzaru, hijo del fallecido Carlos Alberto G\u00f3mez Tob\u00f3n, quien no asisti\u00f3 a la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00abni tampoco aport\u00f3 ninguna prueba para demostrar si en verdad se afect\u00f3 emocionalmente por el acontecimiento luctuoso, ya que en la demanda se muestra desprendido de su progenitor\u00bb, se orden\u00f3 pagarle por perjuicios morales la suma de $15\u2019000.000.00, \u00abmuy a pesar de que el indicio grave en su contra desvaneci\u00f3 la presunci\u00f3n aplicada para reconocer este tipo de afectaci\u00f3n an\u00edmica por la cercan\u00eda del parentesco\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(ii) El Tribunal no valor\u00f3 correctamente el registro civil de nacimiento que alleg\u00f3 con la demanda de Diana G\u00f3mez G\u00f3mez, quien manifest\u00f3 ser hija de G\u00f3mez Tob\u00f3n, porque \u00abSolo firma, como persona que hace el reconocimiento, la se\u00f1ora AIDA GOMEZ MARTINEZ en calidad de madre, m\u00e1s no lo hace el presunto padre CARLOS ALBERTO TOBON GOMEZ, quien para \u00e9ste \u00faltimo era obligatorio hacerlo por mandato del art\u00edculo 1o de la Ley 75 de 1968, norma que modific\u00f3 el art\u00edculo 2 de la Ley 45 de 1936\u00bb, y adem\u00e1s, \u00abtampoco estaba acreditada la condici\u00f3n de hija leg\u00edtima debido a que entre los anexos de la demanda aparece una partida de matrimonio y otro documento que en la demanda se dice que es un registro de matrimonio cuando en realidad no lo es\u00bb (sic), desconociendo los precedentes jurisprudenciales relacionados con las pruebas que de conformidad con la ley, acreditan el estado civil de las personas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agrega que de igual forma, la Corporaci\u00f3n accionada incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto \u00abal no corregir el descuido en la que incurri\u00f3 el despacho a quo, de haber omitido una etapa sustancial del procedimiento establecido por la ley a favor del demandado, que termin\u00f3 afectando seriamente el derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb de su representada, puesto que, el Juzgado de conocimiento al disponer la apertura de la etapa probatoria \u00abomiti\u00f3 la etapa sustancial del procedimiento\u00bb, en tanto que no decret\u00f3 las pruebas testimoniales que pidi\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda para controvertir los hechos alegados (ff. 48 a 60, may\u00fascula fija en texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. La Magistrada Ponente de la sentencia cuestionada se opuso al amparo y manifest\u00f3 la improcedencia del mismo por ausencia del requisito de procedencia de la inmediatez (ff. 83 a 87).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La apoderada judicial de La Equidad Seguros Generales, indic\u00f3 no constarle los hechos narrados por la accionante, puntualiz\u00f3 que gir\u00f3 el valor que le fue ordenado en la providencia atacada y se opuso a la prosperidad de la tutela (ff. 90 a 92).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.  Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la inmediatez y la subsidiariedad de dicho mecanismo.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, a lo que se adiciona que al desatender el comentado principio, la acci\u00f3n de tutela se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de vulneraci\u00f3n de los derechos de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.  En el presente asunto el reclamo se dirige contra la sentencia de 28 de abril de 2016 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por la cual modific\u00f3 la del Juzgado Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Soledad el 22 de octubre de 2014, para declarar no probadas las excepciones presentadas por la Cooperativa de Choferes Transportadores del Atl\u00e1ntico Coochofal Ltda., y la llamada en garant\u00eda La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, y declar\u00f3 civilmente responsable a Coochofal Ltda., de los perjuicios causados a los demandantes en las sumas y por los conceptos que all\u00ed fueron se\u00f1alados (ff. 2 a 21).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese orden, se concluye que el amparo solicitado resulta improcedente, porque no atiende el postulado de la oportunidad que viene de comentarse, ya que cuando la solicitud de protecci\u00f3n se present\u00f3 el 15 de febrero de 2017 (f. 48), hab\u00edan transcurrido 4 a\u00f1os y 8 meses desde que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad decret\u00f3 mediante auto de 14 de junio de 2012 la apertura de la etapa probatoria (f. 40), y 9 meses y 17 d\u00edas a partir del momento en que se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia igualmente cuestionada, lo cual determina que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que esta Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para promover el mecanismo constitucional (6 meses), lo que torna improcedente el estudio de fondo del asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el resguardo pedido ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

               LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00373-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por  la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99890","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99890\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}