{"id":99893,"date":"2026-06-25T19:34:59","date_gmt":"2026-06-25T19:34:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3124-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:34:59","modified_gmt":"2026-06-25T19:34:59","slug":"stc3124-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3124-2017\/","title":{"rendered":"STC3124-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00529-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Eneried Gonz\u00e1lez Moreno contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, espec\u00edficamente frente al Magistrado Duberney Grisales Herrera as\u00ed como frente al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2008-00164.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  La solicitante quien act\u00faa a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado por las autoridades judiciales accionadas quienes incurrieron en \u00abDEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO y a su vez el DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE jurisprudencial\u00bb con las providencias que impusieron \u00absanci\u00f3n de p\u00e9rdida de la mitad de las posturas de los parqueadero 34 y 35 a mi representada\u00bb (f. 31, may\u00fascula fija y negrilla en texto), por lo que pide revocar tales autos.  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de lo anterior, se aduce en s\u00edntesis, que en el proceso ejecutivo promovido por el Banco BBVA Colombia en contra de Cesar Julio Tob\u00f3n Morales que  adelanta el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), el 24 de septiembre de 2015 se llev\u00f3 a cabo diligencia de remate de los bienes inmuebles localizados en el Edificio Aparcadero Pijao parqueaderos 24, 25, 33, 34 y 35 de la ciudad de Armenia, identificados en su orden, con las matr\u00edculas inmobiliarias 280-68152, 280-68153, 280-68095, 280-68162 y 280-68163.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que en la fecha programada, su representada a trav\u00e9s de apoderado se postul\u00f3 para participar en la subasta p\u00fablica, y aport\u00f3 las consignaciones que la habilitaron para ofertar en la diligencia, y en la almoneda le fueron adjudicados los parqueaderos n\u00fameros 24, 25, 34 y 35, e iniciado el t\u00e9rmino legal para aportar el pago del excedente del precio del remate, as\u00ed como el pago del 1% de retenci\u00f3n en la fuente y 5% a favor del fondo para la modernizaci\u00f3n, descongesti\u00f3n y bienestar de la administraci\u00f3n de justicia, las consignaciones y pagos se realizaron en forma oportuna.  <\/span><\/p>\n

Manifiesta que \u00absin mediar intenci\u00f3n o dolo alguno\u00bb se cometi\u00f3 el error involuntario de consignar como saldo del precio del remate para el caso de los parqueaderos 34 y 35, no la suma de $2\u2019756.700.00 sino la de $2\u2019666.700.00, que ten\u00eda \u00abuna diferencia irrisoria de Noventa Mil Pesos Mcte\u00bb, y por ello, el Juzgado de conocimiento mediante prove\u00eddo de 9 de diciembre de 2015, dispuso aprobar la diligencia de remate para los parqueaderos 24 y 25, e \u00abIMPROBAR\u00bb el de los parqueaderos 34 y 35, imponiendo a t\u00edtulo de multa la p\u00e9rdida de la mitad de la postura consignada para cada uno de \u00e9stos, ello con ocasi\u00f3n a la consignaci\u00f3n incompleta del valor del excedente de remate de estos dos bienes.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que contra tal decisi\u00f3n, interpuso recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria in\u00fatilmente puesto que el a quo mantuvo la determinaci\u00f3n en auto de 8 de junio de 2016 y neg\u00f3 el de apelaci\u00f3n por improcedente, providencia que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y queja, siendo desatado el primero en forma desfavorable, se orden\u00f3 la expedici\u00f3n de las copias y el Tribunal en providencia de 16 de diciembre de 2016 resolvi\u00f3 el subsidiario \u00abestimando que estuvo mal denegado el recurso de alzada\u00bb concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Explica que no obstante los argumentos expuestos en la sustentaci\u00f3n, tal Corporaci\u00f3n al decidirla el 10 de febrero de 2017, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida, la que adicion\u00f3 en el sentido de ordenar la devoluci\u00f3n del 5% pagado por concepto del fondo de modernizaci\u00f3n, descongesti\u00f3n y bienestar de la administraci\u00f3n de justicia, incurriendo en defecto material o sustantivo en tanto que \u00abes un total desprop\u00f3sito que se le sancionare con la p\u00e9rdida de la mitad de las posturas, cuando tal sanci\u00f3n es aplicable a quien NO CONSIGNA el saldo del precio del saldo dentro del t\u00e9rmino oportuno, postulado totalmente diferente a nuestro caso\u00bb, e igualmente en desconocimiento del precedente \u00abespec\u00edficamente del fijado por \u00e9sta sala para casos de hechos sumamente similares, mismos resueltos favorablemente a los rematantes y que por igualdad y debido proceso se debieron tomar como fuente para la resoluci\u00f3n del caso de marras, siendo tales precedentes (entre otros) por ejemplo el caso debatido\u00bb (ff. 31 a 38, may\u00fascula fija y negrilla en texto).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y CITADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El apoderado general de BBVA  Colombia, se opuso al amparo porque en las decisiones proferidas en el proceso atacado no se observa arbitrariedad (ff. 56 a 58).  <\/span><\/p>\n

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2. El Magistrado Ponente de la providencia rebatida, solicit\u00f3 negar la protecci\u00f3n por cuanto la decisi\u00f3n adoptada  se fundament\u00f3 en la normativa y precedentes judiciales aplicables al asunto en estudio  (f. 89).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.  Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la demanda y los documentos allegados por la accionante, observa la Corte en lo que constituye la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1  En el proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3 el BBVA Colombia contra Cesar Julio Tob\u00f3n Morales, el Juzgado Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas (Risaralda), llev\u00f3 a cabo el 24 de septiembre de 2015 la diligencia de remate de los bienes inmuebles aprehendidos avaluados en la suma de $29\u2019509.500, diligencia a la que se present\u00f3 el apoderado de Eneried Gonz\u00e1lez Moreno.  <\/span><\/p>\n

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2.2  El Juzgado de conocimiento en providencia de 9 de diciembre de 2015, aprob\u00f3 el remate a favor de la se\u00f1ora Gonz\u00e1lez Moreno por los parqueaderos Nos. 24 y 25 en la suma de $9\u2019779.250 y lo improb\u00f3 en relaci\u00f3n con los parqueaderos 34 y 35, al observar que en relaci\u00f3n con \u00e9stos \u00faltimos, \u00abel postor s\u00f3lo consign\u00f3 $2’666.700 como excedente del remate, que sumados al 40% consignado para hacer postura ($2’450.400,00), arroja $5117.100; valor inferior a la suma ofertada en la diligencia de remate ($5’207.100,00); raz\u00f3n por la cual se improbar\u00e1 el remate respecto de estos inmuebles, y se impondr\u00e1 la sanci\u00f3n a que alude el art. 529 del C. de P. Civil, esto es, la p\u00e9rdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura respecto de ellos, es decir, $2.450.400.00\u00bb (ff. 16 a 18).  <\/span><\/p>\n

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Determinaci\u00f3n que recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria por el procurador de la rematante (ff. 13 a 15), mantuvo el 8 de junio de 2016 negando el subsidiario por improcedente (ff. 19 a 22).  <\/span><\/p>\n

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Posteriormente el apoderado interpuso recursos de reposici\u00f3n y en subsidio pidi\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para el de queja (ff. 23 y 24).  <\/span><\/p>\n

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2.3 El a quo en auto de 3 de octubre de 2016, no revoc\u00f3 el anterior y orden\u00f3 compulsar las copias pedidas (ff. 25 a 27).  <\/span><\/p>\n

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2.4 El Tribunal Superior de Pereira, en Sala Civil Familia Unitaria el 16 de diciembre de 2016, al conocer en queja declar\u00f3 que estuvo mal denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto de 9 de septiembre de 2015, y explic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl ordenamiento procesal, tanto anterior (CPC) como el vigente (CGP), consagra que luego de la almoneda y surtido el t\u00e9rmino para el acatamiento, por parte del rematante, de los deberes relacionados con el pago del precio e impuestos (Inciso primero, art\u00edculo 529, CPC), el juez emitir\u00e1 decisi\u00f3n aprobatoria del remate y dispondr\u00e1 los efectos de esa adjudicaci\u00f3n; sin embargo, en algunas oportunidades cumplido ese plazo, el fallador advierta que no hay lugar a dar ese benepl\u00e1cito, porque estima que se incumplieron las formalidades legales y deba, en consecuencia, proferir auto que, de oficio, impruebe esa diligencia.  <\/span><\/p>\n

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Ese es el alcance normativo, que considera esta Sala, debe d\u00e1rsele al auto contemplado en el art\u00edculo 530 del CPC, pues aunque en la mayor\u00eda de los casos se cumplen aquellas cargas, bien puede ocurrir que el rematante no consigne el precio o deje de sufragar esos impuestos, por ello, la interpretaci\u00f3n de ese art\u00edculo, en forma alguna, puede restringirse a que el juez debe indefectiblemente declarar la aprobaci\u00f3n del remate.  <\/span><\/p>\n

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Discernir as\u00ed sobre la norma, tiene apoyo en la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional que refiere: \u00ab(…) el auto contemplado en el art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil puede contener una de dos decisiones: o aprobar el remate, o improbarlo de oficio\u00bb (Resaltado propio de esta sala) y en la doctrina nacional, aunque la menci\u00f3n al tema es sucinta, solo mencionan que son las decisiones previstas en el art\u00edculo en cita. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 538 del mismo ordenamiento, ambas decisiones son susceptibles de apelaci\u00f3n, ya que la remisi\u00f3n que se hace a esa impugnaci\u00f3n, simplemente alude a la providencia que emita el juez, en cumplimiento del art\u00edculo 530. N\u00f3tese que, en aras de ese principio de la taxatividad del recurso de apelaci\u00f3n, de ning\u00fan modo se restringi\u00f3 al auto aprobatorio del remate.  <\/span><\/p>\n

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Concluyendo de lo anterior, que \u00abcontrario a lo se\u00f1alado por el juzgado de origen, que el recurso de apelaci\u00f3n que se invoca, es procedente, por tratarse de la decisi\u00f3n emitida en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 530 del CPC y por tanto, deber\u00e1 concederse, en el efecto diferido de acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 358 ib\u00eddem\u00bb (ff. 50 a 52).  <\/span><\/p>\n

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2.5  Luego, mediante providencia de 10 de febrero de 2017 al resolver el recurso, confirm\u00f3 el auto atacado de 9 de diciembre de 2015, el que adicion\u00f3 en el sentido de ordenar la devoluci\u00f3n a Eneried Gonz\u00e1lez Moreno de los pagos realizados por concepto del remate de los parqueaderos Nos. 34 y 35, del impuesto destinado al fondo para la modernizaci\u00f3n, descongesti\u00f3n y bienestar de la administraci\u00f3n de justicia, al considerar que en la subasta realizada el 29 de septiembre de 2015, al haber presentado la impugnante la propuesta vencedora por los parqueaderos n\u00fameros 34 y 35 que eran objeto de remate, surgieron para ella con miras a lograr la aprobaci\u00f3n de la almoneda, las obligaciones referentes al pago de impuestos y el saldo del precio, sosteniendo que,  <\/span><\/p>\n

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\u00abal verificar el acatamiento de esas cargas, tal como lo hiciera el funcionario de conocimiento, se advierte allanamiento en el pago de los impuestos dentro del plazo, pero lo referente al saldo del precio, solo se cumpli\u00f3 parcialmente, pues cada bien fue rematado en la suma de $5.207.100 y como para las respectivas posturas se hab\u00edan consignado $2.450.400 (Folios 27 y 28, cuaderno No.3), el saldo que deb\u00eda pagarse por cada uno era $2.756.700 y solo se depositaron $2.666.700 (Folios 170 y 171, cuaderno No.1). En ese orden de ideas, conforme lo dispone el estatuto procesal mencionado, ante el incumplimiento del pago, deb\u00eda improbarse el remate e imponerse la sanci\u00f3n, como en efecto se hizo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 a continuaci\u00f3n,  \u00abAhora, reclama el impugnante que el juez, ante el faltante, debi\u00f3 hacer acopio de otro dep\u00f3sito judicial que hab\u00eda hecho con antelaci\u00f3n, y para hacer postura frente a otro bien, para disponer el fraccionamiento, pero ello era inviable para ese momento procesal, pues desde la misma diligencia, se hab\u00eda ordenado la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos a quienes hab\u00edan sido vencidos (Folios 37 y 38, cuaderno No.3) y al momento de presentar los recibos, tampoco se hizo alguna petici\u00f3n en ese sentido.  <\/span><\/p>\n

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De otra parte, sobre la concesi\u00f3n de un t\u00e9rmino adicional para hacer las consignaciones pendientes, olvida el peticionario que la ampliaci\u00f3n en el plazo, prevista en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 529 del CPC, solo opera cuando se presenta solicitud suscrita \u00abpor las partes\u00bb y no ante el incumplimiento de las cargas por parte de la rematante, que incluso estuvo representada por profesional del derecho desde la almoneda, quien debi\u00f3 darle mayores garant\u00edas, pues era conocedor de las sanciones que implicaba esa falta de allanamiento.  <\/span><\/p>\n

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En esta sede, la apelante propuso que se aplicara el precedente de nuestro \u00f3rgano de cierre de la especialidad (CSJ), cuando en sede de tutela, concedi\u00f3 amparos constitucionales a rematantes que hab\u00edan incumplido con el pago del saldo, sin embargo revisados esos fallos, es preciso se\u00f1alar que los supuestos f\u00e1cticos son diferentes a los ocurridos aqu\u00ed y adem\u00e1s, la protecci\u00f3n se limit\u00f3 a ordenar que se reconsiderara la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n y no a que se aprobaran los remates.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se estiman insuficientes los razonamientos propuestos como para revocar la improbaci\u00f3n o levantar la sanci\u00f3n, pero en cambio, se acceder\u00e1 a lo pretendido de manera subsidiaria, en cuanto a que se ordene la devoluci\u00f3n del impuesto consignado al CSJ, pues de conformidad con lo establecido por esa misma Corporaci\u00f3n, en el Acuerdo No.1118 de 2001 (Art\u00edculo 2-b), al declararse nulo el remate, se debe ordenar la devoluci\u00f3n de ese dinero al interesado y aunque en este caso, se produjo fue la improbaci\u00f3n de la subasta, el efecto es el mismo, ya que no se hizo la transferencia forzada de los bienes\u00bb (ff. 53 a 55).  <\/span><\/p>\n

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3.  En el presente asunto, al margen de la competencia del Tribunal Superior de Pereira para dictar el auto de 16 de diciembre de 2016, que no se discute en la acci\u00f3n de tutela y en el que consider\u00f3 que el recurso de apelaci\u00f3n era procedente por tratarse de la decisi\u00f3n emitida en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 530 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, – pese a que, como bien lo expres\u00f3 el se\u00f1or juez de primera instancia la improbaci\u00f3n del remate en los t\u00e9rminos del canon 529 de ese mismo estatuto no ten\u00eda previsto el recurso de apelaci\u00f3n-, para luego al resolverlo en providencia de 10 de febrero de 2017, confirm\u00f3 el prove\u00eddo del a quo de 9 de diciembre de 2015, la Corte observa que no se present\u00f3 la vulneraci\u00f3n alegada por la accionante, porque tal y como lo resolvi\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en el auto referido, al haber presentado la se\u00f1ora Eneried Gonz\u00e1lez Moreno la propuesta ganadora por los parqueaderos n\u00fameros 34 y 35 que eran objeto de remate, surgi\u00f3 para ella con miras a lograr la aprobaci\u00f3n del remate, la obligaci\u00f3n referente al pago del saldo del precio, carga, que cumpli\u00f3 parcialmente puesto que, conforme a lo probado y aceptado por el apoderado de la accionante, \u00abel saldo del precio solo lo cumpli\u00f3 en parte\u00bb, lo que impon\u00eda que deb\u00eda improbarse el remate.  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, se desprende que el reclamo constitucional no puede triunfar, porque de cualquier forma ante tal hecho comprobado, la subasta no pod\u00eda aprobarse.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, descarta la posibilidad de predicar una causal de procedibilidad en la actuaci\u00f3n rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Sala pudiera tener, no se observa un proceder caprichoso por parte del funcionario convocado, y por tanto, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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4.  No obstante lo anterior, y en cuanto a la sanci\u00f3n a que alude el art\u00edculo 529 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Sala aplicando el precedente de 22 de noviembre de 2007, radicado, 25000-22-16-000-2007-00275-01, se dejar\u00e1 sin efecto la sanci\u00f3n impuesta por el a quo a la aqu\u00ed accionante en la providencia de 9 de diciembre de 2015, en tanto que en el mismo explic\u00f3 la Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab2.        La protecci\u00f3n que aspira obtener la accionante alude a la actuaci\u00f3n, en su opini\u00f3n irregular, en que habr\u00edan incurrido el Juzgado Cuarto (4\u00ba) Civil Municipal de Soacha y el Juzgado Primero (1\u00ba) Civil del Circuito de Soacha \u2013\u00e9ste \u00faltimo vinculado oficiosamente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, autoridad \u00e9sta que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela en primera instancia-, en cuanto el primero, el Juzgado Cuarto (4\u00ba) Civil Municipal de Soacha, impuso una multa a la accionante por valor de la mitad de la consignaci\u00f3n que ella hab\u00eda hecho para participar en el remate del que finalmente fue adjudicataria, y el segundo, el Juzgado Primero (1\u00ba) Civil del Circuito de Soacha, por haber desatado el recurso de queja declarando bien denegada la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Observa la Sala que la actuaci\u00f3n de la accionante, al consignar una suma de dinero inferior en diez mil pesos ($10.000,oo) a la que hubiere sido indispensable para completar el valor del remate, es el resultado de un error de apreciaci\u00f3n, una inadvertencia al realizar la operaci\u00f3n aritm\u00e9tica correspondiente, casi con seguridad sin prop\u00f3sito alguno de sustraerse de su compromiso, que desencaden\u00f3 la aplicaci\u00f3n, por parte del Juzgado de primera instancia, de la norma sancionatoria que regula la conducta consistente en no consignar el saldo del precio (art. 529 del C. de P.C.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La norma que aplic\u00f3 el juez de instancia es sin duda la pertinente, pero advierte la Sala que la conducta desplegada por la accionante no corresponde \u00edntegramente con la consagrada en esa disposici\u00f3n normativa, o por lo menos en la forma en que debiera como para obtener una sanci\u00f3n como la impuesta.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, del expediente se evidencia que lo que ocurri\u00f3 no fue que la accionante no consignara el saldo del precio del remate, sino que lo hizo de manera incompleta, y, se repite, sin el prop\u00f3sito de desatender el compromiso que adquiri\u00f3 al haber participado en la licitaci\u00f3n, o de obtener un provecho indebido de tal situaci\u00f3n, o, en fin, de entorpecer o dilatar el desarrollo del proceso.  <\/span><\/p>\n

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4.        Destaca la Corte que la decisi\u00f3n del Juzgado Cuarto (4\u00b0) Civil Municipal de Soacha obedece a un criterio razonable en lo relacionado con la improbaci\u00f3n del remate, pues, finalmente, no se pag\u00f3 \u00edntegramente el precio del mismo, pero no en lo relativo a la sanci\u00f3n pecuniaria impuesta a la rematante, toda vez que el prop\u00f3sito que llev\u00f3 al legislador a establecer en el estatuto procesal la imposici\u00f3n de esa multa, en la importante cuant\u00eda all\u00ed determinada (la mitad del valor consignado para participar en la licitaci\u00f3n), fue el de impedir que rematantes que en realidad no ten\u00edan una intenci\u00f3n seria de participar en la almoneda, terminaran burlando el esp\u00edritu de la normatividad, en perjuicio del acreedor y, por contera, de la recta y eficaz administraci\u00f3n de justicia, al sustraerse del cumplimiento de los compromisos que hab\u00edan adquirido.  <\/span><\/p>\n

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En el caso que motiva este pronunciamiento, no encuentra la Sala que la rematante haya orientado su voluntad a burlar el esp\u00edritu de la ley. Advierte, en cambio, la ocurrencia de un error de conducta, de importancia marginal por lo min\u00fasculo del valor que falt\u00f3 por consignar, y, en consecuencia, estima que el Juez del conocimiento no ponder\u00f3 adecuadamente los elementos de juicio que ha debido tener en cuenta para imponer la multa\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. En conclusi\u00f3n, el resguardo examinado ser\u00e1 concedido parcialmente.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONCEDE PARCIALMENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada, y en consecuencia dispone:  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00529-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Eneried Gonz\u00e1lez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99893","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99893\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}