{"id":99894,"date":"2026-06-25T19:35:03","date_gmt":"2026-06-25T19:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3125-2017\/"},"modified":"2026-06-25T19:35:03","modified_gmt":"2026-06-25T19:35:03","slug":"stc3125-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc3125-2017\/","title":{"rendered":"STC3125-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC3125-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00801-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 17 de enero de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por una abogada, quien aduce representar judicialmente al se\u00f1or Ma Peisen (o Peisen Ma), contra el Juzgado Veinticinco de Familia de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo de Familia de la capital, Diana L\u00f3pez Molano, Nancy Luc\u00eda Moreno Serrano,  as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes en el proceso de Custodia y Cuidado Personal n\u00b0 2013-00310.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La solicitante, quien dice actuar en representaci\u00f3n de Ma Peisen, seg\u00fan poder general por \u00e9l conferido, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, desarrollo de la personalidad y de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, \u00aba partir de la emisi\u00f3n del fallo de fecha 11 de Julio de 2016 y su adici\u00f3n de fecha 18 de Julio de la misma anualidad\u00bb, por incurrir en los defectos f\u00e1ctico, sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. En s\u00edntesis, de lo expresado en el escrito de tutela y los anexos allegados, se extracta que Ma Peisen y Diana L\u00f3pez Molano son los padres de una adolescente, quien en la actualidad cuenta con 16 a\u00f1os de edad, y han mantenido un conflicto constante en relaci\u00f3n con la custodia y visitas reclamadas por el progenitor respecto de su hija.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan el fallo cuestionado, atendiendo el inter\u00e9s superior de la adolescente y acogiendo las indicaciones de los psiquiatras de la Universidad Nacional, por el momento no era procedente el otorgamiento de la custodia compartida que pretend\u00eda el se\u00f1or Ma Peisen, y en su lugar dispuso que los padres \u00abparticipen de un tratamiento psiqui\u00e1trico ambulatorio especializado en la forma y t\u00e9rminos que los galenos tratantes as\u00ed lo dispongan\u00bb, para que al cabo del mismo y alcanzados los objetivos tendientes a restablecer las relaciones paterno \u2013 filiales, con el aval del psiquiatra tratante de la joven, determinar las visitas reclamadas por el padre.  <\/span><\/p>\n

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Conforme a la adici\u00f3n del fallo, producida el 18 de julio de 2016, se dispuso que la adolescente \u00abcontin\u00fae en tratamiento psiqui\u00e1trico con el profesional especialista que hasta la fecha la est\u00e1 tratando a quien se le solicitar\u00e1 valorar a los padres, de ser necesario tratarlos o remitirlos a intervenci\u00f3n especializada\u2026 para contribuir al proceso de la adolescente\u00bb, y de acuerdo a sus recomendaciones se establecer\u00e1 cuando \u00abreanudar las visitas con el progenitor\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Critic\u00f3 la querellante que la sentencia proferida por el accionado, pese a que \u00abacept\u00f3 el dictamen pericial y aclaraciones y complementaciones rendido por la Universidad Nacional, sin embargo, no existe an\u00e1lisis probatorio sobre el mismo, lo cual condujo al fallo incongruente entre los considerandos y lo decidido\u00bb, no tuvo en cuenta las recomendaciones de los especialistas, el sistem\u00e1tico incumplimiento de la se\u00f1ora L\u00f3pez Molano \u00abante los diferentes acuerdos\u00bb para el ejercicio de custodia y visitas, ni su negativa para someterse al tratamiento psiqui\u00e1trico tendiente a restablecer la \u00abrelaci\u00f3n paterno filial\u00bb, por cuanto su inter\u00e9s es \u00abborrar de la vida de su hija a su padre\u00bb, para lo cual cuenta \u00abcon la complicidad de m\u00e9dicos, especialistas y funcionarios\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Pretende, se ordene al Juzgado de Familia \u00abrealizar un an\u00e1lisis, valorar las pruebas oportunamente allegadas al proceso, y tome decisiones concernientes a proteger los derechos fundamentales mencionados que contin\u00faan vulner\u00e1ndose en favor de la adolescente\u2026\u00bb, y \u00abtomar decisiones en relaci\u00f3n con las Visitas a que tiene derecho la adolescente\u2026 con su padre y \u00e9ste con ella\u00bb (fls. 155 a 177, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Segunda de Familia de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que el referido proceso de custodia fue remitido por competencia al \u00abhoy Juzgado Veinticinco de Familia\u2026 en el mes de octubre de 2013\u00bb (fl. 190, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

2. La Comisar\u00eda Primera de Familia de Usaqu\u00e9n I, inform\u00f3 que el 9 de noviembre de 2016, su Despacho admiti\u00f3 una medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar a favor de la adolescente, \u00abpor presuntos hechos contra su integridad sexual por parte de su progenitor PEISEN MA\u00bb, seg\u00fan petici\u00f3n elevada por la Defensora de Familia, \u00abquedando a cargo del ICBF el proceso de Restablecimiento de Derecho\u2026\u00bb; el 9 del mismo mes y a\u00f1o, orden\u00f3 que cesen los hechos acusados y dispuso \u00abPROHIBIR al se\u00f1or PEISEN MA cualquier tipo de contacto con la adolescente\u00bb, y tras reanudarse la audiencia el 13 de diciembre de 2016, a petici\u00f3n de las apoderadas de las partes se suspendi\u00f3 la diligencia hasta que se aporte la valoraci\u00f3n psiqui\u00e1trica practicada a la joven (fls. 238 a 240, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Secretar\u00eda Distrital de Integraci\u00f3n Social de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 se tenga en cuenta la respuesta que sobre el caso suministre la Comisar\u00eda de Familia de Usaqu\u00e9n I (fl. 243, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4. La Defensora de Familia del Centro Zonal Usaqu\u00e9n del ICBF, indic\u00f3 que el 29 de agosto de 2016, \u00abrecib\u00ed por reparto una queja proveniente de la Cl\u00ednica Marly sobre un presunto abuso sexual por parte del progenitor de la ni\u00f1a\u00bb, referido en una consulta de Psiquiatr\u00eda que all\u00ed se atendi\u00f3, y que de la misma dio traslado a la Comisar\u00eda de Familia por ser la autoridad competente (fls. 244 y 245, ib.).  <\/span><\/p>\n

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5. Nancy Luc\u00eda Moreno, expres\u00f3 que \u00ablas actuaciones que en mi calidad de m\u00e9dico tratante he dispensado a la menor no han tenido objetivo distinto al de proteger sus derechos inalienables\u00bb, y refiere ser ajena al proceso judicial porque no act\u00faa como parte ni como perito, no obstante, precis\u00f3 que conforme a lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia T-336\/95, \u00ablas diferencias de valoraci\u00f3n en la apreciaci\u00f3n de una prueba no constituyen errores f\u00e1cticos\u00bb, y que \u00abal rompe se advierte que lo que se pretende es invadir las competencias que el juez natural detenta en punto de la valoraci\u00f3n de las pruebas por no encontrarse en consonancia con los intereses defendidos en el juicio\u00bb (fls. 272 a 274, cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. El Juzgado Veinticinco de Familia de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a remitir el expediente al Tribunal para su inspecci\u00f3n judicial, con un oficio cuyo formato corresponde al del env\u00edo de la actuaci\u00f3n para surtir una apelaci\u00f3n (fl. 248, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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7. Diana L\u00f3pez Molano, madre de la joven, a trav\u00e9s de abogada del Programa de Justicia de G\u00e9nero de la Secretar\u00eda Distrital de la Mujer, indic\u00f3 que \u00ablas relaciones con PEI SEN MA, de los dos como padres, no como pareja, y de padre e hija con XVML, quien actualmente cuenta con 16 a\u00f1os de edad, han transcurrido de manera tormentosa, registrando en sus vidas, madre e hija, episodios de violencia intrafamiliar, maltrato y violencia f\u00edsica como psicol\u00f3gica, por parte del se\u00f1or PEI SEN MA\u00bb; manifest\u00f3 que tiene la custodia de la ni\u00f1a desde su nacimiento, afrontando su protecci\u00f3n en los diferentes escenarios, entre ellos, narr\u00f3 en extenso, la vida de \u00abopresi\u00f3n\u00bb que soportaron en la Rep\u00fablica Popular China, y que tras su regreso a Colombia ha seguido velando por su bienestar e integralidad. Frente al tratamiento, indic\u00f3 que seg\u00fan la psiquiatra tratante de la joven, \u00abno es viable terap\u00e9uticamente hacer trabajo simult\u00e1neo o individual con los padres de la menor, por encontrarse en riesgo su salud y el avance terap\u00e9utico que hasta por el momento se ha alcanzado\u00bb (fls. 276 a 293, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el auxilio en los t\u00e9rminos solicitados, pues no encontr\u00f3 que en el fallo censurado se hubiese cometido un yerro que abriera paso al amparo deprecado, comoquiera que el Juzgado \u00abexpuso las razones de orden jur\u00eddico y familiar que lo llevaron a esa decisi\u00f3n, las cuales se encuentran debidamente explicadas y no aparece que sean antojadizas o carentes de fundamento y, por el contrario, aparece que se ponder\u00f3 debidamente el inter\u00e9s superior de la adolescente frente a su deseo, expresado en las diversas entrevistas, de compartir, \u00fanicamente, con su progenitora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, a manera de concesi\u00f3n parcial del amparo al derecho al debido proceso, orden\u00f3 al Juzgado que \u00abdentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n que se le haga de este fallo\u00bb, resolviera un recurso de reposici\u00f3n interpuesto desde el 28 de septiembre de 2016, en relaci\u00f3n con \u00ablos tratamientos m\u00e9dicos ordenados a los progenitores\u00bb (fls.295 a 301, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La impetr\u00f3 la abogada solicitante al se\u00f1alar que el Tribunal a-quo \u00abhizo caso omiso a la sentencia T-115 de 2014, sobre se (sic) desarrollo la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra, particulares en estado de indefensi\u00f3n\u00bb, en tanto la madre de la adolescente, \u00abprevalida de la custodia y cuidado personal\u00bb,  se sit\u00faa en una posici\u00f3n \u00abde ventaja sobre mi mandante\u00bb, y \u00abmanipula\u00bb la relaci\u00f3n, \u00ablimitando las competencias parentales, sin que aparezca que mi prohijado cuente con una v\u00eda adecuada para lograr una protecci\u00f3n real y efectiva frente a dicha situaci\u00f3n\u00bb (fl. 306, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Corresponde establecer, inicialmente, si la solicitante est\u00e1 facultada para representar a Ma Peisen en este tr\u00e1mite, por ser su apoderada dentro del proceso de custodia y reglamentaci\u00f3n de visitas que se adelanta ante el Juzgado Veinticinco de Familia de esta ciudad, y de superarse lo anterior, entrar a verificar si el Despacho en menci\u00f3n afect\u00f3 las prerrogativas a que alude la demanda, al fallar negando las pretensiones del referido pleito familiar.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto m\u00e1s all\u00e1 de la especial naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. En lo que a la primera modalidad refiere, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00ab[L]a legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07).  <\/span><\/p>\n

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2. En trat\u00e1ndose de tutela promovida a trav\u00e9s de apoderado judicial, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Corte y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (CSJ sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; 2 de febrero de 1997, exp. 3852; y 31 de marzo de 2003, exp. 00102, citadas en sentencia del 4 de febrero de 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01).  <\/span><\/p>\n

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Con ese razonamiento, m\u00e1s adelante la Sala precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

(\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ sentencia de 29 de septiembre de 2003, exp. 00245-01).  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, en raz\u00f3n a que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ Sentencia 4 de febrero de 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01).  <\/span><\/p>\n

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3. La postura anterior viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto.  <\/span><\/p>\n

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Este razonamiento se ampli\u00f3 y profusamente fue expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al abogado, en tanto:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-693\/98, T-526\/98, T-695\/98 y T-088\/99). Resalta la Sala.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En ese mismo sentido, en sentencia T-658\/02, la Corte Constitucional dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abla carencia de un inter\u00e9s leg\u00edtimo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados y la ausencia manifiesta de poder especial para solicitar tal protecci\u00f3n en beneficio de un tercero, hacen del todo improcedente el amparo tutelar solicitado y le impiden al juez constitucional entrar a pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado. Igualmente, como en ninguna de las piezas probatorias se expresa la intenci\u00f3n de agenciar los derechos de otro, es inaplicable esta modalidad de legitimaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. En ese orden, m\u00e1s recientemente esta Sala ha mantenido la precisi\u00f3n en cuanto a que para la admisibilidad a tr\u00e1mite de este excepcional mecanismo, es menester que quien no lo promueva a nombre propio y no aduzca su calidad de agente oficioso, lo haga a trav\u00e9s de la representaci\u00f3n que le confiera el interesado contando con la m\u00ednima exigencia de acreditar el poder especial para actuar, puesto que: \u00abla acci\u00f3n de tutela puede ser ejercida por cualquier persona vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales, por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante, recalcando que en caso de que decida actuar a trav\u00e9s de mandatario, es imperativo que allegue el poder pertinente. Tambi\u00e9n se pueden agenciar garant\u00edas ajenas cuando el titular de las mismas no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, evento en el cual es necesario expresar tal circunstancia\u00bb (CSJ STC6773-2016, 18 may. 2016, 2016-00062-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el amparo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en SC, 19 oct. 2008, rad. 2008-00178-01; STC13818, rad. 00386-01 de 29 sep. de 2016 y STC17519-2016, 30 nov. 2016, rad. 29 nov. 2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que esa especial cualidad que en la materia se exige de los apoderados judiciales, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 2012-00145-01, reiterada en STC8771-2016, 30 jun. 2016, rad. 00121-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De conformidad con los anteriores lineamientos, se advierte que el fracaso de la presente acci\u00f3n proviene de la ausencia de legitimaci\u00f3n en la persona que suscit\u00f3 la tramitaci\u00f3n, por cuanto la abogada que suscribi\u00f3 el escrito de amparo, si bien cuenta con un poder general, no est\u00e1 provista de un mandato especial, espec\u00edfico, concreto y suficiente para actuar en nombre de Peisen Ma (o Ma Peisen), dirigido a invocar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, por los puntuales argumentos que alude el resguardo implorado.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed, por cuanto a la profesional del derecho que promovi\u00f3 la acci\u00f3n y quien seguidamente impugn\u00f3 lo resuelto en primera instancia, no se le confiri\u00f3 poder especial para representar a quien dice fungir como afectado, y tampoco se invoc\u00f3 que actuara como agente oficioso de \u00e9ste, no se satisface el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa que habilite su intervenci\u00f3n en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. En consecuencia, aunque las pretensiones del amparo fueron desestimadas y as\u00ed lo ratifica esta Sala pero por las razones que se acaban de esgrimir, se modificar\u00e1 la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, en el sentido de revocar la concesi\u00f3n parcial del resguardo, habida cuenta que si no hay legitimaci\u00f3n en causa para actuar en este caso, ninguna decisi\u00f3n de fondo puede realizarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No obstante, en consideraci\u00f3n a la prevalencia del inter\u00e9s superior de la adolescente, y en aras que las actuaciones judiciales sigan su curso sin dilaciones injustificadas, se mantendr\u00e1 la orden impartida en el numeral 2\u00ba de la parte resolutiva, pues el accionado deber\u00e1 pronunciarse prontamente sobre el recurso de reposici\u00f3n incoado, explicando si ha habido o no avances en los tratamientos m\u00e9dicos especializados que orden\u00f3 en el fallo, o las razones por las cuales \u00e9stos no se han realizado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En su lugar, REVOCA el numeral 1\u00ba de la sentencia proferida por el Tribunal, para DENEGAR la tutela impetrada por cuanto quien la promovi\u00f3 no se encuentra habilitada jur\u00eddicamente para hacerlo, conforme se estableci\u00f3 en la parte motiva de esta providencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Conf\u00edrmese la orden impartida en el numeral 2\u00ba del fallo objeto de impugnaci\u00f3n, la cual deber\u00e1 atenderse por el Juzgado accionado de acuerdo a lo se\u00f1alado en el cuerpo de este pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC3125-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00801-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., ocho   (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99894","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99894"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99894\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}